CONTROL CIUDADANO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

La filosofía que guía la actividad de esta Asociación es bien sencilla y consiste en el ejercicio de una defensa activa de los principios -constitucionales y legales- que han de regir la actividad de las instituciones públicas, dada la trascendencia que, para la salud democrática de un país, reviste el efectivo sometimiento de los poderes públicos a la ley y al derecho como límites a su capacidad de decisión o de acción.

En un clima de creciente desprecio por el respeto a la legalidad -puede apreciarse en el incumplimiento, por segundo año consecutivo, del plazo marcado por el Estatuto de Autonomía para que el Gobierno de Aragón remita a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos, un ejemplo como tantos que cabría citar, por no aludir al persistente uso fraudulento de los puestos de asesor de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón-, resultaría ingenuo esperar que las normas de selección de personal y provisión de puestos de trabajo en la Administración autonómica fueran respetadas.

Por eso, reivindicar su vigencia y su cumplimiento no puede desvincularse del general respeto a la legalidad, motivo por el que esta Asociación se ocupa necesariamente de promover un buen gobierno en la Comunidad Autónoma -al margen de todo planteamiento partidista-, tratando de impulsar la adopción de técnicas ya establecidas en la Administración General del Estado, esfuerzo que hasta la fecha ha resultado baldío por la abierta resistencia mostrada por el Gobierno PSOE-PAR, reacio a todo lo que sea verdadera transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

Creemos que, a estas alturas, y dado el alto precio que las instituciones han pagado en credibilidad interna y externa, a nadie podrá extrañar que no es posible propugnar una función pública eficiente y profesional, como se pretende por parte de esta Asociación, sin comprometerse a fondo en la denuncia de la corrupción pública, tanto política como administrativa. Ninguna función pública merecedora de respeto puede convivir con un clima de corrupción en las instituciones públicas: muy al contrario, el papel que ha de jugar la función pública es el de mecanismo de prevención de la corrupción -evitando que ésta prospere y arraigue en las instituciones- y, en caso de detectar supuestos de corrupción, colaborar activamente en su denuncia y corrección, dejando con ello nítidamente claro su compromiso con la legalidad y los principios del Estado de Derecho, tarea que debería liderar el Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía Anticorrupción.

El ejercicio del poder en las democracias está sujeto al principio de división de poderes, para evitar su concentración y los consiguientes abusos, y a un complejo sistemas de controles, como son el Parlamento, los Tribunales de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, por citar los más relevantes. Pero no basta con que las instituciones se controlen entre sí, pese a la decisiva importancia que ello reviste, pues es igualmente necesario que los ciudadanos ejerzan un estrecho control sobre las instituciones, comprobando, en última instancia, si las que tienen atribuidas funciones de control las ejercen adecuadamente. Por dicho motivo, esta Asociación ha instado, en numerosas ocasiones, a las Cortes de Aragón el impulso de medidas de control hacia la gestión del Gobierno de Aragón o ha solicitado al Ministerio Fiscal que informe a la opinión pública de las labores de investigación realizadas en relación con las irregularidades de ASAEL, denunciadas en su día por la prensa aragonesa.

Las instituciones públicas son decisivas e insustituibles para el buen funcionamiento democrático, pero el control de los ciudadanos sobre su actividad, ejercido de forma permanente, razonada y públicamente, es una condición igualmente necesaria para asegurar el correcto ejercicio de sus funciones, sean de gobierno o de control. Esta Asociación seguirá, por ello, ejerciendo el control cívico que ha asumido como compromiso, mediante propuestas formuladas a través del derecho de petición, quejas o denuncias, acciones judiciales, según lo requieran o aconsejen las circunstancias en cada caso. Sólo quienes carezcan de una cultura democrática adecuada y exigente pueden considerar que tal labor es una injerencia en la actividad institucional, sea ejecutiva o parlamentaria, pues nunca un ciudadano que ejerza sus derechos puede violentar o incomodar a quienes desempeñan responsabilidades públicas en una democracia, salvo que hayan olvidado el origen y los límites de su condición.