miércoles, 6 de octubre de 2010

NO PUEDE DAR IGUAL QUE EL GOBIERNO CUMPLA O NO.

Hay obligaciones legales que están sujetas por norma a unos plazos precisos, que deben observarse por responsabilidad institucional y respeto a la ley. Su incumplimiento o desconocimiento no debiera resultar, por lo tanto, indiferente a los responsables políticos ni, mucho menos, a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad civil, dentro de la cual hay que situar a los medios de comunicación. Entre esas obligaciones –y no de las menores- figura la del Gobierno de Aragón de remitir a las Cortes de Aragón, antes del último trimestre del año, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Constitución Española, en su Título VII, relativo a Economía y Hacienda, regula los Presupuestos Generales del Estado y establece reglas que afectan a su tramitación, imponiendo al Gobierno la obligación de “presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior” (artículo 134.3 CE). A su vez, con igual criterio al fijado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su Título relativo a Economía y Hacienda, regula los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y establece que “el Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso” (artículo 111. 4).

A nadie se nos oculta que el incumplimiento de dicho plazo constitucional por el Gobierno de España –cosa que no ha sucedido- hubiera provocado una verdadera tormenta política, con descalificaciones al Gobierno y peticiones de responsabilidad a la Ministra de Economía y Vicepresidenta segunda del Gobierno o a su Presidente. Dicho incumplimiento no se ha producido, y ello a pesar de la falta de mayoría parlamentaria del partido del gobierno, de modo que la elaboración del proyecto de presupuestos ha debido efectuarse en paralelo a la negociación política necesaria para asegurar su aprobación. La oposición parlamentaria y la prensa, de no respetarse el plazo constitucional, no hubieran dejado de criticar el incumplimiento y destacar la falta de capacidad del Gobierno para ordenar las cuentas del Estado.

En Aragón, para nuestra sorpresa, ha sucedido todo lo contario. El Gobierno de Aragón ha incumplido la obligación estatutaria de remitir a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos, y ello a pesar de disponer de una cómoda mayoría parlamentaria. Dicho incumplimiento, por supuesto, no ha tenido consecuencia alguna ni ha sido objeto de crítica ni de mención por parte de la oposición parlamentaria o los medios de comunicación. Mucho menos ha motivado una excusa por parte del Gobierno de Aragón. El Consejero Larraz no ha tenido que justificar el retraso.

Las excusas que presenta cualquier usuario de una biblioteca pública cuando devuelve un libro fuera del plazo de préstamo –por puro sentido del civismo y del debido respeto a las normas de funcionamiento de los servicios públicos- no las presenta un Gobierno que incumple una obligación que le impone la máxima norma legal de nuestra Comunidad Autónoma, como es el Estatuto de Autonomía. Y lo que es peor, nadie le pide explicaciones. Ni oposición, ni medios de comunicación, ni agentes sociales. Debe, por lo visto, admitirse que el Gobierno pueda dejar de cumplir el Estatuto de Autonomía en materia presupuestaria, como ya hizo el año pasado, sin consecuencia política alguna.

Con comportamientos del Gobierno como éste y reacciones institucionales y sociales como las vistas –inexistentes- resulta difícil, si no imposible, forjar una cultura de legalidad, de respeto a las normas, de responsabilidad política, de rendición de cuentas, de madurez democrática. Podemos incluso intuir que quien no concede valor a los plazos legales de aprobación del presupuesto tampoco lo concederá a las normas de ejecución del gasto, y así nada obstará a adoptar, por ejemplo, medidas retributivas manifiestamente ilegales, como el anticipo de carrera profesional que percibimos el personal de la Administración autonómica. Todo resulta congruente, y es posible que haya quienes prefieran un clima de irregularidad y de desprecio a la norma, para así poder pactar ventajas o condiciones ilegales. No es el caso de esta Asociación ni creemos que sea el del conjunto de la ciudadanía.

Lamentablemente estamos acostumbrados a observar el diferente rasero aplicado en la política nacional y en la política autonómica a la labor de gobierno. La proximidad del poder no ha dado lugar a mayor responsabilidad y exigencia, sino justamente a todo lo contrario, a mayor abuso e incumplimiento de las normas, empezando, como podemos ver, por el propio Estatuto de Autonomía. Si cosas tan visibles se incumplen sin problema alguno, que nadie confie en que se respetarán normas de inferior rango, y no nos referimos solamente a la Ley de Ordenación de la Función Pública, cuya vulneración es el pan nuestro de cada día.

35 comentarios:

Anónimo dijo...

Larraz nunca tiene que justificar nada, está por encima de la ley, él es la ley.

Anónimo dijo...

¿donde está la oposición?

Anónimo dijo...

¿ y la prensa?

Anónimo dijo...

¿Conocemos el dinerito público q va a parar a los medios de comunicación?

Anónimo dijo...

¿Estamos en un Estado de Derecho?

Anónimo dijo...

¿Nos lo creemos?

Anónimo dijo...

¿Valoramos lo que significa?

Anónimo dijo...

¿Sabe el Gobierno lo que significa?

Anónimo dijo...

Lo disimula bastante bien.

Anónimo dijo...

Pésimo ejemplo, una vez más.

Anónimo dijo...

Tómese nota:

UN PUEBLO ACOSTUMBRADO A LA TIRANÍA SE CONVIERTE EN ESTÚPIDO POPULACHO, Y TENDRÁ QUE ADQUIRIR GRADUALMENTE LA SEVERIDAD DE COSTUMBRES Y EL ORGULLOSO CORAJE QUE EXIGE LA LIBERTAD

Anónimo dijo...

Léase con provecho:

En este inicio de milenio, todos los países más avanzados, aquellos cuyos ciudadanos disfrutan del más alto nivel de desarrollo humano, son democracias, economías de mercado y Estados de derecho. El antiguo debate de filosofía política entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres, magistralmente sintetizado por el gran politólogo italiano Norberto Bobbio de la siguiente manera:”Buen gobierno es aquél en el cual los gobernantes son buenos porque gobiernan respetando las leyes o es aquél en el cual hay leyes buenas porque los gobernantes son sabios”, ha sido ganado por el Estado de derecho.

Ya no hay duda que el buen gobierno es el gobierno regido por leyes generales y abstractas que reducen el privilegio, la discriminación y sobretodo la arbitrariedad. En la actualidad, las naciones civilizadas de la tierra se ha caracterizan por vivir bajo el imperio de la ley y no de la voluntad del gobernante de turno, que aunque fuese ilustrada, si no está sometida a la ley, siempre es arbitraria.

Anónimo dijo...

Hay que dirigirse al Consejero de Economía, y recordarle sus obligaciones.

Anónimo dijo...

¿Algo tan elemental debe recordarse?

Anónimo dijo...

Eso parece, eso parece.

Anónimo dijo...

INDUSTRIA SE FIJA UN PLAZO DEFINITIVO.

El papel desaparecerá de la Administración Pública en 2015

Anónimo dijo...

Madrid.- El papel tiene los días contados en la Administración. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se ha fijado el año 2015 como fecha límite para eliminar totalmente el papel en la Administración pública, según ha informado el organismo en un comunicado.

Para implantar la eAdministración antes del 2015 se digitalizarán todos los trámites administrativos, se finalizará la incorporación de la firma electrónica (DNI electrónico) y se hará una migración de todos los registros hacia el formato digital.

Además, Industria se propone mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones, fomentar la concienciación sobre el uso y la confianza en Internet, así como impulsar las TIC en sectores estratégicos, dentro de los objetivos fijados por el Consejo de Ministros para la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2.

Dentro de este eje de actuaciones, también se hará especial hincapié en la extensión de las TIC en el sector sanidad y se potenciará la aplicación de estas tecnologías en el sector educativo y formativo.

Si la primera etapa del Plan Avanza, que se desarrolló entre 2005 y 2010, buscaba recuperar el retraso de España respecto de la Unión Europea (UE), especialmente en cobertura y conectividad, esta segunda fase pretende situar a España en una posición de liderazgo en el desarrollo y uso de productos y servicios TIC avanzados.

Para ello, los esfuerzos se centrarán no tanto en dinamizar la oferta, sino en fomentar la demanda, ayudar a las pymes y consolidar una industria TIC propia especializada en sectores estratégicos.

EL MUNDO.

Anónimo dijo...

Le protocole, en vertu duquel l'UMP et Jacques Chirac s'engagent à indemniser la ville de Paris à hauteur de 2,2 millions d'euros, a été entériné lundi à une large majorité.

Pas de surprise, lundi, au Conseil de Paris. Les élus de la capitale ont adopté à une majorité écrasante - 147 voix pour, 13 contre - l'accord en vertu duquel l'UMP et Jacques Chirac s'engagent à verser 2,2 millions d'euros à la municipalité dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs. Une somme, en échange de laquelle la mairie s'engage à retirer sa constitution de partie civile avant le procès de l'ancien maire de la Ville, dont la date sera fixée vendredi. Sans adversaire et avec un parquet qui a annoncé dès la fin de l'instruction son intention de requérir la relaxe, Jacques Chirac peut aborder sereinement sa comparution. Mais il devra cependant s'acquitter sur ses propres deniers d'un quart de la somme, l'UMP ayant accepté de contribuer à hauteur de 1,65 million d'euros.

Au cours de la séance, Bertrand Delanoë a défendu avec fougue sa demande d'indemnisation pour le préjudice subi par la ville pour les 21 emplois présumés fictifs. «L'équipe que je dirige obtient aujourd'hui la réparation à laquelle aspiraient légitimement les Parisiens. En leur nom, je vous demande d'en prendre acte et d'approuver ce protocole d'indemnisation», a-t-il ainsi expliqué aux élus municipaux. Et d'insister : «La somme de 2,2 millions d'euros correspond strictement au montant inscrit dans l'ordonnance de renvoi du juge».

LE FIGARO.

Anónimo dijo...

Chirac indemniza al Ayuntamiento de París por los empleos ficticios, ¿cuándo lo hará Marcelino Iglesias a la Comunidad Autónoma por los asesores ficticios?

Anónimo dijo...

Aquí se consiente todo.

Anónimo dijo...

Presentar tarde el presupuesto.

Anónimo dijo...

Y luego abusar del Presupuesto.

Anónimo dijo...

Se rebaja el sueldo de los funcionarios, pero se sigue pagando a unos asesores que no pisan la administración.

Anónimo dijo...

Y algunos son alcaldes de su pueblo.

Anónimo dijo...

Y todos conocen la situación, y ahí siguen.

Anónimo dijo...

¿Y no investigó ya el Fiscal Superior de Aragón?

Anónimo dijo...

¿O investigar es mucho decir?

Anónimo dijo...

Ordóñez propone que se fije un límite de gasto a las comunidades.

El Banco de España ve insuficiente el ajuste autonómico y cuestiona su soberanía en ese campo - Pide a Hacienda un 'plan B' por si hay desviación en las cuentas.

EL PAIS.

Anónimo dijo...

"El Gobierno debe cumplir el objetivo de reducir el déficit hasta el 6% sobre el PIB en 2011. Es la clave y es el mensaje que se ha mandado al mundo. Hay que hacer lo que sea para lograrlo porque es la base de la credibilidad del país". Así de rotundo se mostró ayer el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez. Lograr esta marca será la única manera de que no vuelvan las tormentas financieras sobre los bonos españoles y suban los tipos de interés, advirtió.

Recortar, recortar y recortar gastos. En este objetivo, el gobernador ve a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos como principal riesgo. Recordó que "casi dos tercios del gasto está en comunidades y Ayuntamientos. El Gobierno ha tomado medidas durísimas en gasto, que no he visto en la mayoría de las autonomías", dijo en su comparecencia en la Comisión del Presupuestos del Congreso. "Hoy por hoy las medidas anunciadas por la mayoría de las comunidades y corporaciones locales distan de responder a la reducción del gasto que se necesita".

A su juicio, "habría que buscar fórmulas que refuercen el compromiso de las comunidades y corporaciones locales con los objetivos de estabilidad presupuestaria y que incentiven su cumplimiento". "Podría incluso plantearse establecer un límite de gasto para las Administraciones territoriales, instrumento que se ha revelado enormemente útil para fortalecer la disciplina presupuestaria del Estado", subrayó.

En las respuestas a los diputados, pidió que las comunidades admitan el mismo recorte de soberanía que los Estados con la UE, a la que permiten que fiscalice sus Presupuestos antes de ser aprobados. "Las comunidades son soberanas hasta cierto punto si nos fastidian a todos", concluyó. ¿Estaba pidiendo el gobernador una reforma del Estado autonómico, como hizo Cristóbal Montoro, portavoz del PP? Él mismo lo aclaró: "No sé si es necesario hacer una reforma como usted pide, pero sí sé que hay que hacer cosas en este campo". Admitió que el momento político era complicado para estos cambios, pero pidió que, al menos, "se tome conciencia de la situación, y se empezara a solucionar el problema".

La falta de transparencia fue el segundo disparo contra las Administraciones territoriales. "Cada mes, el secretario de Estado dice cómo están las cuentas. ¿Lo han visto hacerlo en las autonomías o los Ayuntamientos? El asunto es muy importante porque eso es un factor de disciplina y transparencia", concluyó.

Aunque las comunidades están bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, el retraso en la difusión de los datos "limita la capacidad para controlar a tiempo su actividad y la rendición de cuentas".

El gobernador explicó que de nada le servirá al Gobierno presentarse ante Bruselas y ante los mercados diciendo que no ha cumplido el objetivo del déficit por culpa de las Administraciones territoriales. "Fuera no se puede explicar eso porque no lo entenderían", sentenció.

Ante las preguntas de los diputados insistió: "El 6% de déficit es sagrado, no puede haber desviaciones". Ante la posibilidad de desviaciones, pidió a Hacienda un plan B, "planes de contingencia diseñados con suficiente anticipación, que facilitarían mucho el éxito". E insistió en que si las cuentas se desvían del objetivo, "deberían ponerse inmediatamente en práctica medidas compensatorias". Ordóñez teme que no se cumplan las previsiones del Gobierno en cuanto al crecimiento del PIB. Francisco Fernández Marugán, portavoz del PSOE, admitió la valía de las opiniones del gobernador en política monetaria y fiscal, pero llegó a decir que "no era quién para chequear el Presupuesto".

EL PAIS.

Anónimo dijo...

"El Gobierno debe cumplir el objetivo de reducir el déficit hasta el 6% sobre el PIB en 2011. Es la clave y es el mensaje que se ha mandado al mundo. Hay que hacer lo que sea para lograrlo porque es la base de la credibilidad del país". Así de rotundo se mostró ayer el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez. Lograr esta marca será la única manera de que no vuelvan las tormentas financieras sobre los bonos españoles y suban los tipos de interés, advirtió.

Recortar, recortar y recortar gastos. En este objetivo, el gobernador ve a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos como principal riesgo. Recordó que "casi dos tercios del gasto está en comunidades y Ayuntamientos. El Gobierno ha tomado medidas durísimas en gasto, que no he visto en la mayoría de las autonomías", dijo en su comparecencia en la Comisión del Presupuestos del Congreso. "Hoy por hoy las medidas anunciadas por la mayoría de las comunidades y corporaciones locales distan de responder a la reducción del gasto que se necesita".

A su juicio, "habría que buscar fórmulas que refuercen el compromiso de las comunidades y corporaciones locales con los objetivos de estabilidad presupuestaria y que incentiven su cumplimiento". "Podría incluso plantearse establecer un límite de gasto para las Administraciones territoriales, instrumento que se ha revelado enormemente útil para fortalecer la disciplina presupuestaria del Estado", subrayó.

En las respuestas a los diputados, pidió que las comunidades admitan el mismo recorte de soberanía que los Estados con la UE, a la que permiten que fiscalice sus Presupuestos antes de ser aprobados. "Las comunidades son soberanas hasta cierto punto si nos fastidian a todos", concluyó. ¿Estaba pidiendo el gobernador una reforma del Estado autonómico, como hizo Cristóbal Montoro, portavoz del PP? Él mismo lo aclaró: "No sé si es necesario hacer una reforma como usted pide, pero sí sé que hay que hacer cosas en este campo". Admitió que el momento político era complicado para estos cambios, pero pidió que, al menos, "se tome conciencia de la situación, y se empezara a solucionar el problema".

La falta de transparencia fue el segundo disparo contra las Administraciones territoriales. "Cada mes, el secretario de Estado dice cómo están las cuentas. ¿Lo han visto hacerlo en las autonomías o los Ayuntamientos? El asunto es muy importante porque eso es un factor de disciplina y transparencia", concluyó.

Aunque las comunidades están bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, el retraso en la difusión de los datos "limita la capacidad para controlar a tiempo su actividad y la rendición de cuentas".

El gobernador explicó que de nada le servirá al Gobierno presentarse ante Bruselas y ante los mercados diciendo que no ha cumplido el objetivo del déficit por culpa de las Administraciones territoriales. "Fuera no se puede explicar eso porque no lo entenderían", sentenció.

Ante las preguntas de los diputados insistió: "El 6% de déficit es sagrado, no puede haber desviaciones". Ante la posibilidad de desviaciones, pidió a Hacienda un plan B, "planes de contingencia diseñados con suficiente anticipación, que facilitarían mucho el éxito". E insistió en que si las cuentas se desvían del objetivo, "deberían ponerse inmediatamente en práctica medidas compensatorias". Ordóñez teme que no se cumplan las previsiones del Gobierno en cuanto al crecimiento del PIB. Francisco Fernández Marugán, portavoz del PSOE, admitió la valía de las opiniones del gobernador en política monetaria y fiscal, pero llegó a decir que "no era quién para chequear el Presupuesto".

EL PAIS.

Anónimo dijo...

"El Gobierno debe cumplir el objetivo de reducir el déficit hasta el 6% sobre el PIB en 2011. Es la clave y es el mensaje que se ha mandado al mundo. Hay que hacer lo que sea para lograrlo porque es la base de la credibilidad del país". Así de rotundo se mostró ayer el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez. Lograr esta marca será la única manera de que no vuelvan las tormentas financieras sobre los bonos españoles y suban los tipos de interés, advirtió.

Recortar, recortar y recortar gastos. En este objetivo, el gobernador ve a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos como principal riesgo. Recordó que "casi dos tercios del gasto está en comunidades y Ayuntamientos. El Gobierno ha tomado medidas durísimas en gasto, que no he visto en la mayoría de las autonomías", dijo en su comparecencia en la Comisión del Presupuestos del Congreso. "Hoy por hoy las medidas anunciadas por la mayoría de las comunidades y corporaciones locales distan de responder a la reducción del gasto que se necesita".

A su juicio, "habría que buscar fórmulas que refuercen el compromiso de las comunidades y corporaciones locales con los objetivos de estabilidad presupuestaria y que incentiven su cumplimiento". "Podría incluso plantearse establecer un límite de gasto para las Administraciones territoriales, instrumento que se ha revelado enormemente útil para fortalecer la disciplina presupuestaria del Estado", subrayó.

En las respuestas a los diputados, pidió que las comunidades admitan el mismo recorte de soberanía que los Estados con la UE, a la que permiten que fiscalice sus Presupuestos antes de ser aprobados. "Las comunidades son soberanas hasta cierto punto si nos fastidian a todos", concluyó. ¿Estaba pidiendo el gobernador una reforma del Estado autonómico, como hizo Cristóbal Montoro, portavoz del PP? Él mismo lo aclaró: "No sé si es necesario hacer una reforma como usted pide, pero sí sé que hay que hacer cosas en este campo". Admitió que el momento político era complicado para estos cambios, pero pidió que, al menos, "se tome conciencia de la situación, y se empezara a solucionar el problema".

La falta de transparencia fue el segundo disparo contra las Administraciones territoriales. "Cada mes, el secretario de Estado dice cómo están las cuentas. ¿Lo han visto hacerlo en las autonomías o los Ayuntamientos? El asunto es muy importante porque eso es un factor de disciplina y transparencia", concluyó.

Aunque las comunidades están bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, el retraso en la difusión de los datos "limita la capacidad para controlar a tiempo su actividad y la rendición de cuentas".

El gobernador explicó que de nada le servirá al Gobierno presentarse ante Bruselas y ante los mercados diciendo que no ha cumplido el objetivo del déficit por culpa de las Administraciones territoriales. "Fuera no se puede explicar eso porque no lo entenderían", sentenció.

Ante las preguntas de los diputados insistió: "El 6% de déficit es sagrado, no puede haber desviaciones". Ante la posibilidad de desviaciones, pidió a Hacienda un plan B, "planes de contingencia diseñados con suficiente anticipación, que facilitarían mucho el éxito". E insistió en que si las cuentas se desvían del objetivo, "deberían ponerse inmediatamente en práctica medidas compensatorias". Ordóñez teme que no se cumplan las previsiones del Gobierno en cuanto al crecimiento del PIB. Francisco Fernández Marugán, portavoz del PSOE, admitió la valía de las opiniones del gobernador en política monetaria y fiscal, pero llegó a decir que "no era quién para chequear el Presupuesto".

EL PAIS.

Anónimo dijo...

Bien está poner todo esto a la luz.

Anónimo dijo...

Pero.. el Consejero de Economía ¿tiene obligaciones?. Me creía q solo tenía derechos, que él es el derecho y la ley.

Anónimo dijo...

Democracia, estado de derecho, principio de legalidad .... bla, bla, bla,.... solo amos y señores

Anónimo dijo...

Solo amos y señores no, también basallos ... y muchos