martes, 19 de mayo de 2015

EL JUSTICIA DE ARAGÓN ADMITE A TRÁMITE LA QUEJA RELATIVA AL PROCESO SELECTIVO DE ADMINISTRADORES SUPERIORES.



El Justicia de Aragón ha comunicado la admisión a supervisión de la queja planteada por esta Asociación en relación con el proceso selectivo de Administradores Superiores, correspondiente a la oferta complementaria de 2007, en el que, al margen de los principios de legalidad, igualdad y publicidad, se aplican criterios diferentes a los establecidos en las bases de la convocatoria del proceso.

La queja señala el incumplimiento de las bases de la convocatoria en el que incurre la Administración –tanto el Instituto Aragonés de Administración Pública como el Tribunal de selección actuante- al contemplar la exención de pruebas a candidatos de anteriores procesos selectivos –en atención a la calificación obtenida en alguno de los ejercicios-, cuando tal opción no se recoge ni en las bases de la convocatoria ni en el Decreto de Oferta aprobado. Cualquier excepción al principio de igualdad –como son las exenciones de realización de pruebas- que se produzca en el desarrollo de un proceso selectivo ha de estar legalmente contemplado y, sobre todo, previsto en las bases de la convocatoria del propio proceso selectivo, requisitos que no se cumplen en el presente caso.

Los errores en la aplicación de la excepción irregular motivaron incluso la realización de una segunda convocatoria del primer ejercicio para dos candidatas a las que se había eximido equivocadamente de la realización del ejercicio, rompiendo con ello la unidad del proceso y dando lugar con ello a una nueva arbitrariedad en la actuación del órgano de selección, al apartarse en ambos casos de las bases de la convocatoria sin el menor problema, en el ejercicio de una mal entendida “soberanía” que entra de ello en la prohibida derogación singular de reglamentos, al excepcionar sin base jurídica alguna la aplicación de las bases de la convocatoria a una serie de candidatos.

Tras la admisión a trámite, el Justicia de Aragón ha procedido a solicitar información sobre los hechos al Departamento de Hacienda y Administración Pública, como responsable de dicho proceso selectivo. Esta Asociación espera que la actuación del Instituto Aragonés de Administración Pública y del propio Tribunal actuante reciba la rotunda desautorización del Justicia de Aragón, y a la vista de la misma los candidatos afectados puedan ejercer las acciones oportunas.

No entra dentro de nuestros planes promover acciones judiciales tendentes a la anulación del proceso, ya que ello perjudicaría indebidamente a aquellos candidatos inmersos en el proceso selectivo, pero entendemos que correspondería, a la vista del pronunciamiento del Justicia de Aragón, reclamar responsabilidades a quienes tanto desde  la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, el Instituto Aragonés de Administración Pública y el Tribunal actuante, han procedido con abierta vulneración de las bases de la convocatoria, y han dado lugar a un proceso selectivo en el que no se han garantizado de forma adecuada los principios básicos que deben presidir el acceso a la función pública.

lunes, 18 de mayo de 2015

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: 21 DE MAYO.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al jueves 21 de mayo


CONVOCATORIA:


De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 21 de mayo, a partir de las 19:00 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sitos en la C/ Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente

Orden del día:


  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad por parte del Presidente.
  4. Adopción de medidas en relación con la Oferta de Empleo Público de 2015.
  5. Convenio de colaboración a suscribir con la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS).
  6. Ruegos y preguntas.




Zaragoza, 18 de mayo de 2015
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín

viernes, 15 de mayo de 2015

LA LUCHA POR EL ESTADO DE DERECHO Y LA CALIDAD DEMOCRÁTICA EN LAS REDES SOCIALES.



La preparación del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración que deseamos presentar al inicio de la nueva legislatura de las Cortes de Aragón, tras las elecciones del 24 de mayo de 2015, nos ha llevado a descubrir numerosos foros de interés en el amplio mundo de las redes sociales, cuyas noticias y contenidos permiten cobrar idea del pujante activismo a favor de la regeneración institucional y de la recuperación de los valores constitucionales en la vida pública, comenzando por la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Este blog –simple herramienta de difusión de la actividad que desarrolla la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa- quiere en la medida de sus posibilidades hacerse eco de las iniciativas más interesantes de las que podamos tener conocimiento a través de las redes sociales, pues pretendemos estar presentes en los debates que se mantienen en las mismas, y queremos someter también a debate nuestras propias posiciones.

Frente a la parálisis que parece atenazar a nuestras Administraciones Públicas en Aragón, abrirnos a las iniciativas que surgen en otros ámbitos puede resultar estimulante  y enriquecedor. Debemos seguir lo que, en todos los temas que nos interesan, se dice y se publica tanto en España como fuera de España, y debemos introducir en nuestra actividad ideas y experiencias formuladas en otras Administraciones cuyo funcionamiento ha logrado superar las graves insuficiencias que aquejan a las nuestras. Hay que aprender y tomar ejemplo de las buenas prácticas de otras Administraciones, y hay que lograr traer a la función pública aragonesa debates necesarios para avanzar en nuestro compromiso con el interés público y la realización del Estado de Derecho y los principios democráticos.

Para ello, a partir de ahora, serán frecuentes también las notas dedicadas a dar a conocer organizaciones, foros, publicaciones u otro tipo de iniciativas que resulten útiles para enriquecer nuestra labor de reflexión o actuación en torno a los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública, cuya realización sentimos cada vez más necesaria en el ámbito de nuestras Administraciones Públicas.

Sirva de ejemplo la interesante convocatoria prevista para la semana próxima en Madrid, impulsada por la Fundación ¿Hay Derecho?:

“Con motivo de las próximas elecciones municipales en toda España y autonómicas en 13 Comunidades, Ceuta y Melilla, e inmersos en una espiral de noticias que cada día nos recuerdan que la corrupción es un mal endémico de la vida política española, desde la Fundación ¿Hay Derecho? queremos presentar nuestro estudio “Corrupción institucional y controles preventivos”.

El objeto del estudio es verificar si allí donde hay más corrupción política e institucional los controles legales preventivos son más débiles. Hemos analizado también en que ámbitos de las Administraciones Públicas se dan más casos de corrupción. Las conclusiones del estudio avalan que el fortalecimiento de los controles preventivos es esencial en la lucha contra la corrupción.

Los ciudadanos merecen conocer hasta qué punto se han asumido los compromisos para regenerar la vida política española, una regeneración que pasa obligatoriamente no sólo por la contundencia en las respuestas a los casos de corrupción interna, sino también por los controles previos para que ésta no se produzca.

En la presentación del estudio intervendrán:

– Lucía Méndez, periodista del diario El Mundo
– Elena de Vicente, Presidenta de la Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social (Accors)
– Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?
– Carlota Tarín, politóloga y responsable del estudio

Tendrá lugar en el Club 567, situado en la c/ Jorge Juan 15 el miércoles 20 de mayo a las 19h00”.

UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO INACEPTABLE: EL GOBIERNO DE ARAGÓN DE RUDI OFRECE ÚNICAMENTE 48 PLAZAS DE ACCESO LIBRE, EN EL ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, EN TODA LA LEGISLATURA.



Ayer se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Decreto 75/2015, de 5 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2015 en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. No está de más señalar que el Decreto publicado ayer contiene la única Oferta aprobada por este Gobierno a lo largo de toda la legislatura, pues las complementarias de 2007 y 2011 ni corresponden a una decisión propia del Gobierno –sino a requerimientos reiterados del Tribunal Superior de Justicia de Aragón- ni afectan a las plazas vacantes generadas a lo largo de la actual legislatura, pues se correspondían exclusivamente con las plazas ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2006 o 31 de diciembre de 2011. El cumplimiento de la normativa de función pública y el respeto al derecho de acceso a la función pública, a lo largo de esta legislatura, ha sido, por lo tanto, la excepción y el incumplimiento de la legalidad ha sido la norma. Pobre balance para quienes anunciaban la vuelta a la legalidad y al respeto del Derecho.

El contraste entre la parte expositiva y la parte normativa del Decreto aprobado no puede ser mayor: afirmar que la oferta de empleo público constituye un elemento imprescindible para asegurar la profesionalidad de los empleados públicos y la calidad del funcionamiento de los servicios públicos y para garantizar el derecho constitucional de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, como se afirma retóricamente en el texto del Decreto, poco o nada tiene que ver con las cifras en que se concreta la oferta de empleo aprobada, en la que se incluyen solo 48 plazas de turno libre, es decir, ofrecidas a los ciudadanos para acceso a la función pública como funcionarios de nuevo ingreso.

La política de selección de personal del Gobierno de Aragón sigue envuelta en la más absoluta opacidad. Alguien debería explicar la razón de que la tramitación del Decreto de Oferta no conste en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, y consecuentemente no dispongamos del acceso a ninguno de los documentos preceptivos para su elaboración y aprobación. Tampoco podemos hallar información fiable y válida en el Boletín estadístico de personal que confeccionan la Dirección General de la Función Pública y el Instituto Aragonés de Estadística, cuyas deficiencias de diseño y contenido lo invalidan totalmente como herramienta de información.

Volvemos a constatar el claro desequilibrio entre el número de plazas de acceso libre (48) y las reservadas a promoción interna (64), algo que no resulta en modo alguno congruente con la situación de una plantilla que cuenta con una tasa de temporalidad que se aproxima al 40% de los efectivos (según los datos del Boletín estadístico  de diciembre de 2014, de la propia Dirección General de la Función Pública). Tal situación no merece la menor reflexión en la parte expositiva del Decreto aprobado, y el “importante déficit de efectivos” que se destaca respecto a las plazas de Técnicos de Gestión General pretende afrontarse con tres plazas de promoción interna. La racionalidad y la congruencia parecen criterios ausentes en el Decreto aprobado, lo que lleva necesariamente a rechazar cualquier atisbo de funcionalidad en la Oferta aprobada para programar y ordenar las necesidades de personal de la Administración autonómica. La valoración de la inclusión de plazas de la Clase de especialidad de Interventores e Inspectores Financieros –desconectada de cualquier reordenación interna de la Intervención General, que al menos se conozca- merecerá un comentario aparte.

Con todo ello, el Gobierno de Aragón sigue actuando con una arbitrariedad impropia de un Estado de Derecho, en el que las decisiones que afectan y limitan el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos han de contar con una particular motivación, que despeje cualquier duda de lesión al mismo. Ningún documento avala las cifras de plazas de la Oferta, por lo que resulta imposible conformarse con las mismas sin renunciar a la exigibilidad del respeto a los derechos fundamentales y a la indisponibilidad de los mismos por parte de los poderes públicos. El Gobierno de Aragón sigue obligándonos a apelar a los Tribunales para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la función pública, pues ni siquiera en los márgenes establecidos por las tasas de reposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado –cuya aplicación seguimos combatiendo en el terreno político y judicial- es capaz de ofrecer la garantía sobre la corrección de sus actuaciones en materia de oferta de empleo público. Está visto que nada ha aprendido en toda esta legislatura, con el proceso de ejecución de las sentencias que anularon las Ofertas de 2007 y 2011.

Al margen del ridículo número de plazas incluido en la oferta de empleo aprobada, debemos rechazar la posibilidad que contempla el artículo 7 de la oferta de empleo público sobre el condicionamiento de la adjudicación de primer destino a la previa modificación de la relación de puestos de trabajo, pues el Gobierno de Aragón debe sujetar la oferta a los términos de las relaciones de puestos de trabajo, y no al revés. Los puestos son los que marcan las necesidades de selección de personal, y no al revés.

Por todo ello, esta Asociación habrá de valorar la procedencia de promover nuevamente un recurso judicial contra la Oferta aprobada, para evitar que se siga ignorando por el Gobierno de Aragón el derecho de acceso a la función pública que la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos en su artículo 23.2. Sin respeto a la legalidad constitucional, cualquier programa de regeneración que se formule será falaz e inconsistente.

jueves, 14 de mayo de 2015

LA NECESIDAD O URGENCIA DEL CAMBIO.



La legislatura agoniza, después de cuatro años en los que la inoperancia administrativa ha sido la nota dominante. Falta de liderazgo y de proyectos, falta de iniciativa y de compromiso han lastrado el funcionamiento de la Administración en esta legislatura que ahora concluye. La indisimulada desazón de muchos funcionarios públicos ante todo el tiempo perdido y los significativos retrocesos sufridos en materia de organización de los servicios públicos y clima laboral –degradado en muchos ámbitos por sectarismo, autoritarismo o dejación de responsabilidades- ofrece un balance inequívoco de lo que ha sido la gestión de este Gobierno autonómico, presidido por Luisa Fernanda Rudi.

Esta Asociación ha carecido de interlocución con este Gobierno, una vez producida la marcha de Mario Garcés, primer responsable del Departamento de Hacienda y Administración Pública, y único Consejero que tuvo interés en convocarnos para conocer y compartir puntos de vista sobre el horizonte posible para la Administración autonómica. Nunca sabremos, sin embargo, lo que podría haber supuesto su continuidad al frente de dicho Departamento durante la totalidad de la legislatura.

El Gobierno de Aragón de Luisa Fernanda Rudi ha sido incapaz de gestionar los recursos públicos desde el respeto a la ley y apostando por la profesionalidad de los servidores públicos. El sectarismo político ha presidido numerosas decisiones en materia de provisión de puestos de trabajo, primando afinidades partidistas y personales sobre la profesionalidad de los candidatos para desempeñar puestos de responsabilidad administrativa. El ejemplo más claro está en los contratos de alta dirección suscritos para ciertos responsables de centros asistenciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Suficientes para desmentir cualquier discurso sobre la profesionalización de la función pública, con el que hace unos años se nos presentaba la entonces candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón por el Partido Popular.

El Gobierno de Aragón ha impulsado una Ley de Transparencia al tiempo que ha ocultado a los Tribunales los datos básicos sobre puestos ocupados por funcionarios interinos para asegurar la ejecución de sentencias llamadas a restablecer el derecho fundamental de acceso a la función pública, derecho reiteradamente conculcado durante estos cuatros años en los que no se ha aprobado oferta de empleo público de administración general hasta la víspera de las elecciones. La transparencia del discurso y la ocultación de la información relevante no es sino manipulación y desprecio de la legalidad, algo que debemos rechazar con todas nuestras fuerzas.

La irresponsabilidad en el diseño de la Administración autonómica quedó claramente de manifiesto con el Proyecto de Ley de Función Pública de Aragón, con un modelo que reunía lo peor de lo que cabía imaginar, como era la arbitrariedad de la dirección política –para un mayor control de la función pública- y la demagogia de los sindicatos, con un sistema de carrera económicamente insostenible e imposible de explicar a los ciudadanos, llamados a financiarlo con sus impuestos y su merma de servicios. Una financiación cuyos costes no se llegaron a evaluar, presentándose como memoria económica un documento que resultaba bochornoso consultar. La inviabilidad del Proyecto llevó a que se dejara decaer con la disolución de la Cámara.

Hoy, tras cuatro años de Gobierno, tenemos una Administración menos estructurada y mucho menos profesional y motivada, con una autoestima seriamente afectada. La exclusiva motivación de muchos empleados públicos es la esperanza de cambio en las próximas elecciones del 24 de mayo, para que se cierren unos años de inoperancia y de sectarismo, y las instituciones y la función pública puedan recuperar el sentido de su función, puedan recobrar la esperanza de destinarse al servicio del interés general y de los ciudadanos, de manera objetiva y con respeto a las leyes. La función pública precisa recobrar el espíritu de servicio público y el respeto a sí misma, la conciencia del valor de su aportación a la convivencia y al bienestar del conjunto de los ciudadanos.

miércoles, 13 de mayo de 2015

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN DECLARA EJECUTADA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE ANULÓ LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2007.



Mediante auto de 4 de mayo de 2015, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ha acordado “declarar ejecutada la sentencia de 29 de octubre de 2010, dictada por el Tribunal Supremo, sin imposición de costas”. Con ello concluye un largo proceso judicial iniciado por esta Asociación con la impugnación, por la vía especial de protección de los derechos fundamentales, del Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público para 2007, al no incluirse en la misma la totalidad de las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos.

En un futuro próximo, cuando concluyan las restantes acciones judiciales promovidas en defensa del derecho de acceso a la función pública, será necesario recapitular la larga batalla jurídica librada por esta Asociación para reclamar el respeto del derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido a todos los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Entre los logros obtenidos en la misma, hay que destacar necesariamente el importante pronunciamiento del Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de octubre de 2010, que ahora se da por ejecutada, aunque hays sido imposible constatar la realidad de los puestos afectados por la misma, dado el oscurantismo con el que ha actuado la Administración de la Comunidad Autónoma en todo momento.

Ante la pasividad de la Administración respecto a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, fue necesario instar la ejecución forzosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, requiriendo éste, en julio de 2013, al Gobierno de Aragón para que en el plazo de seis meses aprobase un Decreto de oferta de empleo público complementaria, que incluyese todas las plazas vacantes a fecha 31 de diciembre de 2006 cubiertas por funcionarios interinos, salvo aquellas que se previese su efectiva amortización y las que estuvieran reservadas a funcionarios de carrera. Dicha Oferta complementaria se aprobó por Decreto 22/2014, de 18 de febrero, pero su contenido, vistas las alegaciones realizadas por parte de esta Asociación, se estimó insuficiente y el Tribunal requirió al Gobierno de Aragón la aprobación de una nueva oferta complementaria a fin de dar total cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo.

El segundo requerimiento judicial motivó la aprobación del Decreto 8/2015, de 27 de enero, de oferta adicional a las ofertas complementarias de empleo público de 2007 y 2011. Pese a que nuestra Asociación alegó la carencia de garantías de que dicha Oferta adicional llevara a efecto debidamente los términos de la sentencia, dada la falta de información aportada por la Administración para constatarlo, el auto dictado por el Tribunal viene a considerarla ejecutada. Llama la atención el hecho de que el auto –y las actuaciones judiciales relatadas en el mismo- ignore por completo el Decreto-ley que aprobó el Gobierno de Aragón con la pretensión de alterar el alcance de los fallos judiciales que anularon las Ofertas de 2007 y 2011, y cuyo contenido se ha visto posteriormente alterado –sin mayores consecuencias- por la oferta adicional que ha sido preciso aprobar, a requerimiento del Tribunal, al considerarse insuficiente el número de plazas incluido en las ofertas complementarias, aprobadas conforme a las cifras fijadas por el Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón.

En definitiva, las acciones judiciales promovidas por esta Asociación, que dieron lugar a la anulación de las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 –sin afectar en nada a los procesos selectivos realizados al amparo de las mismas-, han motivado la convocatoria –aún no completada- de cerca de 3.000 plazas en el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma, algo que consideramos un logro suficiente para recompensar el esfuerzo desplegado.

Debemos señalar, no obstante, que el auto judicial se refiere exclusivamente a la sentencia que afecta a la Oferta de Empleo Público de 2007, quedando pendiente el pronunciamiento relativo a la ejecución de la sentencia del propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló la Oferta de Empleo Público de 2011, y en la que esta Asociación y el Ministerio Fiscal siguen reclamando la necesaria convocatoria del conjunto de plazas del Cuerpo de Maestros que a 31 de diciembre de 2010 se hallaban ocupadas por funcionarios interinos. Confiamos en que el Tribunal obligue a la aprobación de una nueva oferta complementaria con dichas plazas de Maestros, sancionando con ello la grosera manipulación en la que han incurrido a lo largo de este proceso tanto el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte como el propio Gobierno de Aragón.

martes, 12 de mayo de 2015

UN PROCESO DE REFLEXIÓN COLECTIVA.



Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y a través de este blog, invitamos a todos los interesados en analizar y corregir las deficiencias e insuficiencias que sufre nuestra Administración a participar en la confección y debate del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración que pretendemos aprobar para su posterior remisión a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, tras las elecciones del próximo 24 de mayo, y a los integrantes del Gobierno de Aragón que resulte de dichas elecciones.

Quienes llevamos años trabajando dentro de la Administración Pública, y no por ello renunciamos a una ciudadanía activa para mejorar la calidad de nuestra democracia, deseamos formular un programa de medidas que pudieran servir para contar con unas instituciones más sólidas y más identificadas con los valores constitucionales, y disponer también de una función pública profesionalmente cualificada, plenamente comprometida con la legalidad y el interés general, orientada a la plena realización de los derechos de los ciudadanos y con una ética de servicio público que la sitúe en la vanguardia de la lucha contra la corrupción pública.

Queremos un documento en el que la experiencia acumulada y la reflexión compartida permitan sintetizar de forma clara un conjunto de propuestas dirigidas a señalar defectos que debieran corregirse con el concurso de todos –comenzando por el Estatuto de Autonomía de Aragón, cuya deficiente redacción lo convierte en una norma inadecuada para el diseño institucional de la Comunidad Autónoma y para la articulación del poder territorial dentro del conjunto estatal-, y marcar objetivos que debemos perseguir para que las instituciones y la administración pública sirvan de verdad al interés general, a la democracia y a los ciudadanos, eliminando ineficiencias y prácticas contrarias a los principios de eficacia, de profesionalidad e imparcialidad, de mérito y capacidad.

Para ello, a lo largo de las semanas próximas, procederemos a publicar en este blog las diferentes medidas que figuran en el documento que fue sometido a la consideración de la asamblea ordinaria de socios del pasado mes de marzo, y que quedó pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Junta Directiva, una vez concluidos los trabajos de elaboración. Deseamos hacer posible que dicho Documento, antes de su aprobación definitiva, sea objeto de un debate abierto, a través de este blog y de otros posibles cauces que quepa establecer para tal fin.

El Documento que resulte no solo será un conjunto de propuestas a elevar a las instituciones autonómicas –o estatales, en su caso- para su consideración, sino que constituirá a su vez el programa de acción de esta Asociación durante los próximos cuatro años. Es importante que la actividad diaria cuente con un claro programa de objetivos, en los que se concretan los principios estatutarios de la Asociación, pues principios, objetivos y acciones desarrolladas se refuerzan entre sí cuando se articulan con coherencia y con un nivel de exigencia adecuado a los valores en juego.

lunes, 11 de mayo de 2015

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: FASE DE CIERRE DEL DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE BUEN GOBIERNO Y BUENA ADMINISTRACIÓN.



En la tarde del pasado jueves 7 de mayo, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, conforme al orden del día establecido en la convocatoria y hecho público en este blog, de acuerdo con las normas de transparencia establecidas.

Tras la aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior, correspondiente a la sesión de la Junta celebrada el 21 de abril de 2015, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, realizó un breve informe de las actividades desarrolladas desde la celebración de la anterior Junta, destacando los contactos mantenidos con la candidatura autonómica de Ciudadanos Aragón y con responsables en Zaragoza del Centro de Estudios ADAMS. El primer encuentro, solicitado por la citada organización política, tenía como finalidad llevar a cabo un intercambio de ideas sobre la situación de la función pública autonómica y sobre las medidas idóneas para mejorarla. Por nuestra parte, insistimos en la necesidad de reforzar la cultura de la legalidad, mejorar el régimen de ingreso y de provisión de puestos para asegurar la profesionalidad del conjunto de la función pública e implantar mecanismos previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, para reforzar el nivel ético de los funcionarios públicos y establecer mecanismos eficaces de prevención de la corrupción pública. Les facilitamos, para su conocimiento, el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración confeccionado al inicio de la anterior legislatura, donde, salvo las necesarias actualizaciones, se contiene el principal conjunto de propuestas que plantea nuestra Asociación. El segundo de los encuentros, por su parte, iba dirigido a conocer el interés del sector de los centros de preparación de oposiciones por la posible creación de un Observatorio del Acceso al Empleo Público, destinado a realizar un seguimiento del estado de cumplimiento de las Administraciones Públicas en materia de acceso al empleo público, tanto en lo que afecta a la aprobación de las ofertas de empleo público como en la ordenación y realización de los procesos selectivos. La iniciativa fue bien recibida y quedamos pendientes de poder concretar, de mutuo acuerdo, un diseño básico del proyectado Observatorio, para plantear la idea a otros posibles interesados. El proyecto, en cualquier caso, sería de ámbito estatal y trataría de abarcar el conjunto de las Administraciones  Públicas españolas.

Asimismo, se informa de otras actuaciones realizadas, como las actuaciones realizadas en relación con la convocatoria de integración del personal del Hospital de Jaca del antiguo CASAR en la condición de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud o con el procedimiento de provisión de las plazas de Jefe/a de Secretaría de los Centros Docentes, en el que no se ha respetado el criterio de especialización marcado en la respectiva relación de puestos de trabajo. Igualmente se destaca el escrito dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, sobre la oportunidad de promover la creación de una comisión de estudio, en la que se analice la justificación y efectos ocasionados por las tasas de reposición de efectivos establecidas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a los procesos judiciales en marcha, en materia de oferta de empleo, se valora muy positivamente el respaldo otorgado a nuestras tesis por el Ministerio Fiscal en la impugnación de la oferta de empleo público de 2014 del Gobierno de Aragón, por inactividad normativa, al no haberse aprobado la correspondiente al ámbito de administración general.

Seguidamente, pasa a abordarse el principal punto del orden del día, referido al proceso de cierre del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración. Tras estimarse oportuno suspender su presentación pública en el periodo preelectoral, y convenir en la oportunidad de profundizar en numerosos de sus apartados en propuestas más novedosas y concretas –como pudiera ser la constitución de un órgano especial de garantías de los procesos selectivos-, se delibera sobre el mejor modo de concluir la versión final del Documento que se remitirá, en su momento, a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón que resulten de las elecciones del próximo 24 de mayo, así como a los máximos responsables del Gobierno de Aragón y del Departamento competente en materia de función pública, entre otros. Ha de revisarse, en la medida de lo posible, el estilo de redacción de anteriores ediciones, para hacerlo más directo y accesible para todos, y han de reforzarse aquellas líneas que supongan prioridades claras en la actividad de la Asociación, otorgando a éstas el peso correspondiente dentro del conjunto del Documento. Además, se desea propiciar un posible canal de aportaciones y de contraste de las propuestas elaboradas, sometiendo el contenido de las mismas, a lo largo de las próximas semanas, tanto al conjunto de los interesados, a través del blog, como a un conjunto seleccionado de personas cualificadas próximas a la Asociación, de quienes recabar una posible valoración del contenido de las respectivas propuestas.

El Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración debe sintetizar de manera adecuada el modelo institucional de gobierno y de gestión administrativa que propugnamos como Asociación, recogiendo en el mismo aquellas propuestas realizadas por instituciones u organizaciones especializadas –como pueden ser la OCDE o Transparencia Internacional- que deseamos hacer propias en nuestro trabajo de mejora institucional, orientado a las Administraciones Públicas españolas. Se trata de un Documento que ha de madurarse adecuadamente, y que debe ser objeto de actualización anual, como contenido propio de la asamblea que cada año celebra nuestra Asociación. Con un trabajo interno de elaboración y discusión, pero abierto al contraste externo, con todos aquellos que se hallen dispuestos a participar en este proceso en el ámbito de sus respectivas preocupaciones.

Consecuentemente, el cierre del Documento de Propuestas constituye la prioridad de la Asociación en las semanas próximas, y a ello destinaremos nuestros principales esfuerzos, sin que por ello abandonemos el resto de actuaciones de control y exigencia en materia de legalidad de la función pública.

viernes, 8 de mayo de 2015

HACIA UN OBSERVATORIO DE CONTROL DEL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO.



Las elevadas tasas de interinidad existentes en el conjunto de las Administraciones Públicas –con un escandaloso 38% de temporalidad en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, según el boletín estadístico correspondiente a diciembre de 2014-, resultado del incumplimiento por parte de las Administraciones Públicas del deber legal de aprobación de oferta anual de empleo público, y del establecimiento de límites indebidos a dicho acceso en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, obligan a impulsar medidas de seguimiento y control por parte de la sociedad civil sobre la actual realidad del derecho de acceso a la función pública.

No es posible que ante esta grave situación, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dé una respuesta como la realizada recientemente, justificando la necesidad de las tasas de reposición de efectivos para contener el gasto de personal, o que los Servicios Jurídicos del Estado dirijan sus esfuerzos no a velar por el respeto del derecho sino a eliminar aquellas ofertas de empleo público que vienen a aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público, reconociendo al mismo la lógica primacía sobre las previsiones fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Por todo ello, y como ya se consideró en la última reunión de la Junta Directiva de la Asociación, se considera oportuno impulsar junto a otras entidades interesadas en el respeto del derecho de acceso a la función pública la constitución de un Observatorio capaz de realizar un seguimiento sobre el estado del acceso al empleo público en el conjunto de las Administraciones españolas, englobando la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y la del conjunto de la entidades locales.

Creemos que ese seguimiento ha de llevarse a cabo con la elaboración de un informe anual, fruto del seguimiento realizado por los integrantes y colaboradores del Observatorio y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública –lo que debe permitir conocer y reflejar la situación del acceso al empleo público en las diferentes administraciones españolas-, y la exigencia de respeto a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público por parte de todos los responsables públicos en materia de función pública, reclamando para ello la colaboración del Defensor del Pueblo y de las instituciones autonómicas análogas, y reclamando un papel de vigilancia y aseguramiento del derecho fundamental al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El restablecimiento del ejercicio efectivo del derecho fundamental de acceso a la función pública constituye un objetivo prioritario de esta Asociación, y consideramos que tal objetivo es una pieza fundamental en cualquier programa de regeneración democrática que se pretenda impulsar. Las razones de carácter económico que se invocan para justificar la limitación de la oferta de empleo público nos parecen completamente falaces, cuando las tasas de temporalidad alcanzan cotas cada vez más injustificadas, debilitando con ello la profesionalidad y el cumplimiento de la legalidad por parte de las Administraciones Públicas, lo que redunda en menoscabo de la fortaleza del Estado de Derecho  y de la calidad de la democracia.

En los primeros contactos realizados por esta Asociación para impulsar este Observatorio hemos contado con una favorable acogida, lo que nos estimula a seguir destinando una parte importante de nuestro esfuerzo a hacer realidad este mecanismo de control y seguimiento del que creemos ha de dotarse la sociedad civil para reclamar el respeto de un derecho fundamental que no solo afecta a las expectativas laborales y profesionales de los ciudadanos sino también al vigor y calidad de nuestras instituciones, cuyo modelo meritocrático debe reforzarse notablemente.

jueves, 7 de mayo de 2015

TIEMPO DE REFLEXIÓN Y DE PROPUESTA: HACIA UN MODELO DE TRANSPARENCIA PÚBLICA EXIGENTE.



Vivimos un año eminentemente electoral, destinado a renovar las instituciones de gobierno local, autonómico y estatal, con perspectivas reales de cambios significativos en el sistema de partidos que ha imperado en las últimas décadas, sobre cuyo agotamiento o insuficiencia tanto se ha debatido desde las pasadas elecciones europeas.

Quienes, desde la sociedad civil, trabajamos por fortalecer nuestro sistema democrático consideramos todo proceso electoral como una oportunidad especial para el diálogo entre los ciudadanos y las fuerzas políticas que concurren a las elecciones, para plantear y debatir objetivos de mejora en todos aquellos aspectos que resultan determinantes para determinar la calidad democrática de un Estado o de una determinada organización institucional, como aquella de la que se han dotado las diferentes Comunidades Autónomas.

Con independencia del Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración que formulará en su momento esta Asociación, nos hacemos eco del documento elaborado por Access Info Europe –organización integrada en Coalición Pro Acceso, plataforma a la que pertenece también nuestra Asociación-, en el que se contienen un conjunto de propuestas sobre un sistema de transparencia que alcance a la gestión y funcionamiento institucional e introduzca garantías frente a los conflictos de intereses que puedan surgir en los diferentes procesos de toma de decisiones.

Reproducimos la nota hecha pública por Access Info Europe, cuyas propuestas consideraremos de cara a su posible inclusión en el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración:

“Madrid, 6 de mayo de 2015 – Hoy Access Info Europe ha presentado sus ‘Propuestas electorales para establecer un sistema de transparencia de lo público’ de cara a los comicios autonómicos y municipales del próximo 24 de mayo.

El documento contiene una serie de propuestas para avanzar en los sistemas de transparencia de España que son aplicables tanto a nivel estatal como autonómico y municipal y está estructurado en torno a tres ejes de acción:
  1. Reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. Esto conlleva medidas como la aprobación de una normativa de transparencia, establecer un sistema rápido y sencillo para tramitar solicitudes de acceso a la información, o la asunción de ciertas prácticas como el uso obligatorio de formatos abiertos.
  2. Instaurar prácticas de transparencia que aborden de forma integral el proceso de toma de decisiones por parte de los organismos públicos. Esto engloba medidas como la publicación de las agendas de los cargos públicos, su orden del día y la publicación proactiva de información clave referente a reuniones con grupos de interés externos.
  3. Asumir y llevar a cabo propuestas, tanto para administraciones como para lobbistas, que garanticen una efectiva transparencia y regulación del lobby, incluyendo medidas como la creación de un registro de lobby obligatorio, el establecimiento de controles para evitar las “puertas giratorias”, o la publicación de declaraciones de conflictos de interés de los cargos públicos.
“Es un momento clave para la democracia en España y la transparencia es uno de los elementos clave para este cambio, estas recomendaciones establecen las bases sobre las que construir un sistema completo de transparencia”, explica Victoria Anderica, investigadora y coordinadora de campañas de Access Info Europe.

Estas recomendaciones están a disposición de todos los partidos que concurran a las elecciones con el fin de impulsar su incorporación al mayor número de programas electorales posibles. Para ello, desde Access Info animamos a los ciudadanos y ciudadanas a que difundan y le hagan llegar este documento a sus candidatos y candidatas”.

miércoles, 6 de mayo de 2015

BALANCE DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS: EVALUACIÓN NECESARIA AL TÉRMINO DE CADA LEGISLATURA.



El final de legislatura supone el término del mandato del Parlamento autonómico y, consecuencia de ello, también del Gobierno salido de las elecciones, tras obtener la confianza parlamentaria a través del procedimiento de investidura de su Presidente. El final de un periodo de gobierno debiera ir acompañado de un balance objetivo de lo realizado, y del grado de cumplimiento del programa de gobierno presentado ante el Parlamento.

Una acción de gobierno no evaluada supone una falta de transparencia en la gestión pública, que impide a los ciudadanos conocer de forma objetiva el resultado de cuatro años de gestión de los diferentes servicios públicos. Ello abre la puerta a la propaganda de unos y a la descalificación de otros. No es posible que, entre ambos extremos, los ciudadanos –a los que corresponde nuevamente ejercer el derecho a voto para decidir la orientación del nuevo gobierno- carezcan de una evaluación objetiva y fiable sobre los resultados reales de la acción de gobierno, mediante una serie de indicadores establecidos para conocer el nivel de calidad de los servicios públicos al comienzo y al final de una legislatura.

No parece razonable que los cargos públicos queden sometidos a un control patrimonial –debiendo declarar bienes y actividades al comienzo de su mandato y al término del mismo-, y sin embargo no podamos contar con una evaluación del resultado de su labor de gobierno, que es lo que realmente interesa a los ciudadanos.

Dos hechos significativos ponen de relieve la ausencia de esta evaluación, que priva a los ciudadanos de datos objetivos para poder valorar a su vez la actuación del Gobierno de Aragón saliente.

En primer lugar, la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha tenido que suspender la realización de una rueda de prensa para hacer balance de sus años de gobierno, pues tal tipo de actos de balance de parte vienen expresamente prohibidos por la legislación electoral, al considerarlos propaganda gubernamental que incide indebidamente sobre el proceso electoral. Parece razonable que se eviten ese tipo actos institucionales que, en realidad, tienen un componente inequívocamente electoralista, y que en consecuencia deben remitirse a los actos de campaña electoral.

En segundo lugar, y esto parece menos razonable desde la perspectiva de los ciudadanos, el Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, ha pospuesto la presentación del informe de dicha institución sobre la gestión de varios ejercicios de la actual legislatura, para que ello no incida en el proceso electoral, tratando con ello de preservar una neutralidad política que, en las actuales circunstancias, parece justamente lo contrario. Parece que con ello se quiere ahorrar al actual Gobierno, y a los partidos políticos que lo sostienen, un conjunto de censuras a su gestión, lo que pudiera ofrecer a los ciudadanos una información objetiva sobre los modos de gestionar lo público y los resultados de dicha gestión, aunque ello se refiera básicamente al respeto de la legalidad presupuestaria.

Creemos que la Presidenta, al no poder realizar el balance que deseaba, por impedirlo la normativa electoral, debiera haber pedido a la Cámara de Cuentas que hiciera públicos sus informes sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón, para que todos los ciudadanos pudieran conocer los resultados de la acción de Gobierno. Pero no lo ha hecho, y es muy posible que haya recibido con alivio el anuncio –y regalo- realizado por el máximo responsable de la Cámara de Cuentas.

Al igual que la Ley impide hacer actos institucionales por los responsables del Gobierno para vender las bondades de su gestión, la misma Ley debiera obligar a los órganos de control a que sus informes se rindan en todo caso con carácter previo al término de la legislatura, y siempre anticipando su evaluación a la convocatoria electoral, en la que unos gestores aspiran a revalidar el voto de los ciudadanos sin que estos ciudadanos tengan acceso a una información fiable sobre la labor de gobierno desarrollada. Un Gobierno que se ufana de su política de transparencia lo primero que debiera poner a disposición de los ciudadanos y electores, ante una nueva cita electoral, es la información elaborada por los órganos institucionales de control sobre la gestión realizada. Mientras esto no suceda, la calidad de nuestra democracia seguirá estando muy lejos de lo deseable, y la transparencia de la que tanto se presume tendrá mucho más de apariencia que de realidad.

martes, 5 de mayo de 2015

EL MINISTERIO FISCAL RESPALDA LAS TESIS DE LA ASOCIACIÓN EN EL RECURSO CONTRA EL GOBIERNO DE ARAGÓN POR INACTIVIDAD, AL NO APROBAR OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN 2014 PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL.



Esta Asociación promovió el pasado mes de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un recurso judicial, por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, frente a la inactividad normativa del Gobierno de Aragón, al no aprobarse el decreto de Oferta de empleo público de 2014 correspondiente al ámbito de administración general de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dicha aprobación fue expresamente requerida al Consejero de Hacienda y Administración Pública, Javier Campoy, mediante escrito de 8 de noviembre de 2014, sin que nunca se diera respuesta al mismo. Pese al citado requerimiento, y una vez concluido el ejercicio 2014, se pudo constatar que el Gobierno de Aragón no había aprobado oferta de empleo correspondiente al ámbito de administración general, ya que en lugar de aprobar una oferta única de empleo público para 2014, se  optó por aprobar ofertas sectoriales para personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, a través de los Decretos 217/2014 y 218/2014, ambos de 16 de diciembre.

Tras la formalización del escrito de demanda por nuestra parte, ha formulado su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal, en el que se viene a respaldar la posición mantenida por esta Asociación. El Ministerio Fiscal “considera procedente que el Gobierno de Aragón debe dictar un Decreto que incluya toda la oferta de empleo público (OEP) del año 2014 correspondiente al ámbito de toda la Administración general”.

El razonamiento del Ministerio Fiscal para llegar a tal conclusión es un simple silogismo, en el que el Estatuto Básico del Empleado Público constituye la premisa mayor, al fijarse la obligación de aprobar oferta anual de empleo público en su artículo 70, en la que necesariamente han de incluirse todos los puestos vacantes ocupados por interinos, como señala el artículo 10.4 del EBEP. Dichos preceptos se ven reforzados, en el escrito de alegaciones, por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 del Gobierno de Aragón, al no incluir la totalidad de plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, incurriendo con tal omisión en vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública  reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.

Particular interés tiene la transcripción que se realiza en las alegaciones formuladas de uno de los principales razonamientos contenidos en la sentencia del Tribunal Supremo: “Tampoco cabe alegar motivos económicos y de autoorganización, pues las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos. En consecuencia, lo que no puede alegarse es el incumplimiento de la ley, cuando es clara y precisa, en desarrollo precisamente del derecho fundamental alegado por los recurrentes”.

Corresponde valorar muy positivamente el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, cuya intervención es obligatorio en todos los procesos de protección de derechos fundamentales, para actuar en defensa del derecho fundamental afectado, así como la invocación realizada a la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, en la que por primera y única vez –pese a la expresa oposición del sindicato Comisiones Obreras- el Alto Tribunal ha dado un inequívoco espaldarazo al derecho de acceso a la función pública y ha señalado la obligación de las Administraciones de ajustar la aprobación de la oferta de empleo público a lo señalado en el Estatuto Básico del Empleado Público, sin que frente a sus previsiones pueda alegarse “el incumplimiento de la ley”.

Confiamos en que el Tribunal dé por buenas nuestras razones y las señaladas por el Ministerio Fiscal.

lunes, 4 de mayo de 2015

¿HABRÁ OFERTA DE EMPLEO PARA 2015?: ¿PORQUE LO EXIGE LA LEY O PORQUE LO DECIDE EL GOBIERNO?



Todo parece indicar que el Gobierno de Aragón aprobará en sus últimas semanas de legislatura una Oferta de Empleo Público, demostrando con ello que la ausencia de aprobación en los ejercicios anteriores –que no puede ocultarse tras las cifras de las ofertas complementarias de 2007 y 2011- era estricto resultado de una falta clara de voluntad de cumplir las normas y respetar los derechos de los ciudadanos para acceder a la función pública.

Desconocemos los datos reales de dicha oferta -más allá de la información aparecida en los medios de comunicación, o divulgada por alguna organización sindical, dispuesta a defender ahora posiciones contrarias a las sostenidas en el pasado, pero siempre es bueno evolucionar hacia la defensa de la legalidad-, y ello es resultado de la deficiente transparencia que existe en materia de información sobre empleo público. Desconocemos los datos de vacantes sobrevenidas a lo largo de 2014 y del número total de vacantes ocupadas por funcionarios interinos, que conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público debieran incluirse en la oferta de empleo público. Tal nivel de opacidad nos parece incompatible con el nivel de respeto que requiere un derecho fundamental de los ciudadanos, y debemos ponerlo públicamente de manifiesto.

Otra posibilidad que se comenta en tales informaciones es la inclusión en Oferta, por vez primera, de plazas de la Clase de especialidad Interventores e Inspectores Financieros, lo que supondría un paso importante, si se realiza con las garantías suficientes, para reforzar la profesionalización de la Intervención General, pues carece de sentido que las funciones de los puestos principales de dicho órgano de control interno se hallen ocupadas, en su mayor parte, por personal no especializado, cuyo acceso a los puestos no requiere acreditar además ninguna formación específica en materia de fiscalización y control del gasto público. Es posible que la puesta en marcha en la presente legislatura de la Cámara de Cuentas haya hecho insostenible el mantenimiento de la situación existente en la Intervención General.

Es cierto que las tasas de reposición aplicables en 2015 son más amplias que en años pasados –al haberse elevado del 10% al 50% de las vacantes producidas durante el ejercicio, no sabemos si por razones objetivas o estrictamente electorales-, pero nuestra Asociación sigue rechazando la aplicación de dicha técnica de limitación del acceso al empleo público, totalmente ajena al modelo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Estamos esperando precisamente que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso promovido contra la Oferta de Empleo Público de 2014 en la Administración General del Estado, en la que el motivo de impugnación fundamental es la inadecuación constitucional de las tasas de reposición establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La posible aprobación de una Oferta de Empleo Público en 2015 para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón –cuando no la ha habido en 2012, 2013 y 2014- puede considerarse una buena noticia, pero sobre todo debe contemplarse como una  muestra de la arbitrariedad administrativa del actual Gobierno de Aragón, que aprueba o no aprueba oferta conforme a su estricta voluntad, al margen de toda sujeción a la legalidad y todo compromiso con los derechos de los ciudadanos. Esa falta de compromiso es la misma que le lleva a aprobar una oferta cuyos datos relevantes para su elaboración carecen de la imprescindible publicidad para determinar la corrección o no de la misma.

El respeto al Estado de Derecho no solo exige la adopción de ciertas decisiones, sino que impone las condiciones básicas en las que tales decisiones deben ser adoptadas. Creemos que seguimos estando muy lejos del obligado respeto al derecho de acceso a la función pública, aunque su vulneración pueda ser unos años menor que otros.

viernes, 1 de mayo de 2015

CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA : 7 DE MAYO.



De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General de la Asociación, y con el fin de posibilitar la máxima participación de los socios en los debates de sus órganos directivos, la celebración de las reuniones de la Junta Directiva se hallan abiertas a la participación de todos los socios que deseen asistir a las mismas, en las que podrán participar con voz pero sin voto en el debate de los diferentes puntos del orden del día propuesto.

Además, y con el fin de asegurar la máxima transparencia en la actividad de la Asociación, de cara al conjunto de sus socios y de la ciudadanía en general, las convocatorias de la Junta Directiva son objeto de publicación en el blog de la Asociación, permitiendo con ello no sólo el conocimiento general de los asuntos a tratar, sino también la aportación de ideas y comentarios a los puntos incluidos en el orden del día, enriqueciendo con ello el debate interno de la Junta Directiva.

En consecuencia, se procede a la convocatoria de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación, correspondiente al jueves 7 de mayo


CONVOCATORIA:


De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de los Estatutos, se convoca reunión de la Junta Directiva, a celebrar el próximo día 7 de mayo, a partir de las 19:30 horas, en los locales de la Junta Municipal Centro, sitos en la C/ Hernán Cortés, 33, proponiéndose el siguiente

Orden del día:

  1. Aprobación, si procede, del orden del día.
  2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
  3. Informe de actividad por parte del Presidente.
  4. Proceso de cierre y presentación del Documento de propuestas de buen gobierno y buena administración.
  5. Ruegos y preguntas.




Zaragoza, 30 de abril de 2015
El PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
Julio Guiral Pelegrín