INTERROGANTES SOBRE LA CALIDAD RETRIBUIDA.

La publicación hoy, en la prensa aragonesa, de un amplio reportaje sobre la implantación en el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), organismo autónomo adscrito al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, de retribuciones variables ligadas al cumplimiento de objetivos genera una evidente sorpresa para quienes, trabajando en la misma Administración, desconocen no sólo la innovación implantada en dicho Organismo sino los fundamentos que puedan justificar que una parte de la Administración General se aparte del régimen general retributivo vigente, sin que haya trascendido ninguna medida normativa o pacto sindical que dé amparo a tal régimen especial.

Sorprende que en momentos de congelación retributiva -en todos los niveles- y de falta de desarrollo del modelo de evaluación de desempeño propugnado por el Estatuto Básico del Empleado Público, se publiciten en un medio de comunicación por la Directora de un organismo autónomo como es el INAEM, Ana Bermúdez, las bondades de un modelo de calidad que lleva incorporado un novedoso sistema de incentivos retributivos por la consecución de objetivos.

Semejante medida viene a incidir además en anteriores decisiones impulsadas por el Gobierno de Aragón, como era el anticipo de carrera profesional, pactado en las mesas de negociación colectiva, contrario a la legalidad presupuestaria y a la legislación básica de función pública, por no hablar de la cláusula de revisión salarial pactada en 2004, jamás publicada ni refrendada por las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma, y hoy declarada inaplicable por la vigente ley de presupuestos. En este contexto de falta de rigor retributio, descubrimos el hecho de que un organismo que carece de función pública propia ha establecido un sistema retributivo novedoso -con evidente incremento de costes, pese a las severas limitaciones presupuestarias establecidas- y aún sorprende descubrir que dicho modelo se espera extender, de forma selectiva, a otras unidades o ámbitos de la Administración.

Confiamos en que los responsables de la función pública aragonesa sean capaces de responder a los numerosos interrogantes que esta información suscita y expongan en qué decisiones normativas se fundamenta la posibilidad y la licitud de que un sector de la Administración General implante, de forma singularizada, un modelo retributivo distinto al generalmente vigente.