jueves, 20 de mayo de 2010

SALARIOS PÚBLICOS: NI EXPOLIO NI MALVERSACIÓN.

El momento convulso que vivimos actualmente en el seno de las Administraciones Públicas ante la perspectiva de un inminente recorte salarial no puede ocultarse -para casi todos resulta lógica la reacción de rechazo de los afectados ante una inédita reducción en sus sueldos, se esté o no de acuerdo con la medida, e incluso los responsables políticos que la han adoptado o la van a aplicar entienden lógicas las protestas sindicales organizadas, a las que no obstante piden mesura-, pero los hechos sólo pueden valorarse de forma adecuada en su contexto, y el recorte salarial de los funcionarios ha de situarse en su contexto.

El contexto de los salarios del conjunto de los servidores públicos se halla directamente ligado, a nuestro juicio, a dos elementos ineludibles: el primero de ellos es el principio de legalidad, y el segundo la situación de las finanzas públicas y de la economía del país. Hablaremos sólo del primero, pues el segundo no requiere explicación.

Cabrá discutir la oportunidad de la medida adoptada -su anuncio y justificación han sido enormemente desafortunados, sin duda, y los efectos en el funcionamiento de los servicios públicos están por verse, pero sólo pueden contribuir a la pérdida de calidad de los mismos-, ahora bien, el juicio de legalidad sobre la misma ha de manejarse con mucho cuidado -puede haber altas dosis de cinismo en quienes lo esgrimen-, pues el control de legalidad que ahora se reclama sobre el recorte salarial no se aplicó a anteriores medidas favorables, que esta Asociación no tuvo inconveniente alguno en denunciar como vulneraciones de la legalidad retributiva de la función pública, como fue el caso de la cláusula de revisión salarial acordada por los sindicatos con el entonces consejero Eduardo Bandrés o el actual anticipo a cuenta de la carrera profesional, resultado del acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el ahora consejero Javier Velasco, y que, no podemos olvidar, hoy cobramos la inmensa mayoría de los empleados públicos. ¿Con qué fundamento legal? Aún estamos esperando que el señor Velasco nos conteste a esa pregunta. Por lo visto, para el Gobierno de Aragón y los sindicatos de la función pública aragonesa las subidas salariales no han de fundamentarse legalmente, porque se fundamentan solas, al parecer en la ley del máximo beneficio a la que creen respondemos también los servidores públicos. ¿Están equivocados? Nos gustaría creerlo, aunque la realidad lo desmiente.

Es lamentable que los responsables políticos de la función pública y la hacienda de la Comunidad Autónoma, como son los consejeros Velasco y Larraz, entiendan las protestas por los recortes salariales que se nos van a aplicar a los empleados públicos, pero no entiendan -ni quieran entender- la protesta realizada por esta Asociación desde hace más de tres años por la quiebra de la legalidad retributiva en la Administración autonómica. ¿Por qué protestan algunos servidores públicos contra medidas económicas que les son ventajosas? Por una razón muy simple, que acaso ellos son incapaces de comprender: porque somos servidores públicos, es decir, profesionales comprometidos con la legalidad y el servicio al interés general. Por supuesto, esperamos que nuestro trabajo sea retribuido dignamente, pero percibir retribuciones al margen de la ley es justamente lo contrario, es ser retribuido indignamente, con fraude de ley y en perjuicio de terceros, esos ciudadanos que, como oimos decir todos los días, son nuestra primera preocupación.

Esta Asociación, naturalmente, por principio, está en contra del recorte salarial en la función pública, pero los argumentos teóricos que cabría esgrimir contra tal medida pierden su fuerza -sobre todo su fuerza ética, es decir, su respetabilidad por parte de los ciudadanos- al hallarnos en una Administración -como tantas otras, sin duda- que hace muchos años se ha apartado de la legalidad retributiva, es decir, por expresarlo con total claridad, donde los funcionarios cobran conceptos ilegales que no deberían percibir. Los principales responsables de que ello suceda son, por descontado, los miembros del Gobierno de Aragón que han aprobado tales medidas, y a continuación los sindicatos de la función pública aragonesa, que nunca han considerado que la ley fuese obstáculo alguno para sus demandas salariales. ¿Consideran acaso que el dinero público es susceptible de apropiación vía negociación colectiva? La realidad de las cosas parece indicar que sí.

Dicho lo anterior, podemos sumarnos cínicamente a la consigna "que no paguen la crisis quienes no la han causado", pero un mínimo de honestidad nos debería llevar a reflexionar si la crisis no es, en gran medida, el resultado de la irresponsabilidad colectiva, a la cual se ha contribuido también desde aquellas Administraciones Públicas que, como la de nuestra Comunidad Autónoma, han olvidado no sólo el sentido del rigor y la racionalidad en el gasto público, sino lo que es peor, el respeto a la legalidad, los criterios de buena gestión y el servicio a los ciudadanos.

No nos gusta el recorte que ahora se impone a los sueldos en la función pública -¿es un expolio de nuestros derechos económicos, como algunos denuncian? ¿una quiebra del derecho a la negociación colectiva, como claman los sindicatos?-, pero menos nos gusta la malversación de fondos públicos en que parecen cómodamente instaladas las Administraciones -entre ellas, la aragonesa-, y nos gustaría decir que esa malversación afecta sólo a las plazas de asesores de los gabinetes de los miembros del Gobierno -esos que, a pesar de las reiteradas denuncias de esta Asociación, siguen impertérritos cobrando sus sueldos sin trabajo alguno que lo justifique-, pero para nuestra desgracia afecta también a la práctica totalidad de la función pública aragonesa, al vernos forzados -o resignados- a cobrar unas retribuciones ilegales que se han pactado en perjuicio de los ciudadanos -y en perjuicio nuestro también- por los sindicatos de la función pública aragonesa y el Gobierno de Aragón.

¿Es esa malversación la que ahora nos trae, como una maldición inevitable, este expolio? Busque cada cual su respuesta.

20 comentarios:

Anónimo dijo...

Valiente alegato.

Anónimo dijo...

¿Alguien se hará eco de este idea, de esta denuncia?

Anónimo dijo...

Lo dudo, lo dudo .....

Anónimo dijo...

Iglesias anuncia un plan de ahorro centrado en las empresas públicas

Anónimo dijo...

¿Se acabó el jueguecito?

Anónimo dijo...

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, ha anunciado que su Ejecutivo trabaja en un plan de ahorro complementario al anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero, que como eje fundamental tiene una profunda revisión de las empresas públicas de la Comunidad.

Esta reestructuración del sector público empresarial, compuesto por 75 sociedades, afectará a más de 25 compañías que se verán sometidas a procesos de desinversión; a otras seis que serán liquidadas o disueltas, y a otras, sin determinar su número, que se fusionarán.

Ésta es una de las medidas que ha anunciado Iglesias ante el pleno de las Cortes, donde ha comparecido a petición propia para explicar el plan de ajuste presentado por Zapatero para rebajar el déficit público, que incluye medidas como la congelación de las pensiones, la bajada del salario de los funcionarios o el freno a la inversión pública.

Las medidas de este plan "afectas" al Gobierno de Aragón, ha explicado Iglesias, pueden suponer un ahorro de más de 80 millones de euros hasta el final del ejercicio, a lo que hay que añadir, ha añadido, el conseguido con los Presupuestos de 2010, que disminuyeron un dos por ciento sobre los de 2009, consiguiendo una "contención" de 118 millones.

En 2010, ha afirmado, en Aragón se han ajustado los gastos de personal, el gasto corriente ha disminuido un 4% y han bajado los gastos de protocolo, divulgación y publicidad en un 45%.

En este contexto de ausencia de confianza de los mercados, debilidad del euro e incremento de la deuda, Iglesias ha reconocido que a los empleados públicos, "que evidentemente no son culpables de la crisis", se les está pidiendo ahora "un esfuerzo, un favor hacia quienes lo están pasando peor", puesto que tienen "más estabilidad" en su puesto.

Los parados ya han "pagado con creces" su peaje y ahora se solicita un "esfuerzo excepcional" a quien tiene seguridad en su trabajo, ha destacado.

efe

Anónimo dijo...

¿estabilidad?

Anónimo dijo...

¿es que no van a recortar el sueldo a interinos?

Anónimo dijo...

¿de qué administración habla Iglesias?

Anónimo dijo...

¿le fallan sus asesores?

Anónimo dijo...

El decreto ley sobre el plan de ajuste económico que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros contempla que la reducción de los salarios de los funcionarios oscilará entre el 0,56% y el 7% en función del grupo al que pertenezcan los trabajadores públicos. La medida afectará a todas las administraciones públicas, incluyendo comunidades autónomas y entidades locales, y a funcionarios, personal estatutario y personal laboral.

La reducción salarial entrará en vigor el próximo 1 de junio, aunque el Gobierno respetará la paga extraordinaria de junio, que se abonará como estaba previsto.

La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha insistido que en la reducción salarial se hará en función del sueldo de cada funcionario y afectará más a los que cobran más. Ha apuntado que quedarán exentos del recorte, aquellos empleados que cobran 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, esto es, 949,5 euros

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

MÁS LOS QUE MÁS COBRAN
Respecto a los altos cargos, todos los directores generales de la Administración General del Estado verán bajar su salario un 8%, los subsecretarios de Estado, un 9%, y los secretarios de Estado, un 10%. Por lo que respecta a los miembros del Gobierno, sus sueldos sufrirán un recorte del 15%.

Para el resto de órganos del Estado, como la Administración de justicia, De la Vega ha estimado una reducción de entre el 7 y el 8%, aunque deberán ser estos órganos los que concreten el recorte.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Comentario:

No entiendo nada en absoluto de economia, pero no sería la solución, la de ¿devolver los casi 400 euros cobrados, dados por zapatero, que se ha demostrado que fue un error en lugar de bajar el sueldo el 5% a los funcionarios?. Lo veo mas etico.

Anónimo dijo...

Comentario:

pero los funcionarios no se quejan de tener 14 pagas verdad? pues si ahora tienen q recortarse un poquito el sueldo, tampoco es para tanto, son funcionario PUBLICOS lo que significa que dependen en parte de la situación de la economía, si ahora es mala pues a ajustarse el cinturón.

Anónimo dijo...

Comentario:

Si gestionaran muchisisimo mejor a los funcionarios quitandose los "canceres" de" trabajadores"y sindicalistas habria dinero no solo para congelar si no retr ibuir mas justamente a los que desempleñan su trabajo con esmero y dedicacion. MALISIMA GESTION DE LO PUBLICO ese es el problema. Mantener sistemas caducos y enteresados. Que trabajador cree en sus sindicatos o autonomos-pequeña empresa en los suyos. Pero al poder le sirven para "negociar" y mantener la imagen. Crean un olus de Productividad y como se reparte para no discutir pues no con criterios objetivos si no por antiguedad ole ahi tus huevos.

Anónimo dijo...

Comentario:

Porque todos se olvidan de que es esto o la muerte como pais? Porque se olvidan todos de que esto nos lo han impuesto desde Bruselas? Maldita sea despertemos de una puñetera vez! La cruel realidad es que el govierno hace lo que puede, que no lo hace por gusto precisamente.

Anónimo dijo...

Comentario:

desmantelamiento de la empresa pública: es un trabajo que debe ser desarrollado por los funcionarios, con más medios y manteniendo su salario. La empresa pública tan solo se utiliza para deslegitimar al funcionario, enchufar al amigo, subcontratar y tener atado al trabajador "rebelde", es decir, si no callas te echamos. Es el momento de apostar por una eficiente gestión de lo público

Anónimo dijo...

Entienden el malestar, porque ellos también sufren el recorte.

Anónimo dijo...

¿Y los liberados sindicales? ¿No deberían reducirse como consecuencia de la crisis?

Anónimo dijo...

¿No nos sumamos a la ola de las protestas?