viernes, 11 de diciembre de 2015

ALIARSE CON LA CONSTITUCIÓN PARA REFORZAR NUESTRA CONDICIÓN DE CIUDADANOS.



En la última semana hemos tenido la posibilidad de conmemorar, como cada año, tres fechas destacadas con una clara vinculación entre sí, como son el Día de la Constitución (6 de diciembre), el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre) y el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre).

Las tres fechas constituyen una celebración y una reivindicación de un conjunto de normas, principios y compromisos que tienen que ver con la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, el respeto a la dignidad humana y el compromiso de integridad por parte de los poderes públicos y las entidades privadas, a partir de una ética pública compartida por los ciudadanos y promovida a nivel internacional por parte de Naciones Unidas.

La norma constitucional –más allá de los debates sobre su posible o necesaria reforma- sigue siendo la norma que preside nuestra vida política, estableciendo los derechos que corresponden a los ciudadanos y ordenando las instituciones y poderes públicos para su promoción y salvaguarda. A través de ella, los derechos humanos se transforman en derechos fundamentales, disponibles para los ciudadanos e indisponibles para los poderes públicos.

Las normas –y la Constitución es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico- se robustecen con su aplicación y su exigencia. Los ciudadanos no pueden olvidarse del proyecto ético y transformador que representan los valores –libertad, igualdad, justicia- y normas constitucionales, y debemos velar de manera constante –sin delegar dicha tarea en las instituciones- por su vigencia plena y por su máximo desarrollo, asumiendo para ello el rol de ciudadanos activos, conscientes de nuestros derechos y celosos en el cumplimiento de nuestras obligaciones, pues los derechos fundamentales de los otros nos imponen, para su realización y respeto, un conjunto de obligaciones que hacen posible su efectivo desarrollo.

El respeto a la dignidad de las personas –de todas y cada una de ellas, sin distinción posible- no incumbe exclusivamente a las instituciones o poderes públicos sino que concierne a todos, como obligación básica derivada de nuestra norma constitucional. Los derechos fundamentales cimentan la convivencia social y los valores democráticos en el conjunto de los ámbitos en los que desarrollamos nuestras vidas (el espacio público, el mundo del trabajo, la vida personal, los centros educativos, la familia, etc).

Los derechos fundamentales irradian su efectividad en todos los terrenos –no hay espacio alguno exento de la obligación de respeto que impone la Constitución- y han de tener su reflejo en todos los sectores de nuestro ordenamiento y en todos los niveles institucionales de gobierno y administración.

Para que nuestra condición de ciudadanos no sufra menoscabo, en su dimensión civil, política y social, debemos mantener y reforzar nuestra alianza con la Constitución, como norma que nos ampara frente al abuso de poder y frente a actuaciones lesivas y contrarias a nuestros derechos por parte de entidades privadas y particulares. Nuestra condición de ciudadanos, como miembros de pleno derecho de nuestra comunidad política, como ciudadanos españoles, viene reconocida y asegurada por la Constitución, y de ella y de su desarrollo y fortaleza depende la integridad de nuestros derechos y de nuestra dignidad. Fortaleciendo la Constitución fortalecemos nuestra ciudadanía, y debilitando su respeto y su prestigio degradamos nuestra ciudadanía.

Como Asociación hemos tenido siempre claro que nuestra principal aliada ha sido la norma constitucional, y hemos dirigido a las instituciones nuestras sugerencias al amparo del derecho fundamental de petición y reclamado la aprobación de oferta de empleo público desde la reivindicación del derecho fundamental de acceso a la función pública, consiguiendo con ello el amparo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en algunas de nuestras pretensiones. Los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública que deseamos promover en el seno de las Administraciones Públicas son también contenidos propios de nuestra norma constitucional, cuyo respeto resulta exigible para el conjunto de los poderes públicos. Exigir dicho respeto, desde nuestra posición de titulares de derechos constitucionales, creemos que es la mejor manera de celebrar nuestra Constitución todos los días del año, contribuyendo con ello a prevenir la corrupción –con la consiguiente degradación de nuestra democracia- y a reforzar los derechos humanos, como horizonte ético compartido por toda la humanidad.