La elaboración de leyes para ordenar
áreas de la vida social o establecer el régimen aplicable a sectores de la acción
pública solo tiene sentido si se hace en un contexto en el que las normas
jurídicas cuentan con el debido respeto y cumplimiento, tanto por los poderes
públicos como por los ciudadanos. No es ese el caso de la normativa de función
pública en la Comunidad Autónoma
de Aragón, en el que los incumplimientos por parte del Gobierno de Aragón, del
Departamento de Hacienda y Administración Pública y de la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios son numerosos y reiterados, hasta el punto de que la
arbitrariedad administrativa ha pasado a ser la norma imperante en la materia.
En tal contexto, y constatada la
reiterada vulneración por parte de la Administración de todos los derechos ejercidos
por esta Asociación, ya sea el derecho fundamental de petición o el derecho de
acceso a la información pública, por no hablar de la actitud de oposición al
derecho de acceso a la función pública que revela la impugnación de las
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con las
ofertas de 2014 y 2015, nada justifica que esta Asociación traslade al Gobierno
de Aragón ninguna de sus valoraciones sobre el Anteproyecto de Ley de Función Pública
de Aragón, cuyo modelo seguimos rechazando en su conjunto, al margen de
considerar que unos responsables políticos que no respetan las normas vigentes
carecen de credibilidad para elaborar nuevas propuestas legales que, con casi
total seguridad, volverán a aplicar de la misma manera arbitraria que aplican
las actuales.
No por cambiar de ley se cambia de
estilo de gobernar, y cuando se gobierna sin respetar las normas, carece de
sentido estudiar propuestas de cambio legislativo. La recuperación de la
cultura de la legalidad es una prioridad, y el empeño del actual Gobierno de
Aragón antes de elaborar cualquier propuesta de cambio normativo debiera ser la
de acreditar su respeto a la ley aplicando las normas vigentes, empezando por
garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos en
relación con la función pública.
Nuestro rechazo a la actual situación y
al modelo de función pública que se contiene en el Anteproyecto de Ley
elaborado por el Departamento de Hacienda y Administración Pública –con el que
no ha existido la menor interlocución en la presente legislatura- lo
trasladaremos, debidamente razonado a los Grupos Parlamentarios de las Cortes
de Aragón, para que, si lo estiman oportuno, lo puedan considerar en la
tramitación parlamentaria del texto.
Se reproduce a continuación el
contenido íntegro de la respuesta remitida al Director General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios:
“Ilmo.
Sr. Director General de la Función Pública
y Calidad de los
Servicios
Departamento
de Hacienda y Administración Pública
Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36.
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 26 de mayo de 2016.
Estimado señor:
Con el agradecimiento expreso
por habernos invitado a realizar aportaciones al texto del Anteproyecto de Ley
de la Función Pública
de Aragón, elaborado por esa Dirección General, deseo comunicarle nuestra
decisión de declinar dicha invitación, acordada por la Junta Directiva de nuestra
Asociación el pasado 27 de abril de 2016.
Al margen de las razones
que pudiéramos expresarle para sostener la disconformidad sustancial con el
modelo de función pública que se contiene en el citado Anteproyecto de Ley –sin
perjuicio de concretas mejoras en relación con la situación actual-, el motivo
principal de declinar su ofrecimiento es nuestro convencimiento sobre la
insuficiencia que supone abordar la actual situación de la función pública
autonómica mediante la elaboración de un proyecto de ley, al tiempo que se
mantienen todas las malas prácticas e incumplimientos normativos que esta
Asociación ha venido señalando en los últimos años.
La decisión del Gobierno
de Aragón de promover recurso de casación contra las recientes sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón contrarias a las Ofertas de Empleo
Público de 2014 y 2015, aprobadas por el Gobierno de Aragón, al considerar que
lesionan el derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos, así como
la falta de respuesta a todas las solicitudes formuladas por esta Asociación al
Departamento de Hacienda y Administración Pública en materias propias de
función pública, tanto en ejercicio del derecho fundamental de petición como de
acceso a la información pública, resultan suficientemente elocuentes sobre la
falta de voluntad por parte de ese Departamento y esa Dirección General para
avanzar hacia una función pública profesional e imparcial, respetuosa de la
legalidad y de los derechos de los ciudadanos.
Esta Asociación no puede
dejar de manifestar su opinión sobre una decisión tan relevante para el futuro
de la función pública autonómica como es el Anteproyecto de Ley elaborado, por
el que se pretende dar desarrollo al Estatuto Básico de la Función Pública, tras casi diez
años de su aprobación. Pero nuestras aportaciones y consideraciones sobre el
texto definitivo que pueda aprobar el Gobierno de Aragón las remitiremos a los
Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, por considerarlos los actores
decisivos en el debate político que merece una norma de la relevancia de la
elaborada. Su condición de representantes de la ciudadanía y expresión del
pluralismo de la sociedad los convierte en interlocutores privilegiados para
esta Asociación, que se considera parte integrante de la sociedad civil,
crítica y plural por definición.
Nuestra voluntad de
colaboración y diálogo con el Departamento de Hacienda y Administración Pública
habrá de esperar mientras éste persista en los incumplimientos de la legalidad
y en la vulneración de derechos que como Asociación venimos constatando desde
el inicio de la actual legislatura.
Agradeciendo
su atención, reciba un atento saludo.
Julio
Guiral Pelegrín. Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función
Pública Aragonesa”
5 comentarios:
Ni se inmutarán
Buena respuesta la dada.
Me parece muy bien ya que la actuación de este Gobierno en materia de función pública es igual o peor que el de la anterior legislatura.
Nombrados los miembros del Consejo de Transparencia de Aragón. BOA de 30/05/2016
Todo sigue igual. Por cierto los miembros del Consejo también serán amiguitos. Nos toman el pelo. Constituyen un Consejo de Transparencia y, nombran a sus miembros en base a que? A ser amigos, parientes................Además ya veremos para que sirve ese Consejo, fundamentalmente para colocar a mas conocidos y simpatizantes
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