viernes, 4 de junio de 2010

SIN DIMITIR DE LA RESPONSABILIDAD PROPIA.

En momentos de dificultad y alto nivel de exigencia, como los que nos toca afrontar en la actualidad, y aunque no sea posible olvidar la infinidad de asuntos pendientes todavía de abordar, debatir y resolver para despejar el preocupante horizonte de la función pública, cada cual –también esta Asociación- ha de establecer con claridad sus actuaciones prioritarias, con el fin de contribuir a la superación de las actuales dificultades y colaborar en el indispensable fortalecimiento de nuestra sociedad, nuestra economía y nuestras instituciones.

Los servidores públicos tienen –tenemos- una responsabilidad ineludible en la garantía de los servicios públicos –dirigidos a preservar la vida, la libertad y el bienestar de los ciudadanos- y en la fortaleza del Estado de Derecho, de modo que el respeto a la legalidad tanto por los poderes públicos como por los ciudadanos siga siendo la nota distintiva de nuestra vida colectiva.

Respetar las leyes es respetar los derechos e intereses legítimos de los demás, potenciar la confianza social y política, dignificar la convivencia, reforzar la actividad económica: respetar la legalidad es hoy la condición fundamental para mantener a raya la insolidaridad, el cinismo y el deterioro institucional. Fuera de ese respeto, que a todos nos incumbe, sólo hay campo libre para la corrupción política y social.

Cada cual, desde su quehacer, está llamado a cumplir una función útil a la sociedad, al resto de los ciudadanos. Todo trabajador, todo profesional, todo ciudadano: también quienes hoy se están formando y quienes ya han concluido su vida laboral. No cabe aferrarse a la seguridad propia, al interés personal y desentenderse del desafío que hoy debemos afrontar colectivamente como país, en el seno de la Unión Europea. Todos debemos estar dispuestos a ceder algo de nuestro bienestar para hacer posible el bienestar de todos, incluidas las generaciones futuras. No se trata de reclamar sacrificios, sino responsabilidad.

Los funcionarios públicos no podemos quedar al margen del esfuerzo general, sin duda alguna. Es momento de replantear muchos aspectos del funcionamiento de las Administraciones Públicas. Esta Asociación lo ha venido demandando desde hace ya unos años, antes de que la crisis estallase con su actual virulencia. Una función pública profesional y eficiente no es algo que deba reclamarse sólo en época de crisis, sino en todo momento. Debiera ser una preocupación compartida por responsables políticos y ciudadanos, incluidos los propios servidores públicos.

Ahora bien, la crisis que hoy padecemos se debe afrontar desde los valores esenciales de nuestra sociedad, apelando a las mejores virtudes cívicas y no dejándonos arrastar por una espiral de egoismo o desprecio hacia todo aquello que, siendo socialmente útil, consideramos que no nos favorece personalmente. A esta Asociación le corresponde en estos momentos defender la función pública –como institución y como actividad- de ataques claramente injustos e injustificados, desproporcionados, poco meditados y, en muchos casos, malintencionados. No vamos a dejar de hacerlo.

Ahora bien, defender la función pública no implica defender la hipertrofia de las Administraciones, ni el despilfarro de los recursos públicos, mucho menos tolerar la utilización de los puestos públicos para fines espúreos estrictamente partidistas o clientelares o consentir la corrupción pública de muchos de nuestros aparatos administrativos. Defender la función pública significa, precisamente, combatir con toda la energía posible el grave riesgo que para el futuro de todos suponen la dictadura de la incompetencia y la dictadura de la indecencia, dos amenazas frente a las cuales nadie puede inhibirse, nadie puede dimitir de su responsabilidad en prevenirlas y combatirlas.

Eso, con respeto a quienes piensen lo contrario, no se remedia con huelgas, sino con responsabilidad y coherencia, algo que ha faltado clamorosamente a los sindicatos de la función pública en los últimos años.

10 comentarios:

Anónimo dijo...

“Defender la función pública no implica defender la hipertrofia de las Administraciones, ni el despilfarro de los recursos públicos, mucho menos tolerar la utilización de los puestos públicos para fines espúreos estrictamente partidistas o clientelares o consentir la corrupción pública de muchos de nuestros aparatos administrativos. Defender la función pública significa, precisamente, combatir con toda la energía posible el grave riesgo que para el futuro de todos suponen la dictadura de la incompetencia y la dictadura de la indecencia, dos amenazas frente a las cuales nadie puede inhibirse, nadie puede dimitir de su responsabilidad en prevenirlas y combatirlas”
La Administración es un gran botín, desde donde se ejerce un nepotismo moderno donde no es fácil establecer la frontera entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. Es un cortijo de cortijos donde unos “señores” tienen montada su poltrona con derecho de pernada. Queremos una Admón pública, de todos, regida por la Ley y la norma, que respete los principios de legalidad, igualdad, capacidad, mérito,…. Queremos que se destierre la arbitrariedad de unos pocos elegidos.

Anónimo dijo...

Sacrificios, congelaciones, minoración de sueldos … los funcionarios estamos llamados a salvar la economía de esta país, ¡que bien!. Tiene que saber el pueblo que una gran mayoría del funcionariado es mil eurista o justo sobrepasa los 1000 € por poco.
Nadie habla de los dineros públicos q se llevan los sindicatos, empresas públicas, medios de comunicación, asesores,… Por qué no se hacen públicos los dineros que se van en retribuciones especiales, dietas, locomociones, cursos, cursillos, jornadas, complementos personales aprobados en Consejos de Gobierno….? Y si alguno de estos conceptos fueran aconsejables en algun momento, se repartan desde la legalidad, la igualdad y mérito, que se aparte al “padrino” repartidor de prebendas a favor de sus allegados.
No puede ser que la mayor preocupación del funcionario que busca su promoción y carrera administrativa consista en la búsqueda del “padrino” protector. Toda la vida administrativa tiene que estar sometida al principio de legalidad y no sujeta al arbitrio de ningún designado, hombre de confianza por muchos carnets apropiados o lazos con quien ocupa la poltrona que tenga .

Anónimo dijo...

Y sin embargo, no queda alternativa, hay que escoger el camino a seguir y avanzar.

Anónimo dijo...

¿Es difícil encontrar el camino a seguir en la actual coyuntura?

Anónimo dijo...

El Gobierno de Aragón aprueba los servicios mínimos para el 8-J








La DGA ha aprobado la orden por la que se determinan los servicios mínimos para la jornada de huelga de la función pública del próximo 8-J.

Dicho decreto establece los servicios en la Administración General, Administración de Justicia, Sanidad y Educación.

ARAGON DIGITAL.

Anónimo dijo...

En 2009 las tablas salariales publicadas por los Sindicatos recogían para el nivel 30, B, un especifico de 20.651.16 € (En 2005, BOA 129, eran 18.148 €), para una remuneración total de 53.429.46 €, pero no hacen referencia para nada a unos pocos (Jefes de Servicio) “pata negra”, de libre designación, perpetuados en un puesto de confianza desde donde ejercen su poder, acogen y protegen a sus afines y arrinconan a todo aquel “cuyo perfil” no es de su agrado, para los que ese mismo BOA de 2005 fijaba en 35.610 €, y que viendo la evolución del anterior en 2009 serían 40.521.70 € de específico, y unas remuneraciones de 73.300 € (sin incluir antigüedades, dietas, locomociones, cursos, cursillos …..). Tampoco parece muy justo que otro funcionario de su mismo grupo A, específico B, nivel 22 cobre un total de 37.421.44 €, 3.000 € menos que el específico del “pata negra”, o 33.003.60 € si tiene específico A, o que un funcionario del grupo E, específico A cobre 15.876.14 €.
En estos tiempos de crisis, ¿es justa la disminución del sueldo de todos los funcionarios?. ¿Cuantas congelaciones de funcionarios del grupo E se evitarían simplemente cesando a los “pata negra”?. ¿Y a los asesores?. ¿Y el dinero público que se llevan los sindicatos?

Anónimo dijo...

Zaragoza.- El Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón ha aprobado la orden por la que se determinan los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón durante la jornada de huelga convocada para el próximo martes día 8 de junio, que va a afectar al total de la plantilla. Es decir, a los sectores de Administración general, Justicia, Educación y Sanidad.

Estos servicios mínimos han sido previamente negociados con los representantes de las organizaciones sindicales con el fin de garantizar los servicios esenciales de la Comunidad y son los imprescindibles para el mantenimiento de las instalaciones de la Administración Autonómica

ARAGON DIGITAL.

Anónimo dijo...

Hay q defender una función pública, también una Admón sometida a la Ley, nunca la dictadura de la incompetencia y la indecencia, contra las cuales todos tenemos la responsabilidad de rebelarnos y de combatirlas.
NO A LOS CLANES, NO A LOS CORTIJOS, NO A LOS SEÑORES, NO A LOS PADRINOS, ... NO A LA ARBITRARIEDAD.
Queremos una función PUBLICA de todos y para todos sujeta solo y exclusivamente a la Ley con el principio de legalidad como único código de conducta.

Anónimo dijo...

Los sindicatos en la Administración no sólo han abdicado de sus responsabilidades reivindicativas en pro de una Función Pública regida estrictamente por las normas, objetiva, transparente, limpia y profesional, sino que se han sumado alborozados a la carrera de la discrecionalidad, del reparto del botín, del intercambio de cromos... Nadie representa menos al funcionario honrado, profesional y amante de la legalidad que los sindicatos.

Los sindicatos hoy forman parte significada del entramado corrupto: no son la solución del problema, sino parte de él.

Anónimo dijo...

La sarta de desatinos del tandem gobierno-sindicatos no puede tener mejor respuesta social que la baja participacion vaticinada por la myoria de los trabajadores. Bajo un lema oportunista y fuera de plazo en defensa de los valores de lo publico los sindicatos intentan su canto del cisne frente al gobierno. Demasiado tarde para ello. No se defiende lo publico corrompiendo sus principios desde dentro, negociando con fines espureos y alcanzando un nivel de "obesidad" en numero de liberados profesionales, subvenciones, partidas de formación y trasvase de cargos que traspasa lo obsceno. Desgraciadamente esta actitud y la movilizacion propuesta seguiran en la misma linea de alejamiento de la sociedad, gobierno, servicio publico y sindicatos.

Un sector publico que hace huelga cuando le tocan la nomina, no sera distinto a un gobierno de "izquierdas" que actua como de derechas, a una oposición que se alegra de los problemas del pais, una patronal dirigida por empresario conocido por sus quiebras, unos sindicaros que reprsentan unicamente a sus intereses, y en definitiva a una sociedad a la que cada dia mas le repugna lo publico. Creo que ese no es el camino.

La situacion es mala y compleja pero en estos momentos me viene a la cabeza dos citas de Einstein:
"Cualquier loco inteligente puede hacer las cosas mas grandes y mas complejas, pero hace falta un toque de genialidad y sobretodo mucho coraje para ir en direccion contraria" y "La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia" y aqui una huelga del sector publico es el paradigma de la incompetencia sindical.