CONDICIONES DE UN DEBATE INEVITABLE.

Las circunstancias económicas de España –y, en buena medida, del conjunto de la Unión Europea- parecen imponer reformas que, pese a haber sido pospuestas una y otra vez, en esta huida hacia adelante que venimos practicando en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, no hemos logrado borrar de nuestra agenda pública. El coste de las Administraciones Públicas, su dimensión, su eficiencia, su articulación, van a tener que abordarse necesariamente, y probablemente supondrán un capítulo específico en los programas electorales de los partidos que concurran a las próximas elecciones autonómicas y locales de mayo de 2011.

Comienza a hablarse desde instancias que hasta la fecha jamás habían cuestionado el modelo territorial de nuestro país del modelo autonómico inviable, de la hipertrofia institucional, de un mapa municipal insostenible, del crecimiento exponencial de los gastos públicos, con nuevas estructuras administrativas innecesarias o duplicidades disfuncionales, por no aludir a la creación incesante, en estos últimos años, de entidades, empresas y fundaciones que han convertido el sector público autonómico en una red de entes y organizaciones alejada de toda racionalidad y justificación.

Parece imponerse ahora la sobriedad, la austeridad, la racionalidad, condiciones que nunca debieron haberse abandonado en la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, la racionalidad que pareció abandonarse en estos años pasados, para supeditar la organización pública a intereses coyunturales –en ocasiones meramente personales o de partido- o fines clientelares, exige una restauración cautelosa, ordenada, en la que sea posible distinguir el concreto valor y función que ejercen en la defensa y promoción del interés general cada órgano, cada administración, cada institución.

Las organizaciones públicas no pueden quedar a merced de la improvisación ni de la demagogia, vengan de un lado o de otro. Es posible que haya que revisar el papel de las comarcas, su estructura y sus funciones, pero cada nivel administrativo debe encuadrarse en el conjunto de las instituciones, con el fin de precisar cuál ha de ser su ubicación óptima y su relación con las demás Administraciones. Tal vez haya que trasladar a la relación entre el conjunto de nuestras Administraciones –estatal, autonómica, provincial, comarcal y municipal- principios que hoy sólo parecen hallarse presentes en la articulación entre la Unión Europea y los Estados que la integran, como es el de subsidiariedad, de modo que una Administración sólo interviene en una materia cuándo la dimensión o naturaleza de la misma lo exige.

Las comarcas, como proyecto de vertebración territorial, tenían una doble posibilidad: combatir el minifundio local, agrupando servicios de los municipios para lograr economías de escala, o, por el contrario, fragmentar y encarecer la gestión de servicios pertenecientes a la Comunidad Autónoma, opción por la que se apostó finalmente, probablemente por meras razones de oportunidad política y no de racionalidad organizativa. Cabría hacer una relectura crítica, desde nuestra perspectiva actual, de las líneas que marcaron el proceso de comarcalización y los resultados obtenidos en cada uno de los ámbitos de gestión, como son, por ejemplo, turismo o medio ambiente.

¿Es posible, a estas alturas, revisar el mapa comarcal, su número o su dimensión territorial? ¿Quién cree que resulta viable la supresión de municipios, como propugnaba recientemente un sindicato, o la supresión de Comunidades Autónomas? Las instituciones públicas, aunque puedan parecerlo, no son creaciones artificiales disponibles por el reformador administrativo, sino que constituyen –en su mayor parte- ámbitos consolidados de autogobierno difícilmente modificables.

Creemos que, como en tantas otras cosas, la racionalidad no sólo es cuestión de número –nada avala que, por sí solo, quince comarcas constituyan un modelo más eficiente que otro de treinta y tres-, sino de estricta organización: cada órgano ha de tener una función necesaria, clara y precisa, emplear medios ajustados a sus fines y quedar sometido a estrictos controles de legalidad y de eficiencia.

Posiblemente, en nuestro diseño institucional ninguna de esas premisas se ha cumplido. Basta con ver la imprecisión de fines que se atribuían a una empresa pública como SODEMASA, con los que cabría entender vaciado de contenido el propio Departamento de Medio Ambiente, configurándose una y otro como estructuras indistintas. No es por ello extraño el que, luego, los trabajadores de la empresa y los funcionarios del Departamento acabaran confundidos y mezclados en las dependencias administrativas. No pueden evitarse los malos resultados que generan malas organizaciones. Menos aún si son el producto calculado de malos gestores, es decir, de personas que diseñan estructuras para fines distintos al servicio del interés general.

La revisión de las instituciones y de las administraciones ha de buscar su racionalidad, pero sin obviar las condiciones de su actual y pasada utilización. Hay administraciones y órganos que se han pervertido –como ha sucedido, en gran medida, con los órganos de apoyo a los miembros del Gobierno de Aragón-, y eso no es razón suficiente para que se supriman, sino para revisar su cometido y tratar de devolverles su genuina finalidad, si se considera necesaria y válida.

En consecuencia, esta Asociación entiende necesario el debate sobre la eficiencia y racionalidad de las Administraciones públicas, sobre sus estructuras y plantillas de personal, pero sin apriorismos interesados, y distinguiendo perfectamente el valor de la función de cada órgano y su necesidad en el conjunto de la estructura, introduciendo eso sí controles en su correcto funcionamiento, en su eficiencia, en la medición de sus costes y resultados. No hagamos de unas Administraciones en buena parte esquilmadas por la política el chivo expiatorio de abusos e ineficiencias que sólo resultan imputables a los responsables políticos que no han sabido o no han querido gestionarlas con solvencia y probidad.