LA ADMINISTRACIÓN AGUARDA LA FORMACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO, Y SUS INEVITABLES REPERCUSIONES.

Hoy comienza en las Cortes de Aragón el debate de investidura con la presentación de su programa por parte del candidato a Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Mañana se producirán las intervenciones de los diferentes Grupos Parlamentarios y se votará la confianza al candidato. “Para ser elegido, el candidato deberá, en primera votación, obtener mayoría absoluta; de no obtenerla, se procederá a una nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera la mayoría simple”, señala el precepto del Estatuto. Salvo sorpresas imprevistas, el candidato a Presidente cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para alcanzar la investidura en una primera votación, con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara.

Elegido el Presidente del Gobierno de Aragón, cuyo nombramiento corresponde al Rey, su primera decisión ha de ser determinar la composición de los Departamentos del Gobierno de Aragón –con la determinación de sus respectivas competencias- y nombrar a los Consejeros titulares de cada uno de dichos Departamentos. De acuerdo con las informaciones difundidas, la composición del nuevo Gobierno de Aragón se determinará el próximo lunes 6 de julio.

Una vez nombrados los titulares de los diferentes Departamentos, queda constituido el Gobierno de Aragón, debiéndose proceder a la determinación de la estructura orgánica básica –órganos directivos- de los Departamentos –cambios organizativos que debieran minimizarse lo más posible, para permitir una consolidación de las estructuras administrativas que favorezca el impulso de proyectos y la gestión de políticas que excedan la duración de una legislatura-, siendo previsible el relevo generalizado de los altos cargos de la Administración autonómica, atendiendo a criterios esencialmente políticos.

Con ello volvemos a constatar la ausencia de una función directiva profesional capaz de cumplir su labor con independencia del signo político del Gobierno.

Los cambios previsiblemente no quedarán ahí, sino que los nuevos altos cargos alegarán la necesidad de contar con equipos profesionales de su confianza –para lo cual tienen abierta la posibilidad de remover a aquellos jefes de servicio de los que deseen prescindir, pues el sistema de provisión de puestos está diseñado para que todos los jefes de servicio sean de quita y pon, a voluntad del director general correspondiente-, y veremos bailes de nombres –con funcionarios afines a unos y otros, sin que la predicada imparcialidad de los funcionarios públicos sea invocada por nadie, y sin que nadie quiera poner remedio a esta promoción profesional por razones de estricta confianza política-, y nuevamente veremos funcionarios cesados –que se sumarán a los altos cargos que vuelven al “servicio activo”, con dificultades de incardinación en puestos con verdadero contenido-, incrementando la disfunción organizativa y estructural que genera el uso y abuso de la libre designación.

Esta Asociación estará atenta al impacto del cambio de Gobierno en las estructuras administrativas y en la función pública, reclamando desde el primer día avances en la profesionalización de los máximos puestos de responsabilidad administrativa, y evitando que funcionarios de cualquier tipo queden aparcados en puestos sin contenido, sufriendo un daño indebido que implica, a la vez, un despilfarro injustificable para la Administración.