Las resistencias a que la Cámara de Cuentas de Aragón funcione adecudamente no parecen haber acabado ni con la aprobación de su nueva Ley, efectuada el 30 de diciembre de 2009, después de casi nueve años de inejecución de su anterior Ley de 2001, ni con el nombramiento de sus miembros y los posteriores pasos para posibilitar su funcionamiento.
El reciente rechazo manifestado por los Grupos de las Cortes de Aragón al proyecto de presupuestos aprobado por la propia Cámara, para su inclusión en el presupuesto de las Cortes de Aragón, constituye un preocupante desencuentro institucional entre la Cámara y el Parlamento autonómico y un signo claro de la falta de voluntad política de que la Cámara cuente con los recursos adecuados –que han de ser estimados por sus responsables- para ejercer de forma eficiente su labor de control.
En la historia de las patologías institucionales de la Comunidad Autónoma, el caso de la Cámara de Cuentas ocupará, obligadamente, un capítulo destacado. Es difícil explicar cómo una Ley aprobada por las Cortes de Aragón, por la que se creaba un órgano para el control financiero externo de la actividad del sector público autonómico, pudo permanecer inaplicada durante más de dos legislaturas.
Dicha experiencia, que debiera ruborizar al Presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, y a los miembros de los órganos de gobierno del Parlamento, no es obstáculo, sin embargo, para escatimar ahora a los miembros de la Cámara de Cuentas los recursos solicitados para permitir el funcionamiento efectivo y eficiente de la nueva institución, y eso que ahora dicha Cámara ha pasado a ser un órgano expresamente regulado en el Estatuto de Autonomía de Aragón, tras la reforma de 2007.
Es verdad que en momentos de crisis económica, como los actuales, la implantación de nuevas instituciones públicas –como es el caso de la Cámara de Cuentas de Aragón- ha de hacerse con una especial prudencia en los costes de funcionamiento, pero resulta irónico, por no calificarlo directamente de burla, que esa preocupación de contención del gasto público –desatendida en tantos supuestos, empezando por el régimen de dietas de los altos cargos del Gobierno de Aragón- se dirija precisamente hacia el órgano que ha de velar por la legalidad y la eficiencia del conjunto del gasto público de la Comunidad Autónoma.
No faltan tampoco las voces que hablan del nuevo gasto inútil que supone la Cámara de Cuentas, o de los numerosos puestos públicos que se crean para un conjunto de profesionales privilegiados. E incluso los hay que prefieren que la mala gestión del dinero público siga por sus actuales cauces, ahorrándonos la puesta en marcha de nuevas y costosas instituciones.
Al contrario de lo que, de forma interesada, sostienen unos y otros, en esta Asociación creemos que el papel que está llamada a jugar la Cámara de Cuentas de Aragón, en el panorama actual de opacidad con que se ha desarrollado el sector empresarial autonómico, y de falta de disciplina presupuestaria con la que viene actuando el conjunto de los Departamentos del Gobierno de Aragón, es decisivo para asegurar los principios de legalidad y transparencia en la gestión pública, promoviendo ahorros y detectando defectos o responsabilidades a corregir o depurar.
Negar a las instituciones de control recursos suficientes para ejercer sus funciones, como parecen hacerlo en estos momentos los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, crea la duda legítima de si realmente lo hacen por criterios de racionalidad del gasto o si, como creemos nosotros, la razón verdadera es la de reducir la funcionalidad de la Cámara de Cuentas, para evitar un control real sobre el amplio sector empresarial público promovido durante la última década, esa misma década durante la que permaneció inaplicada la Ley de 2001 que creó, sin resultado práctico alguno, dicha Cámara.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
Quién se responsabiliza de la inaplicación de una ley autonómica aprobada por unanimidad? ¿El Gobierno? ¿Las Cortes de Aragón? ¿La ciudadanía por su mansedumbre? ¿A quién hay que culpar del esperpento que está protagonizando la recién constituida Cámara de Cuentas que preside un hombre del PAR y tiene como ayudantes de cámara a dos representantes del PSOE y el PP? Este organismo --cuyo objetivo es fiscalizar el gasto de todas las instituciones aragonesas, incluido el Gobierno y sus empresas-- acaba de nacer pero fue engendrado en 2001, cuando el sector público aragonés estaba en pleno crecimiento, la DGA alumbraba un montón de empresas públicas y los ayuntamientos recalificaban hasta las cunetas. Por lo que se ve entonces no interesaba la transparencia del gasto público, de manera que la DGA podía ocultar datos tan interesantes como las subvenciones de miles de millones a empresas zaragozanas. Pero aquella ley de 2001 fue derogada sin que a nadie le salieran los colores para elaborar una nueva que se aprobó el último día de 2009, merced a la cual se ha constituido la Cámara para fiscalizar no se sabe qué --ahora la deuda nos devora-- desde una sede que presta el Ayuntamiento de Zaragoza y con los gastos pagados por las Cortes. Pues con eso y con todo la broma va a costar a los aragoneses más de cinco millones, pues los fiscalizadores pretenden crear una plantilla de 61 personas y hasta quieren organizar actos protocolarios. Casi sería mejor dejar que el dinero se escapara por las gateras de siempre.
LOLA ESTER.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Todo sigue abierto. Las negociaciones para fijar el presupuesto de la Cámara de Cuentas seguían ayer en marcha, aunque fuentes parlamentarias daban por hecho que el acuerdo podría llegar en cualquier momento porque las posiciones eran muy cercanas. En cualquier caso, aseguraron que habrá un pacto esta misma semana. Y es que ya no hay mucho tiempo para discutir sobre los números.
La urgencia de cerrar un acuerdo se debe a que los Presupuestos de la Comunidad, donde están integrados, están agotando su plazo. El propio vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, aseguró el pasado martes que el proyecto sería aprobado en un Consejo de Gobierno extraordinario el martes que viene día 26. El objetivo es que así las Cuentas lleguen a las Cortes e inicien su tramitación parlamentaria dentro de este mismo mes de octubre, como es habitual.
La clave de la negociación es determinar el alcance del recorte sobre la propuesta que hizo en su momento el propio órgano fiscalizador y que suponía una cantidad de 5,2 millones de euros. Se trata de los primeros presupuestos tras la constitución de esta Cámara, cuyos miembros tomaron posesión el pasado 1 de julio. Algunas fuentes seguían barajando ayer un recorte del 50% sobre la propuesta trasladada por la propia Cámara de Cuentas, aunque otras destacaban que todo estaba todavía abierto.
Aunque la Junta de Portavoces de las Cortes analizó ayer el asunto, fue la Mesa y los consejeros y técnicos del nuevo órgano fiscalizador los que trataban de perfilar un presupuesto.
Tanto el presidente Antonio Laguarta (propuesto por el PAR) como los otros dos consejeros Alfonso Peña (por el PSOE) y José Luis Saz (por el PP) enviaron en su día una propuesta única de máximos para tratar de poner en marcha al 100% este nuevo órgano en aplicación de lo que establece la ley. Ya se espera que de los algo más de 60 personas de plantilla que se preveían de acuerdo con su planteamiento, esta Cámara cuente finalmente con aproximadamente la mitad.
Laguarta, Peña y Saz, junto a los técnicos de esta institución, tuvieron en cuenta para confeccionar su propuesta los presupuestos de los órganos fiscalizadores similares que funcionan en otras comunidades autónomas.
HERALDO DE ARAGON.
Pilar Ventura trabajará "hasta el último día'.
HERALDO DE ARAGON.
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