domingo, 8 de febrero de 2009

QUEJAS POR LA FALTA DE APROBACIÓN DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2008.

Zaragoza, 8 de febrero de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha formulado quejas ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo por la falta de aprobación por el Gobierno de Aragón de Oferta de Empleo Público durante el año 2008, a pesar del alto grado de interinidad existente en la administración aragonesa.

La no aprobación de Oferta de Empleo Público para el año 2008 constituye un incumplimiento de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en las que se prevé la aprobación con carácter anual de dicho instrumento de ordenación de la función pública, con el que atender las necesidades de personal de la Administración autonómica.

Dicho incumplimiento legal vulnera el derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a las funciones públicas, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española. Las necesidades de personal de nuevo ingreso sólo pueden ser atendidas por personal interino hasta su cobertura definitiva por personal de carrera, seleccionado a través de la oferta anual de empleo público, siendo obligatorio incluir en tales ofertas la totalidad de los puestos ocupados por interinos. La falta de aprobación de Oferta de Empleo Público imposibilita la realización de los procesos de selección necesarios, anulando con ello el derecho de acceso de los ciudadanos a las funciones públicas e incrementando indebidamente la tasa de interinidad en la Administración Pública, lo que redunda en la calidad del empleo y de los servicios públicos.

Desde el año 2000, el Gobierno de Aragón ha dejado de aprobar la Oferta de Empleo Público en cinco ocasiones ya, correspondientes a 2001, 2002, 2005, 2006 y 2008, lo que permite comprender la magnitud de la crisis que ello ha provocado en el funcionamiento de la función pública aragonesa. Dicha situación, además, se ha visto agravada por la creciente creación de entidades de derecho público y empresas públicas, a las que se ha incorporado un gran volumen de personal a través de procedimientos que no han garantizado los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos para acceder a cualquier empleo en el sector público. La coincidencia de ambos fenómenos -parálisis de la oferta de empleo público y crecimiento del sector empresarial autonómico- no parece casual, y ello a pesar de que el Estatuto Básico del Empleado Público exige que el personal de las entidades de derecho público se incluya también en las ofertas de empleo público, mandato igualmente incumplido por el Gobierno de Aragón el pasado año 2007.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública, además de las quejas formuladas ante el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo, va a dirigise al Ministerio de Administraciones Públicas, por entender que la inacción del Gobierno de Aragón vulnera la legislación básica estatal en materia de empleo público, así como al Congreso de los Diputados y al Senado, al considerar que la no aprobación de Oferta de Empleo Público impide a los ciudadanos aragoneses el ejercicio del derecho fundamental de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas de la Administración autonómica, entendiendo que el ejercicio de tal derecho debe ser garantizado necesariamente por las Cortes Generales, en su labor de impulso y control de la acción del Gobierno. Las instituciones públicas deben asegurar el respeto de la legalidad básica, sin obligar a los ciudadanos a demandar tal respeto ante los Tribunales cuando lo que está en juego, como en este caso, es el modelo constitucional de función pública.

27 comentarios:

Anónimo dijo...

La situación no es sólo en Aragón. Véase lo que ocurre en Andalucía:

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía confirma, tras meses de denuncias, que la Junta de Andalucía ha eliminado la oferta de empleo público del año 2008. Textualmente dice: "Cumplidos nuestros peores presagios, desde el Sindicato mostramos nuestra más absoluta indignación ante las actuaciones cometidas por la Administración bajo la excusa inadmisible de la crisis. Las denominadas por el Gobierno andaluz como "medidas de austeridad" son algo más que acciones para el ahorro económico. No sólo presentan un número de plazas mísero en la próxima y raquítica oferta pública, sino que además ignoran descaradamente la oferta de este año, actuación que salpica no sólo a empleados públicos sino también a todos aquellos ciudadanos que quieran acceder por oposiciones a la Administración."

En la misma nota, sigue: "Esta ausencia de plazas a cubrir por funcionarios conlleva, además, que las funciones desempeñadas, en exclusiva, por el sector funcionarial para salvaguardar los intereses generales, según la legislación vigente, queden en manos de empresas públicas, entidades de derecho público, fundaciones, agencias y un largo etcétera, para las que no existe "austeridad" y sí dinero público. Además, otro problema de reducir las plazas de forma tan extrema y, para colmo, no cubrirlas, como ha pasado en la última OEP, es frustrar las expectativas creadas a las miles de personas que pensaban acceder a la Función Pública.

Anónimo dijo...

Creo que haría falta redistribuir las dotaciones de personal de las administraciones públicas, pero ya sé que no es fácil, porque nunca afloran los excedentes.

Anónimo dijo...

No creo que un sólo funcionario se haya puesto a opositar por vocación de servicio al ciudadano.

Seamos realistas el que oposita lo hace porque:

1. Tiene empleo para toda la vida
2. Como consecuencia de lo anterior, si no pega un palo al agua, no va a quedarse sin trabajo.

Anónimo dijo...

La opinión de la ministra resulta un poco particular:

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró que ni los ciudadanos ni la propia Administración se verán afectados por la reducción de la oferta de empleo público que anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dentro del segundo paquete de medidas para hacer frente a la desaceleración de la economía.

Anónimo dijo...

También en Cantabria:

La oferta pública de empleo para los años 2009 y 2010 se reducirá "notablemente", mientras que la incorporación de nuevos efectivos al personal de la Administración se realizará "únicamente y exclusivamente allí donde sea necesario".

Así lo anticipó el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria , Vicente Mediavilla, en una entrevista a Radio Nacional de España en Cantabria y en la que abogó por "aprovechar de la mejor manera posible" los 19.000 empleados con que ya cuenta la Administración cántabra.

Anónimo dijo...

Esto concluía hace unos años el Consejo Económico y Social de España:

Entre 1997 y 2003 la temporalidad del sector público se incremento en 6 puntos, mientras que en el privado se redujo en la misma cuantía
* El CES aconseja poner fin a la restricción de la oferta de empleo público
* La temporalidad en la educación y la sanidad resulta muy excesiva y se requiere agilizar medidas de consolidación entre las distintas Administraciones
* Advierte de la inadecuada e insuficiente financiación de la administración local, que es la que presenta mayores tasas de temporalidad y de la necesidad de definir mejor sus competencias
* Dado que la mujer está especialmente afectada, son necesarias medidas de igualdad de trato y de conciliación de la vida familiar y laboral
* Pide una ordenación adecuada y eficiente del personal público, generalizado el uso de las RPT y de convocatorias anuales de las ofertas de empleo
* Hay que revisar la política de contrataciones de personal en relación con las actividades de carácter fijo y discontinuo y el uso inadecuado de determinados contratos
* No se reducirá la temporalidad si no se adoptan mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas Administraciones e interlocutores sociales
* Hay que revisar la externalización de las actividades de las Administraciones, para que el núcleo esencial de servicios públicos sea objeto de gestión directa

Anónimo dijo...

Los paises más adelantados que el nuestro( norte de Europa) tienen más funcionarios por habitante que nosotros.Por algo sera. Si queremos servicios públicos, tiene que existir empleados públicos. La envidia es uno de los pecados capitales de España. Si al aumento de personal en servicios públicos.

Anónimo dijo...

No deberían sacar mas plazas para funcionarios. Por lo general trabajan poco para lo que cobran y hay que recordar que sus sueldos los pagamos todos.

Anónimo dijo...

Yo propongo que nos unamos todos los opositores de todas las Administraciones y todos los Cuerpos para así poder hacer presión todos juntos. Pásalo.

Anónimo dijo...

Hay quien carga contra los funcionarios y no se da cuenta de que este es un problema radicalmente distinto y muy peligroso. Un funcionario tiene buen horario, trabaja de manera relajada, etc. PERO ES INDEPENDIENTE DEL PODER POLÍTICO, al menos si así lo desea.

Anónimo dijo...

Casi prefiero funcionarios que otras clases de chupópteros que se alimentan del dinero público (la clase política, amigos y familiares). Muchos de los funcionarios se conforman con lo que ganan en nómina y no nos roban con negocios oscuros. Es más, la normativa sobre procedimiento administrativo establece claramente cómo exigir responsabilidad a una administración y cómo se separa a una persona de la función pública.

La clase política sigue chupándonos la sangre incluso después de dejar sus cargos... saltan del gobierno a las cajitas de atraco, a las empresas de robo energético o a fundaciones para la estafa y el saqueo con mucha facilidad y sin posibilidad de intervención del ciudadano.

Anónimo dijo...

Lo del funcionariado clama al cielo.
Abogo por que en cuanto saque mi plaza se congele por muchos años la Oferta de Empleo Público.

Habrase visto. Qué vergüenza.

Anónimo dijo...

Esto dice la página web del Museo del Prado:

El Museo Nacional del Prado es un Organismo Público creado por la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, cuyo Estatuto fue aprobado por el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo. Su personal se rige por el Estatuto de los Trabajadores y por el Convenio Colectivo del Organismo.

La selección de personal se realiza mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Como Organismo Público, su oferta de empleo fijo se establece en la Oferta de Empleo Público que anualmente aprueba el Gobierno para la Administración General del Estado.

La publicidad de las convocatorias se realiza a través de la página Web del Organismo, anuncios en medios de comunicación de difusión nacional, y también a través del Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas.


Nada que ver con lo que ocurre con los organismos públicos de la Comunidada Autónoma: acaso podría Goya reflejar los desastres de la función pública aragonesa.

Anónimo dijo...

O los caprichos y disparates de Biel.

Anónimo dijo...

Lo que hay que hacer es disminuir el sueldo a todos los que formen parte de la administración, ya que si tienen el puesto de trabajo seguro(hasta que dedidamos que pasa con 3000000 de funcionarios) que se aprieten el cinturón, no sólo nos lo vamos a apretar los que les pagamos la sopa boba y encima vamos al paro.

Anónimo dijo...

¿ Harán currar a los liberados sindicales?

Anónimo dijo...

En época de crisis fijo que el número de opositores se dispara.

Anónimo dijo...

Leo una breve reseña de este asunto en el 20 Minutos de hoy.

Anónimo dijo...

La Coalición Pro Acceso es un grupo de organizaciones de la sociedad civil que promueven el reconocimiento pleno del derecho de acceso a la información pública en España y la adopción de una ley específica que permita a los ciudadanos conocer cómo están desempeñando su labor nuestros gobernantes, cómo están empleando el dinero de nuestros impuestos, cómo toman sus decisiones, y qué criterios tienen en cuenta a la hora de tomarlas.


¿No debería plantearse esa Asociación incorporarse a esta plataforma en favor de la transparencia?

Anónimo dijo...

Los periodistas británicos saben, hasta el último penique, lo que le cuesta al erario público el uso de los coches oficiales, la compensación pagada a los sospechosos del IRA o la ubicación de las cámaras que registran la velocidad de los coches. En España, conocer las listas de espera en los hospitales es una tarea titánica y el sueldo del presentador del telediario de una televisión pública está considerado alto secreto. La diferencia entre el Reino Unido y España es una ley que regula el derecho de acceso a la información.

Anónimo dijo...

Las declaraciones juradas sobre los bienes o los conflictos de interés de los políticos se publican en otros países, pero en España todavía no”. España es uno de los cinco países europeos, con Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, que aún no tienen una legislación sobre acceso a la información pública. Según la consultora de la Unesco [Helen Darbishire] es más fácil recabar datos de los organismos públicos en Méjico que aquí y es un “derecho básico para luchar contra la corrupción

Anónimo dijo...

España carece de una Ley de Acceso a la Información Pública que obligue a las Administraciones a ser más transparentes. Es ya una anomalía en Europa. El ciudadano español que desee conocer los presupuestos y salarios de una Consejería o el listado de empresas multadas por el Ministerio de Medio Ambiente tiene muchas posibilidades de recibir la callada por respuesta. Y eso, después de insistir, ser derivado de una Administración a otra y batallar contra la resistencia de una cohorte de férreos funcionarios. En el Reino Unido, en cambio, basta un par de clics para acceder, por ejemplo, a un listado de los avistamientos de ovnis de los últimos años, el dinero invertido por el Departamento de Transportes en tarjetas de felicitaciones navideñas e incluso el coste de los vuelos de repatriación para inmigrantes irregulares. Un “paraíso informativo” difícil de creer cuando se escribe desde un país en el que descubrir cuánto percibe el directivo de una empresa pública, que cubra el dinero de todos pero cuyo sueldo no aparece reflejado en ningún presupuesto, o cuánto gastarán los partidos en distintas empresas durante la campaña electoral se convierte casi en una misión imposible.

Anónimo dijo...

En algunos países de nuestro entorno no sólo los periodistas sino cualquier ciudadano puede solicitar con una simple llamada de teléfono que se le remita listado de todos los contratos realizados por un organismo público durante un período de tiempo y la Administración tiene la obligación de contestar de forma inmediata o en un plazo no superior a 14 días de media.

¿Qué es lo que ocurre en España para que esta situación nos suene a utópica o ciencia ficción? ¿Por qué España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley específica de acceso a la información pública que regule este derecho en toda su extensión?

Anónimo dijo...

Pues aquí no sabemos ni el número de interinos que hay en la Adminitración autonómica, y si lo quieres saber tienes que pedirlo como prueba en un contencioso, y tener suerte de que el tribunal no inadmita la prueba.

Esa es la realidad de nuestras instituciones, que algunas quieren proteger frente al descrédito con más opacidad, con un absurdo cierre de filas, perdón de votos, y de puestos, naturalmente.

Anónimo dijo...

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies acaba de recurrir ante la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia el sistema de nombramientos a dedo (libre designación) aprobado en el mes de diciembre del año 2008 por la Sindicatura de Cuentas para la provisión de todos los puestos de auditores y letrados de ese órgano superior de control y supervisión de la contabilidad pública de la Administración asturiana.

Para COFPA es una auténtico disparate, además de una ilegalidad manifiesta, que los puestos de trabajo de la Sindicatura de Cuentas en los que debieran preservarse escrupulosamente las garantías de imparcialidad y neutralidad política, como son los de auditores y letrados, estén cubiertos por personas de la confianza política y personal del Síndico Mayor, nombrado por el partido gobernante, que es el que hará la elección de los agraciados.

Consideramos que con la sustitución del concurso de méritos por este sistema digital de nombramiento, la Sindicatura de Cuentas está quebrando completamente la independencia funcional que le exige su Ley de creación, que es realmente el único requisito que daría sentido a la existencia de esta institución de control.
Texto completo del acuerdo impugnado en :
http://www.asturias.es/bopa/2008/12/19/20081219.pdf

Uviéu, 9 de febreru de 2009

Anónimo dijo...

No estoy de acuerdo con alguno de los comentarios vertidos aquí. ¿Por qué nadie tiene vocación de servicio público? ¿Alguien piensa que el servicio público no es satisfactorio? Vaya....
Por otro lado es cierto nunca se podrá redistribuir al personal por muchos motivos, el más duro nadie quiere perder personal por poder, cuanto más gente tengas a tú cargo más "poder" se creen que tienes. La independencia del funcionariado del político de turno.... Es duro que te "ninguneen" los políticos, los compañeros, y lo peor que te puede pasar es no tener trabajo en la mesa... eso es "moobing"... es cierto.. pero todos miramos hacía otro lado. Y ellos (los políticos) lo saben y lo utilizan. Para ir de Quijote por la vida, hay que ser muy fuerte, tenerlo claro, no querer medrar por otros medios que no sean los méritos propios.... Y de esos ¿cuántos quedan?. Si no mirar los Secretarios Generales Técnicos que tienen cada papelón.... ¿por que pasan estructuras claramente ilegales?

Anónimo dijo...

Hola,

¿por qué no hay un blog donde la gente diga cómo cambiaría el sistema de acceso a la función pública?

¿La gente tiene miedo?

¿por qué no se vota un nuevo sistema de oposiciones en Educación y otros ministerios donde se están convocando oposiciones con unas convocatorias que dan pena?

¿ por qué examinan en los tribunales de oposición profesores que poseen academias de la materia de la cual examinan?

¿por qué si la Administración conoce que una determinada persona de un tribunal posee dos academias , la vuelve a poner en tribunales en la siguiente convocatoria, cuando existen otras muchas otras candidatas para ello?

¿por qué no hay peritos en el juzgado para que cuando hay una reclamación de un examen de oposiciones haya posibilidad de una valoración justa?

¿por qué los sindicatos no están presentes en muchos tipos de oposiciones? Podrían controlar cómo se vota y se califica al opositor.

¿por qué no se graban en vídeo las pruebas de cada candidato para que todo el mundo pueda apreciar cómo ha ganado su plaza de funcionario fijo?

¿por qué no van examinando a todos los funcionarios cada X años para el que más valga tenga su plaza?