miércoles, 19 de mayo de 2010

TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO: DEFENDAMOS EL DERECHO AL TRABAJO DEL PERSONAL INTERINO.

Frente a quienes creen que las personas que trabajan en la Administración Pública –los funcionarios, en sentido general- tienen un empleo seguro que no peligra en estos tiempos de crisis -al margen del recorte de retribuciones anunciado por el Presidente del Gobierno, que ha recibido el respaldo o aplauso entusiasta de instituciones internacionales, medios de comunicación y buena parte de la ciudadanía, lo que no es poco-, debemos recordar que las Administraciones, en estos momentos, cuentan desde hace tiempo con una temporalidad superior a la del sector privado, como ya puso de manifiesto un informe del Consejo Económico y Social de España, hace unos años.

Esa temporalidad es resultado, sobre todo, del alto grado de incumplimiento de las Administraciones en materia de oferta de empleo público y selección de personal, algo en lo que no se ha puesto suficiente énfasis por parte de quienes debieran velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos.

La temporalidad en el desempeño de funciones públicas, en primer lugar, constituye una vulneración del principio de inamovilidad que se predica de los integrantes de la función pública, con lo cual se compromete la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, al debilitar su posición frente a presiones de todo tipo –no nos extrañemos luego de la corrupción, cuando de forma consciente se debilita la independencia de quienes ocupan puestos públicos-; y, en segundo lugar, supone un daño directo a todas las personas a las que año tras año se mantiene en una incetidumbre laboral contraria a derecho, sin ofrecerles la oportunidad de acceso a la condición de funcionario de carrera que la Constitución y las leyes les reconoce y garantiza.

El personal interino ha pasado a ser, con el paso de los años, rehén de las inadecuadas políticas de personal aplicadas en las administraciones públicas, y los responsables políticos, deliberadamente, como si adivinasen el futuro, han forzado altas tasas de temporalidad para contar con margen de maniobra ante una posible reducción de plantilla, si las condiciones lo requerían. Más desprecio a la dignidad de la función pública y, sobre todo, a la de los trabajadores afectados es difícil de imaginar.

Los responsables de la función pública española debieran explicar los motivos que pueden justificar un deterioro tan alto como el sufrido por las administraciones –con tasas de temporalidad superiores, en muchos casos, al 25% de la plantilla-, lo que evidencia una prolongada inaplicación de las normas legales, y también los sindicatos de la función pública debieran justificar la tolerancia hacia semejante deriva sufrida en el sector público, con evidente desatención a los derechos laborales de un amplio colectivo de empleados públicos. También los tribunales, por supuesto, con cuya jurisprudencia se ha legitimado en gran medida la situación actual.

Pero, al margen de que podamos indagar las causas del problema de la temporalidad, deberíamos en este momento, y aunque pueda resultar paradójico o sorprendente a algunos, buscar soluciones a la situación existente y, en particular, analizar las medidas que debieran adoptarse para que el acceso al empleo público, tal y como impone la Constitución, en sus artículos 23.2 y 103.3, sea un derecho de los ciudadanos, ejercido en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Hay que formular programas y estrategias contra la temporalidad en el empleo, para que todos los empleados públicos se ajusten al estatuto legal de la función pública, cuya nota carácterística es la inamovilidad en tal condición.

El que tal derecho no se haya respetado en el pasado permite que en estos momentos se especule con medidas de personal destinadas a reducir la plantilla, por el sencillo procedimiento de provocar el cese –el despido- de personal interino como resultado de la convocatoria de concursos de movilidad de funcionarios de carrera. Bajo la apariencia de garantizar la movilidad de funcionarios de carrera a plazas vacantes ocupadas por personal interino, lo que realmente se pretende es efectuar un recorte de efectivos, mediante la no resposición de los puestos que queden vacantes en tales concursos. Un funcionario de carrera desplaza a un interino, se cesa al interino y la vacante resultante no se cubre. Donde antes había dos funcionarios –uno de carrera y otro interino- sólo queda uno, el de carrera. Se utiliza, así, a los propios trabajadores para que sean ellos los que, mediante su participación en concursos de traslados, provoquen el cese de interinos y la consiguiente reducción de plantilla y disminución de costes de personal.

Desde esta Asociación creemos que los momentos de crisis, y en la Administración Pública nos asomamos a una crisis moral sin precedentes, se hace necesario apelar al sentido de la responsabilidad, de la solidaridad y de la defensa mutua: se impone, más que nunca, ejercer una ética del cuidado. El derecho de cada cual está comprometido en el derecho de los demás, y nadie debiera reclamar el respeto de su derecho si no está dispuesto a defender también el de los demás. Es el momento del respeto al derecho –como único factor de cohesión colectiva- y no el de refugiarse cada cual en el egoísmo y en la búsqueda de soluciones individuales.

Por todo ello, esta Asociación se va a dirigir a los responsables de la Función Pública, a los titulares de las Secretarías Generales de los Departamentos y a los sindicatos de la función pública aragonesa para expresarles su preocupación por los riesgos que reviste la alta tasa de temporalidad existente en la Administración autonómica y la necesidad de respetar los derechos de todos los empleados públicos, en especial, en las actuales circunstancias, el derecho al trabajo del personal interino, al que los continuos incumplimientos del Gobierno de Aragón en materia de selección de personal coloca hoy en una situación de particular indefensión.

48 comentarios:

Anónimo dijo...

Estoy en desacuerdo con los razonamientos del artículo si con ello se pretende justificar un supuesto derecho del personal interino a una consolidación de su empleo.
El funcionario interino es una figura creada con una finalidad muy clara,que se ha acabado corrompiendo y utilizando al antojo de las necesidades políticas,pero no por ello hay que crear un supuesto derecho a consolidaciones,donde no lo hay.
Desde mi punto de vista estaría en la misma situación que un empleado de empresa pública o el personal laboral eventual.
Ninguno de esos empleados ha aprobado un proceso selectivo en su totalidad.Y ninguno debería tener la más mínima ventaja sobre el resto de aspirantes a un puesto de funcionario.Y ya el colmo sería que se quedara en el puesto que ocupa en su lugar de residencia.
Yo sé que esto en manos de los políticos es muy bonito y que lo ideal sería crear procesos selectivos propios de cada Departamento,Agencia,con tribunales propios y convocatorias propias.La panacea del político o de un sindicato. Colocar en la pole position a un candidato para luego funcionarizarlo definitivamente con unas pruebas especiales y tribunales domesticados.Un sueño vamos.Estamos hartos y cansados de ver estas situaciones y se están convirtiendo en rutina, funcionarizaciones y consolidaciones.

Podríamos hacer unas pruebas donde se les puntúen sus méritos y todas esas contaminaciones que se suelen hacer en los procesos selectivos y que no desembocan más que en la desigualdad.Y a la práctica me remito,todos conocemos mucha gente que ha entrado así,con procesos y plazas semi reservadas,más falsos que un duro de plástico.

La movilidad y promoción en la Administración está ya lo bastante corrupta,mediante comisiones de servicio,concursos de méritos específicos y demás,donde resulta prácticamente imposible conseguir un puesto medio alto sin tener un padrino.Así que dejemos el acceso a la función pública como estaba o esto va a ser un auténtico cachondeo.

El funcionario interino cobra y trabaja temporalmente,para eso se creó esta figura,como la del laboral temporal.El procedimiento para ser funcionario de carrera está claro en las leyes.Presentarse a una convocatoria pública de vacantes,aprobarla por encima de otros con exámenes iguales para todos y tribunal independiente y conseguir la máxima nota para entrar en las escasas plazas.Y el resto es darle vueltas a lo mismo e intentar favorecer a unos sobre otros.

Si la vacante no se cubre en el concurso y existe la necesidad de ese trabajo,se sacará antes o después en otro concurso,por promoción interna o en el turno libre.

Y eso no quita a que sea ilegal y posiblemente injusto,pero también para el que está en su casa estudiando esperando a que se convoquen plazas, mantener a un funcionario interino indefinidamente,pues la plaza ha de salir en la siguiente oferta de empleo o ser cubierta.

Anónimo dijo...

El comentario no aboga -en ningún momento se dice- por la consolidación del personal interino, sino simplemente porque no se le reduzca a mero gasto prescindible.

Anónimo dijo...

Preguntémonos por qué hay tanto interino: porque no se han convocado oposiciones. Ni una sola plaza de auxiliar en los últimos años. ¿Cómo van a poder acceder ni los que están ni los que no?

Anónimo dijo...

Eso es lo que denuncia esta nota: el bloqueo al acceso al empleo público, dejando una porción de la función pública a la intemperie. La justicia se logra cuando todos pueden ejercer sus derechos: la cuestión es que los funcionarios de carrera estamos demandando movilidad y promoción interna, pero nos hemos desentendido del derecho de acceso, ese derecho que un día nos permitió a nosotros acceder a la condición de funcionarios.

Anónimo dijo...

Está bien que se debatan las cosas.

Anónimo dijo...

Un poquito de polémica es saludable.

Anónimo dijo...

¿Qué hacen los que están en su casa, preparando oposiciones?

Anónimo dijo...

¿Conocemos alguna iniciativa de opositores para reclamar su derecho de acceso al empleo público?

Anónimo dijo...

¿Por qué se acepta la degradación del sistema de acceso?

Anónimo dijo...

¿Lo sabe alguien?

Anónimo dijo...

Según los dirigentes de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, y de CCOO, Enrique Fossoul, la medida se puede impugnar porque vulnera el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012, así como el capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado que define el sector público y su régimen laboral.

Anónimo dijo...

¿Qué medida es esa?

Anónimo dijo...

Los sindicatos de la Función Pública, UGT, CC. OO. y CSI-CSIF, recurrirán ante la Justicia el recorte salarial a los empleados públicos que contempla el Decreto Ley que prevé aprobar mañana el Gobierno, según confirmaron UGT y Comisiones.

Según Lacuerda, UGT ha comprobado con varios juristas que "hay razones sustanciosas" para recurrir esta medida.

Por su parte, Fossoul dijo que de mantenerse el criterio de que el recorte salarial "no sea universal" y no afecte a los empleados de empresas públicas que se rijan por convenios colectivos, la medida "puede recurrirse perfectamente".

En este sentido Lacuerda puntualizó que estaría vulnerando el capítulo primero de los Presupuestos Generales del Estado que definen el sector público y donde están incluidas las retribuciones directas tanto de funcionarios como de personal laboral de la administración central, de las autonómicas y locales.

Puntualizó que la impugnación es "segura", ante la desconfianza de que el Ejecutivo "rectifique" mañana el Real Decreto que aprobará el Consejo de Ministros con el fin de acelerar la reducción del déficit público

Anónimo dijo...

¿La medida es sustanciosa?

Anónimo dijo...

No, sustanciosas son las razones para impugnar el Decreto.

Anónimo dijo...

¿Y si recurren también los pensionistas?

Anónimo dijo...

¿Y los dependientes?

Anónimo dijo...

¿Y los dependientes?

Anónimo dijo...

¿Se deberán abstener todos los jueces por ser afectados por la norma impugnada?

Anónimo dijo...

¿Quién puede resolver el recurso, entonces?

Anónimo dijo...

¿Garzón?

Anónimo dijo...

¡Qué follón!

Anónimo dijo...

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, consideró "lógico, normal y comprensible" que los sindicatos hayan planteado movilizaciones ante las medidas propuestas por el Ejecutivo central para reducir el déficit, porque son una medidas "duras y que no son de gusto".

En declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Zaragoza, Larraz señaló que "al haber un ajuste es lógico que los sindicatos hayan planteado movilizaciones y es respetable, son medidas duras y no son de gusto porque tocan la parte más sensible, los salarios, me parece lógico, normal y comprensible".

Larraz se refirió a las concentraciones convocadas por UGT, CC.OO. y CSI-CSIF para mañana, a las 19.00 ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de toda España, así como a la huelga general del sector público prevista para el próximo 8 de junio.

Además, el consejero de Economía evitó valorar si podría haber más ajustes en el futuro porque "no se esperaba una segunda vuelta en recorte pero el ambiente financiero a nivel mundial ha llevado a ajustes".

EFE

Anónimo dijo...

Claro que lo entiende, pues a él le tocan el 15%.

Anónimo dijo...

Comentario:

Les recomiendo la famosísima canción de La LUPE.........."Teatro,lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada etc, etc.BASTA DE TRILEROS

Anónimo dijo...

Del vuelva usted mañana de Larra, al recorte usted mañana de Larraz.

Anónimo dijo...

Mañana es hoy.

Anónimo dijo...

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han presentado hoy el calendario de movilizaciones contra el plan de ajuste anunciado por el presidente Rodríguez Zapatero, que comenzará mañana con concentraciones ante las delegaciones del Gobierno y culminará con la huelga general del sector público, el 8 de junio.

Los dirigentes de los tres sindicatos han coincidido en una rueda de prensa en expresar su rechazo absoluto al plan de ajuste, que incluye un recorte de los salarios para los funcionarios públicos y la congelación de las pensiones, al considerar que no servirán para salir de la crisis.

efe

Anónimo dijo...

Comentario:

Los sindicatos son parte del problema. Han abusado exigiendo liberados que cobran sin trabajar y subvenciones millonarias, además de financiación cursos y otras actividades. Los sindicatos son ricos empresarios que tienen importantes participaciones empresariales. Ahora, con el recorte del Estado del bienestar, salarios de funcionarios y congelación de pensiones, han quedado en evidencia. Como estrategia para seguir en el machito se ponen al frente de la manifestación contra el gobierno, pero con la boca pequeña. Todo ese derroche al que los sindicatos han contribuido, todos esos abusos nos han llevado a la situación actual. Que la arreglen.
No quiero que me engañen más veces. Hasta que no renuncien a todos esos chupes que tienen con los gobiernos, no voy a seguir sus consignas para nada. No pienso secundar el paro.
Los sindicatos son parte del problema. Cientos de miles de personas chupando sin trabajar. ¡Que divertido!.

Anónimo dijo...

Comentario:

Que facil es ser sindicalista con los trabajadores publicos,
al final , como el dinero no es de nadie , como no puede haber despidos, SE CEDE , a costa del dinero de LOS CONTRIBUYENTES

Anónimo dijo...

Comentario:

Nos sobran las comarcas y los sindicatos.

Anónimo dijo...

Y algunas cosas más.

Anónimo dijo...

El Consello Nazional de Chunta Aragonesista (CHA), reunido ayer en Zaragoza anunció la presentación de una serie de iniciativas institucionales con alternativas al plan del Gobierno. Según la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, “es injusto que los trabajadores, pensionistas y personas dependientes se vean obligados a pagar una crisis que no han generado”.

El Consello Nazional de CHA considera urgente que todas las instituciones lleguen a acuerdos para rechazar las medidas de Zapatero y se aprueben otras alternativas que sean más justas y estén encaminadas a que sectores como el financiero sean quienes hagan el esfuerzo económico. Tal y como ha explicado Nieves Ibeas, “el peso de la crisis ha caído sobre los trabajadores, que se enfrentan al desempleo y a que se vulneren sus derechos fundamentales. Ahora se pretende que sigan pagando los trabajadores/as de los servicios públicos, los pensionistas y las personas dependientes, justo quienes no han generado la situación actual”.

La presidenta de CHA afirmó que las medidas que deberían aplicarse tendrían que estar encaminadas “a lograr mayor progresividad en los impuestos para que paguen más quienes más tienen, para que se recuperen impuestos como el del patrimonio” y para que los sectores financieros, “con unos beneficios insultantes, asuman su responsabilidad en la grave crisis que se ha generado”.

En este sentido, Ibeas concluyó que “Zapatero tendría que haber empezado por aquí y Marcelino Iglesias no debe olvidarlo”.

cronica de aragon

Anónimo dijo...

Rotundo rechazo de UGT

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de UGT Aragón, reunida también ayer, dedicó una especial atención a las medidas planteadas por el Gobierno de la nación el pasado miércoles 12, “tanto por su contenido como por las distorsiones que introducen en las relaciones con los sindicatos y en diálogo social con los empresarios”.

La Ejecutiva de este sindicato expresó su más “rotundo rechazo” por la “falta de equidad de las medidas, por la improvisación de las mismas, por gravitar sobre los más débiles, trabajadores públicos y pensionistas, sobre los que nada han tenido que ver con el origen de la crisis, por quebrar un principio básico en el que se basa la confianza entre las partes que alcanzan un acuerdo y porque faltan medidas más que necesarias para asentar no sólo la reducción del déficit sino la recuperación económica”.

A juicio de UGT–Aragón, estas medidas “no obedecen a un pacto interno entre las fuerzas políticas y sociales” y además “no garantizan que se corrijan los riesgos que suponen los movimientos especulativas financieros”, y provocan “desconcierto, crispación social, y sobre todo, falta de confianza en el ejecutivo y en la oposición política que no contribuye a superar la situación”.

UGT Aragón exige medidas tan necesarias como la reforma fiscal, la desaparición del fraude fiscal, los sueldos, indemnizaciones y pensiones multimillonarias del sector financiero, la reforma del sector energético entre otras, que permitan incrementar los ingresos públicos desde el principio básico de la equidad y mejorar la competitividad del tejido productivo del país.

Los sindicatos mayoritarios de la función pública han convocado una huelga general en el sector para el próximo 8 de junio en contra de las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero el pasado miércoles.

cronica de aragon

Anónimo dijo...

Velasco incide en la progresividad del recorte salarial a los funcionarios públicos y apela a la responsabilidad de todos

-El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, en su visita a Huesca ha incidido en la progresividad de los recortes salariales a los funcionarios públicos cifrados en un 5%. Además ha apelado a la responsabilidad de todos los españoles y en especial aragoneses, para contribuir con estas medidas “necesarias”.

ARAGON DIGITAL.

Anónimo dijo...

Lo de Velasco no tiene nombre.

Anónimo dijo...

¿No es Javier?

Anónimo dijo...

En esta época de recortes de gasto debido al déficit público, choca la publicación en el BOA de hoy (20/05/2010) de la creación de una Fundación de carácter Bibliográfico ¿?, sustrayendo una competencia clara a un servicio público dotado de los recursos humaos y materiales necesarios, la Biblioteca de Aragón. Los libros que se compren a partir de ahora irán a parar a la FUndación o a la Biblioteca de Aragón?

Anónimo dijo...

Suscribo totalmente el primero de los comentarios

Anónimo dijo...

Los sindicatos son parte del problema. Han abusado exigiendo liberados que cobran sin trabajar y subvenciones millonarias, además de financiación cursos y otras actividades. Los sindicatos son ricos empresarios que tienen importantes participaciones empresariales.
¿Por qué no viven de las cuotas de sus afiliados?

Anónimo dijo...

La movilidad y promoción en la Administración está ya lo bastante corrupta, mediante comisiones de servicio, concursos de méritos específicos y demás, donde resulta prácticamente imposible conseguir un puesto medio alto sin tener un padrino. Padrino, amo, señor,.... q en base a sus competencias organizativas puede dejar a disposición del Consejero (echarlo de su puesto de trabajo, al q accedió por concurso) a cualquier funcionario de carrera que aprobó una oposición, q ocupaba un puesto por concurso. Puestos varios q va cubriendo en “COMISION DE SERVICIO” con “sus allegados”, que normalmente deja su puesto “Reservado” y cubierto en “COMISION “ por otro “allegado” ... y así sucesivamente .... Lógicamente puestos cubiertos por comisiones de servicios de amiguetes y en situación de reservado que nunca salen a CONCURSO eternizandose la situación. ... PROMOCION, MERITO .... esto es un auténtico cachondeo.
¿ Que hacemos los empleados?. Tragar y esperar a q nos toque ... buscando un “padrino”.

Anónimo dijo...

Muy acertado el primer comentario

Anónimo dijo...

Administraciones públicas, conjunto de clanes, cortijos,.... mangoneadas por cuatro señoritos privilegiados con capacidad para repartir prebendas entre sus correligionarios, palmeros y sacudecaspas.

Anónimo dijo...

Además de suscribir todo lo dicho, ¿qué medidas de recorte se va a plantear el Ayto.? ¿Seguir ciegamente en la carrera de que Zaragoza sea una ciudad "Marca"? ¿Inventar lo que sea para justificar unos puestos, que ya nos cuestan nuestros dineros? Nuestros vecinos catalanes ya han renunciado a los Juegos Olímpicos de invierno y ¿nosotros? ¿nos lo podemos permitir? Con la bajada de mi sueldo no, desde luego...

Anónimo dijo...

Me gustaria hacer alguna pequeña puntualizacion del primer comentario realizado sobre el presente artículo, con independencia de que el contenido del mismo me ha parecido excelente.
Creo que en el artículo se ha hecho sobre todo alusión a la "solidaridad" entre los empleados publicos. Principio en que creo debe basarse cualquier organización que quiera alcanzar un mínimo grado de excelencia, reconocimiento social y comportamiento ético.

Los trabajadores del sector público, entiendo, que debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a este colectivo, puesto que además de ser una opción laboral,es una forma de entender la posición de cada uno ocupa en la sociedad y el valor añadido que a ella quiera aportarle.

Los bienes intangibles y tan valorados en un Estado del bienestar, como son la educación, sanidad,seguridad en la calle, la extinción de fuegos o la mera limpieza de nuestras calles creo que son un ejemplo que debe hacernos considerar que la labor que realizamos el conjunto de trabajadores de las Administraciones Públicas es más que suficiente para sentirse orgullosos del trabajo que desempeñamos.

No quiero entrar en profundidad a valorar los razonamientos que ha aportado el/la comentarista.
Sólo le recomedaría que leyera el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Ordenación de la Función Publica de Aragón, el Estatuto de Trabajadores y los principios básicos de nuestro Estado de Derecho consagrados en la Constitución.

Pero si me gustaría advertir, que posiblemente sin un mínimo de solidaridad,tanto entre los trabajadores de Administración como entre los de fuera de ella, pueda dar pie no sólo a que desaparezca los puestos de personal eventual o interino, sino a la inevitable reducción de la dimensión de la actual función publica (ya paso en Canadá y Portugal) e incluso a su desaparición.
Y lo pienso porque creo que si se impone el discurso de arrojar a la calle (en lo público y en lo privado) a los sectores mas desprotegidos para consolidar únicamente nuestro derecho, sin haber tenido tan siquiera la más mínima preocupación por conocer el de los demás (y en caso que nos ocupa,son muchos), en concordancia con el trato recibido, los "ahora arrojados", en el futuro legitimamente optarán por una sanidad privada (que se la costearán ellos), abogarán por un plan de pensiones privado (que se lo costearán ellos),y defenderán que la enseñanza sea privada (que también se la costerán ellos).
Cuando esa gente "arrojada" vuelva a ser productiva (es decir, encuentre un trabajo, dentro o fuera de España), no nos extrañe que ya no tenga razón de ser ni su puesto ni el mío.
O acaso, ¿se les puede obligar a ser solidarios con los que no lo fueron con ellos?. ¿Puede moralmente imponerseles el deber de pagar nuestras pensiones, sanidad o enseñanza?
Supongo, que cuando realizamos tal reflexión, hemos medido y valorado sus posibles consecuencias a medio plazo.
Por último, simplemente me gustaría añadir que la "inmovilidad en el cargo público" no sólo constituye un derecho, sino que también conlleva un grado de deber.Y, si al parecer, tantas irregularidades o ilegalidades ha detectado o conocido, denúncielas;es un deber.

Anónimo dijo...

Aplaudo este último comentario.

Anónimo dijo...

Respeto también la opinión del primer comentario.

Anónimo dijo...

No lo veo en términos de solidaridad,sino de cumplimiento de normativa y de igualdad de oportunidades para todos los están sosteniendo el Estado son sus tributos.
Se tiende a proteger al empleado público por medio de sindicatos,pero ¿quién protege al candidato,que no está integrado en ninguna organización?¿quién se acuerda de él y de su derecho a acceder a una plaza vacante,en condiciones de igualdad?Nadie.
El candidato lo que ve es que no sacan plazas,pero lo que no sabe,o lo sabe y no puede hacer nada,es que existen muchas vacantes que están cubiertas por señores que llevan allí ya años y por otros señores que los han contratado externamente y resulta que ese trabajo lo hacía hace un tiempo un funcionario.

La huida del Derecho Administrativo es denunciada hace años y va a peor.Se incide mucho en las irregularidades en la contratación pública y se olvidan de este tema que para mí es más grave,pues se juega con las posibilidades de trabajo de mucha gente,algunos de origen humilde y que no cuentan con los contactos que otra gente sí tiene.Siempre ha sido una vía basada en el esfuerzo ,el sacrifico y la objetividad.Debe seguir así.