LA PRIORIDAD DEBE SER RESTABLECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD.

Abundan por doquier propuestas de todo tipo para la mejora de la calidad democrática y para la regeneración política, en las que se pone el acento en el modelo electoral o en el funcionamiento transparente de las diferentes instituciones, para hacer posible una mayor capacidad de influencia de los electores en la elección de los cargos públicos y permitir una efectiva fiscalización de la acción pública por el conjunto de los ciudadanos.

Es cierto que un poder democrático es un poder limitado y sometido a control, y los posibles avances en materia de transparencia y calidad no son solo convenientes sino imprescindibles para restaurar la credibilidad de muchas instituciones públicas. Pero en nuestra opinión, y no nos cansamos de insistir en ello, la verdadera prioridad para devolver su vigor a la vida colectiva y asegurar la plena convivencia, avanzando en el doble objetivo de sociedad decente y sociedad civilizada, es el restablecimiento efectivo del principio de legalidad, es decir, el respeto al Estado de Derecho como seña de identidad de nuestro modelo constitucional.

No hay sociedad que pueda sobrevivir en un clima de inseguridad jurídica y de arbitrariedad administrativa, cuando las leyes son objeto de desdén por un buen número de responsables políticos, funcionarios y ciudadanos, olvidando todos ellos que el sometimiento al principio de legalidad –es decir, el respeto a la ley y a los derechos de los demás- es una condición necesaria para mantener el orden político y la paz social, lo que vendría a ser sinónimo de convivencia democrática.

Por ello, debe insistirse –y nosotros no dejamos de hacerlo- en el valor imprescindible de reforzar la cultura de la legalidad, tanto en el seno de las instituciones públicas –muy especialmente, en las Administraciones Públicas- como en el conjunto de la sociedad, en alguno de cuyos ámbitos aún se tiene a gala la burla de las normas y el incumplimiento de los deberes básicos de solidaridad y del respeto a lo que es patrimonio de todos.

Es cierto que los conflictos jurídicos, por la diferente interpretación del alcance de las normas, resultan en muchos casos inevitables, pero lo que no es aceptable –y es claro signo de falta de calidad democrática- es que los poderes públicos desatiendan sus obligaciones legales y adopten decisiones claramente contrarias al ordenamiento jurídico, con la consiguiente lesión a los derechos que dichas normas protegen.

Por ello, y más en los actuales momentos en los que hay cargos públicos que parecen considerar como signo de progreso la desobediencia a las leyes, nuestra prioridad como servidores públicos y ciudadanos sigue siendo la de velar por el respeto de las leyes, señalando sus incumplimientos y reclamando su observancia, pues no es posible avanzar en ningún objetivo de justicia y de libertad por la vía de la vulneración de las reglas del Estado de Derecho, justamente establecidas para asegurar la libertad y los derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos del poder, incluido el elegido democráticamente.