EL GOBIERNO EN FUNCIONES Y LA POSIBLE DEJACIÓN DE FUNCIONES: TRANSICIÓN Y PARÁLISIS.

Tal y como señala la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón (LPGA), en su artículo 6, el Presidente del Gobierno de Aragón cesa, entre otras causas, por la “celebración de elecciones a Cortes de Aragón”, y es lógico pues su nombramiento responde a la confianza parlamentaria otorgada por unas Cortes que ya han sido renovadas por el voto de los ciudadanos. Ahora bien, en tanto se constituye el nuevo Parlamento y se procede a la investidura de un nuevo titular del Ejecutivo autonómico, tanto el Presidente como su Gobierno continúan en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Así lo establece el artículo 21 de la señalada LPGA.

Así pues, nos encontramos con un Gobierno en funciones desde el pasado día 24 de mayo, en el que se celebraron elecciones autonómicas, y dicho Gobierno está obligado legalmente a facilitar el normal traspaso de poderes y a continuar ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesión de nuevo Ejecutivo. Este ejercicio debe limitarse a los asuntos ordinarios de la gestión administrativa, pues es evidente que las decisiones de carácter político resultan claramente extemporáneas en este periodo de mera prolongación de la legislatura, donde la posición del Gobierno en funciones –al igual que la Diputación Permanente en el ámbito parlamentario- están llamadas exclusivamente a asegurar la continuidad institucional y evitar cualquier vacío de poder o desatención de las responsabilidades públicas.

Estamos acostumbrados a escuchar que en el último tramo de la legislatura la Administración Pública entra en un impasse –ante la falta de horizonte político que afecta al Gobierno, cuya prioridad pasa a ser asegurar su continuidad en las nuevas elecciones-, parálisis que se acentúa tras las elecciones –en mayor grado si el partido correspondiente al equipo de gobierno sale derrotado en las urnas-, y que puede prolongarse hasta que la Administración se reestructura y los nuevos altos cargos asumen sus respectivas responsabilidades y toman las riendas de sus áreas de manera efectiva. Que estos cambios se produzcan, además, en los meses de verano aún hace más difícil y lenta la puesta a punto de la nueva Administración.

Gobernar y administrar son responsabilidades de diferente naturaleza y su aseguramiento  exige una diferente intensidad en estos periodos de tránsito institucional. Un Gobierno puede ver limitadas sus facultades y responsabilidades de gobierno o dirección política, especialmente cuando su proyecto ya no se corresponde con la mayoría parlamentaria surgida del proceso electoral celebrado, pero en modo alguno tal circunstancia le exime de atender el correcto funcionamiento de todos los servicios públicos y el aseguramiento de derechos y necesidades de los ciudadanos. No cabe imaginar que las necesidades de los centros docentes que permitan el normal inicio del próximo curso escolar, o la tramitación e impulso de todos los programas de atención social con los que cubrir durante estos meses las particulares necesidades de quienes se encuentran en condiciones de especial precariedad económica, puedan verse paralizados o descuidados, por falta de impulso político o administrativo. Menos aún que un Consejero pueda pensar que solo le corresponde firmar resoluciones administrativas favorables, dejando las desfavorables para su sucesor, acaso con la  oculta intencionalidad de que la impopularidad de la decisión la asuman quienes deben estrenarse en el cargo.

Es evidente que el debilitamiento de la gestión pública en los meses previos y posteriores a toda cita electoral pone de manifiesto la inadecuada articulación entre Gobierno y Administración, y el enorme desapoderamiento de los niveles administrativos para asegurar el correcto funcionamiento de todos los servicios públicos y procedimientos administrativos regulares en tales circunstancias de transición. La Administración debiera actuar como piloto automático en estos periodos en los que toca solo administrar, y el espacio para gobernar queda reducido a la mínima expresión. Pero poco cabe esperar de una Administración en la que la mayor parte de sus altos cargos y jefes de servicio –por no decir su totalidad- dependen del favor político del Gobierno de turno, y por lo tanto el debilitamiento político de éste se traduce de forma automática en debilitamiento de toda la estructura administrativa, cuyo nivel de responsabilidad e iniciativa autónoma es prácticamente nulo.

Sería deseable que quienes ejerzan las responsabilidades de gobierno en la nueva legislatura sean capaces de abordar la necesaria profesionalización de la Administración –es decir, cesen en la colonización política de la misma y en la discrecionalidad de la libre designación como fórmula para cubrir todas las jefaturas de servicio-, de manera que la renovación o cambio de dirección política que deben aportar unas elecciones no provoque la parálisis administrativa ni conlleve la sustitución de centenares de funcionarios por razón de confianza política, debilitando de manera reiterada el principio de profesionalidad que debiera presidir todos los niveles de la Administración.

Ni Gobierno ni Administración están autorizados para hacer dejación de sus responsabilidades y funciones en este periodo de transición, y todos aquellos incumplimientos en que se incurra debieran ser objeto de sanción si de ello se derivan perjuicios para el interés general o los derechos de los ciudadanos.