LA NECESIDAD DE PRIORIZAR.

A esta Asociación le gustaría estar en condiciones de desplegar todas las iniciativas que se contienen en su Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, e interponer el conjunto de acciones judiciales que requiere una exigente defensa del derecho de acceso a la función pública y de otras tantas previsiones legales reiteradamente incumplidas por la Administración, pero hemos de ajustarnos necesariamente a nuestra limitaciones, que son de diferentes órdenes.

Tenemos una capacidad limitada que viene impuesta por el reducido número de socios, es decir, por el escaso número de funcionarios públicos dispuestos a participar en el seguimiento y control de la legalidad administrativa –más allá de la puntual crítica carente de trascendencia efectiva-, que en estos momentos nos hace suponer el uno por mil de la plantilla de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es evidente que lo realizado y lo logrado está muy por encima de nuestra significación numérica dentro del colectivo total de empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

A dicha debilidad, derivada del reducido número de socios, se añade la falta de recursos económicos para acometer todas aquellas acciones judiciales que requeriría la defensa de la legalidad en materia de función pública. Por ello, nos hemos visto obligados a concentrar la interposición de recursos judiciales en el tema del derecho de acceso y la aprobación de las ofertas de empleo público. Y aun dentro de este ámbito, no podemos promover todos los recursos que desearíamos, pues las tasas judiciales, honorarios de profesionales y, en su caso, imposición de costas judiciales, resultan extraordinariamente gravosas para nuestros limitados recursos.

Por tal motivo, y a nuestro pesar, no podremos recurrir la reciente sentencia recaída sobre la caducidad de las ofertas de empleo público del Ayuntamiento de Zaragoza, posteriores a 2007, a pesar de estar convencidos de la improcedencia de tal pronunciamiento judicial, por entender que el ejercicio de un derecho fundamental no puede verse suprimido por la inactividad administrativa y el incumplimiento de los plazos legales establecidos.

Debemos centrarnos exclusivamente en aquello que nos parece esencial, y por ello proseguiremos centrando nuestro esfuerzo judicial en la impugnación de las ofertas de empleo público aprobadas por el Gobierno de Aragón, tratando de consolidar con ello la línea jurisprudencial establecida hasta el momento por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la necesidad de incluir en las ofertas anuales la totalidad de los puestos ocupados por funcionarios interinos.

Pero los recursos económicos limitados no pueden justificar la desatención a los restantes temas de la función pública ni a las restantes propuestas dirigidas a procurar una regeneración institucional inaplazable, por lo que acudiremos para ello a todos aquellos mecanismos que el ordenamiento jurídico prevé para canalizar propuestas, peticiones, requerimientos de acción, sin descartar ninguno de ellos, pues es evidente que la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de responsables políticos no puede reducirse a un mero debate de legalidad sobre actos o disposiciones aprobadas, sino que ha de trascender a la exigencia de responsabilidades políticas y, si fuera preciso, penales.

Aquellos responsables políticos que han dejado sin garantía ni efectividad el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos han de asumir, más allá del cuestionamiento objetivo de los respectivos actos administrativos adoptados, la responsabilidad personal que se deriva de sus actuaciones, como exigen los más elementales estándares de buen gobierno.

La estrategia a seguir, para compensar nuestra limitación de recursos, ha de concretarse en la priorización de nuestras iniciativas, pero también en la utilización de todos los resortes institucionales llamados a procurar la defensa de la legalidad constitucional y administrativa, entre los cuales no podemos descartar al Ministerio Fiscal.