miércoles, 2 de junio de 2010

UN DIFÍCIL CAMINO POR RECORRER.

En estos momentos, de aguda crisis económica y política, no puede cederse a la tentación de olvidar el valor de todo aquello que nos identifica como sociedad, como nación, como pueblo, todo lo que constituye nuestro horizonte común y que sólo podemos encontrar en nuestra Constitución.

Y si acudimos a nuestra norma fundamental, la que fundamenta nuestra vida política y nuestra convivencia como ciudadanos, como titulares de derechos civiles y políticos, también sociales, podremos descubrir -o redescubrir, si acaso se ha olvidado- que existe una organización llamada a servir los intereses generales de la sociedad, de todos nosotros, la Administración, en la que nos hallamos los servidores públicos, unos ciudadanos que hemos hecho de la garantía de la legalidad y de los derechos de todos nuestro quehacer profesional.

El buen funcionamiento de la Administración incumbe a todos, a quienes la regulan y dirigen -Parlamentos y Gobiernos-, a quienes trabajan en ella y le prestan su rostro todos los días -los servidores públicos- y a quienes la sostienen y disfrutan o padecen en numerosos ámbitos de su vida -los ciudadanos-, sabedores de que el debilitamiento de las Administraciones -de los servicios públicos- es un retroceso en el patrimonio común de derechos y libertades de los ciudadanos: la libertad, la seguridad, el bienestar son hoy aspiraciones y realidades para cuya realización efectiva son necesarios servicios que sólo se prestan desde las Administraciones.

Las crisis, los periodos de dificultad, son momentos en los que valorar especialmente los factores de cohesión social que aportan los servicios públicos, pero sin olvidar, y debe destacarse su importancia, la eficiencia exigible al funcionamiento de las Administraciones, la racionalidad que cabe reclamar a su organización, la sostenibilidad de su misión e intervención: algo grave sucede cuando los ciudadanos miran con desconfianza a quienes han de asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y consideran privilegiado e injustificado el régimen al que se sujetan.

¿Hemos olvidado las razones en que se fundamenta el servicio público? ¿Ha entrado en crisis el conjunto de valores y principios por los que se rigen las Administraciones Públicas? ¿Somos conscientes de lo que ello comporta para la fortaleza de nuestro ordenamiento constitucional, de nuestro Estado de Derecho, de nuestra convivencia democrática, de nuestros sistemas de atención a las necesidades materiales de todos y cada uno de nosotros?

Esta Asociación cree que todo lo que viene defendiendo desde hace más de tres años tiene hoy más vigencia que nunca, y por ello va a redoblar sus esfuerzos en defender una Administración plenamente comprometida con el Estado de Derecho, con los valores constitucionales y con los ciudadanos, incluidos los que opinan que los funcionarios son un lastre insoportable para el país. Hay que demostrar, más que nunca, lo que vale una función pública, sin confundir valor y precio, e insistir en que devaluar lo público es devaluar la dimensión ciudadana de todos los que compartimos nuestra condición de españoles.

8 comentarios:

Anónimo dijo...

La Junta de Andalucía ha optado por aplicar un recorte lineal del 5% en los salarios de su personal laboral, frente a la reducción progresiva que sufrirán los funcionarios según su nivel de ingresos.

Anónimo dijo...

¿Y en Aragón?

Anónimo dijo...

Cerca de 28.000 empleados públicos llamados laborales, que no son funcionarios ni están en empresas públicas, registrarán un recorte salarial sustancial por parte del Gobierno de Griñán, aun cuando son el colectivo de menor poder adquisitivo en la Administración de la Junta.

De esta forma, a los mileuristas del grupo V del personal laboral (más de 11.000 personas en Andalucía) sufrirán una reducción de un 5% de sus nóminas en todos los conceptos de la misma, mientras que a los delegados provinciales de las consejerías nombrados por el PSOE sólo le aplican un 6% siendo su salario mucho mayor que el de estos empleados laborales.

Así, la reducción para el colectivo que menos poder adquisitivo tiene en la administración general de la Junta de Andalucía será de unos 1.000 euros al año -equivalente a una paga extraordinaria-, lo cual contrasta con el recorte proyectado por la Junta de Andalucía respecto del personal funcionario.

A los funcionarios sí se ha aplicado, desde el Decreto-Ley, una progresión del recorte salarial por grupos y niveles que no se ha querido hacer en el colectivo de los laborales. De esta forma, en la equivalencia entre el grupo E de funcionario y el grupo V de laborales (igual trabajo) es que al grupo E el recorte es tan sólo de un 0,56% mientras que a los laborales corresponde un 5%.

Anónimo dijo...

EA anunció hoy que se opondrá en el Parlamento Vasco al proyecto de ley que quiere tramitar por vía de urgencia el Gobierno vasco para recortar el salario de los funcionarios, de los trabajadores de las empresas públicas, así como de los altos cargos y de los miembros del Ejecutivo y denunció de que "el plan del Gobierno vasco de reducir la masa salarial a base de no cubrir vacantes, traerá consigo el debilitamiento de los servicios públicos".

Anónimo dijo...

El mayor plan de ajuste de la democracia.

El Ejecutivo detecta 161 entes públicos autonómicos sin registrar.

EL PAIS.

Anónimo dijo...

En total, el número de entes autonómicos ha pasado de 2.012 a 2.181, con 178 altas y nueve bajas. De las primeras, solo 17 corresponden a nuevas entidades. Según las palabras utilizadas en su comunicado, esta revisión "es fruto del trabajo conjunto realizado por el Ministerio de Economía y Hacienda y las Comunidades Autónomas con el fin de que el inventario de entes dependientes refleje fielmente y con la máxima actualización posible la dimensión y estructura de su sector público".

La actualización del Inventario de Entes del Sector Público Estatal también recoge que, a 31 de diciembre de 2009, había registradas 473 entidades del sector público estatal, dos menos que el año anterior; así, el sector público autonómico es más de cuatro veces mayor al estatal.

EL PAIS.

Anónimo dijo...

El Gobierno de Castilla-La Mancha decidió ayer reducir a menos de la mitad las empresas y organismos públicos de esa comunidad, que pasarán de 94 a 42. Además, eliminó las delegaciones provinciales de Cultura e Industria, y creó las de Promoción Económica. Las medidas no van a tener en su opinión coste en términos de empleo, ya que los trabajadores mantendrán sus puestos; en el caso de los altos cargos, muchos son funcionarios que volverán a sus ocupaciones anteriores.

EL PAIS.

Anónimo dijo...

¿Cuántos trabajadores de las empresas públicas están ocupando las depndencias oficiales y empleando los medios de la Administración, no sólo mesas, lámparas, papel y ordenadores, sino archivos y bases de datos oficiales, para el desempeño de su trabajo?