miércoles, 30 de junio de 2010

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: LA IMPORTANCIA DE CONOCER EL CLIMA LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Ayer tarde, de acuerdo con el orden del día establecido en la convocatoria, se celebró reunión de la Junta Directiva de la Asociación, en la que, de modo global, se valoró el impacto del recorte salarial en la Administración autonómica y se destacó la necesidad de analizar las líneas generales trazadas en el Anteproyecto de Ley del Empleo Público de Aragón, elaborada por la Dirección General de la Función Pública.

En las diferentes intervenciones realizadas por los miembros presentes de la Junta Directiva se destacó el hecho de que las medidas de recorte salarial apenas hayan merecido explicación o justificación por parte de los responsables, algo que viene a dar la sensación de que la reducción salarial ha podido ser una medida improvisada o arbitraria –sin entenderse tampoco el carácter progresivo con que se ha aplicado la rebaja, dado que la progresividad aplicada ha venido a penalizar a los puestos de mayor responsabilidad, devaluando con ello en mayor medida las funciones de especial cualificación y distorsionando, en muchos casos, la propia organización administrativa-; resulta, además, particularmente desmotivador para asumir la necesidad de la medida el hecho de que la misma, además de no ser suficientemente explicada, no vaya acompañada de medidas visibles de racionalización del gasto y de ejemplaridad y rigor en el uso del dinero público (nada ha cambiado en materia de asesores de confianza del Gobierno, y en las actuales circunstancias resulta particularmente sangrante que haya quienes cobren sueldos sin trabajar, cuando no hay dinero suficiente para mantener las retribuciones de quienes trabajan); y, además, la actual heterogeneidad del empleo público, con una alta presencia de funcionarios interinos y personal de empresas públicas, hace también que la crisis no sólo se perciba como una incertidumbre salarial, sino también como un riesgo de pérdida del empleo, por parte de todos aquellos que no cuentan con la condición de funcionarios de carrera, lo que genera claras tensiones en determinadas unidades administrativas.

Las actuales circunstancias de deterioro del empleo público, después de un largo periodo de carencia de política de personal, como es el que comprende los mandatos respectivos de los Consejeros Bandrés, Larraz y Velasco, incapaces todos ellos de formular un mínimo esquema de gestión de los recursos humanos de la Administración autonómica que potenciase la profesionalidad y la calidad, aconseja la realización de un estudio de clima laboral en el conjunto de los servicios de la Administración aragonesa.

En este momento, urge conocer el estado de ánimo de los profesionales de la Administración, sus preocupaciones, su percepción de los problemas que presentan la dirección y gestión de las políticas públicas, el grado de identificación con la organización a la que pertenecen, la confianza en que se respeten las reglas y las normas establecidas, los valores a que responden, el grado de coincidencia entre los valores proclamados y los comportamientos reales dentro de la organización, las expectativas de futuro. Sólo fomentando un buen clima laboral dentro de la Administración –algo que parece preocupar poco o nada al actual Gobierno de Aragón-, potenciando los valores propios del servicio público, cabe imaginar que pueda impulsarse un cambio efectivo en la ordenación de la función pública.

Los miembros de la Asociación observamos con preocupación el hecho de que la inercia de los hechos –y la total falta de iniciativa de los responsables políticos de la Administración autonómica- pueda agravar los actuales problemas de la función pública y se acrecienten los riesgos de desprofesionalización y de pérdida de los niveles de exigencia ética que debieran caracterizar a los servidores públicos. Es preciso reaccionar lo antes posible ante ese riesgo, y para aplicar las medidas adecuadas sería preciso contar con un diagnóstico sobre la situación, diagnóstico que requiere conocer el clima laboral de la organización, algo que no se ha realizado hasta la fecha y que nos parece crucial para atajar problemas futuros y buscar solución a los actuales, evitando una evolución indeseable como la que cabe prever en el supuesto de no hacer nada.

1 comentario:

Anónimo dijo...

En la función pública estamos viviendo ante todo una crisis institucional y una gran decadencia del principio de legalidad que retrocede a pasos agigantados en favor de un clientelismo instaurado ya de pleno en la Admón. La arbitrariedad tiene que dejar su lugar a la legalidad, el oscurantismo a la claridad y publicidad, el clientelismo al mérito desde la objetividad y la legalidad. Los recortes deberían empezar por esos asesores, por esos super complementos aprobados en Consejo de Gobierno (en realidad complementos personales) que se guardan tan herméticamente y que ni los recojen las tablas salariales que reparten los sindicatos, y que van a parar unos cuantos hombres de confianza, libremente designados.