martes, 2 de junio de 2015

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ACUSA RECIBO DEL ESCRITO SOBRE LA NECESIDAD DE ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LAS TASAS DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.



El pasado mes de abril, nos dirigimos por escrito a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, para plantearles la oportunidad de que promoviesen, dentro de la Cámara, la creación de una Comisión de Estudio sobre la situación del régimen de acceso a la función pública en el conjunto de las Administraciones Públicas, revisando el impacto real que en el mismo producen las tasas de reposición de efectivos que contemplan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y su afección negativa al derecho fundamental de acceso que otorga a los ciudadanos el artículo 23.2 CE.

Estamos en condiciones de compartir la necesidad de contener el gasto público, de manera que las Administraciones resulten a un tiempo eficientes y sostenibles, y así lo expresamos en nuestro escrito a los diferentes Grupos Parlamentarios, pero ello debiera perseguirse a través de los mecanismos de planificación de recursos humanos y racionalización de estructuras administrativas, y no a través de una medida tan imprecisa e ineficiente como la prohibición o restricción de incorporación de nuevo personal a las distintas Administraciones, conservando con ello e incrementando unas tasas de interinidad que resultan incompatibles con el régimen jurídico previsto para la función pública, pues la inamovilidad de su personal es una garantía legal para asegurar su imparcialidad y pleno compromiso con el Estado de Derecho.

Consideramos que las Cortes Generales deben abordar, en un formato sereno como es una Comisión de Estudio, la situación que vive la función pública en el conjunto de las Administraciones, y proceda a evaluar y considerar la inidoneidad de una técnica aplicada durante las últimas décadas, como es el establecimiento de tasas de reposición de efectivos como límite al acceso a la función pública, límite que no está contemplado en el Estatuto Básico del Empleado Público y que, por lo tanto, debe estimarse contrario al contenido esencial del derecho fundamental de acceso a la función pública.

Con independencia de que nuestra sugerencia o propuesta sea finalmente atendida por los Grupos Parlamentarios, valoramos y agradecemos siempre que dichos Grupos acusen recibo de los escritos remitidos, aunque solo sea como expresión de la apertura hacia los ciudadanos por parte de sus representantes institucionales. Algo tan básico resulta, sin embargo, excepcional, de manera que la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes parece quedar condenada al silencio y la indiferencia de los representantes, que se consideran liberados del deber de prestar atención a las comunicaciones de los ciudadanos. Un signo claro de la distancia que separa a los ciudadanos de sus representantes, y que pone de manifiesto el desinterés de gran parte de los parlamentarios hacia las propuestas o sugerencias realizadas por parte de la sociedad civil. Algo que debiera verse modificado radicalmente, para mejorar la calidad de nuestro sistema político.

Se reproduce a continuación el escrito remitido desde el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados:


Madrid, 5 de mayo de 2015.

Estimado amigo:

Por indicación del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Don Rafael Hernando Fraile, le agradezco sinceramente la carta que ha tenido la amabilidad de remitirle, en nombre de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

En este sentido, y agradeciéndole nuevamente su amabilidad, me complace comunicarle que hemos procedido a dar traslado del contenido de su escrito al Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Don Rafael Merino, quien le dedicará su interés a los efectos oportunos.

Reciba, con este motivo, el cordial saludo de,

Jaime Fraile Martín
Director de Gabinete del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular