EL RETO DE SEGUIR.

La Junta Directiva de la Asociación, celebrada el pasado día 2 de febrero, acordó convocar para el próximo día 23 de febrero, martes, la tercera asamblea ordinaria de la Asociación y, previamente a la misma, una asamblea extraordinaria, con el fin de debatir una propuesta de modificación estatutaria, dirigida, fundamentalmente, a ampliar el ámbito de actuación y la base social de la Asociación, posibilitando la incorporación de funcionarios y demás personal del conjunto de las Administraciones presentes en la Comunidad Autónoma, así como de sus organismos públicos.

Los principios que defiende la Asociación son principios de aplicación a todas las Administraciones Públicas, razón por la cual no existe inconveniene alguno en extender a todas ellas el ámbito de actuación, permitiendo con ello, a su vez, que el personal de las diferentes Administraciones que desee asumir un compromiso activo con los valores constitucionales de la función pública pueda incorporarse a la Asociación y participar –tomar parte- en sus debates, decisiones y actividades.

Pudiera pensarse que, transcurridos tres años, los cambios producidos han sido mínimos, que el mensaje de esta Asociación apenas ha calado en las instituciones, reacias a asumir cualquiera de las propuestas que se les plantee, y que, asimismo, la respuesta del conjunto de los funcionarios a la convocatoria de esta Asociación ha sido limitada e insuficiente. ¿Vale la pena continuar y, de hacerlo, en qué dirección?

Toda acción es, por definición, limitada en sus efectos, y la realidad es enormemente resistente a todo cambio de rumbo. Quienes creen que nada cambia no debieran ignorar, sin embargo, el valor que la propia creación y existencia de la Asociación representa ni menospreciar los resultados logrados, modestos pero cualitativamente relevantes, en sus numerosas iniciativas, que no deben medirse exclusivamente en sentencias ganadas en los tribunales. No se cambia la sociedad por decreto y, mucho menos, a golpe de sentencia.

La función pública ha comenzado a ser, en estos años, una cuestión de debate en las Cortes de Aragón y un elemento más de la realidad a atender desde los medios de comunicación. No es que no lo fuera antes, pero el enfoque incorporado por esta Asociación ha tenido una clara entrada en dichos ámbitos.

Los funcionarios parecían hallarse llamados a la irrelevancia social y pública, como si de ellos sólo hubiese que reclamar un trabajo callado, eficiente, discreto y plenamente subordinado al poder político, sin ningún tipo de intervención en el ámbito de debate público ni ninguna otra función que desarrollar en el funcionamiento institucional de la democracia española. Los funcionarios, en nuestra opinión, han de asumir, y hacerlo de forma pública, unos compromisos mayores a los que parece reservarles el poder político, compromisos tanto con los ciudadanos como con el propio sistema democrático y el Estado de Derecho.

Las Administraciones Públicas –el conjunto de los servicios públicos- tienen una función objetiva de servicio al interés general y unas reglas propias de funcionamiento, como son la objetividad y la legalidad, cuya defensa y control no puede ni debe confiarse en exclusiva a los tribunales. La garantía de los principios constitucionales en el funcionamiento diario de la Administración ha de ser el primer compromiso de todo servidor público. Para ello se establece, precisamente, un estatuto específico que garantiza su inamovilidad.

Algo que parece tan obvio no resulta, sin embargo, sencillo en la práctica. Son muchas las circunstancias que han debilitado, hasta hacerlo desaparecer en ocasiones, el papel que los servidores públicos han de cumplir en el fortalecimiento ético de las institucones, en su permanente compromiso con los principios del Estado de Derecho, en el aseguramiento del respeto a la ley como norma de garantía de los derechos de los ciudadanos.

Los valores a los que sirve la función pública son de una enorme trascendencia para la convivencia democrática y el desarrollo de la sociedad, y de ahí el enorme riesgo que representa para todos la posibilidad de que esos valores se adulteren o corrompan. Precisamente, porque los signos que detectamos en nuestro entorno no resultan tranquilizadores, estamos convencidos no sólo de la oportunidad, sino, sobre todo, de la necesidad de seguir con la actividad iniciada hace tres años. No podemos permitirnos desistir en el reto que nos propusimos hace tres años: procurar un “giro ético” en la Administración Pública.