La
labor de las instituciones públicas y de las personas que ejercen las responsabilidades públicas han de
ser objeto de especial análisis y seguimiento. Un poder democrático es un poder
controlado, y ese control, al margen de los mecanismos oficiales previstos, ha
de ejercerlo también de manera directa la sociedad, mediante un ejercicio
activo de la responsabilidad ciudadana.
Por
eso nos parece de gran interés la existencia del blog “Qué
hacen los diputados”, a través del cual los ciudadanos tienen la posibilidad
de seguir de cerca la actividad de sus representantes en el Congreso de los
Diputados, conociendo sus intervenciones, sus actividades, su agenda, etc. Sería
deseable que una iniciativa similar surgiera en relación con los Parlamentos
autonómicos, o que el propio blog, paulatinamente, extendiese su radio de acción
a las Comunidades Autónomas, para tratar de alcanzar estándares de
transparencia y exigencia equiparables en los diferentes niveles de gobierno
territorial, analizando la diferente calidad de la función legislativa y de
control en unos y otros Parlamentos, y estableciendo las deficiencias de
transparencia y rendición de cuentas que algunas Cámaras presentan en sus
normas de organización y funcionamiento.
Como
Asociación que ha ejercido el derecho de petición a las Cámaras, nos gustaría
también que surgiesen iniciativas, tanto públicas como privadas, para facilitar
la formulación de peticiones tanto a las Cortes Generales como a los
Parlamentos autonómicos, asegurando con ello una permanente conexión entre
ciudadanos e instituciones parlamentarias, es decir, entre representados y
representantes, reduciendo con ello el alejamiento y la incomunicación con los
ciudadanos en que con frecuencia incurren los parlamentarios en el ejercicio de
su labor.
Celebramos
abiertamente la existencia de iniciativas de la sociedad civil como el blog “Qué hacen los diputados”, y confiamos en
que su actividad contribuya a fortalecer la implicación de los ciudadanos en la
vida democrática, reforzando la transparencia y el control necesarios en el
funcionamiento de toda institución, pero muy particularmente en aquella que representa
la voluntad de todos los españoles.
Transcribimos
de su página en Internet la presentación en la que se sintetizan los objetivos
de la asociación que sostiene dicho blog:
BLOG “QUÉ HACEN LOS
DIPUTADOS”.
Quiénes somos
Este Quiénes somos,
escrito a modo de FAQ, pretende explicar el espíritu, modo de funcionamiento y
composición del proyecto Qué hacen los diputados. No dudes en escribirnos para
cualquier duda: info@quehacenlosdiputados.net
¿Qué es Qué hacen los
diputados?
La iniciativa Qué hacen
los diputados empezó a gestarse en junio de 2011. Un grupo de personas
interesadas en la vida política pensamos que nos podríamos servir de las
herramientas digitales para monitorizar la tarea de los políticos. Los
objetivos del proyecto son:
- Acercar a los
ciudadanos las decisiones políticas que les afectan.
- Ayudar a mejorar la
transparencia.
- Conseguir la
implicación de los ciudadanos en el seguimiento de nuestros políticos.
En mayo de 2012 nos
constituimos como asociación y nos inscribimos en el Registro Nacional de
Asociaciones con el número 600556. Contamos con un número CIF y tenemos una
cuenta en Tríodos Bank.
¿Por qué los diputados
del Congreso?
El Congreso de los
Diputados es la institución en la que reside la soberanía popular y cuyas
funciones son: controlar la acción del gobierno, legislar, aprobar los
Presupuestos Generales del Estado, otorgar o retirar la confianza al gobierno,
nombrar a los dirigentes de otras instituciones, etc. Es decir, la Cámara Baja concentra
funciones que afectan directa e indirectamente a todos los ciudadanos.
¿En qué consiste el
proyecto de Qué hacen los diputados?
Es una aplicación con
información y datos que permite a la ciudadanía seguir la trayectoria y labor
de los 350 diputados del Congreso. En la web se encuentra información sobre la
trayectoria profesional y política de los parlamentarios, datos personales
públicos (como la declaración de bienes y rentas y sus actividades),
iniciativas, comparecencias en Pleno y comisión y votaciones en Pleno.
Además contamos con una
cuenta de Twitter, un grupo de Facebook, un blog y más canales sociales en los
que informamos a grandes rasgos de:
- La agenda parlamentaria
y enlaces a los documentos del trabajo parlamentario, como los PDF de los
proyectos de ley, las preguntas de la sesión de control, etc.
- Información de las
sesiones parlamentarias elaborada por los medios de comunicación.
- Información de la
trayectoria profesional y política de los diputados.
- Difusión de cómo
funciona el Congreso y en qué consiste el trabajo de los diputados.
Este proyecto no es
pionero, las páginas que más nos inspiran son, entre otras, opencongress.com y openpolis.it.
¿De dónde sale la
información que difunde Qué hacen?
Obtenemos la información
principalmente a través de noticias de todo tipo de medios de comunicación
(generalistas y alternativos), blogs, de las cuentas de Twitter de los
diputados, de la información publicada en la web del Congreso y en otras webs
oficiales (BOE, BORME, Moncloa).
5 comentarios:
El sindicato CCOO denunció este jueves la destrucción "masiva" de documentos en el Ayuntamiento de Madrid, que la corporación municipal ha desmentido alegando que se trata de una actividad rutinaria para liberar espacio que no tiene efectos porque de todos ellos queda un original en la Intervención General.
En un comunicado, CCOO califica de "desmesurada" la destrucción de documentos en las instalaciones municipales y recuerda que el artículo 413 del Código Penal castiga a cualquier autoridad o funcionario público que, a sabiendas, retirase, destruyese, inutilizase o ocultase "total o parcialmente" documentos. Y es que según recoge eldiario.es, el consistorio ha pedido un camión extra para retirar, al menos, ocho contenedores llenos de papel triturado.
A raíz de esta acusación, fuentes del Ayuntamiento de Madrid han indicado a Efe que todos los departamentos municipales generan papeleo de todo tipo, en muchas ocasiones copias, que rutinariamente se destruye en trituradoras de papel y se elimina.
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Tras destacar que no existe en las estancias municipales espacio suficiente para toda esa documentación, las mismas fuentes recalcan que la Intervención General guarda copia de todos los documentos oficiales originales de la administración.
Ante estos argumentos de la corporación, CCOO reclama explicaciones "más motivadas", pide un relevo en la corporación ajeno a las rencillas "partidistas" e insiste en que sería más "lógico" esperar a que la nueva corporación "decidiera qué sobra, qué falta y qué espacio necesita".
¿Qué está sucediendo en el Gobierno de Aragón?
Los sindicatos se movilizan para evitar la destrucción de documentos en Valencia
VALENCIA.- Tras las elecciones del pasado domingo, son numerosos los rumores que apuntan a la posible destrucción de documentos y expedientes oficiales en las administraciones públicas valencianas, apareciendo incluso fotografías en las redes sociales alertando de este extremo.
Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en Madrid, en Valencia no existe todavía ninguna denuncia en firme sobre este aspecto. No obstante, los sindicatos ya han encendido las alarmas por algunos movimientos sospechosos que se han visto en los últimos días en departamentos dependientes de la Generalitat Valenciana. “Nos dicen que se está destruyendo más papel de lo normal", relata Adel Francés, Secretario de Acción Sindical de la Intersindical Valenciana. A su organización han llegado ya sospechas sobre el uso "excesivo" de las trituradoras de papel en la sede de la avenida de Campanar de la consejería de Educación y en la consejería de Agricultura, ubicada en la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre.
Es por ello que, este mismo viernes, la central envió un correo electrónico a todo el personal de la Generalitat haciendo un “llamamiento” para recordar que “no se pueden destruir los documentos oficiales si antes no han sido descatalogados” y avisar de que la destrucción de documentos constituye un delito recogido en el artículo 413 del Código Penal, penado con “prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.
Así mismo, desde Intersindical se ha pedido a los empleados públicos valencianos que se nieguen a destruir documentos si se lo ordena algún superior y que informen al sindicato si llega a su conocimiento “alguna actividad sospechosa”. “Nos presentaremos allí inmediatamente y os apoyaremos en todo lo que sea necesario”, indica la misiva.
También en CCOO están ya sobre la pista en el asunto e intentan que no se cometan prácticas irregulares en las administraciones públicas, a pesar del cambio de signo en los gobiernos.
En el Ayuntamiento de Valencia tampoco existe confirmación de que se hayan destruido documentos físicos, aunque según apuntan fuentes sindicales, el hecho de que el consistorio valenciano tenga implantada la Plataforma Integrada de Administración Electrónica (PIAE) para muchos trámites “hace difícil” concebir que se esté destruyendo “mucho papel”.
En ese sentido, la candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha solicitado a las Corts Valencianes que requieran al Consell el "bloqueo de servidores informáticos y la garantía de no destrucción de documentación". Además, Oltra reclama la convocatoria de la Diputación Permanente de las Corts Valencianes y la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat en funciones, Alberto Fabra, "por la destrucción de documentos".
Traslado sospechoso en Gobernación
En un comunicado, Oltra exige a Fabra que dé cuenta “de quién es el responsable de la orden de desconexión de las alarmas en el Complejo Nou d'Octubre y la retirada y destrucción de documentación del interior de la Conselleria de Gobernación a primera hora, antes de la detención de Serafín Castellano", dentro de la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos de extinción de incendios cuando él era conseller, con cuyo presidente coincidió en cacerías. "Alberto Fabra me aseguró que facilitaría el traspaso de poderes al nuevo gobierno, pero vemos que el PP se va como han gobernado, de manera indecente", concluye Oltra.
El diario Levante publicó que a primera hora de la mañana del viernes, antes del registro policial en la Conselleria, se había visto a una furgoneta llevándose documentos de su sede. Pero según aseguró Gobernación en un comunicado, ninguna documentación trasladada este viernes tiene relación con la solicitada por la UDEF. El traspaso supone una “práctica ordinaria" de la gestión de documentos de la consejería ya que los archivos de los que se dispone en su sede "no alcanzan para guardar toda la documentación" y para ello, la Generalitat Valenciana dispone del archivo general, en Riba-roja.
Por su parte, la Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AVV) envió ya antes de las elecciones una carta a la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la popular Elena Bastidas, pidiéndole que garantizase "el estricto cumplimiento de la legislación” mediante el cual, “finalizado su mandato, los políticos deben transferir sus documentos al archivo o bien a sus sucesos en el cargo”.
Así lo señala, recordaban en la AAV, el artículo 43 de la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos, así como el artículo 54 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. “Los documentos generados por personas que ejercen funciones políticas o administrativas en la administración local o autonómica forman parte del patrimonio documental de la institución, de acuerdo con el artículo 49.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, y el artículo 76 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano”, abundaba la carta de los archiveros, que señalaban además que estas leyes aplican “tanto a cargos políticos, como a asesores o personal eventual y de confianza de los alcaldes y regidores”.
La AVV solicitaba a Bastidas su ayuda para ser "fieles y escrupulosos con la legislación vigente y las obligaciones éticas ligadas a nuestras respectivas funciones" y para que “en los tiempos de las leyes de trasparencia y buen gobierno, y entre todos contribuyamos a recuperar la confianza de nuestra sociedad en la gestión pública".
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