TIEMPO DE INTERESES.

Es imposible entender la realidad presente sin contar con el hecho de que vivimos un prolongado tiempo electoral, en el que buena parte de las acciones y de las inacciones de unos y otros –para evitar reacciones posibles de los electores- se guían exclusivamente por el sentido de la oportunidad política, cuando no del estricto oportunismo. La anticipada tramitación de los Presupuestos Generales del Estado –cuyas cifras ya han sido puestas en cuestión por la Comisión Europea, por su carencia de realismo-, y la tardía elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma –por la precaria situación financiera y por el pulso que pueden echar al Gobierno las fuerzas políticas que auparon al actual Presidente-, son claro ejemplo de ello.

Dos discursos, claramente contrapuestos, presentan la situación económica del país en un proceso de sólida recuperación –aunque las amenazas del contexto mundial son cada vez más evidentes-, al tiempo que la situación económica de la Administración de la Comunidad Autónoma resulta tan precaria –y descontrolada- que apenas deja margen de maniobra al conjunto de los Departamentos. ¿Cómo compaginar ambos discursos y  admitir lo que hay de cierto en las realidades a que responden?

El compromiso con la realidad –aceptarla para luego modificarla- es la primera exigencia de cualquier política pública, y desde luego es el punto de partida obligado en la confección de la política presupuestaria de un Gobierno. Conocer los recursos disponibles y priorizar el gasto público es la decisión principal de todo Gobierno, y el más elemental ejercicio de responsabilidad ante los ciudadanos.

En este contexto, el Gobierno de Rajoy ha pretendido restablecer ciertos derechos de los empleados públicos que la crisis económica del país obligó a recortar o minorar. No se trató de un “robo”, como tantas veces han señalado los sindicatos de la función pública, haciendo gala de una dialéctica que en nada contribuye a la racionalización del sector público ni a su legitimación social ante el conjunto de la ciudadanía. Los sacrificios que imponen situaciones excepcionales hay que asumirlos como tales, como muestra de solidaridad y aportación a la superación de las dificultades. Ahora cabe preguntarse si la situación ha mejorado lo suficiente para que esa aportación impuesta a los empleados públicos sea enteramente repuesta con anterioridad a la cita electoral del mes de diciembre. Creo que todos somos conscientes de que esas circunstancias no existen.

El valor que corresponde a la función pública en el funcionamiento institucional de un país es muy elevado, y las condiciones laborales de los servidores públicos –incluidas sus retribuciones- han de ser acordes con la relevancia de la función que desarrollan. En nada favorece a una adecuada ordenación de tales condiciones la adopción de medidas en clave electoralista por parte del Gobierno –rompiendo el carácter básico que corresponde a ciertos conceptos retributivos, y generando trato desigual en el conjunto de las Administraciones-, y en nada favorece a la imagen social de los funcionarios públicos el anteponer reivindicaciones retributivas a otros gastos de mayor urgencia social, cuya atención se ve comprometida por la mala situación de las cuentas autonómicas.

Si la Administración es un medio y no un fin –pues el único fin que la justifica es el servicio al interés general-, alguien deberá señalar que en este tiempo de intereses –exacerbados por unos y otros- lo que no puede quedar ignorado o eclipsado es precisamente el interés general, dentro del cual ha de incluirse el buen funcionamiento de los servicios públicos y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. A partir de las exigencias que impone el interés general, habrá que modular el resto de intereses particulares, incluidos los de los empleados públicos.