Zaragoza, 2 de marzo de 2007. Ayer, en una de las salas de reuniones de la Junta Municipal Centro (C/Hernán Cortés, 33), del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró la primera reunión de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, con un extenso orden del día.
El presidente repasó las diferentes actuaciones llevadas a cabo desde la celebración de la Asamblea Constitutiva hasta la fecha, en especial, la inscripción en el Registro de Asociaciones, la aparición en diferentes medios de comunicación –prensa y radio- , la solicitud de comparecencia ante las Cortes de Aragón para expresar a los diferentes grupos parlamentarios los objetivos de la Asociación, y la preparación de un acto público de presentación a la sociedad de la Asociación.
Se abordaron diferentes cuestiones para dar a conocer la Asociación que van a consistir en actos de presentación en las ciudades de Teruel y en Huesca, durante la segunda quincena del mes de marzo.
Se acordó impulsar las actividades de debate y propuesta mediante la organización de los grupos de trabajo, y se aprobaron las ideas básicas para elaborar un documento de propuesta a las organizaciones sindicales, de cara al proceso electoral del mes de marzo, y otro a los partidos políticos, con motivo de las elecciones autonómicas del mes de mayo.
Asimismo, se acordó enviar un saluda a las organizaciones sindicales, se amplió la composición de la Junta Directiva, con el nombramiento de una nueva Vocal, se procedió, por unanimidad, al nombramiento como socio de honor de Alfredo Laborda Meler y, por último, se acordó solicitar un encuentro con el Justicia de Aragón, para darle a conocer los fines de la Asociación y expresarle la voluntad de colaboración permanente con dicha Institución.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
21 comentarios:
Descubro al fin el nombre del candidato a socio de honor y aplaudo la decisión adoptada. Frente al espíritu acomodaticio de casi todos nosotros, rendir homenaje a alquien que ha clamado durante años en el desierto es un buen augurio para el futuro de esta asociación. Da prueba de su coraje y ánimo.
Es cierto que consolidar una organización lleva su tiempo y sus largas horas de debate, pero a muchos nos gustaría ver iniciativas rápidas en cuestiones que parecen poco controvertidas para adoptar una posición vigilante o de exigencia de respeto a las normas. Pienso en la llamada Oficina para el Cambio Climático. ¿Va a adoptar alguna medida esa Asociación para que quien sea analice el procedimiento que se ha seguido para la creación de ese "organismo"? Después de INAGA y SODEMASA, la galaxia de entes "atípicos" parece no tener fin en el Departamento de Medio Ambiente. ¿Dónde están los órganos de control de esta Administración? ¿Actuará de oficio el Justicia de Aragón? ¿Y la Intervención General pondrá algún reparo?
Bien está que los sindicatos, cuya labor hay que valorar positivamente en su conjunto, tengan a alguien que les suba algo el listón de la exigencia en su compromiso con la legalidad. Es posible que los acuerdos sindicales puedan ser juzgados o criticados si los mismos contienen concesiones a los "vicios consolidados" de la política de personal de esta Administración.
Avanza el mes de marzo y seguimos sin oferta de empleo público de 2007. No hubo en 2005 ni 2006 y los procesos de la de 2004, en su mayor parte, siguen sin ser convocados. este dato no puede ser hurtado ni a los funcionarios, de carrera o interinos, ni a los ciudadanos interesados en acceder al empleo público. Digamos que la crisis de legalidad que revela el incumplimiento de las normas de función pública en materia de selección de personal permaite juzgar por sí sola la ejecutoria de los responsables de personal de la Administración y de los sindicatos en todo este periodo.
Sin duda, el Gobierno de Aragón ha expropiado a los aragoneses su derecho constitucional y legal a acceder al empleo público autonómico, y ello no sólo atenta contra los ciudadanos, sino que contribuye a la degradación de la Administración, pues el personal interino, al carecer de la nota de inamovilidad, se ven menos respaldados para asegurar el respeto a la legalidad en las actuaciones administrativas. El resultado, en ambos sentidos, no puede ser más negativo. Eso sí, los Consejeros responsables no se dan por aludidos por esta crisis de legalidad tan manifiesta. Más aún seguramente están ufanos de ello, al evitar la incorporación de funcionarios, lo que va en contra de su política de externalización o creación de una Administración paralela, de entidades y empresas, donde la selección del personal no se ajusta a los criterios legales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Por cierto, tampoco se conoce ninguna crítica de los partidos de oposición sobre el tema en las Cortes de Aragón. Al menos, esta Asociación puede acabar con ese silencio colectivo y restaurar uno de los principios básicos de la función pública.
Espero que la voz de la Asociación se haga notar en este tema, pero ejerciendo acciones legales también, pues un mero comunicado de prensa no es suficiente para un incumplimiento legal tan reiterado como el sufrido en esta materia. Hay que recordar al Justicia de Aragón que, entre sus tareas, está la de velar por el respeto al ordenamiento jurídico aragonés, y la ley aragonesa de función pública forma parte de ese ordenamiento.
Con vuestras propuestas a los sindicatos, debeis conseguir un compromiso claro de los mismos con la aprobación de las ofertas de empleo público en plazo, con su ejecución en plazo y con la formación de tribunales con garantías, tema éste en el que los sindicatos deben recapacitar sobre su interés de estar presentes en los tribunales. ¿Qué garantizan con ello en realidad?
E insisto sobre una cuestión que no es en modo alguno menor: si algún sindicato realizar cursos de preparación para opositores, debe abstenerse de formar parte de los tribunales, pues el requisito de abstención para quienes han sido preparadores no puede valer sólo para personas físicas. ¿Por qué no se hace una consulta sobre ese extremo a la Comisión Superior de Personal del MAP?
¿Es imaginable que las academias de preparación pudieran designar vocales en los tribunales? ¿Y no actúan algunos sindicatos como academias de preparación?
¿Tan difícil resulta elaborar un sistema de designación de tribunales mediante sorteo, en el que no intervengan directores generales ni consejeros? Creo que una cosa es dirigir la Administración, para lo que han sido designados, y otra cosa muy diferente pretender controlar el sistema de selección o de entrada de la gente a la Administración, algo que debe rechazarse sin paliativos.
¿Qué hay sobre las normas de funcionamiento de los grupos de trabajo? ¿Se aprobaron? ¿No se piensan hacer públicas en el blog?
Sería deseable que la presencia de esta Asociación, en el plazo más breve posible, constase en el Portal del Empleado, como constan los sindicatos. Por cierto, ¿dónde se definen los contenidos propios de dicho portal?
Espero que la propuesta que la Asociación pretende formular a los sindicatos de la DGA para avanzar en la mejora de la Administración de la Comunidad Autónoma, aunque limitada en sus contenidos, tenga la necesaria profundidad como para demostrar a una amplia mayoría la importancia e incidencia que va a tener este proyecto asociativo, al plantear cuestiones que han sido hurtadas por unos y otros de la agenda y no transigir con actuaciones que se aparten claramente de la legalidad.
Valoro por encima de todo, entre los logros que pueda obtener esta asociación, la recuperación del encanto democrático en nuestro quehacer administrativo. No perdamos la perspectiva de la posición que ocupamos los funcionarios en el conjunto del sistema político e institucional de nuestra sociedad. Esta asociación, con sus reflexiones y propuestas, debe alumbrar o contribuir a alumbrar o divulgar una teoría sobre lo que ha de ser una Administración democrática y lo que debe hacer y aportar la Administración a una sociedad democrática. Ese enfoque, al menos para mí, tiene mucho encanto.
Comparto el planteamiento, y es que el sentimiento democrático no se agota, ni mucho menos, en la configuración de las instituciones políticas, sino que ha de cultivarse en todos los ámbitos sociales, y por supuesto en la Administración. Debería quedar claro que en una democracia no todo está sujeto a elecciones, pero sí debe estar plenamente impregnado de los valores constitucionales de respeto a la dignidad humana, imperio de las normas, control del poder político, honestidad pública, etc. Criticar los defectos e insuficiencias del funcionamiento de nuestras instituciones democráticas es algo consustancial a una democracia, como combatir la enfermedad es el más elemental compromiso con el aprecio a la vida.
Esta asociación, aunque la mayor parte no seamos conscientes de ello, es el embrión de grandes cambios en el funcionamiento institucional de nuestra Comunidad Autónoma. El tiempo nos lo dirá, pero el control absoluto de la partitocracia ha de ceder una gran parte de terreno en la Administración y los comportamientos públicos habrán de buscar mucho más la ejemplaridad que requiere un sistema democrático, aunque el clima actual parezca ir en la dirección contraria.
Os remito una sugerencia para la relación de propuestas que pensais dirigir a los grupos políticos por las elecciones de mayo: incorporar la necesidad de que los nombramientos del personal eventual de la Administración -el personal de los gabinetes- deba ser publicado en el boa como requisito de validez, algo que ya se produce en otras Comunidades, como es el caso de Cataluña.
Buena idea, y con ello se acaba con las eternas especulaciones sobre identidad de los asesores y dedicación efectiva. Aunque este segundo aspecto debería abordarse también: los asesores de los consejeros son los grandes pioneros del teletrabajo, pues es posible que algunos no hayan pisado jamás las oficinas del Departamento en el que supuestamente trabajan.
Teletrabajo no es lo mismo que absentismo.
Esa Asociación debería adoptar una postura vigilante en materia de nombramientos y ceses, determinando algunos principios que no deben olvidarse en la materia de provisión de puestos de trabajo, como es el respeto a la profesionalidad de los funcionarios y el aprovechamiento óptimo de los mismos. Cesar no puede ser sinónimo de arrinconar o de desterrar. Eso además se hace con un despilfarro de recursos económicos que nadie parece cuestionar.
Empezará enseguida la campaña de las elecciones sindicales y han de abundar los mensajes sobre los incumplimientos en materia de función pública. Llama la atención sobre el nivel de degradación al que se ha llegado por parte de la Administración aragonesa el hecho de que haya que reclamar, y además hacerlo sin éxito, el cumplimiento de la ley, cuando otras Administraciones lo que hacen es cambiar su normativa para dar pasos hacia un mejor funcionamiento. Y lo peor es que esa inaplicación de la norma no genera mayores consecuencias para sus responsables. Nos instalamos en la irresponsabilidad y aún en la impunidad. ¿Y los sindicatos? Elevan un poco el tono de sus exigencias porque lo exigen las elecciones, o realmente consideran intolerable la situación existente?
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