martes, 23 de febrero de 2010

¿POR QUÉ MODELO DE FUNCIÓN PÚBLICA TRABAJAMOS?

La función pública cuenta con un modelo constitucional básico –modelo profesional y objetivo, en el que deben imperar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso y en la movilidad o carrera posterior-, modelo que admite diferentes regulaciones o desarrollos, que, a su vez, son susceptibles de una aplicación respetuosa o de un deliberado incumplimiento o vulneración.

El momento actual es de gran trascendencia para el futuro de la función pública, de las Administraciones Públicas y del conjunto institucional del Estado, es decir, para el buen gobierno, la buena gestión de los servicios públicos y el correcto funcionamiento del sistema democrático.

El Estatuto Básico del Empleado Público ha definido el común denominador del régimen de personal de todas las Administraciones Públicas, remitiendo a las Leyes de Función Pública de cada Administración –Estado y Comunidades Autónomas- la facultad de regular y concretar los diferentes elementos de dicho régimen. El desarrollo del Estatuto Básico, por lo tanto, será determinante respecto al modelo de función pública que haya de regir en la Administración de la Comunidad Autónoma.

Por dicho motivo, esta Asociación deberá fijar como prioridad de su labor el seguimiento y análisis de la labor de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, al objeto de que el mismo venga a potenciar los valores de profesionalidad, legalidad, ética, calidad y eficiencia, a los que entendemos debe responder el ejercicio de la función pública en el marco de la Constitución Española. En estos años, los responsables de la función pública aragonesa han avanzado en la elaboración de los contenidos de ese desarrollo normativo, si bien no se ha tenido acceso a ninguno de los documentos elaborados.

La Asamblea a celebrar en la tarde de hoy ha de permitir a la Asociación reafirmar su compromiso con los principios y fines fundacionales, para promover un desarrollo fiel a los principios constitucionales y a los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Hemos de determinar cuál es la función pública que precisa un Estado social y democrático de Derecho, y establecer las reglas que permitan a los empleados públicos un desempeño coherente con dicho modelo de función pública.

El modelo de función pública ha de gravitar sobre dos conceptos fundamentales, como son el interés general y el servicio público, y sólo a partir de la garantía y realización de ambos fines cabrá articular un modelo coherente y satisfactorio de función pública. No basta con una adecuada regulación, si luego en su aplicación se desvirtúan todos sus principios, como ocurre en la actualidad.

¿De qué sirve todo el esfuerzo dedicado a regular la función pública si no existe voluntad alguna de cumplir y respetar las normas establecidas? Si la actual legislación se vulnera de forma sistemática, ¿qué garantiza que tal situación pueda remediarse con la mera aprobación de una nueva normativa? ¿Es que las actuales vulneraciones quieren elevarse a norma en la futura regulación?

Esta Asociación, a partir de la Asamblea de hoy, va a comprometerse de forma plena con el impulso de un modelo de función pública que legitime la labor del conjunto de los servidores públicos, en su regulación y en su aplicación, de modo que la función pública cumpla el papel de garante del Estado de Derecho a que constitucionalmente está llamada.

9 comentarios:

Anónimo dijo...

Sigamos avanzando.

Anónimo dijo...

La crisis abierta en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la dimisión del vocal de la Comisión de Calificación del organismo, José Manuel Gómez Benítez, ha enfrentado a las asociaciones de jueces. Mientras que la Francisco de Vitoria, segunda en afiliados pero tercera en cargos, denuncia el "pasteleo" en la política de nombramientos del CGPJ entre conservadores y progresistas, la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tilda la dimisión de Gómez Benítez de "berrinche infantil".

EL PAIS.

Anónimo dijo...

Comentario:

Pasteleo es poco, es una conspiración para mantener el control del CGPJ y así poder presionar para defender sus prebendas de cargos y canonjias. La elección del CGPJ debe ser por voto directo y secreto entre todo el colectivo de Jueces y Fiscales; lo demás es ganas de enredar y mantener el poder. Como puede un órgano elegido así, tener sitio en en régimen democrático; para eso es mejor eliminarlo (ahorranos tanto sueldo) y dejarnos de panplinas de independencia judicial y demas cuentos chinos. En este país, determinados "estamentos" siguen anclados en el franquismo, entre ellos la judicatura y la Administración del Estado con sus poderes exorbitantes, poderes que además han sido copiados por autoritarios de nuevo cuño, como son las CC. AA. Menos "estamentos" controlados por apellidos ilustres (o mafias togadas), y más democracia. Menos prerrogativas administrativas y más servicio al ciudadano, que no súbditos.

Anónimo dijo...

Comentario:

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE POMPEYA. "Para garantizar la independencia del Poder Judicial, la Constitución crea el Consejo General el Poder Judicial" (Exposición de Motivos de la LOPJ, Parte VI). Entre otros medios, mediante la selección de Jueces y Magistrados que, ante todo, "ofrezcan absolutas garantías de independencia". En este marco, la denuncia pública del vocal Gómez Bermúdez reviste una extraordinaria gravedad, y anuda consecuencias de largo alcance.

Anónimo dijo...

Comentario:

LA PUNTA DEL ICEBERG. El "escándalo sin precedentes" sin duda se produciría si el vocal Gómez Benítez dimitiera como vocal del CGPJ, por causa de la "devaluación de la función" del supremo órgano de gobierno de los jueces "impuesta por las dos asociaciones más representadas en el Consejo". Pero no por la dimisión de una sola comisión.

Anónimo dijo...

Comentario:

Trabajar con rencillas solo lleva a no tener credibilidad, esto es para todos

Anónimo dijo...

Los tejemanejes y el cambio de cromos en los nombramientos de la cúpula de la judicatura entre los sectores progresistas y conservadores del Consejo General del Poder Judicial han provocado una crisis sin precedentes en el órgano de Gobierno de los jueces. El caso ha llegado al punto de que un vocal, José Manuel Gómez Benítez, ha presentado formalmente su dimisión como miembro de la Comisión de Calificación -la que tiene como misión evaluar a los candidatos a los cargos judiciales- por su "desacuerdo con el sistema de nombramientos" y la "devaluación de la función" de la citada comisión, "impuesta por algunos vocales ajenos a la misma procedentes de las dos asociaciones más representadas en el Consejo".

EL PAIS.

Anónimo dijo...

¿Es que las actuales vulneraciones quieren elevarse a norma en la futura regulación?

Efectivamente, así es.

Anónimo dijo...

Creo que la nueva norma, la que se está poniendo en conocimiento reservado -¿por qué reservado?- de los sindicatos, ni siquiera habla de Función Pública, sino de Empleo Público.

Una primera y significativa devaluación terminológica, preludio de otras peores.