Esta
Asociación está trabajando en colaboración con otras organizaciones e
instituciones para la celebración, el próximo día 9 de diciembre, de un acto
conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción, instituido
por la ONU con
motivo de la aprobación de la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003.
Con
ello pretendemos dar continuidad a una práctica mantenida desde 2009, de manera
que ésta sería la sexta ocasión en que dedicamos un acto público a reflexionar
sobre la realidad de la corrupción –como fenómeno que se ha ido haciendo cada vez más
presente en nuestra realidad- y sobre la potencialidad de las medidas de prevención
y sanción que se definen en la
Convención de Naciones Unidas, a la que, sorprendentemente,
no se hace referencia alguna en los numerosos debates, artículos y opiniones
que el tema ha merecido en los últimos años en nuestro país, con la excepción
del claro posicionamiento de Transparencia Internacional.
La
sociedad debe conocer cuáles son las causas y los efectos de la corrupción, tanto
pública como privada, y sobre todo ha de conocer la estrategia internacional
que se ha diseñado, en el ámbito de Naciones Unidas, para prevenirla y
combatirla, conscientes de sus efectos devastadores para la democracia, el
bienestar, los derechos humanos y el medio ambiente, entre otros valores. La
lucha contra la corrupción no es una tarea que podamos delegar en las
autoridades públicas, y en sus mecanismos especialmente preparados para su
persecución y sanción. Combatirla nos concierne a todos.
Nuestro
principal empeño, en todo este tiempo, ha sido el de destacar el particular
compromiso que corresponde a los servidores públicos en la lucha contra la
corrupción, asegurando el cumplimiento de las leyes y evitando el ejercicio
irregular de las potestades públicas y el mal uso de los recursos públicos. Frente
a una postura de defensa pasiva de la legalidad –limitada a evitar
comportamientos ilegales de directa imputación- hemos de pasar a una defensa
activa de la legalidad, mediante la promoción del respeto al ordenamiento jurídico
en el conjunto de la actividad administrativa y la denuncia de irregularidades
y abusos de los que tengamos conocimiento en el ejercicio de nuestras
funciones.
Ejemplo
de una actitud pasiva –que no evita el abuso y el fraude cometidos- fue la
mantenida por los responsables de las Secretarías Generales Técnicas de los
Departamentos ante la utilización indebida de los puestos de asesor de los
Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón para asegurar sueldos públicos
a personas afines al poder sin contraprestación laboral alguna. El abuso se
consumó, aunque los responsables de las Secretarías Generales Técnicas
evitasen, probablemente, su implicación personal en los hechos, por tratarse de
puestos de directa dependencia de los miembros del Gobierno de Aragón.
Ejemplo
de una posición activa –con independencia de que tampoco llegase a evitar el
abuso y fraude cometidos- fue la adoptada por esta Asociación, que reclamó al
propio Gobierno de Aragón que se corrigiese la irregular situación existente,
denunciando igualmente tal situación a los Grupos Parlamentarios de las Cortes
de Aragón, para dirigirse finalmente ante la pasividad de unos y otros, a la Fiscalía General
del Estado. Del celo de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía para esclarecer
los hechos denunciados resulta preferible no hacer comentarios.
No
está de más, sin embargo, recordar que la petición dirigida a la Cortes de Aragón para que
se crease una comisión de investigación sobre la situación de los Gabinetes de
los miembros del Gobierno fue inadmitida por la Mesa de las Cortes, calficándola de “injerencia”
en la actividad parlamentaria. Tal decisión de la Mesa fue anulada
posteriormente por el Tribunal Constitucional, al admitirse el recurso de
amparo promovido por esta Asociación al entender vulnerado el derecho
fundamental de petición. No era una injerencia, sino todo lo contrario, una llamada a su función de control democrático, que no se quiso ejercer, por razones que ahora pueden parecernos obvias. Nunca hemos tenido conocimiento de actuación
alguna del Parlamento autonómico derivada de la sentencia del Tribunal
Constitucional. No solo vulneraron nuestro derecho fundamental de petición, sino
que toleraron el fraude cometido por los miembros del Gobierno PSOE-PAR. Sin consecuencia alguna.
Un
Gobierno debería ser totalmente consciente de que sus abusos, cometidos a plena
luz del día o con mayor o menor descaro o discreción en el curso de los
procedimientos administrativos, han de obtener una firme y contundente
respuesta por parte de los funcionarios públicos, pues el compromiso con la
legalidad ha de ser prioritario frente al principio de jerarquía u obediencia a órdenes o instrucciones ilegales. No denunciarlos
supone hacerse cómplices de la irregularidad y desatender la obligación de
velar por el interés general. Lo peor de todo es que tal conducta, lejos de ser
sancionada, resulte premiada por el poder político, lanzando con ello un
mensaje desmoralizador al conjunto de la función pública.
Hay
mucho que reflexionar sobre la corrupción, sin limitarnos a respuestas
simplonas y autocomplacientes. Nuestra responsabilidad, por acción u omisión,
en la actual situación debe ser objeto de una clara autocrítica. Pero, sin
dejar de realizar esa autocrítica, también debemos analizar otros aspectos de
relevancia de la corrupción.
Esta
Asociación, en la convocatoria de este año, desea reflexionar sobre los efectos que la corrupción
produce en la precarización de las condiciones de vida de los ciudadanos, en la
generación de pobreza, en el aumento de las desigualdades y la discriminación
social, en el debilitamiento de la cohesión social. La corrupción es una lacra
social contra la que debemos luchar como compromiso con los valores de justicia
e igualdad, sin cuya reivindicación toda sociedad se vería abocada a su
disolución. Para ello esperamos poder contar con personas cualificadas que nos permitan aproximarnos a la cuestión.
16 comentarios:
Tenemos un problema con la Fiscalía en Aragón?
La corrupción se percibe ya como una infección generalizada en un cuerpo social que alcanza a más personas, profesiones y actividades de lo que inicialmente se consideraba circunscrito a personajes vinculados con el ejercicio de la política y, por tanto, apostados en el poder e implicados en decisiones de las que podían servirse para ventajas personales. Pero la realidad manifiesta que la aceptación de mordidas desborda cualquier nicho sociológico, como queda en evidencia tras la actuación ayer de la Guardia Civil en 12 provincias, entre ellas Zaragoza con dos detenidos, de un total de 32 arrestados en toda España --la mayoría de ellos funcionarios-- por irregularidades en contrataciones y el cobro de comisiones.
Es un episodio más en una larga lista de actuaciones judiciales que se van sumando con una carencia insoportable para la ciudadanía. Sin echar demasiado la vista atrás, aunque la evolución de los procesos de investigación o judiciales traen a la actualidad casos y personas que ya casi se consideraban amortizados en el subconsciente colectivo y que vuelven a remover las conciencias, recientemente hay que incluir desde las tarjetas negras utilizadas en cajas que tuvieron que sufrir un rescate a costa de todos, hasta la entrada en prisión de destacados responsables políticos por la operación Púnica o la imputación de un expresidente del parlamento valenciano. No es cuestión de reproducir nombres, detalles y cuantías que ya tienen su sitio en las páginas de información. Pero la lista comienza a ser inabordable.
En este clima de desasosiego y estupefacción ya no solo se establece el listón del delito como línea roja de lo inaceptable, casos como el de los parlamentarios que utilizaron sus prerrogativas de viajes del Senado y el Congreso para asuntos privados son percibidos, y con razón, como abusos de lo público que muestran una falta total de empatía con una ciudadanía a la que, sin embargo, se le piden sacrificios en nombre del país, cuando no se le acusa directamente de haber vivido por encima de sus posibilidades.
Ante una situación de este cariz, los partidos políticos y en especial quien ostenta la mayoría, deberían mostrar más decisión, primero, en descabalgar de sus filas a quienes están implicados y, sobre todo, en establecer mecanismos y controles que dificulten sobremanera la tentación de los corruptos. Está en juego la democracia
el periodico de aragon
La Operación Púnica es el último de los escándalos de corrupción destapados en España. Al menos el último mientras se escriben estas líneas; no se puede descartar que cuando vean la luz las portadas de los medios de comunicación estén salpicadas por otro caso. Los hay para todos los gustos: tarjetas negras a cuenta del contribuyente para caprichos, redentores de patrias con ´la pela´ en el extranjero y sin declarar, representantes de los trabajadores que desvían el dinero de su formación, defensores de los obreros que se inventan EREs para desviar fondos o conceder subvenciones, financiaciones ilegales de partidos y campañas o cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones. Entramados que harían tambalearse los cimientos de cualquier democracia. Sin el condicional. Todo ello mientras muchos ciudadanos intentan salir adelante en medio de la peor crisis económica mundial desde el crack del 29. Lo más descorazonador es que ya a nadie le sorprende un nuevo caso. ¿Qué peligros entraña este divorcio entre los ciudadanos y quienes deberían representarles para la democracia?
Conocer la Historia debería servir para no repetirla. Son unos cuantos los paralelismos que pueden establecerse entre la situación actual y la Europa de entreguerras. En primer lugar, Hannah Arendt alertaba en Los orígenes del totalitarismo de los peligros del cinismo de los ciudadanos en la vida pública: "La propaganda de masas descubrió que la gente siempre estaba dispuesta a creer lo peor, por absurdo que fuera, y que no se resistía especialmente a ser engañada, puesto que, de todas formas, consideraba cualquier declaración una mentira". De esta forma, los totalitarios se dieron cuenta de que "bajo semejantes condiciones, uno podía hacer creer a la gente las más fantásticas declaraciones y confiar en que, si al día siguiente recibía la prueba irrefutable de su falsedad, esa misma gente se refugiaría en el cinismo".
maria amengual
¿Qué ocurrió después de la Primera Guerra Mundial para que Europa escribiera la página más negra de su historia? Arendt defiende que "el sistema de partidos dejó de ser un instrumento útil y el sistema de clases de la sociedad se quebró bajo el peso de las crecientes masas enteramente desarraigadas por los acontecimientos. Los viejos partidos mostraron claramente que ya no eran capaces de funcionar como representantes de los intereses específicos de sus votantes, sino que se habían convertido en meros defensores del statu quo". ¿Les suena?
Especialmente significativa por su actualidad resulta su descripción de la situación en la Alemania prehitleriana. "Sólo dos movimientos estaban al margen del sistema parlamentario y luchaban contra él, pero presentaban a sus candidatos: nazis y comunistas. Todos los demás partidos coincidieron de repente en un solo candidato. Las diferencias entre los partidos carecían ya por completo de significado; estaba en juego la existencia de todos ellos y, en consecuencia, se agruparon y esperaron mantener un statu quo que la garantizara. Un statu quo que en 1932 significaba el desempleo para casi la mitad del pueblo alemán. Nazis y comunistas necesitaban contar con aquellos que deseaban un cambio a cualquier precio (incluso el de la destrucción de todas las instituciones legales); éstos eran al menos los millones crecientes de parados y sus familias. Amenazaron ambos a sus electores con el temor al statu quo, exactamente de la misma manera que los oponentes habían amenazado a sus seguidores con el espectro de la revolución. Todos con la tácita presunción de que el electorado acudiría a las urnas porque estaba asustado". ¿Les resulta familiar?
Otro aspecto ilustrativo del auge de los totalitarismos es el de que surgieran en un momento en que "la reputación de los Parlamentos y partidos constitucionales había declinado constantemente. Para el pueblo en general parecían instituciones caras e innecesarias. Por ello surgieron grupos que afirmaron representar algo por encima de los intereses de partido y de clase, comenzando al margen del Parlamento, y sólo por ello ya tenían una gran posibilidad de conseguir popularidad. Tales grupos parecían más competentes, más sinceros y más preocupados por los asuntos públicos. Pero sólo en apariencia, porque su verdadero objetivo era promover un interés particular hasta que hubiera devorado a todos los demás y en hacer que un grupo particular se convirtiera en dueño de la maquinaria estatal.´ Arendt también avisa de que ´la propaganda puede atentar vergonzosamente contra el sentido común sólo donde el sentido común ha perdido su validez´".
maria amengual
El descrédito actual de las instituciones democráticas y la pauperización de los ciudadanos tiene precedentes. Ciertamente, es imprescindible que se produzcan cambios en la manera de entender la política. Ésta debería consistir en el servicio al ciudadano y no en una actividad parecida a la cleptocracia. Sin embargo, Europa ya demostró el siglo pasado que romper con un statu quo a cualquier precio puede conducir a una pesadilla aún peor. Como nos recuerda Arendt, "los nazis y los bolcheviques pueden estar seguros de que sus fábricas de aniquilamiento constituyen tanto una atracción como una advertencia. Las soluciones totalitarias pueden muy bien sobrevivir a la caída de los regímenes totalitarios bajo la forma de fuertes tentaciones, que surgirán allí donde parezca imposible aliviar la miseria política, social y económica en una forma digna del hombre". Los errores del siglo pasado nos demuestran que no podemos abdicar del deber de ciudadanos. No es cierto que ya no haya nada que perder si hacemos que la democracia caiga en manos de sus enemigos.
maria amengual
diario de mallorca
No sería extraño que en las próximas elecciones haya una grandísima abstención fruto del castigo a los dos grandes partidos y del "miedo" a partidos como Podemos. Y un ligero aumento de UPyP, IU y Ciutadans, no necesariamente por este orden.
Alaya desarticula una red corrupta que pagó dos millones en mordidas
La tercera fase de la operación Madeja, denominada Enredadera por la Guardia Civil, se salda con la detención de 32 personas en 12 provincias españolas y una veintena de registros.
diario de sevilla
La juez Mercedes Alaya ha desmantelado una red que presuntamente abonó en unos nueve años (entre 2003 y 2012) unos dos millones de euros en comisiones ilegales y dádivas a funcionarios y cargos públicos para hacerse con la adjudicación de contratos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección de Alaya, llevó a cabo este martes la tercera fase de la operación Madeja, ahora denominada Enredadera, en un nuevo espectacular despliegue policial de la instructora y del instituto armado que se ha saldado con la detención de 32 personas y la práctica de una veintena de registros en un total de doce provincias españolas: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Las Palmas.
A los 32 detenidos, de los cuales al cierre de esta edición cuatro ya habían sido puestos en libertad por la Guardia Civil sin necesidad de pasar a disposición de la juez, se les atribuyen hasta seis delitos, en concreto, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.
Este es un país de chorizos, el que puede cobrar el paro y trabajar, lo hace; el que puede dejar de pagar impuestos, lo hace: el empresario que puede cobrar en negro, lo hace; el político que puede trincar, lo hace; el funcionario que puede trincar, lo hace; y así miles de ejemplos. Es muy fácil echar la culpa a los políticos, ¿pero no será que el problema es de los españoles? nos encanta buscar un culpable y no pensar más.
Andaluces? aceituneros altivos? ¡donde han quedado aquellos andaluces!. LLegaron las subvenciones de miseria y se acabaron los andaluces altivos. Y a votar otros cuatro años a los PPSOE.
Es el problema de tener funcionarios a perpetuidad, que al final hacen lo que quieren y se creen impunes, si su puesto solo fuera seguro para algunos años, sobre todo para los que pueden tomar decisiones. . . . Después entraría otro y podría ver lo que se estaba haciendo el anterior y podría lanzar una aviso, que si siempre está la misma persona hasta que se jubile nadie sabe lo que está haciendo. . . . . Además hay que mejorar la transparencia en la administración.
ESTLOS HOLGAZANES DE FUNCIONARIOS QUE TANTO PECHO SACAN CON LO PUBLICO Y LO NECESARIOS QUE SON PARA NUESTRAS VIDAS, SON UNOS CHORIZOS, SI LOS POLITICOS ROBAN ES CON AYUDA DE LOS FUNCIONARIOS, Y LOS FUNCIONARIOS MAN MANGANTES QUE LOS POLITICOS, Y TODAVÍA RECLAMAN QUE SE LES SUBA EL SUELDO. TRABAJAR DE UNA VEZ VAGOS.
Los funcionarios consiguen su plaza mediante unas oposiciones libres a las que cualquiera se puede presentar, acceden a su plaza bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el sueldo regulado y aparece cada año publicado en el BOE, tienen bien delimitadas sus funciones por ley y, como no les deben nada a los políticos, no consienten manipulación alguna.
yo, aunque me consideraban funcionario, aprobé mis oposiciones de CARTERO URBANO, durante 39 ejercí como tál y eso del trabajo de por vida, es un bulo que existe para desprestigiar. El funcionario, al igual que en la empresa privada, el que la hace la paga, lo demás es un mito. Por cierto, también me tuve que privar de muchas cosas para estudiar y ganarme mi plaza. Saludos
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, destituyó este martes de manera fulminante al jefe de servicio de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Manuel Podio Lora, una vez confirmada su detención por parte de miembros de la Unidad Central Operativa (UCO), según informó ayer la institución provincial, que añadió que además de la suspensión "inmediata" de sus funciones se le ha abierto un expediente disciplinario a este funcionario de carrera.
El escándalo de los viajes personales que el ex senador y presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, y el diputado por Teruel Carlos Muñoz habrían realizado a cargo de sus respectivas cámaras de representación, llegó ayer a la Carrera de San Jerónimo.
El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, se mostró contrario a que la Cámara Baja, como institución, asuma algún control en la actividad y los viajes de los diputados, algo que –consideró– debe corresponder a los grupos parlamentarios a los que pertenecen. Por su parte, Posada señaló que, desde la presidencia de la Cámara, defenderá la total libertad de movimientos de los diputados nacionales. «Yo no pienso ejercer de controlador de la labor de los diputados», destacó al respecto.
Aunque el presidente de la Cámara consideró «verdaderamente anómalos» los casos de Monago y Muñoz defendió el sistema que rige actualmente, que no requiere justificación ni establece tope de gasto para los viajes que realicen los diputados. En este sentido, se confiesa «abosolutamente convencido» de que los que han hecho un uso negligente de este privilegio son «una minoría minoritaria».
ADVERTISEMENT
En los pasillos del Congreso y ante las preguntas de los periodistas, Posada mostró su disposición a estudiar «a fondo» cualquier propuesta que –en este sentido– le trasladen los grupos, aunque no se mostró partidario de incrementar los controles, ya que estos viajes «en algunos casos tienen un carácter si no secreto, por lo menos discreto». «No me parece que tenga que ser la Presidencia o los servicios del Congreso los que hagan ese control cuando se trata de actuaciones políticas que se hacen desde cada partido y de los condicionantes de cada grupo parlamentario», destacó.
Partidos como UPyD y el PSOE le tomaron la palabra a Jesús Posada y anunciaron que propondrán una modificación del reglamento que rige actualmente en el Congreso de los Diputados para que los parlamentarios tengan que «justificar» sus desplazamientos por territorio nacional.
la razón
Publicar un comentario