Las contestaciones de los poderes públicos a las peticiones realizadas, en ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, han de ser congruentes con lo solicitado, señalando si la petición realizada se acepta o rechaza, con indicación de las razones y motivos que dan lugar a una u otra decisión.
No vale cualquier respuesta para entender respetado el derecho de petición de los ciudadanos, sino que la contestación ha de ceñirse a la cuestión planteada. No es necesario ni mucho menos aceptar lo solicitado, pero sí pronunciarse sobre la cuestión a que se refiere la petición, para expresar la aceptación o rechazo a la propuesta realizada, y hacerlo de forma motivada.
Precisamente, por entender que la respuesta dada recientemente por el Presidente de la Diputación Provincial de Teruel, a nuestra ya lejana petición de impulso de un Código de Buen Gobierno en dicha Corporación Provincial, no se pronunciaba sobre dicha propuesta, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, ha vuelto a dirigirse a dicho responsable institucional, para recordarle la obligación legal de contestar, aceptando o rechazando de forma motivada la petición realizada, de acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.
El que los ciudadanos se vean en la necesidad de recordar a las instituciones públicas sus deberes legales, como ocurre en el presente caso, constituye un claro ejemplo del escaso vigor constitucional con que hoy actúan los poderes públicos en nuestro país, algo que debiera ser motivo de preocupación de todos los ciudadanos.
No vamos a permitir que la desidia institucional vacíe de contenido el ejercicio de los derechos fundamentales por los ciudadanos, ya se trate del Presidente de la Diputación Provincial de Teruel o del Presidente del Gobierno de Aragón, cuyo Director General de Participación Ciudadana sigue sin comprender que no hay política de participación ciudadana creíble sin un pleno respeto a los derechos de participación de los ciudadanos.
Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito remitido al Presidente de la Diputación Provincial de Teruel:
“Excmo. Sr. Presidente
Diputación Provincial de Teruel
Plaza de San Juan, 7
44071-TERUEL
Zaragoza, 15 de febrero de 2010.
Estimado señor:
En fechas recientes hemos recibido su respuesta a la petición que le formulamos desde esta Asociación, en noviembre de 2008, al amparo del derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, solicitándole la aprobación de un Código de Buen Gobierno para la Corporación Provincial y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública.
La respuesta a dicha petición, que debiera haberse producido en el plazo máximo de tres meses desde su recepción, como establece la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, se ha recibido con una evidente demora respecto al plazo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la intervención del Justicia de Aragón para asegurar el respeto al derecho fundamental de petición ejercido.
La respuesta recibida, a su vez, se limita a acompañar un informe confeccionado por la Secretaría General de dicha Diputación Provincial, sin pronunciarse sobre la aceptación o no de la petición formulada y los motivos de la decisión adoptada, tal y como exige el artículo 11 de la citada Ley 4/2001, a cuyos términos debiera ajustarse la preceptiva contestación que corresponde dar a las autoridades públicas que reciben peticiones al amparo del referido derecho fundamental.
Por ello, y por entender que los poderes públicos han de quedar sujetos al ordenamiento jurídico en sus actuaciones, con especial observancia del régimen establecido para asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, volvemos a dirigirnos a usted, para solicitarle una contestación adecuada y suficiente a la petición formulada en su día, señalando expresamente en la misma si se acepta o rechaza lo solicitado e indicando las razones o motivos para una decisión u otra.
Agradeciéndole de antemano la atención dispensada al presente escrito, reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
¿Hay que atornillar a los empleados públicos?
Watchmen
Hace unas semanas fue noticia destacada la colocación de nuevos dispositivos de control de acceso del personal en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. La expectación despertada por los denominados “tornos” y las distintas reacciones merecen un comentario.
Cada cierto tiempo los gobiernos ponen sobre la mesa nuevas medidas para mejorar el rendimiento y eficacia de la Administración. Como no es sencillo diseñar ni aplicar medidas que vayan al fondo de los problemas, se recurre habitualmente a temas como el incumplimiento de los horarios y el control de la presencia, cuestiones fáciles de de explicar y de vender. Aunque, en realidad, se está admitiendo que, si el problema existe y subsiste, debiera ser motivo de vergüenza para los responsables, como lo sería en cualquier organización o empresa medianamente seria. Pero no, se presenta como importante resultado de la preocupación por la modernización de la Administración.
En el Edificio Pignatelli se están instalando unos nuevos dispositivos para el control de acceso. Bien sea porque los encargados de la comunicación-propaganda del gobierno lo filtraron, a falta de temas de mayor enjundia, bien sea porque algún periodista lo ha considerado tema estrella, la noticia ha llegado a ser titular de cabecera de primera página, a tres columnas, en nuestro periódico regional de mayor difusión (“La DGA estrenará tornos en el Pignatelli para aumentar el control a los funcionarios”), además de dedicarle espacios complementarios. Lo que revela que se piensa que los ciudadanos tienen una especial sensibilidad sobre este tema, y así ha quedado de manifiesto en los comentarios provocados por la noticia entre los ciudadanos que aportan su opinión a los medios, generalmente peyorativos. Profundizar en el tema exigiría amplio espacio, por lo que basta por ahora con dejar constancia de lo que han dicho algunos opinantes cualificados, por lo expresivo que resulta sobre sus distintas posiciones sobre el tema.
El Consejero de Presidencia, máximo responsable de la actuación, la justificó con estos argumentos: “En estos tiempos en los que gran parte de la población está perdiendo su empleo, los primeros que tienen que dar ejemplo con su jornada laboral son los trabajadores de la Administración”. Explicó que su departamento llevaba cerca de un año trabajando en el nuevo sistema de acceso, y que “además de ser honrado, hay que parecerlo”, consciente de la “imagen, no siempre correcta” que tiene la sociedad de los funcionarios. Resulta curioso que el Consejero, al aludir a razones de índole moral (dar ejemplo, parecer honrado) parece más preocupado por “el qué dirán” y por la imagen que por la mejora de la organización y modernización de los sistemas y de la eficacia administrativa.
Por su parte, en general, los empleados públicos consideran normal que se modernicen los sistemas de acceso y control. También parecen pensar que esta inversión no hará cambiar de costumbres a quienes habitualmente incumplen el horario o lo cumplen en la cafetería.
Ha sido el sindicato Comisiones Obreras el que ha dado una interpretación más política y global a esta iniciativa:”Los tornos son una nueva excusa para dar pie al coro de “Amigos de la Privatización”. A casi nadie le interesa abordar los verdaderos males de la Administración. La eternamente prometida reforma de la Administración Autonómica nunca llega, no es una prioridad…Palabras como igualdad, mérito, capacidad, eficacia, eficiencia, planificación, racionalización, han sido arrinconadas. La discrecionalidad, arbitrariedad, opacidad aumentan día a día. Pero eso no merece tres primeras páginas consecutivas. Tal vez se pretenda llevar a la sociedad a una simplista conclusión: la Administración no tiene remedio, así que desmantelémosla poco a poco”.
En fin, desdichas de la burocracia, siempre en el candelero, que habrán de merecer nuevos comentarios. Por ahora, unas simples cuestiones terminológicas: el término “atornillar”, se utiliza en el título en su acepción de “presionar”, de “someter a la disciplina debida”, aunque no derive de torno; por cierto, de un examen visual detenido de los dispositivos en instalación no se aprecia que respondan al concepto tradicional de “torno”, con barreras móviles o giratorias, aunque su finalidad sea la misma.
ANDALAN.
Recordadlo.
Andalán ha vuelto.
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