POLÍTICA DE FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: UN DISCURSO FALAZ, FALLIDO Y DESMENTIDO.

La reacción provocada por el anuncio de recortes salariales en las Administraciones Públicas –algo que para la inmensa mayoría de los funcionarios públicos resultaba un escenario impensable-, pone al descubierto la radical inconsistencia de previsiones establecidas y proyectos elaborados para la función pública aragonesa, entre los cuales no podemos dejar de citar, como el más relevante, el Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón.

No hace mucho, se nos presentaba el borrador elaborado por los responsables de la Función Pública aragonesa –con gran despliegue en la prensa local-, destacando la importante novedad de un diseño de carrera horizontal, a partir de la evaluación del desempeño, con el establecimiento de primas por obtención de objetivos, insistiendo en que con ello se introducían en la Administración Pública criterios de eficiencia propios de la empresa privada. ¿De verdad dicho Anteproyecto apostaba por la eficiencia? ¿Por eficiencia cabe entender el encarecimiento de la función pública, el aumento de los costes de personal, sin ampliación de funciones o servicios? Ese, sin embargo, parece ya un debate aplazado, si no descartado por muchos años. Podemos interrogarnos, incluso, por la suerte que aguarda al Estatuto Básico del Empleado Público en este nuevo contexto.

Produce incredulidad recordar los planteamientos del Anteproyecto de Ley desde esta hora, cuando la función pública se ha visto devaluada por decreto, y lo que sus propuestas suponían y suponen de desconocimiento del contexto social y económico en el que se preparaba la norma. Ese Gobierno que iba a introducir primas para la función pública aragonesa es el mismo que ahora, con un Anteproyecto aún no retirado o descartado, señala que va a aplicar el recorte salarial que apruebe mediante Decreto-ley el Gobierno de España. ¿Tanto da decir una cosa como la contraria? ¿Tanto da anunciar primas como rebajas salariales? ¿No hace falta razonar ni dar explicaciones? ¿Acaso algún empresario que se precie actúa así con sus trabajadores? ¿Lo sucedido no es una contundente desautorización de algún Director General o Consejero o de algún representante sindical? ¿De qué coherencia son capaces en este momento? ¿De dimitir o simplemente de callar?

Esta Asociación, vaya por adelantado, mira con recelo cualquier planteamiento que suponga articular la carrera profesional de los servidores públicos –o sus retribuciones- en función de simples indicadores de eficiencia, pues ello constituye, a nuestro juicio, una deliberada desvirtuación de la naturaleza de la función pública y de sus principales señas de identidad, como son la vocación de servicio público, el sometimiento a la legalidad, la garantía diaria de los principios del Estado de Derecho, el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos o la satisfacción y defensa del interés general.

Es la Administración la que ha de ser eficiente, pero ello no debería lograrse a través de prometer premios económicos a los servidores públicos. Podríamos preguntarnos ahora qué eficiencia se espera de la Administración con recortes salariales en lugar de primas. En la lógica propia del premio, deberíamos aventurar un claro deterioro del funcionamiento de la Administración. Si éste no se produce, será porque los servidores públicos no se mueven exclusiva ni fundamentalmente por ánimo de lucro, sino por responsabilidad, como la mayor parte de los profesionales de este país.

El ejercicio de la función pública es la actividad profesional propia de los servidores públicos, ejercida de forma estable y retribuida, de modo que el régimen retributivo tiene que ser un elemento incentivador del buen desempeño de los puestos de trabajo, pero no ha de magnificarse. No siempre el que más gana es el que mejor trabaja. Ni se trabaja con más satisfacción por la promesa de mejores retribuciones. Hay más factores, tanto o más decisivos. La utilidad social de lo que se hace y la identificación con los fines de la organización a la que se pertenece son importantes gratificaciones también.

Medidas de mal gobierno o contrarias a la más elemental ética pública, como las que a menudo presenciamos, dañan y devalúan la condición de la función pública, porque degradan la estima social y la propia autoestima de los servidores públicos. ¿Se puede sentir orgulloso alguien de pertenecer a una organización en la que los valores éticos proclamados se ignoran o vulneran una y otra vez? Acaso, y no debiera descartarse alegremente tal hipótesis, los premios económicos que los responsables políticos anunciaban para los funcionarios eran una manera de hacerles más tolerable esa contradicción de la realidad con la norma y con los valores proclamados.

La lógica del premio económico no es la que rige en la Administración Pública ni puede convivir adecuadamente con la inamovilidad, como garantía de la imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas. ¿Con quién compite la Administración en el mercado? ¿Qué volumen de negocio se disputa con otras organizaciones? Resulta rechazable, a nuestro juicio, trasladar sin más a una organización que no responde a criterios de mercado ni persigue resultados económicos estímulos propios de organizaciones con ánimo de lucro. Difícilmente se puede garantizar un buen funcionamiento de la Administración si a sus trabajadores se les proponen valores o incentivos contradictorios con la función que es propia de las organizaciones públicas.

El momento actual, en definitiva, es crítico por la falta de valores consistentes que detectamos en la ordenación de la función pública: al señuelo fallido de las mejoras salariales por carrera horizontal y primas por objetivo, anunciado o exhibido hace poco más de unas semanas, y que ha venido precedido por un descarado desafío a la “vigente” legalidad retributiva –en forma de claúsula de revisión salarial o de anticipo a cuenta de carrera profesional-, sucede ahora el drástico e inesperado recorte de derechos económicos de todos los servidores públicos. Ambas medidas cuentan con un claro denominador común, por increíble que parezca, y no es otro que la falta de valoración y de respeto hacia las cualidades propias de la función pública, lo que pone de manifiesto una pavorosa falta de competencia, solvencia y credibilidad de los responsables políticos de la administración española y aragonesa.

Tardaremos tiempo, si es que algún día lo logramos, en retomar el camino por el que avanzar hacia una función pública digna de un Estado de Derecho como el que proclama nuestra Constitución.