lunes, 29 de junio de 2015

INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: ESCRITO AL CONSEJERO CAMPOY.



Es más fácil aprobar leyes que aplicarlas, sobre eso no hay la menor duda. Pero la credibilidad de las instituciones públicas queda en entredicho precisamente con esta mala práctica en la que parece incurrir de manera reiterada el Gobierno de Aragón, consistente en desvincularse de las obligaciones que fijan las leyes, incluidas las que vienen promovidas por él mismo. Todo ello lleva a pensar en la inconsistencia de los compromisos que se recogen en muchas leyes, que permanecen incumplidos muchos años después de su aprobación o, a lo sumo, se cumplen solo de forma aparente.

Fallan no solo el Gobierno, sino también las Cortes de Aragón y el Justicia de Aragón al no supervisar de manera estricta el cumplimiento de los mandatos legales que se dirigen al Gobierno. El Legislativo reenvía al Gobierno el desarrollo de las normas que aprueba, y luego parece despreocuparse de si este desarrollo se lleva a cabo o no, es decir, si el Ejecutivo acata los mandatos de las Leyes aprobadas. Si el Gobierno desconoce el carácter vinculante de las normas, éstas se ven claramente devaluadas y el Estado de Derecho queda abiertamente en entredicho. No estamos hablando de un asunto menor, aunque para muchos resulte ya normal el incumplimiento de las leyes.

Por eso entendemos, y así lo hemos señalado en nuestro Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, que las Cortes de Aragón han de dotarse de una unidad destinada al seguimiento y control del cumplimiento por el Gobierno de Aragón de aquellos mandatos recogidos en las leyes autonómicas. Dicha labor ha de llevarse a cabo en estrecha colaboración con el Justicia de Aragón, entre cuyas misiones se encuentra la de tutela del ordenamiento jurídico aragonés, y dicha tutela ha de comenzar por el cumplimiento de los mandatos de desarrollo reglamentario que la Ley dirige al Gobierno de Aragón.

La inactividad normativa del Gobierno de Aragón –o el directo incumplimiento de las previsiones legales, como ocurre en el caso de la Ley de calidad de los Servicios Públicos- ha de ser un elemento a supervisar por las instituciones, y también por los ciudadanos, y va a constituir una de las prioridades por parte de esta Asociación, pues el cúmulo de incumplimientos existente supone una de las principales quiebras del principio de legalidad en nuestra Comunidad Autónoma.

En tal sentido, hemos querido poner de relieve alguno de los incumplimientos de la Ley de calidad de Servicios Públicos en que ha incurrido el Departamento de Hacienda y Administración Pública, con los que queda en entredicho la verdadera voluntad del Gobierno de Aragón al impulsar la citada norma legal.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública:


“Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública
Plaza de los Sitios, 7
50071-Zaragoza

Zaragoza, 26 de junio de 2015.

Estimado señor:

El Gobierno de Aragón, durante la legislatura que concluye, mediante el ejercicio de la iniciativa legislativa promovió una norma dirigida a reforzar la calidad de los servicios públicos de la Administración Autonómica, dando lugar a la aprobación, por las Cortes de Aragón, de la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicha Ley, entre sus diferentes previsiones, contempla la aprobación por el Gobierno de Aragón de un Plan general de mejora de la calidad de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se incluirán las medidas de calidad que hayan de implantarse en los distintos ámbitos de gestión de las políticas y servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

La propia Ley, en su disposición final segunda, señala que el Gobierno de Aragón deberá aprobar dicho Plan en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Pese a ello, y transcurridos ya prácticamente dos años desde dicha fecha, no nos consta que el Gobierno de Aragón haya elaborado ni aprobado el citado Plan.

Igualmente, la citada Ley contempla la creación de la Comisión para la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos, entre cuyas funciones fijadas por el artículo 29.2 de la Ley figura la de “elaborar un informe anual sobre la calidad de los servicios públicos, su grado de aplicación y las mejoras que propone”. Tampoco nos consta la elaboración de dichos informes anuales, ni tenemos siquiera constancia del funcionamiento de la referida Comisión, cuya presidencia corresponde al Consejero competente en materia de calidad de los servicios públicos.

Como Asociación preocupada por la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública, cuya realización guarda directa conexión con la calidad de la gestión pública, nos vemos en la necesidad de expresarle nuestra protesta por el incumplimiento en el que se ha incurrido por su Departamento en el desarrollo de la Ley de calidad, entendiendo que ello lastra la credibilidad de las políticas de mejora de la gestión pública y constituye una hipoteca para actuaciones futuras en esta materia.

Hemos insistido, a lo largo de esta legislatura, en relación con diferentes medidas de calidad –como es la aprobación de las cartas de servicios- que la calidad no es una alternativa a la legalidad, pues el cumplimiento de las leyes resulta ineludible, sino un complemento dirigido a su mejor ejecución, y nos vemos obligados a reiterarlo una vez más, al constatar la inaplicación en la que se ha incurrido por su Departamento en relación con los principales compromisos establecidos por la Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La política de calidad de los servicios públicos sigue siendo, por lo tanto, una asignatura pendiente de nuestra Administración, a cuya superación en nada contribuye la aprobación de normas que quedan, posteriormente, incumplidas.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”