REPRESENTACIÓN, LEGITIMIDAD Y GOBIERNO: LAS TRES FUNCIONES DE UNAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS.

Las elecciones celebradas ayer, tras un año intenso de procesos electorales y una permanente campaña del conjunto de las fuerzas políticas –tanto tradicionales como emergentes-, abren un horizonte de novedad e incertidumbre, pues se produce una inédita fragmentación del mapa político español, con dificultades evidentes para obtener combinaciones que posibiliten un programa de gobierno coherente y un ejecutivo estable capaz de ejecutarlo.

Quienes pretenden modificar el sistema electoral que se ha venido aplicando desde el inicio de nuestra actual etapa democrática, para que las Cortes Generales sean el fiel reflejo de la pluralidad de la sociedad, tal vez olvidan que un buen sistema electoral ha de obtener tres objetivos básicos, como son el garantizar la representación de los ciudadanos en la institución parlamentaria, el dotar de legitimidad a las mismas –al responder a la libre voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas- y, en último lugar, pero no por ello menos importante, el posibilitar la formación de un gobierno que obtenga la confianza parlamentaria suficiente a través del proceso de investidura de su presidente.

Las elecciones de ayer, 20 de diciembre, renuevan la representación y legitimidad de las Cortes Generales, como órgano de representación del pueblo español –tal y como indica el artículo 66 de la Constitución Española-, pero asimismo han de permitir el surgimiento de un nuevo Gobierno que cuente con los apoyos parlamentarios suficientes para el desarrollo de su programa político. Eso es lo que, en estos momentos, nadie parece vislumbrar a la vista de la actual composición del Congreso de los Diputados, única cámara legislativa que interviene en el proceso de investidura del Presidente del Gobierno.

Los acuerdos básicos sobre el modelo constitucional no parecen regirse en estos momentos por el criterio diferenciador de derecha e izquierda, pues una y otra han sido capaces de gobernar dentro del actual marco constitucional. Son otras fuerzas políticas –emergentes o periféricas- las que parecen demandar unas nuevas reglas del juego democrático, como si la voluntad ciudadana careciera de límites –posibilitando, incluso, la disponibilidad de la unidad de España mediante consultas populares-, olvidando acaso que la norma constitucional ha de ser el resultado de un amplio consenso político y ciudadano, del que nadie debe ser excluido, y cuyo pluralismo y apertura ha de permitir el gobierno de las diferentes tendencias políticas, como ha venido sucediendo desde 1978, sin el cuestionamiento de aquellos principios mayoritariamente asumidos y compartidos por la sociedad.

Ni lo viejo es malo por ser viejo ni lo nuevo es bueno por el simple hecho de ser nuevo. La bondad de las políticas hay que juzgarlas no por quién las propugna sino por su contenido, su racionalidad y, sobre todo, por su carácter inclusivo e integrador. Una ciudadanía exigente ha de ejercer el control del poder político frente al conjunto de las fuerzas políticas y frente a todos los responsables públicos. La confianza del voto ha de venir acompañada por la desconfianza que exige transparencia, control y rendición de cuentas. Nadie tiene patente de corso ni es de recibo un discurso maniqueo sobre lo nuevo y lo viejo, lo malo y lo bueno. La libertad de los ciudadanos y el pluralismo ideológico de la sociedad no pueden ser víctimas de semejante modo de razonar, esquemático y tramposo.

La democracia española ni nació ni renació ayer. Simplemente se reafirmó en una nueva jornada electoral. Sus cimientos están en la Transición y en la Constitución Española de 1978. Los logros del actual Estado social y democrático de Derecho –que no es posible subestimar- son la suma del trabajo conjunto de los ciudadanos, instituciones y fuerzas políticas y sociales que han permitido el largo recorrido democrático de las últimas décadas, enormemente fecundo para nuestro país. Lo más importante en estos momentos es que entre todos seamos capaces de seguir por el camino adecuado, para profundizar en nuestra libertad y en nuestro bienestar, sin falsos espejismos y sin consignas impropias de una democracia madura y exigente.