lunes, 17 de enero de 2011

CONDICIONES DE UN DEBATE INEVITABLE.

Las circunstancias económicas de España –y, en buena medida, del conjunto de la Unión Europea- parecen imponer reformas que, pese a haber sido pospuestas una y otra vez, en esta huida hacia adelante que venimos practicando en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, no hemos logrado borrar de nuestra agenda pública. El coste de las Administraciones Públicas, su dimensión, su eficiencia, su articulación, van a tener que abordarse necesariamente, y probablemente supondrán un capítulo específico en los programas electorales de los partidos que concurran a las próximas elecciones autonómicas y locales de mayo de 2011.

Comienza a hablarse desde instancias que hasta la fecha jamás habían cuestionado el modelo territorial de nuestro país del modelo autonómico inviable, de la hipertrofia institucional, de un mapa municipal insostenible, del crecimiento exponencial de los gastos públicos, con nuevas estructuras administrativas innecesarias o duplicidades disfuncionales, por no aludir a la creación incesante, en estos últimos años, de entidades, empresas y fundaciones que han convertido el sector público autonómico en una red de entes y organizaciones alejada de toda racionalidad y justificación.

Parece imponerse ahora la sobriedad, la austeridad, la racionalidad, condiciones que nunca debieron haberse abandonado en la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, la racionalidad que pareció abandonarse en estos años pasados, para supeditar la organización pública a intereses coyunturales –en ocasiones meramente personales o de partido- o fines clientelares, exige una restauración cautelosa, ordenada, en la que sea posible distinguir el concreto valor y función que ejercen en la defensa y promoción del interés general cada órgano, cada administración, cada institución.

Las organizaciones públicas no pueden quedar a merced de la improvisación ni de la demagogia, vengan de un lado o de otro. Es posible que haya que revisar el papel de las comarcas, su estructura y sus funciones, pero cada nivel administrativo debe encuadrarse en el conjunto de las instituciones, con el fin de precisar cuál ha de ser su ubicación óptima y su relación con las demás Administraciones. Tal vez haya que trasladar a la relación entre el conjunto de nuestras Administraciones –estatal, autonómica, provincial, comarcal y municipal- principios que hoy sólo parecen hallarse presentes en la articulación entre la Unión Europea y los Estados que la integran, como es el de subsidiariedad, de modo que una Administración sólo interviene en una materia cuándo la dimensión o naturaleza de la misma lo exige.

Las comarcas, como proyecto de vertebración territorial, tenían una doble posibilidad: combatir el minifundio local, agrupando servicios de los municipios para lograr economías de escala, o, por el contrario, fragmentar y encarecer la gestión de servicios pertenecientes a la Comunidad Autónoma, opción por la que se apostó finalmente, probablemente por meras razones de oportunidad política y no de racionalidad organizativa. Cabría hacer una relectura crítica, desde nuestra perspectiva actual, de las líneas que marcaron el proceso de comarcalización y los resultados obtenidos en cada uno de los ámbitos de gestión, como son, por ejemplo, turismo o medio ambiente.

¿Es posible, a estas alturas, revisar el mapa comarcal, su número o su dimensión territorial? ¿Quién cree que resulta viable la supresión de municipios, como propugnaba recientemente un sindicato, o la supresión de Comunidades Autónomas? Las instituciones públicas, aunque puedan parecerlo, no son creaciones artificiales disponibles por el reformador administrativo, sino que constituyen –en su mayor parte- ámbitos consolidados de autogobierno difícilmente modificables.

Creemos que, como en tantas otras cosas, la racionalidad no sólo es cuestión de número –nada avala que, por sí solo, quince comarcas constituyan un modelo más eficiente que otro de treinta y tres-, sino de estricta organización: cada órgano ha de tener una función necesaria, clara y precisa, emplear medios ajustados a sus fines y quedar sometido a estrictos controles de legalidad y de eficiencia.

Posiblemente, en nuestro diseño institucional ninguna de esas premisas se ha cumplido. Basta con ver la imprecisión de fines que se atribuían a una empresa pública como SODEMASA, con los que cabría entender vaciado de contenido el propio Departamento de Medio Ambiente, configurándose una y otro como estructuras indistintas. No es por ello extraño el que, luego, los trabajadores de la empresa y los funcionarios del Departamento acabaran confundidos y mezclados en las dependencias administrativas. No pueden evitarse los malos resultados que generan malas organizaciones. Menos aún si son el producto calculado de malos gestores, es decir, de personas que diseñan estructuras para fines distintos al servicio del interés general.

La revisión de las instituciones y de las administraciones ha de buscar su racionalidad, pero sin obviar las condiciones de su actual y pasada utilización. Hay administraciones y órganos que se han pervertido –como ha sucedido, en gran medida, con los órganos de apoyo a los miembros del Gobierno de Aragón-, y eso no es razón suficiente para que se supriman, sino para revisar su cometido y tratar de devolverles su genuina finalidad, si se considera necesaria y válida.

En consecuencia, esta Asociación entiende necesario el debate sobre la eficiencia y racionalidad de las Administraciones públicas, sobre sus estructuras y plantillas de personal, pero sin apriorismos interesados, y distinguiendo perfectamente el valor de la función de cada órgano y su necesidad en el conjunto de la estructura, introduciendo eso sí controles en su correcto funcionamiento, en su eficiencia, en la medición de sus costes y resultados. No hagamos de unas Administraciones en buena parte esquilmadas por la política el chivo expiatorio de abusos e ineficiencias que sólo resultan imputables a los responsables políticos que no han sabido o no han querido gestionarlas con solvencia y probidad.

13 comentarios:

Anónimo dijo...

Las administraciones están parasitadas por la clase política.

Anónimo dijo...

Comentariu:

Desde luego que hay que poner el cascabel al gatu, pero entre toos, que sino los arañazos van a ser de campeonato.

Alfonso dijo...

No existe debate real alguno en las instancias de poder sobre la estructura del Estado. Cualquier comentario político sobre la existencia o no de comarcas, del número de Comunidades Autónomas, y demás entes territoriales y no territoriales, es puro placebo.

Ejemplo: vayamos a lo fácil de hacer y comprobar (mucho más que suprimir el modelo comarcal). ¿Cuántas empresas públicas ha suprimido la administración autonómica aragonesa? ¡Ninguna! Como para suprimir y racionalizar entes territoriales, vamos hombre, ¿y quitarse ellos mismos las prebendas que eso les otorga?
En estos momentos no hay solución en España por ninguna vía de las existentes. Sólo un movimiento ciudadano masivo e implacable puede extirpar este cáncer que son los políticos.

Un saludo a todos.

Anónimo dijo...

¿Cáncer?

Anónimo dijo...

¿Metàstasis?

Anónimo dijo...

¿Hay alguna administración inmune?

Anónimo dijo...

Si no lo hay, lo habrá, no se puede eludir.

Anónimo dijo...

La crisis económica y la presión de la Unión Europea para controlar el déficit español ante la mala situación de las cuentas de algunas comunidades autónomas han forzado al PSOE a diseñar un documento en el que basará su plan de armonización y eficiencia en el gasto de las comunidades autónomas. Este documento se presentará dentro de dos fines de semana, en la gran convención que celebrará el partido en Zaragoza y que congregará a sus principales líderes estatales y a todos los autonómicos.

Este documento, en ningún caso, se terminará convirtiendo en una ley, aseguraron fuentes del partido. De hecho, los socialistas quieren marcar distancias ante las voces que reclaman una recentralización y una reasunción de competencias traspasadas. Es decir, una involución centralista, en un momento en el que al menos siete comunidades autónomas cuentan con estatutos de segunda generación. Estos estatutos son leyes orgánicas y el PSOE no tiene intención de restar competencias ni abordar reformas más profundas que obligarían a modificar la Constitución.

En ningún caso, además, consistiría en eliminar competencias a las comunidades autónomas, aunque tampoco se plantea la posibilidad de suprimir ministerios que tienen en estos momentos más contenido político que ejecutivo. Es el caso de Educación, Sanidad o Cultura, entre otros, ya que la mayoría de las comunidades autónomas tienen desde hace años esas competencias.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

En el mundo moderno, en el que se puede viajar más rápido desde Zaragoza a Madrid que a Benasque o Albarracín, o cuando las transferencias de capital y de información se realizan instantáneamente con cualquier lugar del mundo, cuando desde un domicilio particular se pueden (y se podrá más aún en un futuro) hacer gestiones ante la Administración, hay que matizar mucho el principio de subsidiariedad.

La eficiencia de la gestión pasa a tener un peso preponderante ante una subsidiariedad devaluada y que progresivamente pierde sentido, cuando se ceden sin cesar competencias a instancias superiores y supranacionales, cuando los retos son globales, los problemas comunes y las soluciones han de ser compartidas y consensuadas.

La subsidiariedad no puede justificar el caciquismo. El administrador ha de estar lo suficientemente alejado como para no conocer a los administrados, para evitar la tentación de que las cuestiones personales, a favor o en contra, estorben los criterios objetivos de gestión. Algo que, evidentemente, se incumple con las comarcas.

Los funcionarios hemos perdido derechos con las autonomías (la libertad de movimiento y establecimiento en todo el territorio nacional, por ejemplo) sin que de ello hayan derivado contraprestaciones tangibles ni una mayor libertad del conjunto de los ciudadanos, salvo la satisfacción del localismo más estúpido de los nuevos señores autonómicos.

Anónimo dijo...

Falacia

Mi estimado español. Reparad en una falacia más con la que se os viene engañando una y otra vez. Por supuesto, se os engaña porque vuestro pueblo y vos mismo sois dados a vivir del cuento. Os estimáis poco, señor, y concedéis crédito a todo aquel que dice preocuparse por vosotros. Tal parece que ser objeto de la mentira os tiene sin cuidado. Pues bien, señor, comprenderéis que a mí, luzlandés, aún me afecte menos, si bien, las consecuencias de estas acciones me afectan directamente y de modo doloroso en ocasiones.

La gran patraña es esta: la descentralización autonómica permite acercar la administración estatal al ciudadano.

Verá, mi sufrido español. Una cosa es acercar la ventanilla al ciudadano al que se ofrecen servicios estatales y otra cosa, muy distinta es aproximarle los centros de decisión. El Estado, por definición, es una decisión única, una voluntad de marcha en común, un acuerdo de todos sobre las normas generales de convivencia. Multiplicar los centros de decisión es quebrar, trocear al Estado y no digamos si se transfiere la capacidad legislativa. Un Estado así, señor, desaparece en poco tiempo, se diluye en las autonomías. Muere. Es lo que le sucede, español, a vuestro Estado que fenece poco a poco y huele ya a descomposición. ¿Qué administración de un Estado moribundo se acerca, pues?

Por lo mismo, se descomponen, señor, vuestros partidos, que hoy son más partidos que nunca, al no existir ya política nacional porque no hay nación. Excepcionalmente, denominaciones de antaño se mantienen aún y nos sorprenden como un edificio en pie tras un bombardeo arrasador, Radio Nacional de España, por ejemplo. ¿Dudáis acaso de que no sea denominada Radio Estatal de España? Aguardad y os ganaré la apuesta.

Pero hay más, señor, no solo es que no se acerca la administración del Estado inexistente ya. Es que el peligro de corrupción se acrecienta en la medida en que el poder del Estado se transfiere, señor. Sepa que, como norma básica, se debe impedir que el administrador vea la cara al administrado. Se evitará así, mi estimado español, que este vea a un pariente o amigo al que le resultará difícil no beneficiar. ¿Dudáis de lo que digo?

José Fco. Luz Gómez de Travecedo. Médico.

Publicado en el Diario de Teruel. 9 de marzo de 2010

Anónimo dijo...

"Pero hay más, señor, no solo es que no se acerca la administración del Estado inexistente ya. Es que el peligro de corrupción se acrecienta en la medida en que el poder del Estado se transfiere, señor. Sepa que, como norma básica, se debe impedir que el administrador vea la cara al administrado. Se evitará así, mi estimado español, que este vea a un pariente o amigo al que le resultará difícil no beneficiar. ¿Dudáis de lo que digo?"

Anónimo dijo...

Norma básica:

La Administración cerca. El Poder lejos.

Anónimo dijo...

La gran patraña es esta: la descentralización autonómica permite acercar la administración estatal al ciudadano.


Verá, mi sufrido español. Una cosa es acercar la ventanilla al ciudadano al que se ofrecen servicios estatales y otra cosa, muy distinta es aproximarle los centros de decisión. El Estado, por definición, es una decisión única, una voluntad de marcha en común, un acuerdo de todos sobre las normas generales de convivencia. Multiplicar los centros de decisión es quebrar, trocear al Estado y no digamos si se transfiere la capacidad legislativa. Un Estado así, señor, desaparece en poco tiempo, se diluye en las autonomías. Muere. Es lo que le sucede, español, a vuestro Estado que fenece poco a poco y huele ya a descomposición. ¿Qué administración de un Estado moribundo se acerca, pues?