lunes, 17 de mayo de 2010

RECORTE SALARIAL EN LAS ADMINISTRACIONES: UNA MEDIDA CUESTIONADA Y APLAUDIDA.

El anunciado recorte salarial al conjunto de los empleados públicos ha creado un “estado de excepción” en la función pública, por mucho que la medida sea aplaudida o apoyada por un sector mayoritario de la opinión pública, según se señala en los sondeos publicados por los medios de comunicación. Los servidores públicos consideran –y con razón- que se ha quebrado uno de los principios básicos de su relación profesional con las Administraciones, como es el de garantía de estabilidad y de previsibilidad de su nivel retributivo, en lo que ello supone de seguridad jurídica en la relación de servicios que los liga a los poderes públicos. Por otro lado, una parte mayoritaria de la opinión pública considera razonable que los funcionarios no queden inmunes a las incertidumbres que para el conjunto de la población conlleva la crisis económica, ya sea en cuanto a la pérdida de empleo o a la disminución de ingresos. No encuentran justificado que la Administración sea una isla segura en medio de un mar agitado o un oasis en el desierto.

Lo deseable es procurar un análisis objetivo y desapasionado de la situación que vivimos, sin ceder ni a la tentación de la política del avestruz –negarse a ver la realidad y pretender vivir al margen del contexto general de nuestra sociedad- ni actuar conforme a reacciones desmesuradas, simplificaciones o estereotipos, con los que corrremos el riesgo de no distinguir el valor de lo público y su importancia en la calidad de vida de todos. Los servicios públicos los pagan los ciudadanos con sus impuestos porque son los ciudadanos los que los disfrutan: ni unos ni otros debemos olvidarlo. Son los ciudadanos, a través de los parlamentos, mediante las leyes de presupuestos, los que, en última instancia, fijan las retribuciones de los empleados públicos. Es lógico que unos ciudadanos en apuros deseen revisar las retribuciones de los empleados públicos, y éstos mismos en buena medida comprenden que ello deba ser así, porque somos conciudadanos y compartimos la realidad del país, en todos sus sentidos. Pero unos y otros deben saber lo que se juegan con ello.

Lo que no parece aceptable es que, en estos momentos de dificultad, lo que son rasgos definidores de la relación funcionarial se estigmaticen interesadamente por políticos y una parte de la ciudadanía, queriendo que en la función pública rijan principios exclusivos del mercado: es la competencia la que elimina o arruina empresas y el empleo y las retribuciones en cada empresa o profesión libre son resultado de su nivel de actividad y de sus mejores o peores resultados, en relación con sus competidores. Esa lógica del mercado –la de la competencia y la del beneficio- no es la que rige en las administraciones públicas, y algunos estamos convencidos de que así debe ser y ha de seguir siéndolo. Podemos estar equivocados o en minoría, pero no vamos a dejar de sostener nuestro criterio con la más absoluta claridad y rotundidad.

Ocurre, sin embargo, que la eficiencia de las administraciones se ha visto gravemente distorsionada por dos factores que en estos momentos es ineludible analizar: el primero de ellos, es la irrupción de la partitocracia en el conjunto de las instituciones y la colonización de éstas por una parte de la clase política, con evidente quiebra de su profesionalidad, imparcialidad y eficiencia –ese mal no se ataja ni se cuestiona con las medidas anunciadas por el momento, pero de ello nos hemos de encargar los servidores públicos de ahora en adelante, haciendo la autocrítica que sea necesaria también, si no queremos ver nuestra actividad devaluada y en entredicho por quienes han adulterado y distorsionado el funcionamiento de la administración pública-; y, en segundo lugar, está la labor sindical en el seno de las administraciones públicas, que no ha tenido inconveniente en generar un catálogo de ventajas y privilegios laborales que sonroja a muchos servidores públicos, sin detenerse siquiera ante medidas retributivas abiertamente ilegales, como en nuestra Comunidad Autónoma ha ocurrido con la cláusula de revisión salarial o el anticipo de carrera administrativa. Tanto correr en la carrera, buscando cobrarla antes de que se regulase, nos va a llevar a no percibir ni siquiera lo que es de ley. ¿Harán autocrítica los sindicatos para rectificar, u optarán por la huida hacia delante que supone una convocatoria de huelga en la función pública? ¿Hará autocrítica la clase política que ha actuado ante los sindicatos como una complaciente patronal, endosando el coste de sus acuerdos al bolsillo de los ciudadanos? ¿Seguimos con la ceremonia de la confusión, el ruido y la demagogia?

No podemos ignorar el hecho de que la imagen de los funcionarios que se proyecta en la ciudadanía no siempre es un estereotipo injusto, sino que en ocasiones es resultado de una percepción de la falta de compromiso con la calidad de los servicios públicos o de la intolerable actitud de desconsideración con que son tratados por parte de algún empleado público. No es posible negarlo. Es obligado ponerse en el otro lado y no pretender justificarlo todo. No nos corresponde, es verdad, la única ni la principal responsabilidad, pero no podemos colocarnos al margen. ¿Acaso los funcionarios públicos no hemos tolerado cosas contra las que debiéramos haber reaccionado sin ningún tipo de ambigüedad? La discrecionalidad, la arbitrariedad y la corrupción en las instituciones públicas –sea política o administrativa- no hubiera alcanzado el grado en que se halla sin nuestra participación activa o nuestra indebida inhibición. ¿No somos responsables de nada?

Esta Asociación lanzó, en el momento de su constitución, en febrero de 2007, un llamamiento a todos para procurar un “giro ético” en la función pública, alegando que la inamovilidad en el puesto no era un privilegio, sino una garantía para cumplir con nuestro deber como servidores públicos, en la defensa del interés general. Pero dijimos entonces que si no cumplíamos con nuestro deber de agentes de la legalidad y cedíamos a los mil reclamos para procurar nuestra comodidad o ventaja personal y no velar por el interés general, esa inamovilidad –en el puesto o en las retribuciones- resultaría injustificada, y por ello se vería rechazada por los ciudadanos. ¿Por qué reconocer un estatuto de protección y garantía a unos funcionarios que no desempeñan su función como es debido? ¿Vamos a reflexionar sobre ello?

Lo que ocurre es que los ciudadanos no debieran, a nuestro juicio, aplaudir que la Administración retroceda hacia posiciones de inseguridad o precariedad, pues la precariedad de los servicios públicos es la precariedad de todos. Menos aún cabe admitir que los responsables políticos quieran ahora hacer responsables de sus desmanes y de la evidente dejación en el ejercicio de sus funciones a los servidores públicos. Nos negamos, sin embargo, a que este diálogo entre políticos, ciudadanos y servidores públicos se haga con estereotipos falsos o tergiversados: la superación de la crisis –no sólo económica, sino también política y moral- requiere de un amplio acuerdo entre todos, a partir de la decencia de no ocultar la verdad ni anteponer al interés general el mantenimiento de abusos y situaciones de privilegio que han lastrado de forma inevitable el presente y el futuro de nuestro país.

39 comentarios:

Anónimo dijo...

Es chocante que muchos ciudadanos aplaudan la rebaja a sindicatos.

Anónimo dijo...

¿Será porque no aprecian su valor?

Anónimo dijo...

¿Habrá algo de ajuste de cuentas?

Anónimo dijo...

¿Alguien se ha preocupado por cuidar la imagen del funcionario público?

Anónimo dijo...

¿los Gobiernos?

Anónimo dijo...

No hablemos de los sindicatos.

Anónimo dijo...

Zapatero no puede dejar de atender las solicitudes de los países de nuestro entorno porque los españoles estamos en deuda con ellos, tras haber vivido estos últimos 15 años de su crédito (como demuestra nuestra ingente deuda externa tanto pública como sobre todo privada) o incluso a costa de ellos (Fondos Estructurales y de Cohesión). Los españoles somos deudores netos del exterior porque hemos estado viviendo muy por encima de nuestras posibilidades, y por tanto debemos atender las solicitudes de nuestros acreedores que nos demandan salir de números rojos para volver a prestarnos crédito.

De modo que todos debemos aceptar amargos sacrificios durante un tiempo, renunciando a esa cultura consumista de nuevos ricos adictos al pelotazo que nos condujo al actual naufragio colectivo. Los funcionarios bien podemos renunciar a parte de nuestros sueldos, y los jubilados al incremento de las pensiones, pues sabemos que quien nos paga, que es el Estado, nunca dejará de hacerlo ni tampoco nos despedirá. De ahí que debamos ser leales con ese Estado del que vivimos, contribuyendo a sostenerlo para que supere sus actuales dificultades. Una lealtad y un sacrificio que no podemos pedirles a los trabajadores precarios que son víctimas del ingente desempleo, mientras que en cambio sí deberíamos pedírselo a propietarios, sindicatos y empleados estables, a sabiendas de que será inútil hacerlo como demuestra el actual bloqueo de la reforma laboral.

ENRIQUE GIL CALVO.

Anónimo dijo...

Comentario:

No hace falta que nos lo expliquen. Mejor se lo explico yo: Marzo de 2008. Si ganamos las elecciones se repartirán 400 euros a cada ciudadano (5200 millones en total), hay superavit y cuando las cosa van bien ..bla, bla, bla. Mayo de 2010 las cosas se han torcido, hay que explicar la grave crisis en que estamos inmersos por tanto ...bla, bla Consecuencia: el recorte de salarios a 2.8 millones de funcionarios y la congelación de pensiones no suman los 5.200 millones de regalos del año electoral 2008.

Anónimo dijo...

¿Protestó la gente entonces por los 400 euros?

Anónimo dijo...

¿Ahora hay que devolverlos?

Anónimo dijo...

¿Con creces?

ASOC. DEFENSA FUNCION PUBLICA ARAGONESA dijo...

La primera bajada de salarios de la democracia en la función pública, recorte con el que el Gobierno pretende ahorrar más de 4.000 millones de euros para acelerar la reducción del déficit, costará a la inmensa mayoría de los 2,8 millones de funcionarios afectados entre 30 euros y algo más de 200 euros al mes, según las tablas que está manejando el Gobierno y que, según algunos de los altos cargos del Ejecutivo que las conocen, aún no se han terminado de cerrar, dada la complejidad de los cálculos que hay que hacer.

EL PAIS.

Anónimo dijo...

Comentario:

En el BOE de hoy se publica la Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se convoca para el ejercicio 2010 la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. 15 millones de euros para sindicatos. ¿No resulta algo cínico?

Anónimo dijo...

Comentario:

En el BOE de hoy se publica la Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se convoca para el ejercicio 2010 la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical. 15 millones de euros para sindicatos. ¿No resulta algo cínico?

Anónimo dijo...

¿No es una nadería?

Anónimo dijo...

Comentario:

Una cosa es solidaridad ante lo inevitable (catástrofes, fuerza mayor, plagas naturales) y otra bien distinta, compartir el despilfarro y la mala organización de un Estado realizada por un equipo de inútiles. La trampa está en que si te quejas, no eres solidario, y si no te quejas, parece que estás de acuerdo. Estas medidas tienen una naturaleza confiscatoria, sin más. NO USEMOS EUFEMISMOS DE MODA, que empezamos a estar un poquito hartos.

Anónimo dijo...

Comentario:

Quitar una paga extra a todos los funcionarios representaría una reducción del 7,14% de todos los salarios íntegros. En mi opinión, ésta sería una manera más justa de operar sin tener que tocar y retocar las tablas retributivas. En su caso, se podría establecer la ‘progresividad’ de la reducción en el cálculo de las pagas extras (sin tocar las tablas retributivas), contemplando un importe (umbral mínimo) por debajo del cual a nadie se le reduzcan las mismas.

Anónimo dijo...

¿Qué estropeamos? ¿El veraneo o las navidades?

Anónimo dijo...

¿Volvemos a las pagas que incluyan sólo sueldo y trienios, excluyendo los complementos?

Anónimo dijo...

Comentario:

Buenos días, l oque am í me preocupa también, y mucho, es la progresiva pero firme intención de desprofesionalizar la Administración, única garantía de cumplimiento de las Leyes en su funcionamiento. No dejo de observar la aviesa intención de manejar, controlar y pagar favores mediante la terrible contratación de AATT de tragsa…dos empleados de Tragsa por 18 meses cuesta al Organismo donde trabajo casi 180.000, los empleados pueden llevarse como sueldo, insisto por esos 18 meses unos 80.000, lo mismo que unos funcionarios …¿qué ocurre con esos 80.000 restantes? ¿a quién se le da esa prebenda?
¿por qué no se ocupan las RPT vacías con una política clara de traslados o de nuevo ingreso?

Anónimo dijo...

Los empleados públicos están convocados a un paro el 8 de junio en protesta por la rebaja salarial anunciada por el Gobierno, mientras los sindicatos de la Función Pública, UGT, CCOO y CSI-CSIF advirtieron al Gobierno de que, si no rectifica, las movilizaciones continuarán.

EFE.

Anónimo dijo...

¿Cuántos acudirán?

Anónimo dijo...

¿Más ahorro público con los descuentos?

Anónimo dijo...

¿No hay mejor forma de protestar?

Anónimo dijo...

Pidamos, por ejemplo, todos un anticipo de nómina a Función Pública, a ver qué ocurre.

Anónimo dijo...

¿La debacle?

Anónimo dijo...

En estos tiempos de recortes, de apretarse el cinturón hasta casi quedarse sin respiración, el discurso oficial es que las Administraciones han buscado y rebuscado hasta debajo de las piedras para sanear las arcas públicas. En algunas comunidades autónomas, funcionarios disciplinados, pero rigurosos, escrutan la tupida red de empresas públicas. Se han encontrado un buen número de ellas con sus consejos de administración, su nómina de altos ejecutivos e, incluso, su cuerpo de auditores dispuestos a velar por la transparencia. Hasta aquí, poco o nada que objetar. Pero hay un pequeño problema con estas sociedades oficialmente al servicio del ciudadano. Y es que no tienen actividad alguna. Mucho directivo para una empresa «fantasma»; caudales de dinero público para que unos cuanto personajes engorden sus cuentas. Tanto cuesta poner orden y racionalizar la función pública. Los gobiernos tienen tajo por delante.

LA RAZON.

Anónimo dijo...

¿También hay asesores fantasmas?

Anónimo dijo...

Lo dijo un sindicato.

Anónimo dijo...

Lo denunció esta Asociación.

Anónimo dijo...

Lo negó el Fiscal Superior de Aragón.

Anónimo dijo...

¿A quién creemos?

Anónimo dijo...

¿A nuestros propios ojos?

Anónimo dijo...

Funcionarios públicos y sueldos congelados

En 1956, Dolores Medio escribió "Funcionario público", novela desgarrada

donde se narran las penurias de Pablo Marín, funcionario atado a un sueldo

mísero que malvivía en un cuartucho junto a su mujer.

Tras las décadas siguientes de desarrollo, la figura del empleado público casi indigente,

trasunto del cesante de novelón galdosiano, fue poco a poco hundiéndose en el olvido.

Pero en los últimos días, la cloaca política y mediática neoliberal ha babeado de placer

ante los ecos de una posible congelación salarial a los funcionarios. Sin embargo, nada

sería más injusto que pasar la factura de la crisis a este colectivo.

Así, en los momentos de hervor económico y ladrillazo, un encofrador podía duplicar el

sueldo de un Técnico Superior de la Administración, y para conseguir que un albañil

viniera a casa había, poco menos, que apuntarse en una lista de espera y cruzar los

dedos.

Mientras los funcionarios perdían poder adquisitivo y realizaban malabarismos contables

con el sueldo, miles de paletos de eructo, puti club y caspa montaban una constructora y

juntaban billetes de quinientos euros como cromos. Legiones de jóvenes abandonaban los

estudios y dejaban sus libros escolares criando polvo mientras se pavoneaban en coches

refulgentes… ¿los funcionarios? Unos "pringaos, hombre, unos "pringaos"… ¿para qué

estudiar?, ¿para qué invertir?, ¿para qué innovar?...

"España va bien".

Y mientras tantos celebraban sus ganancias entre cubatas, risas, rayas de coca y "España

va bien", miles de hombres y mujeres habían inmolado sus mejores años junto a una taza

de café cargado, un flexo y un temario de oposiciones. Con los codos clavados en una

mesa, viendo la vida desfilar a través del claroscuro de un ventanal, a la espera del

momento crucial y temible de los exámenes.

Pues bien, ahora resulta que, según los neoliberales, los efectos de aquellos excesos han

de pagarlos los "privilegiados funcionarios", precisamente el colectivo que apenas se

benefició del auge económico y que, por supuesto, no provocó la crisis.

Según ese planteamiento no pidamos cuenta a las entidades bancarias que prestaron

dinero sin las debidas garantías. No pensemos que las ganancias obscenas de la

especulación acabaron en paraísos fiscales. No indaguemos en ayuntamientos y

comunidades que dilapidaron millones encargando obras absurdas que enriquecieron a

empresarios. No, no… todo esto que lo paguen los funcionarios.

Sí, los funcionarios, aquellos "pringaos" durante los años del falso esplendor económico.

Sí, el juez que sacrificó como poco cinco años en una oposición terrorífica (aparte de los

cinco de carrera) para ganar menos que muchos fontaneros. Sí, los miles de opositores

que hubieron de recurrir al Lexatín, el policía que se juega la vida por mil quinientos euros

mensuales, el auxiliar que no gana más de novecientos… ¡resulta que estos han de pagar

la crisis y son unos "privilegiados"!

Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor

Anónimo dijo...

Los funcionarios públicos somos profesionales, no necesitamos que nadie cuide nuestra imagen.
Pero debemos preguntarnos ¿quieren nuestros gobernantes funcionarios públicos profesionales?.
¿Tenemos miedo de hablar?

Anónimo dijo...

¿Miedo de hablar?
Un poquito, siempre.

Anónimo dijo...

¿no somos los funcionarios un claro ejemplo de servidumbre voluntaria?

Anónimo dijo...

¿para cuándo la libertad?

Anónimo dijo...

¿no hemos optado por la seguridad?