La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha acordado denunciar ante el Tribunal de Cuentas una previsión contenida en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, por la que se pretende asegurar a determinados funcionarios unas retribuciones contrarias y superiores a las del régimen establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y por ello de obligado cumplimiento por todas las Administraciones Públicas.
La citada previsión busca establecer una regulación retributiva ad hoc para los supuestos de comisión de servicios en puestos de trabajo de grupo de titulación superior, fórmula de provisión recientemente introducida en la normativa de función pública aragonesa, para articular la llamada “promoción interna temporal”, a través del Decreto 118/2009, de 7 de julio, y que esta Asociación recurió en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por entenderla contraria al régimen de ordenación de la función pública aragonesa y a la regulación del Estatuto Básico del Empleado Público.
Con dicha fórmula excepcional de provisión, y la posterior medida incluida en la Ley de Presupuestos, se pretende posibilitar que el funcionario de un determinado cuerpo o escala pueda acceder, por una mera comisión de servicios, al desempeño de puestos de titulación superior a la de su cuerpo o escala, percibiendo las retribuciones básicas y complementarias del puesto desempeñado.
Basta la lectura del artículo 22.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se define el concepto de retribuciones básicas, para apreciar que las mismas no se hallan vinculadas al puesto de trabajo desempeñado, sino al grupo o subgrupo al que se halle adscrito el cuerpo o escala propio del funcionario. Es decir, el puesto de trabajo desempeñado es un dato irrelevante para la determinación de las retribuciones básicas, definidas exclusivamente en atención a la categoría profesional del empleado público, siendo las mismas independientes del concreto puesto de trabajo que se desempeñe.
Pese a la absoluta claridad con la que el Estatuto Básico del Empleado Público diferencia la naturaleza de las retribuciones básicas y complementarias que corresponde percibir a un funcionario, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, en su artículo 19.2, ha querido derogar “singularmente” dicha regulación básica para el supuesto de “promoción interna temporal”, tratando de garantizar a los funcionarios que desempeñen puestos de grupo superior, en función de la comisión de servicios introducida por el referido Decreto 118/2009, la percepción de retribuciones básicas propias de grupo o subgrupo superior al de pertenencia del funcionario, al tomar como dato determinante de las mismas no la categoría profesional del funcionario sino las características del puesto, haciendo primar de forma antijurídica el criterio objetivo que domina las retribuciones complementarias (condición del puesto de trabajo), sobre el criterio subjetivo que rige para la determinación de las retribuciones básicas (condición del funcionario).
Pese a los diferentes escritos formulados por esta Asociación a los responsables de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos del Gobierno de Aragón y a los diferentes miembros del Gobierno de Aragón, así como al Presidente de las Cortes de Aragón, al Presidente de la Comisión de Economía y Presupuestos y Grupos Parlamentarios de la Cámara, no le consta a esta Asociación la adopción de iniciativa alguna, gubernativa o parlamentaria, para corregir la indebida previsión de la Ley de Presupuestos en materia retributiva.
Por todo ello, se ha entendido necesario y oportuno poner la referida cuestión en conocimiento del Tribunal de Cuentas, al objeto de que, previos los análisis que consideren oportunos, pueda adoptar o promover las medidas necesarias para corregir la arbitraria y antijurídica previsión contenida en el artículo 19.2 de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, incluyendo entre ellas la posible moción a las Cortes Generales para que se interponga recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley. Dicha denuncia se formalizará en los próximos días.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
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