LO QUE NO DEBE CALLAR ESTA ASOCIACIÓN.

Por las razones que sean -cada cual sabrá las suyas-, en Aragón existe una conspiración de silencio para no abordar ni difundir la falta de adecuación de las retribuciones de los funcionarios a la legalidad. Es previsible que en buena parte de las Administraciones Públicas se hayan utilizado mecanismos de todo tipo para rebasar los límites y los conceptos legales establecidos para retribuir el trabajo de los funcionarios públicos. Los incrementos individuales -mediante la reclasificación de puestos o el simple reconocimiento de gratificaciones- pueden ser una cosa reprochable, irregular y arbitraria, por supuesto, pero lo que reviste particular gravedad para la salud de una Administración es que el conjunto de los empleados públicos entren en un sistema irregular de retribuciones, pactado por Gobierno y Sindicatos, a espaldas del Parlamento y en contra del principio de legalidad presupuestaria y de la legislación básica en materia de función pública. Estamos hablando de un hecho de enorme gravedad que sucede en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Hablamos de gravedad, porque cuando la ilegalidad es de todos, algunos pueden pensar que no es de nadie -todos estamos metidos en lo mismo-, pero nosotros entendemos que no hay nada más grave que lo que se conoce como "democratización de la corrupción", es decir, hacer partícipes y beneficiarios de un sistema ilegal al mayor número de personas, para obtener de ellos la aceptación o apoyo a otras prácticas igualmente ilegales. Si uno se beneficia de una ilegalidad -cobrando, por ejemplo, conceptos retributivos que no le corresponden-, qué legitimidad le asiste -o peor aún, qué sensibilidad puede quedarle- para denunciar otras irregularidades, que acaso ya no son diferentes en calidad sino simplemente en cantidad. Es lícito pensar que un Gobierno que no ajusta las retribuciones de los empleados públicos a la legalidad, y que, por lo tanto, ocasiona un daño al interés general de la Comunidad, es decir, al de los ciudadanos, verdaderos titulares del dinero público -no lo olvidemos-, tampoco será escrupuloso en otros asuntos con el manejo del dinero público. Si algo como lo señalado ocurre en la función pública, ¿no sucederá tanto o más en las empresas públicas? ¿Puede extañar lo sucedido con Asael, cuando conocemos la deriva de las retribuciones públicas de la DGA? No, nada puede sorprender, lo cual resulta enormemente preocupante.

Ante el silencio general sobre la cuestión de las retribuciones, ya que nadie, ni Gobierno, ni sindicatos, ni grupos parlamentarios -incluidos los de la oposición-, ni medios de comunicación quieren darse por enterados de lo que sucede, ni investigarlo ni denunciarlo o darlo a conocer, nos queda la tranquilidad de no haber callado, de no habernos sumado al silencio general, de no hablar de la corrupción de los otros y callar la propia -si por propia entendemos aquella que nos beneficia, aunque sea resultado de acuerdos ilegales alcanzados entre gobierno y sindicatos, que se nos aplican de oficio-, y, por ello, nos sentimos con legitimidad para criticar el despilfarro y la malversación de fondos públicos que presenciemos, pues no hemos hipotecado nuestra libertad ni independencia -no recibimos subvenciones del gobierno, no nos sostenemos con dinero público- ni hemos pactado el silencio a cambio de ventajas como subidas salariales improcedentes, en forma de cláusula de revisión salarial o de anticipo a cuenta de una carrera profesional inexistente e inviable por muchos años.

Es más, nos sentimos legitimados para criticar una rebaja salarial impuesta por el Gobierno -con clamoroso cinismo- en los conceptos legales, mientras permanecerán intactos los conceptos ilegales. Nos sentimos especialmente legitimados para no escuchar ni seguir consignas de unos sindicatos que son responsables directos de la descomposición del sistema retributivo de la función pública aragonesa. Nadie escucha a esta asociación en este tema -a nadie le interesa reconocer la realidad-, pero a esta asociación le interesa, por encima de todo, no callar sobre la realidad retributiva de la administración aragonesa, para poder seguir reclamando legalidad, profesionalidad y ética desde la coherencia.