MOMENTO DE RESPONSABILIDAD Y RIGOR EN EL GASTO PÚBLICO.

Las circunstancias de la economía española, y muy en particular los serios problemas existentes en el empleo y el creciente déficit de las administraciones públicas, imponen la adopción de medidas de rigor en el gasto público, de control de legalidad y de eficiencia. Y de ahorro, también.

Ni los problemas que atraviesa nuestro país ni las soluciones o esfuerzos que sea preciso afrontar para su superación –desde la solidaridad como nación o como sociedad que comprende a todos los ciudadanos y demás personas que viven bajo sus leyes- pueden recaer sólo sobre una parte de la sociedad: nos han de afectar a todos, a todos se nos debe reclamar una parte proporcional de esfuerzo. También, por supuesto, a quienes trabajamos en el sector público.

La solidaridad no puede reservarse para circunstancias extraordinarias y siempre lejanas a nuestra sociedad, a nuestros intereses inmediatos. La solidaridad ha de marcar nuestra conducta, sobre todo, cuando las circunstancias nacionales requieren de un decidido esfuerzo colectivo, solidaridad que ha de ejercerse con el resto de los conciudadanos, con el resto de los miembros de nuestra sociedad, con quienes convivimos de forma permanente, con quienes compartimos suerte como nación. Solidaridad que han de articular, necesariamente, las instituciones a través de sus medidas políticas, tras el oportuno debate democrático.

Al igual que esta Asociación nada tiene que objetar, con carácter general, a las medidas que adopte el Gobierno de Aragón para controlar el cumplimiento de la jornada laboral por el personal de la Administración autonómica, siempre y cuando sean coherentes y equitativas, hemos de recordar, en este momento, que en materia de legalidad del gasto público –y, muy en particular, del gasto de personal- hemos venido reclamando desde hace tiempo, prácticamente en solitario, la necesidad de respetar la legalidad en materia retributiva, rechazando aquellas medidas de mejora salarial, auspiciadas por las organizaciones sindicales y admitidas por el Gobierno autonómico, que desbordaban la legalidad básica de función pública o las normas presupuestarias. Algunas de ellas han sido ahora parcialmente inaplicadas, por razones obvias que impone la situación económica, pero otras se mantienen o se han incluido y autorizado en la Ley de Presupuestos de 2010, con absoluto desprecio no sólo a la legalidad sino también a las exigencias de rigor en el gasto y de responsabilidad social que impone la actual coyuntura.

La situación generada por dicha dinámica de ilegalidad retributiva resulta hoy enormemente enojosa. Cuando las arcas públicas se resienten y han de atender, como prioridad, el gasto social derivado de la crisis económica que padecemos, se aprecia la “hipoteca” creada por una irresponsable política de gasto público en las Administraciones. Y no sólo es una cuestión de cantidad, sino también de calidad. Cuando la crisis de empleo afecta de lleno a los trabajadores del sector privado –el grueso de la ciudadanía-, los servidores públicos, cuyo estatuto jurídico asegura su inamovilidad, no pueden alegar que sus retribuciones son simplemente las que los ciudadanos han decidido establecer a través de las leyes. Nada habría que ocultar si fuese así.

Pero no pueden hacerlo, sencillamente, porque se encuentran dentro de una organización que, pese a estar dedicada al servicio público y hallarse sometida a la legalidad, ha vulnerado ambas premisas, por una indebida actuación de los responsables políticos y de los representantes sindicales, restando con ello credibilidad al conjunto de los empleados públicos en un momento crucial.

La función pública está hoy en el punto de mira de quienes ven el crecimiento del gasto público como un lastre para el desarrollo y el futuro de la sociedad. Las disfunciones e ineficiencia de las administraciones públicas –en el grado en que existan, pero desde luego que exiten- resultan ahora más criticables y sangrantes que nunca. También resultan más insoportables que nunca las condiciones de ilegalidad de las retribuciones implantadas en un buen número de Administraciones –incluida la de la Comunidad Autónoma de Aragón-, resultado de una insolidaria e irresponsable estrategia seguida por sindicatos y responsables políticos que hoy nos lastra a todos, servidores públicos y ciudadanos. ¿Alguien dará la cara por todo ello?