lunes, 14 de junio de 2010

UN PARLAMENTO QUE ADMITE LA INAPLICACIÓN DE LA LEY SE NIEGA A SÍ MISMO.

La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón ha vuelto a escribir esta mañana una triste página de la historia de las instituciones aragonesas -una historia que alguien escribirá, relatando en ella todas aquellas decisiones contrarias a la transparencia democrática y al imperio de la ley que se han adoptado, durante esta legislatura, por el Gobierno de Aragón y la mayoría parlamentaria que lo sustenta en las Cortes de Aragón- y esa nueva página escrita hoy en las Cortes de Aragón consiste en el rechazo con los votos de PSOE y PAR de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para asegurar la correcta publicación de los actos de nombramiento y cese del personal de los gabinetes del Gobierno de Aragón en el Boletín Oficial de Aragón.

Dicha obligación legal de publicación se contiene en el artículo 25.5 de la reciente Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, donde se dice, con total claridad: "El nombramiento y cese de los Directores, Jefes y demás miembros de los Gabinetes, así como del resto de órganos de asistencia y apoyo previstos en el apartado 2 del presente artículo, será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón". El modo y los requisitos con que han de publicarse los actos administrativos figuran establecidos, a su vez, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No admite, desde luego, sucedáneos, como el anuncio de publicidad ideado por el Departamento de Presidencia, para desvirtuar la aplicación del citado deber de publicación que impone la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.

A raíz de una queja planteada por esta Asociación, ante la inadecuada actuación del Gobierno de Aragón en esta materia, el Justicia de Aragón formuló una sugerencia al Gobierno, instándole a la correcta publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual, reproduciendo en el Boletín la concreta disposición de nombramiento o cese aprobada por la autoridad competente. No nos consta que dicha sugerencia, realizada por la Institución encargada de tutelar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico aragonés, haya sido aceptada por el Gobierno de Aragón. A la vista de lo sucedido esta mañana en la Comisión Institucional, parece evidente que el Gobierno de Aragón no va a asumir el criterio expresado por el Justicia de Aragón, al igual que no lo han hecho los Grupos Parlamentarios del PSOE y del PAR.

Resulta muy poco pedagógico, en un Estado de Derecho, que el órgano de un Parlamento -en concreto, su Comisión Institucional- dé por buena una práctica del Gobierno que constituye una inaplicación manifiesta de la Ley aprobada por el Pleno de ese Parlamento, cuya inadecuación además ha sido expresamente puesta de manifiesto por el Justicia de Aragón. ¿Qué interés hay en que no se publiquen correctamente, como exige la Ley, dichos nombramientos y ceses? ¿Una exclusiva resistencia a reconocer errores o hay algo más, que no se quiere señalar? Esta Asociación considera que, tras la resistencia a aplicar los términos propios de la ley, se oculta una voluntad decidida de no sujetar la efectividad de tales nombramientos a dicho requisito de publicación, manipulando así a su antojo los miembros del gobierno las fechas de incorporación o cese, es decir, de alta y baja en nómina de dicho personal eventual o de confianza. Se da publicidad de los nombres de dicho personal -algo que antes no se hacía-, pero se mantiene la capacidad de manejar las fechas de efectos, al margen de la publicación. Tal pretensión resulta, a nuestro entender, abiertamente ilegal. Sorprende, por ello, que las Cortes de Aragón, a través de su Comisión Institucional, amparen y respalden tal práctica del Gobierno de Aragón.

Esta Asociación, sin embargo, no va a desistir en su empeño de que el Gobierno de Aragón se ajuste a la Ley, como corresponde en un Estado de Derecho, cuyos valores y principios han de defender con toda la intensidad posible los ciudadanos, en especial cuando son desatendidos por las instituciones.´

Por dicho motivo, vamos a dirigirnos al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, para instarles que recaben del Consejo Consultivo de Aragón el oportuno dictamen sobre las condiciones de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual que impone la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, con el compromiso de ajustar al criterio de dicho órgano consultivo la respuesta que corresponde dar a la sugerencia realizada por el Justicia de Aragón. Con independencia de ello, esta Asociación va a dirigirse al Fiscal General del Estado y al Tribunal de Cuentas, al objeto de que analicen si se está produciendo el alta en nómina de personal eventual de la Administración autonómica, cuyo nombramiento no se ajusta a los requisitos legales de publicación. Tal vez sólo el riesgo de no poder pagar o de incurrir en responsabilidad contable o de otro tipo con dichos pagos haga recapacitar al Gobierno de Aragón -y a los Grupos Parlamentarios del PSOE y del PAR- sobre la necesidad y la obligación de actuar con sujeción a la ley, como exige la Constitución no sólo a los ciudadanos sino también a todos los poderes públicos.

27 comentarios:

Anónimo dijo...

¿Dónde está la calidad democrática de nuestra Comunidad Autónoma?

Anónimo dijo...

¿Quién controla al Gobierno de Aragón?

Anónimo dijo...

Se niega a sí mismo o reniega de sí mismo, tanto monta.

Anónimo dijo...

¿Alguien prestará la menor atención a este tema?

Anónimo dijo...

Imagino que no, aunque me gustaría equivocarme.

Anónimo dijo...

Las tres Diputaciones provinciales valencianas y los ayuntamientos de Valencia, Alicante y Castellón tienen en nómina un total de 298 asesores para asistir a sus 178 cargos públicos. El coste global de la nómina de asistentes, que atiende a los distintos grupos políticos, asciende a 12,2 millones de euros. El PP, que gobierna en todas ellas con mayoría absoluta, es el más beneficiado.

EL PAIS.

Anónimo dijo...

Marchando una de asesores.

Anónimo dijo...

La Diputación de Alicante, que preside José Joaquín Ripoll, es la que más gasta en personal de confianza. Tiene 74 asesores para 31 diputados que generan un gasto de 3,2, millones. El Ayuntamiento de Alicante, presidido por Sonia Castedo, costea 54 asesores para 29 ediles, con un gasto de 1,7 millones de euros.

En el Ayuntamiento de Valencia, que dirige Rita Barberá, hay 60 plazas de asesor para 33 ediles, con un coste anual de 3,4 millones de euros. La Diputación de Valencia dispone de 49 asesores para 31 diputados, que cobran 1,9 millones de euros anuales.

En la Diputación de Castellón, Carlos Fabra costea dos asesores por cada diputado del PP y tres asesores para los 11 diputados de la oposición. En total, 37 asesores que cuestan 1,1 millones. El Ayuntamiento de Castellón destina 877.000 euros a los asesores, 20 para los 14 ediles del PP y cuatro para los 13 ediles de la oposición.

EL PAIS.

Anónimo dijo...

¿Y en Aragón?

Anónimo dijo...

¿Cuáles son los datos?

Anónimo dijo...

El negocio de asesorar o los cimientos podridos.

Por rosa maría artal.

Cuenta hoy Heraldo de Aragón, con profusión de datos contrastados, que más de la mitad de los asesores de la DGA -el gobierno de la comunidad- son o han sido cargos públicos. Al ser cesados, sus compañeros de PSOE y PAR los recolocan para garantizarles el sueldo. Sin estudios superiores muchos de ellos, cambian de consejería son soltura y lo mismo aconsejan sobre el funcionamiento de las diputaciones que sobre Justicia e Interior. Algunos de ellos llevan dos décadas viviendo del “asesoramiento”.

“No tienen que rendir cuentas a nadie, salvo ante el consejero que les designó, y muchos ni siquiera aparecen por las cinco sedes por las que se distribuyen las consejerías. Sólo hay que telefonear y preguntar por una buena parte de ellos para cerciorarse de esta realidad. Tampoco es extraño porque algunos tienen que ejercer a la vez como alcaldes en pueblos que llegan a estar a 181 kilómetros de distancia de la capital. Este es el caso de la regidora de Albelda, María Ángeles Roca, fichada como asesora por la consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández”, dice El Heraldo.

Los sueldos de los asesores llegarán a los 37.693 euros anuales en este ejercicio, mientras que los de los jefes de gabinete se han fijado en 54.345 euros. El sueldo medio de los aragoneses no alcanza los 26.000.

El grueso del personal de confianza de la DGA lo constituyen 136 personas, cuyos sueldos costarán este año al erario público más de 6,9 millones de euros. En 2005, había unas sesenta plazas de este tipo. En este capítulo se incluyen los altos cargos, los periodistas del amplio gabinete de comunicación, los responsables de protocolo, las secretarias y los conductores, entre otros trabajadores.

La noticia abre hoy el principal periódico de una comunidad de poco más de un millón de habitantes, que se indignarán un rato y no harán nada. Votar al contrario que es la forma que tiene de castigarse a sí mismo el español. El resto del país quizás se entere, o no, pero lo desechará con el sólido argumento de “todos los políticos son iguales”. Yo mantengo que no lo son, pero hay que parecerlo además de serlo, como aquello de la mujer del César sí, frase machista que tanto me indignaba en su día.

(Publicado hace más de año y pico, y tan actual)

Anónimo dijo...

La Fiscalía de Aragón se conformó con un informe del Consejero de Presidencia para archivar el caso.

Anónimo dijo...

¿Cómo se puede recabar información a parte implicada?

Anónimo dijo...

¿Eso es candidez u otra cosa?

Anónimo dijo...

No creo que haya candidez en la Fiscalía.

Anónimo dijo...

Entonces, es la otra cosa.

Anónimo dijo...

¿De qué otra cosa hablamos?

Anónimo dijo...

¿De permitir la impunidad del poder?

Anónimo dijo...

Eso sería de una gravedad extrema.

Anónimo dijo...

Y tanto.

Anónimo dijo...

Comentario:

El otro día hablaba de éste y otros temas (como el del caso Molinos, por ejemplo, es lo que tiene vivir en Zaragoza) con una amiga y las dos coincidimos en que lo peor no es que éstos sean chanchullos de la política, sino que la ciudadanía de a pie lo tengamos ya más que asumido.

En cuanto a lo de indignarnos y no hacer nada, pues tienes toda la razón pero, ¿qué se puede hacer exactamente? Yo volví a votar en el 2003, tras una larga etapa de abstencionismo, precisamente por no sentir la impotencia de quien no hace nada, pero sigo desilusionándome. Participo en foros de debate (reales y virtuales) y colaboro con las oenegés que creo que hacen lo que tienen que hacer según mis principios, pero la sensación de inanidad que me asalta algunas veces es de lo más doloroso.

Anónimo dijo...

Comentario:

El recorte de sueldo no me plantea ninguna duda de constitucionalidad, porque:

-De una parte, seguro que es inconstitucional por afectar a la seguridad jurídica y ser confiscatorio sin contraprestación alguna

-De otra parte, seguro que cuando llegue al TC éste obedecerá a la voz de su amo y lo declarará perfectamente constitucional, y hasta justo y necesario.

¿Lo ves? No hay duda alguna de constitucionalidad.

Saludos

Anónimo dijo...

El Gobierno de Aragón ha previsto la supresión del 50% de las empresas públicas, 53 de un total de 107, aunque sin ser una "foto fija", porque podría haber fusiones entre algunas de las que permanecen, ni un plan del que se conozcan el ahorro que va a suponer ni sus plazos concretos, porque pasará bastante tiempo hasta que se pueda cerrar.

Así lo ha avanzado hoy en una rueda de prensa el consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, quien ha precisado que la reducción prevista pasa por la venta o desinversión en 31 empresas, la liquidación de 13, algunas ya inactivas, tres diluciones y seis que pasarán a la administración, si bien ha asegurado que no se perderá un volumen de empleo ni siquiera significativo.

EL PERIODICO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Comentario:

Se cogen 2 empresas públicas de 50 empleados, se suprime 1 y la otra sobrevive con 100 empleados y todos tan contentos: los políticos dicen a la ciudadanía que han reducido las empresas públicas a la mitad y los pesebreros siguen cobrando en otra empresa.

Claro que siempre se puede meter a los pesebreros de la empresa a extinguir en la Administración llamándoles laborales grupo XXL por ejemplo.

Anónimo dijo...

Comentario:

Tranquilos, que la solución no la tienen los que nos gobiernan. La solución vendrá de fuera, y nos ordenarán las medidas que se deben tomar y entonces no habrá ningún tipo de maquillaje como el que estan haciendo actualmente nuestros corruptos políticos

Anónimo dijo...

Bendita Europa.

Anónimo dijo...

Comentario:

Están bien que supriman empresas. ¿Pero por qué se crearon?. Nadie nos explica el porqué de ellas.
La sensación que tenemos los contribuyentes sobre estas empresas es el siguiente: campo propicio par enchufados y gente sin preparación.
Otra idea hay muy buenos funcionarios desaprovechados que cobran un sueldo.
Adios a los asesores.
Menos criticar a los funcionarios desde la clase política y mas a sus vagos y absurdos asesores.