martes, 4 de enero de 2011

UN AÑO DECISIVO.

Acabamos de dar comienzo a un año que, sin duda, resultará decisivo para la conformación del futuro próximo de nuestra Administración autonómica, tanto por la cita electoral del 22 de mayo –de la que saldrá el nuevo Gobierno de Aragón- como por los desafíos de todo tipo que conlleva la situación de crisis económica que padece nuestro país, reveladora de las particulares debilidades de nuestro modelo de desarrollo económico y, también, del escaso rigor con que han actuado y actúan buena parte de nuestros gestores públicos.

Esta Asociación quisiera dejar claro, desde su primera nota de 2011, que el ejercicio de la crítica que pueda hacerse por el mal funcionamiento institucional lo lleva a cabo, precisamente, desde el compromiso con las instituciones. No cuestionaremos nunca el modelo constitucional –expresión de la soberanía del pueblo español- y nuestro empeño, en realidad, no es otro que contribuir a su buen funcionamiento, con propuestas de avance y críticas o denuncias hacia lo que creemos que son prácticas contrarias a sus principios y valores.

Igualmente deseamos despejar cualquier duda respecto a la pluralidad e independencia de esta Asociación. Es difícil para quien gobierna las instituciones distinguir entre las críticas marcadas por oposición política –en una necesaria labor de control democrático- y aquellas otras críticas, como las que pueda realizar esta Asociación, derivadas exclusivamente de la defensa de la legalidad y de los demás principios que impone la buena administración. Que nadie dude que el nivel de exigencia o control que esta Asociación –en su limitada actividad- haya podido ejercer sobre el actual equipo de gobierno autonómico lo seguirá ejerciendo, con igual rigor, frente al nuevo ejecutivo que pueda resultar de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

No podemos negar que vemos con satisfacción la información en la que se revela que la gestión del Gobierno de Aragón –y de la Administración autonómica que dirige- se halla hoy sujeta a la investigación del Ministerio Fiscal, por si en ella se ha podido incurrir en delitos de cohecho, prevaricación, malversación o falsedad. Las denuncias realizadas por esta Asociación, a lo largo de sus casi cuatro años de actividad, sobre el ilegal régimen retributivo en la función pública aragonesa o la utilización fraudulenta de los puestos de asesor en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, no pueden ser casos aislados, sino claros ejemplos de una forma de gestión pública que ha olvidado la legalidad y la ética pública como guías necesarias de conducta.

Nos atrevemos, por ello, a vaticinar que, al margen de la imagen de estabilidad y los innegables logros de la gestión llevada a cabo por la coalición de gobierno que ha dirigido la política aragonesa en estas tres últimas legislaturas, el balance de este periodo quedará inevitablemente ensombrecido por las pautas de gestión utilizadas por los responsables políticos, en lo que supone de desprecio a las normas, al ordenamiento jurídico, al principio de legalidad y a las propias exigencias de gobierno democrático.

2011 ha de ser un año decisivo –o nos gustaría creerlo así, y ese ha de ser el principal empeño de esta Asociación- para superar y abandonar prácticas viciadas de gestión del dinero público y empezar a devolver a las instituciones su verdadera vocación de servicio público, sin patrimonialización ni instrumentalización política de ningún signo.

17 comentarios:

Anónimo dijo...

La Fiscalía investiga varias decenas de contratos de la DGA del 2004 y el 2005

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha abierto diligencias de investigación para esclarecer si cargos o empleados del Ejecutivo aragonés pudieron cometer algún delito en la tramitación de varias decenas de contratos públicos que fueron adjudicados en los ejercicios del 2004 y el 2005, ambos en la pasada legislatura y con la coalición PSOE-PAR en el Gobierno.

Las contratas afectan a la práctica totalidad de las consejerías de la DGA, ya sea directamente o por haber sido tramitados y/u otorgados por las empresas y entes públicos que de ellas dependen, y fueron efectuadas en los años 2004 y 2005.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Comentario:

Y como prescriben a los 5 años todos de rositas. El sistema está mal montado y quienes lo pueden cambiar no sólo no quieren sino que se aprovechan.

Anónimo dijo...

La apertura de las diligencias de investigación penal es consecuencia de la documentación y el dictamen que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas trasladó hace unas semanas, con valor de denuncia, al fiscal superior de Aragón, José María Rivera, y se basa en el informe de fiscalización de los ejercicios del 2004 y el 2005 del que ya informó EL PERIÓDICO en diciembre.

Rivera, al tratarse de una denuncia genérica que no incluía imputaciones concretas contra ningún aforado autonómico --el presidente, Marcelino Iglesias; el vicepresidente, José Ángel Biel, o cualquiera de los nueve consejeros--, la trasladó a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la competente para instruirla por encontrarse en su territorio la sede de la DGA. Su máximo responsable, Alejandro Fernández, ordenó el pasado 23 de noviembre la apertura de las diligencias, inicialmente encomendadas a Victoria Esponera, la minuciosa fiscala de Delitos Económicos, encargada de asuntos como la Operación Molinos o el caso Becerril.

PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

¿Esto se pone serio?

Anónimo dijo...

¿O no?

Anónimo dijo...

Esponera comenzó hace unas semanas a estudiar la voluminosa documentación remitida por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas --llena tres cajas-- y el dictamen que la acompañaba, que advertía de la detección de irregularidades administrativas y de indicios de la posible comisión de delitos.

Esponera ha emitido un primer dictamen en el que a lo largo de 46 páginas desbroza y ordena la documentación en 24 grupos de contratos, ya sea por proceder de una misma consejería o por resultar adjudicados a una misma empresa, y recomienda desarrollar la investigación respetando esos bloques.

La fiscala también advierte de la complejidad de las pesquisas, cuyos responsables deberán analizar montañas de documentación y tomar declaración a numerosas personas, ya sea en calidad de imputados o tras ser citados como testigos.

Entre otros, según ha podido saber EL PERIÓDICO, los fiscales investigan la posible existencia de delitos como falsedad, malversación, cohecho y prevaricación.

PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Me permito corregir: más que un año decisivo, un año difícil y comprometido.

Anónimo dijo...

Con perspectivas difíciles.

Anónimo dijo...

Nueve fiscales investigarán los contratos de la DGA con posibles irregularidades.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Nueve fiscales de Zaragoza se van a encargar de investigar varias decenas de contratos públicos adjudicados por el Gobierno aragonés durante los ejercicios 2004 y 2005, en los que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectó posibles irregularidades administrativas e indicios de la posible comisión de delitos. Las contratas afectan a siete consejerías de la DGA, y fueron tramitadas directamente por los departamentos o a través de empresas y entes públicos que dependían de ellos. En total, solo las contrataciones investigadas por posibles "infracciones penales" suman 479 millones de euros y 26 contratos. A estos hay que sumar también los numerosos expedientes analizados por presuntos delitos contables.

Con la prolija documentación remitida a finales de noviembre desde Madrid, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza encargó un primer informe a Victoria Esponera, fiscala especialista en Delitos Económicos y responsable de investigaciones como la Operación Molinos. Concluido su trabajo, esta ha redactado un documento, que entregó el pasado 27 de diciembre, en el que enumera las posibles irregularidades y las divide en 24 grupos, atendiendo a distintos criterios: consejería que los firmó, empresa adjudicataria, etc.

El fiscal jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández Furquet, ha ordenado ahora a otros nueves fiscales que continúen con las pesquisas. Por lo que serán ellos quienes se encarguen de examinar con detalle cada contrato y de citar a las personas que estimen oportunas para aclarar dudas. Aunque no se puede precisar cuánto puede durar esta fase de investigación, se intentará que esté acabada antes de dos meses (es decir, podría haber una resolución antes de las elecciones). Será entonces cuando se planteen las posibles responsabilidades penales, en caso de haberlas.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Comentario:

Lo normal cuando se lleva 12 años continuos de poder. No se si los otros serán mejores o peores, pero que hace falta aire limpio lo tengo muy claro.

Anónimo dijo...

¿Normal?

Anónimo dijo...

¿Cuántos años llevamos la mayor parte de los profesionales en nuestra actividad sin que nos investigue la Fiscalía?

Anónimo dijo...

Entre otras irregularidades detectadas en la contratación de la administración autonómica en los años 2004 y 2005, destacan, por ejemplo, la fijación de criterios más selectivos una vez abiertas las ofertas en algunas zonas del millonario plan de depuración o la adjudicación de la residencia de Las Fuentes sin tener en cuenta el precio de las ofertas. También afecta la investigación a proyectos como el Hospital de Barbastro, la ampliación del Museo Pablo Serrano, el servicio de transporte sanitario no urgente o el suministro centralizado de medicamentos.

El Tribunal de Cuentas también ha investigado si la DGA pagó de más en contratos de obras, que se desfasaron hasta un 20% y cuyo sobrecoste no está justificado. Además, existen casos como el del gerente de Motorland, que percibió una elevada remuneración en 2004 sin tener contrato. O 777 millones de euros que -según el Tribunal - la DGA repartió en subvenciones a empresas y asociaciones durante un solo año, 2005. Algunas se otorgaron "sin convocatoria específica, de forma directa, sin que se hubiera justificado por qué no se sometían a los habituales procedimiento de concurrencia".

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

La oposición pide aclarar la investigación de la Fiscalía, que no inmuta al Pignatelli.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Y yo me pregunto, nos bajan el sueldo, suprimen ayudas, recortan inversiones,pero ¿y ellos? ¿han bajado sus gastos corrientes? ¿siguen llamando por teléfono con el dinero de todos? ¿siguen comiendo con cargo a los fondos públicos? ¿viajan sin controlar y racionalizar sus gastos?.
Ya esta bien, que empiecen a dar ejemplo,... se me olvidaba, en cinco meses hay elecciones, ya no hay tiempo, tienen que llevarse todo lo que puedan, ya vendrán otros, y vuelta a empezar ¿y así hasta cuando?. Los ciudadanos y ciudadanas nos deberíamos plantar, que no nos tomen más el pelo.