jueves, 7 de octubre de 2010

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEBEN VIGILAR QUE EL GOBIERNO RESPETA EL ESTATUTO: EL CASO DE LA LEY DE PRESUPUESTOS.

A pesar de la indiferencia general ante el incumplimiento por parte del Gobierno de Aragón del plazo que marca el Estatuto de Autonomía para la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos, con su posterior remisión a las Cortes de Aragón, esta Asociación no quiere minimizar ni silenciar un hecho tan relevante en el funcionamiento institucional de nuestra Comunidad Autónoma.

No debe olvidarse que las instituciones autonómicas existen porque las establece el Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, el respeto al contenido de la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma es un deber esencial de dichas instituciones, consustancial a su propia legitimidad como poder público.

Sin embargo, nadie parece reparar en la gravedad que reviste el incumplimiento, por segundo año consecutivo –lo que apunta a una mala práctica de gobierno-, del plazo fijado al Gobieno de Aragón para remitir a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Es grave porque encierra un mensaje de desvinculación al ordenamiento jurídico, olvidando el necesario sometimiento al mismo por parte de los ciudadanos y de los poderes públicos. Y además, constituye un claro abuso por parte del Ejecutivo respecto a las facultades y prerrogativas del Parlamento autonómico, al que se le reduce indebidamente el plazo de estudio y debate de la norma más destacada de cada ejercicio para el desarrollo de las políticas públicas que posibilita el Estatuto de Autonomía.

Por dicho motivo, esta Asociación ha querido trasladar a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón su preocupación por este incumplimiento, preocupación que comunicará, igualmente, en próximos días, al Presidente de las Cortes de Aragón y a su Comisión de Economía y Presupuestos.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón:

“Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería

Zaragoza, 7 de octubre de 2010.

Estimados señores:

Como asociación que cuenta entre sus principios y fines el impulso de medidas de buen gobierno y la defensa del principio de legalidad, para garantizar la calidad democrática y la plena vigencia del Estado de Derecho, nos vemos en la necesidad de trasladarles nuestra inquietud ante la falta de remisión a esa Cámara, por parte del Gobierno de Aragón, del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011, incumpliendo con ello, por segundo año consecutivo, el plazo establecido en el Estatuto de Autonomía.

Tal y como se establece en el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Gobierno de Aragón ha de remitir a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuestos antes del último trimestre del ejercicio en curso. A pesar de ello, a fecha de hoy, ya rebasado el plazo previsto en el Estatuto de Autonomía, el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2010 ni ha sido aprobado por el Gobierno de Aragón ni ha sido remitido a las Cortes de Aragón, anunciándose por su portavoz, en una reciente comparecencia, que dicha aprobación se efectuará en la segunda quincena del mes de octubre, sin realizar mención alguna a la obligación temporal que impone el Estatuto.

Tal circunstancia, a juicio de esta Asociación, no sólo supone un incumplimiento cualificado y reiterado de la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, condición que corresponde al Estatuto de Autonomía de Aragón, sino que, en una coyuntura económica como la actual, constituye una falta de diligencia en la definición de los criterios de gasto público para afrontar la difícil situación que atravesamos y un signo de escasa disciplina presupuestaria, ya que el puntual cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y aprobación de los Presupuestos ha de ser el primer signo del rigor presupuestario.

Creemos que las instituciones públicas, como es el caso del Gobierno de Aragón, han de dar ejemplo de estricta sujeción al ordenamiento jurídico –en particular, a las obligaciones que les impone el Estatuto de Autonomía de Aragón- y extremar su diligencia en el cumplimiento de sus deberes legales.

El sometimiento de los poderes públicos a la Ley en el ejercicio de sus funciones es uno de los elementos que identifican a un Estado de Derecho. Si ello no se asegura adecuadamente, los poderes públicos pierden legitimidad para exigir, luego, su cumplimiento a los ciudadanos. No es posible que desde las propias instituciones públicas se relativice el valor y la obligatoriedad de las normas legales.

La no sujeción del Gobierno de Aragón a lo previsto en el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en cuanto al plazo de remisión a las Cortes de Aragón del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, constituye, a nuestro juicio, una clara vulneración del Estatuto, debiéndose destacar que es el segundo año que tal incumplimiento se produce.

En consecuencia, nos dirigimos a ese Grupo Parlamentario con el fin de que, de entenderlo oportuno, puedan impulsar las oportunas iniciativas parlamentarias para requerir del Gobierno de Aragón un escrupuloso respeto de las obligaciones que impone el Estatuto de Autonomía en cuanto al procedimiento de elaboración y tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”

33 comentarios:

Anónimo dijo...

¡qué van a pensar los grupos!

Anónimo dijo...

¿dónde está el gobierno?

Anónimo dijo...

¿dónde la oposición?

Anónimo dijo...

There are nine million bicycles in Beijing.........

but only one Katie Melua.

That's a fact

Anónimo dijo...

El poder, no el poder político sino el simple poder, consiste en la capacidad para determinar la conducta de otra persona. El politólogo Robert Dahl ha formulado la noción de poder con gran claridad: "A tiene poder sobre B en la medida en que puede conseguir que B haga algo que de otra manera no haría". Quien tiene poder tiene también capacidad de coacción respecto al otro: esta es la razón última, si no hay otras, por la cual se le obedece. La autoridad, en cambio, no precisa coacción: se obedece a quien tiene autoridad porque se le reconoce un superior criterio. Quien tiene autoridad no necesita mandar, ni convencer, ni argumentar: basta su simple opinión para ser obedecido. La noción de autoridad puede formularse así: "Si A opina B, es que B es verdad". El poder se impone, la autoridad se reconoce.

francesc de carreras

Anónimo dijo...

Así, pierde el Gobierno de Aragón autoridad al no hacer lo que manda el Estatuto.

Anónimo dijo...

¿Pero gana poder?

Anónimo dijo...

Desde luego, no un poder democrático.

Anónimo dijo...

Abuso de poder no es poder.

Anónimo dijo...

Es sólo abuso.

Anónimo dijo...

Entonces, ¿podemos hablar de Abuso de Aragón?

Anónimo dijo...

Madrid.(EFECOM).- La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno el pasado 1 de junio en el Consejo de Ministros, dentro de un paquete de medidas para ajustar el déficit público, según la providencia de este tribunal facilitada hoy por CC.OO.

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional abrió así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público y que incluye la reducción salarial de las personas en régimen laboral del sector público.

La providencia, fechada el 30 de septiembre, establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de 10 días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad.

Anónimo dijo...

Comentario:

No confundan funcionarios y laborales: el titular de la noticia no tiene nada que ver con el contenido. Debieran ser más rigurosos con la información.

Anónimo dijo...

Comentario:

Pues espero que Bruselas de mas ordenes y menos vengan de Madrid, quizas sea la unica salida de la bancarrota del pais. Se tiene que ser bastante incompetente y no entender el concepto de vision a largo termino para ir subiendo sueldos y contratando mas funcionarios cuando simplemente no hay dinero. Viva Europa.

Anónimo dijo...

Comentario:

Lo que es anticonstitucional es que pueda ser anticonstitucional reducir el sueldo de los funcionarios y que sea constitucioanl reducirlo a los no funcionarios. O todos moros o todos cristianos y todos a lucha para la no abolición del estado del bienestar y si se consigue, que sea para TODOS.

Anónimo dijo...

Comentario:

Todo el mundo sabía que la medida era inconstitucional y que se echaría atrás. Los propios Abogados del Estado, que defenderán a la Administración en los tribunales, han distribuido un modelo de recurso contra la nómina entre los funcionarios. Es el estilo ZP: vende humo hoy que ya se corregirá mañana.

Anónimo dijo...

Comentario:

¿estas decisiones creeis que son tomadas por el gobierno español? yo creo que no ,creo que SON ORDENES DESDE BRUSELAS y que hay que cumplir te gusten o no te gusten ,en portugal la bajada es del 25% ¿lo ha decidido el gobierno portugues? creo que no y que españa volvera a bajar el sueldo de los funcionarios mas pronto que tarde.AQUI HAY UN DEFICIT ENORME que en 2013 tiene que quedar reducido a lo que la UE considera necesario,para cumplirlo no hay milongas,pensiones jubilaciones funcionarios .

Anónimo dijo...

Comentari:

Aquest pais s'estar quedant paralitzat per la falta de flexibilitat...aqui un nou exemple, sembla que els funcionaris siguin Deus en comptes d'una de les lastres mes grosses del pais, per la falta de competitivitat i modernitat del sistema.

Anónimo dijo...

Cuando el PSOE se vio envuelto en una serie de casos de corrupción en los primeros años noventa del siglo pasado, no se hablaba de otra cosa. Las malversaciones, las apropiaciones indebidas, la financiación ilegal, el latrocinio de los caudales públicos eran portadas de periódicos y telediarios día tras día, copaban eso que llaman la “agenda mediática” y determinaban el contenido de los debates colectivos cuyo único punto de incertidumbre residía en averiguar cuál sería el escándalo siguiente.
Hoy la situación es la inversa, ya que afecta al partido de la oposición que, según Aznar, era incompatible con la corrupción. Desde el estallido del caso Gürtel, una trama colosal de presunta corrupción que abarca todo el país, al partido le han salido escándalos específicos en la Comunidad de Madrid (con casos como el supuesto espionaje y Fundescam), en la de Valencia (con el nuevo caso de la basuras de Alicante), en la de las Balears (con el caso Matas) y ahora en el municipio de Murcia, en donde se repite el guión con fidelidad mecánica: algún alto cargo detenido y la constelación habitual de recalificaciones, funcionarios corruptos, empresarios avispados y chanchullos.

ramón cotarelo

Anónimo dijo...

Comentario:

La corrupción política es unos de los peores atentados que se pueden hacer contra la democracia, ya que hace que el ciudadano pierda la confianza en ésta.

Anónimo dijo...

AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.

editorial de ABC

Anónimo dijo...

AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.

editorial de ABC

Anónimo dijo...

AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.

editorial de ABC

Anónimo dijo...

AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.

editorial de ABC

Anónimo dijo...

AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.

editorial de ABC

LUIS dijo...

AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.

editorial de ABC

LUIS dijo...

AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.

editorial de ABC

Anónimo dijo...

AL margen de planes A ó B y de coyunturas políticas, el gobernador del Banco de España ha planteado con rigor el problema más grave que afecta al modelo territorial. Podría decirse que Fernández Ordóñez presenta una genuina «enmienda a la totalidad» de los Presupuestos Generales para poner el dedo en la llaga de las grandes cuestiones, a diferencia del Gobierno, que solo ofrece recortes para salir del paso. En efecto, el riesgo principal para el déficit público está en las cuentas autonómicas y locales, y la única manera de afrontarlo es fijar un techo de gasto y hacerlo cumplir con todos los instrumentos que permite el ordenamiento, en especial la ley de estabilidad presupuestaria. El Estado y los demás poderes públicos deben ser objeto de redimensión, porque su tamaño excesivo supone un lastre en tiempos de bonanza y resulta insostenible en la situación de emergencia que vive la economía española. Así pues, hay que diseñar una estructura eficaz y eficiente, incrementar la productividad del sector público y dirigir el gasto hacia sectores que ofrezcan un rendimiento razonable y no se consuman en nóminas y subvenciones.
Por todas partes sobran órganos sin competencias útiles a la vez que, en otras materias, se superponen instituciones de dos o tres entidades públicas para prestar el mismo servicio. La coordinación brilla por su ausencia en un contexto de recelos competenciales que perjudica a los ciudadanos y supera más de una vez los límites elementales del sentido común. El sistema se ha convertido en una fuente de gastos improductivos que consumen recursos limitados. Se trata de hacer frente al problema con el fin de racionalizar el gasto a medio plazo y no solo de ahorrar algunos miles de euros para cuadrar las cuentas «como sea». El PSOE y el PP deberían plantear un pacto de Estado al margen de los escarceos partidistas que ya se manifestaran esta semana en el Senado ante una razonable propuesta de la oposición, respondida por Rodríguez Zapatero con una oferta de diálogo poco creíble a la luz de los antecedentes. El objetivo debería ser no solo contribuir a la salida de la crisis, sino —sobre todo— situar las dimensiones y la estructura del Estado en las condiciones adecuadas para sacar provecho cuando lleguen tiempos mejores. El Gobierno debería responder al reto planteado por el gobernador.

editorial de ABC

Anónimo dijo...

CANTA, COMPAÑERO, CANTA


Agua para el erial,
y trigo para el barbecho.
Para los hombres caminos
con viento y con libertad.

El miedo tiene raíces
difíciles de arrancar,
si ves que se hacen cadenas,
rómpelas y échate a andar.

Canta, compañero, canta,
que aquí hay mucho que cantar;
este silencio de hierro
ya no se puede aguantar.

Erizando los trigales
una voz viene a anunciar,
el camino en el que andamos
tu rabia lo encontrará.

Canta, compañero, canta,
que aquí hay mucho que cantar;
este silencio de hierro
ya no se puede aguantar.

Por el alba del camino
a tu hermano encontrarás,
dale la mano y camina
hasta llegar al final.

Agua para el erial,
y trigo para el barbecho.
Para los hombres camino
con viento y con libertad.


JOSE ANTONIO LABORDETA

Anónimo dijo...

Sigamos cantando.

Anónimo dijo...

ALBADA


Adiós a los que se quedan
y a los que se van también.
Adiós a Huesca y provincia
a Zaragoza y Teruel.

Esta es la albada del viento
la albada del que se fue
que quiso volver un día
pero eso no pudo ser.

Las albadas de mi tierra
se entonan por la mañana
para animar a las gentes
a comenzar la jornada.

Arriba los compañeros
que ya ha llegado la hora
de tener en nuestras manos
lo que nos quitan de fuera.

Esta albada que yo canto
es una albada guerrera
que lucha porque regresen
los que dejaron su tierra

JOSE ANTONIO LABORDETA.

Anónimo dijo...

SE HAN MARCHADO


Se han marchado todos
y nadie ha vuelto
para cerrar la puerta.

Esta, vieja y desguazada,
golpea contra le viento
en las noches de asombro
como si nadie la quisiera oír,
como si todos los páramos del tiempo
se encerrasen aquí,
sobre estas galerías de casas agrietadas.

Y lejos,
más allá de las últimas carrascas,
alguien recuerda la cama
donde fue concebido con tristeza.

JOSE ANTONIO LABORDETA.

Anónimo dijo...

SE HAN MARCHADO


Se han marchado todos
y nadie ha vuelto
para cerrar la puerta.

Esta, vieja y desguazada,
golpea contra el viento
en las noches de asombro
como si nadie la quisiera oír,
como si todos los páramos del tiempo
se encerrasen aquí,
sobre estas galerías de casas agrietadas.

Y lejos,
más allá de las últimas carrascas,
alguien recuerda la cama
donde fue concebido con tristeza.

JOSE ANTONIO LABORDETA.