Una vez aprobado el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2015 por el Pleno del Congreso de los
Diputados, manteniendo en sus mismos términos el artículo 21, por el que se
excluye la incorporación de personal de nuevo ingreso durante 2015, con la
única excepción de la prevista tasa de reposición del 50% en determinados
ámbitos o sectores de la
Administración, entendemos que no se han corregido las
contradicciones del proyecto con el artículo 23.2 de la Constitución
Española, en el que se reconoce el derecho de acceso a la
función pública a todos los ciudadanos, y con el Estatuto Básico del Empleado Público,
en cuyo artículo 10.4 se establece la obligación de incluir en la oferta de
empleo público la totalidad de las vacantes ocupadas por funcionarios
interinos.
A la vista del resultado obtenido en la
tramitación del Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados –a cuyos Grupos
Parlamentarios nos dirigimos en su día, expresándoles la señalada contradicción
entre los términos del artículo 21 del texto aprobado por el Gobierno y el
derecho fundamental de acceso a la función pública, lo que no ha sido tomado en
consideración-, nos vemos en la necesidad de reiterar nuestros argumentos a los
Grupos Parlamentarios del Senado, con el fin de que éstos puedan, en su caso,
promover alguna enmienda dirigida a restablecer el necesario respeto al artículo
23.2 de la Constitución
Española.
Las expectativas de éxito de esta
petición son mínimas o nulas –de ello somos plenamente conscientes-, pero no
por ello debemos dejar de formularla, para que ningún Grupo, ya sea de la mayoría
o de la oposición, pueda alegar posible desconocimiento de la cuestión
planteada. Cuando el Tribunal Constitucional invalide las tasas de reposición
de efectivos, por constituir un límite antijurídico al derecho de acceso a la
función pública, y señale que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado no
pueden suspender o desnaturalizar el contenido y el ejercicio de un derecho
fundamental constitucionalmente garantizado, ningún Grupo Parlamentario podrá
alegar ignorancia sobre los efectos de esa irregular técnica que han venido
recogiendo año tras año las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, gracias
a su apoyo expreso o tácito.
Esta Asociación no solo reclama la
eliminación de las tasas de reposición de efectivos, así como de la prohibición
general de incorporación de personal de nuevo ingreso, que se contienen en el
artículo 21 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015,
sino que también, por dicho motivo, ha impugnado diferentes Ofertas de Empleo Público,
tanto de la Administración
General del Estado como de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, para que los Tribunales –sea el Tribunal Supremo o el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón- juzguen la adecuación de dicha técnica con el
derecho fundamental, y en su caso eleven al Tribunal Constitucional una cuestión
de inconstitucionalidad para su posible eliminación.
Para completar nuestra campaña de
defensa del derecho de acceso a la función pública frente a lo previsto en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, en próximas fechas nos
dirigiremos al Defensor del Pueblo e instituciones autonómicas análogas, así
como a los Parlamentos de las diferentes Comunidades Autónomas, aunque idéntica
iniciativa llevada a cabo el año pasado no diera ningún resultado concreto. Hay
acciones que tienen un valor en sí mismas, al margen del resultado, y estamos
convencidos de que la defensa de los derechos fundamentales es una de ellas. Cuando
el derecho no se defiende, acepta de antemano su derrota, algo que no estamos
dispuestos a asumir como Asociación.
Se reproduce a continuación el
contenido íntegro del escrito dirigido al Grupo Parlamentario Vasco del Senado:
“Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Senado
C/
Bailén, 3
28071-MADRID
Zaragoza, 14 de octubre de 2014.
Estimados
señores:
Como
organización comprometida con la defensa y promoción de los principios
constitucionales que ordenan la función pública, entre los que figuran de forma
destacada los de legalidad, profesionalidad y ética pública, deseamos
reiterarles nuestra preocupación por el grave deterioro que viene sufriendo en
el conjunto de las Administraciones Públicas el ejercicio del derecho de acceso
a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución
Española y que regula el Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por las Cortes Generales el año 2007.
Las
elevadas tasas de interinidad existentes en la mayor parte de las
Administraciones no solo evidencian un claro incumplimiento del régimen de
acceso a la función pública, conforme a los principios de igualdad, mérito y
capacidad que establecen los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución
Española, sino que suponen un claro factor de deterioro de
las condiciones previstas para el desempeño de la función pública, toda vez que
el régimen de inamovilidad que se prevé para los funcionarios de carrera en el
Estatuto Básico del Empleado Público constituye la necesaria garantía para el
deber de imparcialidad de los servidores públicos, circunstancia que se ve
directamente comprometida con tasas de interinidad que fluctúan, en muchas
Administraciones, entre el 25 y el 30% de sus efectivos.
Creemos
que las previsiones que, en materia de oferta de empleo público, han venido
incluyendo las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en pasados
ejercicios, y que vuelven a contemplarse en el artículo 21 del actual Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado, con exclusión de incorporación de
personal de nuevo ingreso durante 2015, con la única excepción de la prevista
tasa de reposición del 50% en determinados ámbitos o sectores de la Administración, han
desconocido de forma indebida el derecho de acceso a la función pública de los
ciudadanos y debilitado la profesionalidad y eficacia de ésta.
Ambos
resultados constituyen un menoscabo de nuestro Estado de Derecho, lo que
aconseja revisar la idoneidad y constitucionalidad de la definición y aplicación
de tales medidas. Consideramos necesario que las previsiones en materia de
oferta del Proyecto de Ley de Presupuestos, que ha recibido la aprobación del
Pleno del Congreso de los Diputados, se ajusten al régimen establecido en el
artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, de manera que se
incluyan en la Oferta
anual el conjunto de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos,
salvo que se proceda a su amortización.
Los
objetivos de contención del gasto público, a los que necesariamente han de quedar
vinculadas las previsiones en materia de incorporación de nuevo personal que
pueda establecer la Ley
de Presupuestos, han de operar sobre la dimensión de las plantillas de las
Administraciones o sobre el volumen de la masa salarial de cada Administración,
pero no deben suponer o conllevar obstáculo alguno al ejercicio de un derecho
fundamental de los ciudadanos, como es el acceso a la función pública (artículo
23.2 CE) ni ha de excepcionar el régimen de garantías del estatuto jurídico de
los servidores públicos, previsto para asegurar el desempeño de sus funciones
al servicio del interés general y con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.
Esta
Asociación se ha visto obligada a formular recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que aprobó la Oferta de Empleo Público
para 2014 en la Administración
General del Estado, al entender que ni la Ley de Presupuestos Generales
del Estado ni la aplicación que se hace de ella pueden suspender el ejercicio
de un derecho fundamental de los ciudadanos como es el acceso a la función pública,
cuestión que debería ser resuelta en el propio texto de la Ley por parte de esa Cámara.
Por
todo ello, solicitamos que por parte de ese Grupo Parlamentario se proceda a
revisar el contenido del artículo 21 del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado, de manera que quede plenamente salvaguardado el ejercicio
por parte de los ciudadanos del derecho fundamental de acceso a la función
pública que corresponde a los ciudadanos, en los términos contemplados en el
Estatuto Básico del Empleado Público.
Agradeciéndoles
de antemano su atención, reciban un atento y respetuoso saludo.
13 comentarios:
Aun con todo, es necesario insistir.
El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha avanzado que la Junta gastará un total de 27 millones de euros con cargo a los Presupuestos del próximo año para hacer frente a la devolución del 25 por ciento de la paga extra de la Navidad de 2012 de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.
TOLEDO, 17 (EUROPA PRESS)
El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha avanzado que la Junta gastará un total de 27 millones de euros con cargo a los Presupuestos del próximo año para hacer frente a la devolución del 25 por ciento de la paga extra de la Navidad de 2012 de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma.
Así lo ha asegurado a preguntas de los medios momentos antes de participar en el Hotel Eurostars de Toledo en el primer Foto Inver CLM, donde ha manifestado que cuando comience el año "se irá buscando" en qué partidas se puede detraer dinero para sufragar este pago.
"Presupuestamos con prudencia, y ya hemos detectado partidas que pueden absorber ese gasto de forma natural. Sabemos cómo se puede hacer frente", ha asegurado.
Preguntado por cómo hará frente la Junta presupuestariamente a la readmisión de los trabajadores interinos cesados en agosto de 2012, Romaní ha indicado que se abordará el tema "cuando haya sentencia firme", y hasta que eso ocurra no se puede conocer la cifra exacta.
El mejor artículo sobre la corrupción y el mérito que hayas podido leer de la pluma de Antonio Muñoz Molina
periodista digital
Se titula La corrupción y el mérito y lo publica El País en su Cuarta página este domingo 9 noviembre de 2014. Y en él, Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956), brillante escritor y académico de la RAE, hace posiblemente el mejor análisis sobre la corrupción.
No puedo estar más de acuerdo con la adulteración y la prostitución de los altos funcionarios, que habiéndolos que hacen correctamente su trabajo, siempre lo hacen bajo las directrices de unos políticos que no siempre hacen lo mejor para el pueblo. Hace mucho tiempo que llevo exigiendo que los cargos de confianza desaparezcan, salvo que éstos sean funcionarios de demostrada capacidad o solvencia y se les asigne una labor importante con total autoridad para llevar a cabo sus funciones, y como fiscalizadores, para eso están los partidos políticos de gobierno y de la oposición
En este artículo, Muñoz Molina incide en la tesis de que desde el principio mismo de la democracia, los partidos políticos hicieron todo lo posible por eliminar los controles administrativos que ya existían y dejar el máximo espacio al arbitrio de las decisiones políticas. Y propone que para un cambio, lo que nos hace falta es un vuelco al mismo tiempo administrativo y moral, un fortalecimiento de la función pública. Para el escritor, crear una administración eficiente requiere cambios en las leyes, en los hábitos de la política y en nuestra vida pública
Hay cosas que no me atrevería a discutir. Por ejemplo, la calidad literaria de Antonio Muñoz Molina. Al que tanto admiro como novelista. Sin embargo creo que sus ideas políticas son tan discutibles, al menos, como las mías. Recientemente ha publicado un artículo titulado 'La corrupción y el mérito', en el que realiza un diagnóstico de los males de la patria y propone una terapia: «Contra los manejos de un político corrupto o los desastres de uno incompetente la mejor defensa no son los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su trabajo y disponen de los medios para llevarlo a cabo, que tienen garantizada su independencia y por lo tanto no han de someterse por conveniencia o por obligación a los designios del que manda».
Hegel pensaba algo parecido. Llegó a ver en la burocracia a la clase universal que encarnaba la autoconciencia del Estado. Eran tiempos en que todo el mundo creía haberla visto por algún sitio, Jefferson y Madison la vieron entre los granjeros norteamericanos, y unos años más tarde Marx la vio en el proletariado. Recientemente, el presidente Rajoy ha vuelto a verla en la burocracia, aunque con más precisión que Hegel y Muñoz Molina juntos, la ha visto concretamente en los abogados del Estado.
Es una pena que ninguno de ellos haya caído en la cuenta de lo que dijo otro alemán, Max Weber, al señalar que la burocracia solo garantiza la racionalidad de los medios, pero que respecto a los fines es igual que el resto de los mortales. T. W. Adorno, su colega Horkheimer y el resto de la Escuela de Franckfurt explicaron mejor aún los límites de la racionalidad instrumental después de que hubiera pasado el toro del nazismo con su métrica asesina.
josé andrés torres mora
Viene todo esto a cuento de la noticia sobre la negativa de la jefa de los abogados del Estado a personarse en la causa sobre la Caja B del Partido Popular, siendo el caso que esta señora trabajaba anteriormente como directiva para la constructora Sacyr, precisamente durante el tiempo en que Sacyr pagó supuestamente 200.000 euros para la campaña electoral de Cospedal, también abogada del Estado.
Pero no es al dedo de la corrupción hacia donde quiero atraer la mirada del amable lector o lectora, sino hacia la luna de las puertas giratorias. De hecho casi la mitad de los abogados del Estado trabajan, en excedencia, para intereses privados. Esta semana hemos conocido que el abogado jefe de Hacienda acaba de abandonar el ministerio para incorporarse como socio a la empresa de auditoría Ernst&Young, precisamente como responsable del departamento de Procedimientos Tributarios. ¿Quién podría conocer mejor que él la legislación tributaria y, lo que es más importante, al resto de los abogados de Hacienda? Es un mérito, el de ese funcionario, por el que el capital está dispuesto a pagar mucho más que el Estado, pero no creo que ese mérito ayude a terminar con la corrupción, y mucho menos a impedir la captura del poder político por otros poderes. Como tampoco ayuda el artículo de mi admirado Muñoz Molina.
josé andrés torres mora
Hace unos días participé en unas Jornadas sobre Economía Española que se realizan desde hace casi 30 años en la Universidad de Alicante. Creo que la principal diferencia que existe entre éstas y otras jornadas a las que asisto de forma regular es que suele haber bastantes estudiantes y que éstos participan con sus preguntas. Este año el tema principal fue, cómo no, la crisis, pero desde el punto de vista de la salida. A mí me tocó formar parte de una mesa donde se hablaba de cómo aumentar la competitividad mediante la innovación y el capital humano. Y, en concreto, me pidieron que tratara el tema de la universidad española.
El presidente de la mesa fue Rafael Myro, profesor de la Universidad Complutense. Preparando la coordinación de lo que cada ponente debía decir me sugirió que intentara explicar por qué las universidades españolas salen "tan mal" en los rankings internacionales. La verdad, no sé si para nuestro bien o para nuestra desgracia, es que las universidades españolas no salen tan mal como a veces pensamos: simplemente son mediocres. Si salieran realmente mal, quizá hace tiempo que se habrían tomado medidas correctoras.
Coincido con el profesor Guillermo Cisneros, director de la Fundación Universidad.es, encargada de la promoción y las acciones internacionales de nuestras universidades, en que si analizamos las universidades por áreas de conocimiento hay bastantes de ellas que se encuentran bien situadas (entre las 50 primeras del mundo en algunos casos). También son mejores los indicadores si se filtran (por ejemplo, los rankings están sesgados por la presencia de premios Nobel, de los que nosotros carecemos). En ese caso, atendiendo a las publicaciones científicas o la captación de fondos de investigación europeos, no podemos calificar la situación como mala. Se puede acceder a un informe detallado y actualizado en la página web de Universidad.es.
Pero lo cierto es que no somos directamente comparables y que, en conjunto, la palabra que mejor describe la situación, no de la universidad en sí, sino de la sociedad española en su conjunto, es la mediocridad. Porque siempre podemos escondernos tras las excusas: no estamos tan mal. Y es cierto. Nos situamos, como país, cómodamente en la "aurea mediocritas" de Horacio, la mediocridad dorada. Vivir en el conformismo, ser "equidistantes", buscar el justo término medio. ¿Cuántos de entre nosotros no hemos pensado alguna vez "para qué preocuparse más si, en el fondo, aquí se vive muy bien"?
mariam camarero
De todas formas, aunque sea tan sólo de vez en cuando o tan sólo unos pocos, no vivimos continuamente en ese limbo de la indiferencia. Justamente, cuando estaba pensando en estas cosas antes de realizar mi modesta intervención, una amiga me envió una referencia (vía WhatsApp, cómo no) que quizá otros como yo hayan recibido. Era un texto atribuido a Forges pero en realidad escrito por David Jiménez (escritor y periodista de El Mundo) en su blog.
Lo busqué y me di cuenta de que ha estado circulando por la red un par de años y lleva como título El triunfo de los mediocres. No creo en la casualidad. El pasado fin de semana, Antonio Muñoz Molina publicó una magistral cuarta en El País titulada La corrupción y el mérito.
David Jiménez atribuye nuestra crisis (yo la calificaría de decadencia) a que nos hemos convertido en un país mediocre. Es, según él, un proceso que ha ido consolidándose a lo largo de los años, "comienza en la escuela y termina en la clase dirigente". Es muy parecido el tono de Muñoz Molina el pasado domingo, aunque el énfasis de este último se centra en la función pública y el acceso a estos puestos basado en el mérito.
Coincido con ambos en el análisis aplicado a lo que yo tengo más cercana, que es la universidad. Dos son los principales problemas que pueden explicar de forma escueta la falta de brillantez de nuestras instituciones académicas superiores: la falta de transparencia y la ausencia de incentivos. Por lo que se refiere a la transparencia, no existe información clara y accesible sobre indicadores de resultados de nuestras universidades. Y no me refiero a los rankings agregados, sino por áreas de conocimiento: dónde están los mejores departamentos y grupos de investigación, así como compararlos dentro y fuera de España con sus pares.
mariam camarero
Esta información debería utilizarse, como en otros países, no sólo para financiarlos, sino para que los estudiantes y sus familias puedan usar esa información a la hora de elegir universidad. La falta de incentivos está directamente relacionada con el primer problema: no se ha diseñado un sistema de incentivos, tanto monetarios como no monetarios, aplicables a los profesores universitarios. Si el salario a percibir no cambia (de manera significativa) dependiendo de los resultados docentes y de investigación de los profesores, hay pocas posibilidades de formar grupos de investigación potentes, al carecer de mecanismos de captación de los mejores candidatos.
Si, como en otros países, el salario de los miembros de un departamento dependiera de que sus estudiantes fueran los de mejor expediente o de que sus compañeros tuvieran buenos resultados de investigación, los principios de mérito y capacidad que, sobre el papel, son la base del acceso a la función pública, lo serían también en la realidad.
Y lo que, en realidad, resulta sorprendente es que, a pesar de la falta de estos incentivos, algunas áreas de conocimiento en un número importante de universidades españolas se encuentre en posiciones muy dignas respecto a sus colegas de otros países.
Aunque de vez en cuando pienso que titulé de forma demasiado sombría esta sección, tristemente la realidad confirma la percepción de que los tiempos no son nada buenos. Pero tampoco debemos caer en la melancolía, porque si no hacemos nada seremos tan responsables o más que los que han hecho de la mediocridad su bandera.
El igualitarismo impostado es el principal enemigo del avance y el progreso social y económico. Si dejamos que la mediocridad nos invada, el precio lo pagaremos todos (y ya lo estamos pagando), pues corrupción y mediocridad van indefectiblemente unidas en todos los ámbitos de la vida y, en especial, en la función pública, donde la meritocracia debería ser su eje vertebrador. Como dice Jiménez, nos hemos acostumbrado tanto a la mediocridad, que hemos terminado por aceptarla como "el estado natural de las cosas".
Por eso resulta reconfortante que se alcen voces que se rebelen ante esta situación y que reclamen, como Muñoz Molina, un vuelco en nuestra sociedad hacia "la exigencia y el reconocimiento del mérito". Sin duda, esta reforma debería comenzar por nuestro sistema educativo público, sobre el que recae la formación de nuestras futuras elites, tan necesarias y que, sin embargo, nos empeñamos en relegar, aplastadas bajo el manto de la mediocridad.
mariam camarero
La casta extractiva ha enchufado a sus peores y otros allegados en la administración publica con el objeto de quitarle independencia, vaciar su cometido y dar un sueldecito a todos sus fieles y demás parentela. Y por supuesto los inútiles y enchufados tan contentos, rompiendose la camisa por su enchufador.
Por cierto; hay que aplicar la lección en todos los ámbitos y olvidarse de amiguísimos, corporativismos, etc a la hora de señalar con el dedo.
Saludos.
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