En estos primeros días de enero de 2011, hemos recibido -después de, al parecer, diferentes intentos fallidos de notificación- la respuesta dada por el entonces Ministerio de Política Territorial a nuestra petición de control de constitucionalidad sobre la previsión del artículo 19.2 de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, al entender que dicho precepto –al posibilitar la percepción por funcionarios públicos de retribuciones básicas superiores a las propias de su grupo de titulación- vulneraba la legislación básica estatal en materia de retribuciones de los funcionarios públicos.
El pasado mes de febrero de 2010, en ejercicio del derecho fundamental de petición, nos dirigimos a diferentes instituciones del Estado, como son el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal de Cuentas y los Ministerios de la Presidencia, de Economía y Hacienda y de Justicia, con dicha petición. Las respuestas dadas desde los Ministerios de Presidencia y de Economía y Hacienda, así como desde la Comisión de Peticiones del Senado, prácticamente coincidentes, se limitaban a comunicarnos que tal petición se había trasladado al Ministerio de Política Territorial por entender que el asunto correspondía a su competencia.
Pues bien, de acuerdo con la notificación ahora practicada, el entonces Ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, resolvió, con fecha 26 de marzo de 2010, desestimar la petición formulada por esta Asociación, al considerar la ausencia de razones suficientes para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010.
Si bien hemos de reconocer el hecho positivo de que el escrito de petición de esta Asociación haya obtenido la respuesta motivada que exige la Ley reguladora del derecho de petición, no podemos compartir en modo alguno las razones esgrimidas en la misma para desestimar la petición, toda vez que la petición no giraba sobre la legalidad de la "promoción interna temporal" arbitrada en el régimen de provisión de puestos de trabajo de la Administración autonómica -cuestión que se haya pendiente de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón-, sino sobre la previsión de la citada Ley de Presupuestos sobre percepción de retribuciones básicas superiores a las del grupo de pertenencia del funcionario "promovido", vulnerando con ello la definición y naturaleza propia que se da a tales retribuciones en la legislación estatal.
Cuesta creer que la respuesta ofrecida por el Ministro de Política Territorial sobre la cuestión no contenga alusión alguna a la definición y naturaleza que corresponde a las "retribuciones básicas" -concreta cuestión a la que se refería la petición de control de constitucionalidad planteada-, y que, sin razonar el distinto alcance de los conceptos retributivos en juego, en la misma se afirme que la no percepción de retribuciones superiores "supondría un enriquecimiento injusto..., al retribuir el ejercicio de unas funciones con cantidad inferior a la que corresponde".
¿Cómo es posible calificar de enriquecimiento injusto el abono de retribuciones conforme a lo legalmente establecido? ¿En qué está defraudando la Administración a un funcionario si le abona las retribuciones básicas que le corresponden por su grupo de pertenencia? ¿No es precisamente enriquecimiento injusto, por parte del funcionario, propiciado precisamente por la norma presupuestaria aragonesa, el percibir cuantías diferentes a las señaladas en el modelo retributivo fijado por el Estatuto Básico del Empleado Público?
Cuesta creer que el Justicia de Aragón y la Intervención General del Gobierno de Aragón muestren mayor celo en la defensa del modelo básico de retribuciones de función pública que los responsables de la Administración General del Estado, y aún sorprende más que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011 haya retirado de su articulado tal previsión, a la vista de su improcedencia, cuando el actual Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, tras el laxo análisis realizado, no ve en la misma contradicción con el marco legal al que se han de sujetar las retribuciones de los empleados públicos.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
5 comentarios:
Pues nada, barra libre ...
Es el Ministerio de Manuel Chaves ¿no?
¿A alguien le sorprende, entonces, esa respuesta?
Bravo, CHaves abre la puerta a funcionarios con carné, para que escalen puestos, grados y funciones... y a laborales con carné a entrar por la puerta grande, sin oposición, ni pruebas, ni listas de prelación, ni nada de nada... lo dicho anteriormente... barra libre
Una pena de respuesta, por lo que se ve.
No nos puede sorprender, solo abunda la mediocridad.
Ahora bien, si hasta ahora la clase política era la mayor afectada por este gran mal de la mediocridad, el gran problema es que los funcionarios, los que se suponen técnicos se dejan llevar por la mediocridad de sus grandes "jefes", y así nos va de bien, no nos puede sorprender ninguna respuesta.
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