En fechas recientes, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, se dirigió a las Cortes Generales, dándoles traslado de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón al Gobierno de Aragón sobre la obligatoriedad de aprobar anualmente la Oferta de Empleo Pública, resultado de la queja planteada por esta Asociación por el incumplimiento de dicha obligación en el año 2008.
Entiende esta Asociación que la obligación de aprobar anualmente la Oferta de Empleo Público no es sólo una previsión contenida en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino también un mandato dirigido al conjunto de las Administraciones por el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo incumplimiento constituye tanto una inaplicación de la legislación básica estatal como una vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
La relevancia de dicho incumplimiento, al lesionar el ejercicio de un derecho fundamental cuya regulación básica se contiene en el Estatuto Básico del Empleado Público, motivó que esta Asociación formulase, en su día, queja ante el Justicia de Aragón, y, a su vez, diese traslado de la resolución de esta Institución a las Cortes Generales y a la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por entender que las instituciones del Estado han de velar de forma activa por el respeto de la legislación básica en materia de empleo público por parte de todas las Comunidades Autónomas, muy en especial en lo que afecta al ejercicio de derechos fundamentales, cuyo contenido ha de ser garantizado para el conjunto de los ciudadanos españoles.
Se reproduce a continuación el texto de la comunicación efectuada por el Presidente de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados:
"Madrid, a 10 de febrero de 2010.
Estimados peticionarios:
Le comunico que la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, en su sesión de 9 de febrero de 2010, ha tomado conocimiento de su petición y, una vez examinada, ha adoptado, respecto de la misma, el acuerdo que a continuación literalmente se transcribe:
Expte.: 280/002355/0000
Autor: Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa
Objeto: Solicitud de que se adopten las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la legislación básica estatal en lo que atañe al acceso al empleo público, en el conjunto de las administraciones públicas.
ACUERDO:Trasladar a los Excmos. Sres. Portavoces de la Comisión de Trabajo e Inmigración y a los Excmos. Sres. Portavoces de la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados.
Saluda a Vd. atentamente.
El Presidente de la Comisión de Peticiones
Pablo Martín Peré".
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
7 comentarios:
¿Quiénes son esos señores portavoces?
Gracias, congéneres amigos por vuestro faenar constante.
El trabajo de la asociación comenzará a conocerse por los miembros del Congreso, si sus escritos circulan por sus diferentes Comisiones.
No es nada irrelevante.
El traje del emperador no existía. El emperador estaba desnudo. Continuamente escucho relaciones entre este cuento y la economía española. Creo que es especialmente aplicable no a 2009, cuando todo el mundo ya observaba que el emperador no llevaba traje alguno, sino al periodo 1996-2007, en el que el bipartidista emperador se pavoneaba de su inexistente traje y sólo algunos avezados, como el genial Martin Wolf del Financial Times, denunciaban que el mandatario iba vergonzosamente desnudo. Las crisis suelen representar excelentes ocasiones para purgar excesos y realizar reformas. Para efectuar reformas hay que denunciar antes las hipocresías. Sirva este artículo, y la libertad de ideas que impera en este medio y entre sus lectores, para señalar a nivel personal unas cuantas.
Primera: La defensa que efectúan los sindicatos del sistema laboral actual. Dicho sistema condena al trabajador a tres clases sociales, la privilegiada, con contratos fijos, la servidumbre, con contratos temporales, y la de los intocables, en el paro. El sistema impide la movilidad entre clases, limita la productividad y cercena la competitividad, asegurándose que cada vez más personas engloban la servidumbre y los intocables. Una hipocresía muy solidaria para un sindicato.
Segunda: La política agraria común (PAC). Mediante subvenciones a los productos agrícolas europeos consume casi la mitad del presupuesto de la UE, a pesar de que la fuerza laboral representada en dicho sector no llega a un 5%. Las miserias llegan al punto de que se dedica más dinero en subvencionar el tabaco que a erradicar su consumo. Las subvenciones a la agricultura en los países ricos condenan a la miseria a millones de habitantes en los países pobres, lo que fomenta la emigración hacia los primeros. Muchos de esos emigrantes acaban trabajando en nuestro sector agrícola. Mayor despropósito e injusticia imposibles.
Tercera: La política energética española. No se permiten nuevas centrales nucleares, pero sí importar electricidad producida en centrales vecinas. La dependencia energética del gas y de un solo país (Argelia) es suicida. Las primas a las renovables, muy mejorables.
Cuarta: La afiliación obligatoria a cámaras de comercio es injusta, daña la competitividad y fomenta la ineficiencia.
Quinta: El sistema educativo español muere lentamente ante la hipocresía e inutilidad de diferentes partidos políticos. España sale cada vez peor en los informes de evaluación internacionales (PISA y rankings de Universidades como el de The Times), lo que está condenando en el futuro a una generación nueva de españoles. Lamentablemente semejante desastre no se arreglará en menos de otra generación.
Sexta: La financiación autonómica no está diseñada por un sistema de eficiencia ni de coste-beneficio, sino por un modelo político que prima el poder de los partidos bisagra y la compra de favores de barones políticos locales en los partidos grandes. Así, España es uno de los países más descentralizados del mundo y este proceso no ha desembocado en una mayor eficiencia del gasto público. Todo lo contrario.
Séptima: El sistema bancario, con la anuencia de auditores y regulador, que se niega a reconocer en sus balances las pérdidas provocadas por ruinosas inversiones crediticias efectuadas en préstamos a promotores. Por desgracia tantos meses se ha mantenido esta situación que se ha erosionado un aspecto clave en el sistema financiero: la confianza en los números.
Octava: El poder público, que exige a ciudadanos y empresas todo tipo de ajustes pero se niega a realizar el más mínimo sacrificio cuando éste afecta a “la casta”. Así, instituciones repletas de duplicidades (Diputaciones Provinciales) sin contenido efectivo alguno (Senado) o sin utilidad evidente (televisiones públicas) siguen existiendo financiadas por nuestros mayores impuestos.
Novena: La democracia española, que se basa en la ausencia de listas abiertas, provocando un sistema de democracia interna en los partidos que nada tiene que envidiar al del Partido Comunista chino. Esta situación degenera en que la clase política se acaba nutriendo de mediocridad, miedo y caciquismo, y cuando alcanza el poder sus emanaciones en el gobierno desprenden consecuente inutilidad.
Décima: La deuda pública española, central, autonómica y local, que sigue creciendo en proporciones enormes, y que tardará varias generaciones para que nuestros hijos, que no votaron a estos políticos, la paguen. ¿Se imaginan ustedes ganar 2.000 euros, gastar 3.000, y endeudarse cada mes por la diferencia para que la paguen sus hijos cuando crezcan? Suena descabellado, pero es lo que los políticos están haciendo con España.
¿Me ayudan a identificar más hipocresías?
¿Se les ocurren cómo desde la sociedad civil podemos influir para erradicarlas?
IGNACIO DE LA TORRE.
Pero al amigo Brun estas cosas no le deben hacer mucha gracia. Nada menos que el Congreso de los Diputados fiscalizando la adecuación a la normativa básica del Estado de todas sus ocurrencias y arbitrariedades. Un hombre poco acostumbrado al rigor jurídico, por lo que se ve.
Y hablando del rigor jurídico, ¿cómo es que los servicios jurídicos del Gob. de Aragón permiten estas cosas? ¿No informan adecuadamente o es que no les hacen caso?
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