domingo, 13 de junio de 2010

SI NO ES AHORA EL MOMENTO DE LA EJEMPLARIDAD Y DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN, ¿CUÁNDO?.

Hace escasos días las Cortes de Aragón, por decisión mayoritaria de sus miembros, rechazaban una propuesta del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista destinada a endurecer las medidas legales contra los políticos corruptos, previendo la posibilidad de suspenderles en sus funciones, como medida cautelar, cuando resultaren imputados como presuntos autores de delitos relacionados con el ejercicio de su cargo público. Frente a tal propuesta, quienes la rechazan han esgrimido la presunción de inocencia, confundiendo la responsabilidad penal con medidas que tienen más que ver con la higiene democrática y la credibilidad y el respeto de las instituciones.

A muchos ciudadanos les resulta incomprensible que tal posibilidad de suspender cautelarmente a cargos públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando existen razones que justifiquen tal medida -como ocurre en el caso de la alcaldesa de La Muela-, no esté recogida en nuestras leyes penales y procesales, pero aún sorprende todavía más que las iniciativas tendentes a subsanar semejante laguna en nuestro ordenamiento sean rechazadas por los partidos mayoritarios de nuestra Comunidad Autónoma.

Contrasta la ausencia de tal medida con la prevista suspensión provisional que se establece, con carácter cautelar, en el régimen disciplinario de los empleados públicos. ¿Cómo es posible que tal previsión no se haga extensiva a los cargos públicos, para los que la relación de confianza con los ciudadanos ha de considerarse fundamental para legitimar su continuidad en el ejercicio de sus funciones?

Que en momentos de aguda crisis económica como la que vive nuestro país, los grupos políticos no resulten sensibles al deber estricto de ejemplaridad pública que corresponde a los cargos públicos, permitiendo que puedan seguir al frente de responsabilidades institucionales quienes están imputados por delitos de enriquecimiento ilícito en el desempeño de su cargo, constituye un verdadero insulto a la dignidad colectiva -la de los ciudadanos y la de la democracia-, y así habremos de asistir, con estupor, a la adopción de medidas de recorte salarial o de incremento de tributos por quienes carecen de la menor autoridad moral y credibilidad social para reclamar esfuerzos y sacrificios a sus conciudadanos, a los que han defraudado doblemente, como cargos electos y como gestores públicos.

Comprendemos ahora que tanto el Gobierno de Aragón como las Cortes de Aragón rechazaran en el pasado las numerosas propuestas formuladas por esta Asociación para elevar los niveles éticos de conducta de los cargos políticos de nuestra Comunidad Autónoma -nuestra propuesta de crear una Comisión para la elaboración de un código de conducta de los cargos públicos, en el seno de las Cortes de Aragón, fue intempestivamente inadmitida por la Mesa del Parlamento autonómico- y comprendemos que ningún caso se hicieran a nuestras denuncias sobre los abusos respecto a los puestos de asesor de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, cuya irregular situación en nada ha variado pese a la situación que viven hoy todas las Administraciones Públicas.

El abuso ilegal de lo público en nada ha de verse afectado, por lo visto, con las medidas de sacrificio impuestas a los empleados públicos. ¿Acaso el recorte viene motivado, entre otras razones, para posibilitar el pago de sueldos a quienes nada hacen para merecerlos, como algunos asesores del Gobierno de Aragón? Si cosas como esas no se corrigen en estos momentos, ¿cuándo se hará? ¿Quién negaría autoridad moral a un Gobierno íntegro y plenamente comprometido con el interés general para reclamar las medidas de contención del gasto que fueran necesarias? Lo que ocurre es que no se puede con una mano recortar el sueldo a los trabajadores públicos, y con la otra regalarlo a militantes del partido que figuran como titulares de puestos públicos que jamás han desempeñado. Es también esta segunda mano -la de la ilegal gestión de los fondos públicos- la que se alza para rechazar medidas contra los políticos corruptos, alegando la presunción de inocencia. Una presunción, todo hay que decirlo, cada vez más sospechosa y menos inocente.

21 comentarios:

Anónimo dijo...

PSOE, PAR y PP han tirado abajo la Proposición de Ley de CHA para modificar el Enjuiciamiento Criminal, que pretende que los jueces instructores de casos de corrupción puedan inhabilitar provisionalmente cargos públicos imputados. Dos de las razones del rechazo son que "no es la mejor solución" y que "incumple preceptos jurídicos".

ARAGON DIGITAL.
3/6/2010

Anónimo dijo...

Zaragoza.- Después de más de un año tras el inicio de la "operación Molinos" contra la trama de corrupción urbanística en la localidad zaragozana de La Muela, con la principal imputada (la alcaldesa María Victoria Pinilla) de vuelta en su cargo municipal, el debate político sigue su curso y las Cortes han debatido una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los jueces instructores de casos de corrupción puedan acordar la inhabilitación provisional de los cargos públicos que se vean imputados. La presidenta del grupo de CHA, Nieves Ibeas, quien ha presentado la propuesta, ha insistido en que en este asunto "no valen medias tintas".

De este modo, ha explicado Ibeas, "se recuperaría el crédito de la actividad política y se regeneraría el sistema democrático". Aunque este argumento no ha servido para que PP, PSOE y PAR la apoyaran, cada uno por distintas razones y coincidiendo en que "no es la mejor solución" para atajar la corrupción y que no cumple exigencias jurídicas.

Esta modificación vendría de la mano de la introducción de un Capítulo III Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se especifica que debe constar en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena de inhabilitación especial o suspensión para empleo o cargo público cuyo máximo sea igual o superior a dos años, o bien con pena de inhabilitación especial o suspensión para empleo o cargo público de duración inferior si el imputado tuviese antecedentes penales "no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso".

Pero establece que este límite no será aplicable cuando de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, "pueda inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos de esta naturaleza o realiza estas actividades delictivas con habitualidad". Esto debería servir para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.

La duración de la suspensión provisional de empleo o cargo público no podrá exceder de un año y hasta dos (con pena de inhabilitación de tres años). Finalmente, si es condenado el imputado, la suspensión provisional de empleo o cargo público podrá prorrogarse hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia, si ésta se recurre.

ARAGON DIGITAL.

Anónimo dijo...

Posición de los grupos

El Partido Popular ha votado en contra, porque según su diputada Yolanda Vallés esta problemática "requiere" medidas de orden interno, intervenciones administrativas e incrementar las responsabilidades penales. Y también ha asegurado que la propuesta va en contra de la presunción de inocencia. Por parte del Partido Socialista, Manuel Lana ha defendido que este asunto debe ser analizado "más profundamente" y el diputado del PAR y alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, ha argumentado que varias normas "no lo permiten".

El único apoyo lo ha recibido CHA desde IU. Su coordinador Adolfo Barrena ha justificado su voto a favor por coincidir en que crea alarma social y da una visión indigna de la política. Y ha criticado al resto de grupos por la "prepotencia" de "arrogarse" la única solución posible. Finalmente, ha resaltado que hay que dejar claro que en la Comunidad Autónoma no caben "chorizos y corruptos".

Pero la votación ha dejado 56 votos en contra (PP, PAR y PSOE) y cinco a favor (CHA e IU). Lo que ha lamentado profundamente Nieves Ibeas, quien ha recriminado a los contrarios que se limiten a una declaración expresa de condena de la corrupción sin dar lugar a hechos. Además, se ha dirigido explícitamente a Yolanda Vallés para rechazar sus declaraciones de que se vulnere la presunción de inocencia con la modificación, mientras apoya la prisión provisional y ha definido las argumentaciones de Manuel Lana de que el Parlamento aragonés no es el foro adecuado de "excusa mala, mala, mala".

ARAGON DIGITAL.

Anónimo dijo...

Comentario:

Eso es manga ancha a los mangantes, para que le quepa aún más. y puedan seguir robando.

Anónimo dijo...

Comentario:

Mira, algo en lo que se han puesto de acuerdo todos los partidos, el que trinque, que pueda seguir trincando.

Anónimo dijo...

Comentario:

Las Cortes rechazan que se inhabilite "provisionalmente" a los cargos públicos imputados en casos de corrupción. ¿Porqué será?. ¿Será por miedo a que puedan llegar a estar en esa situación alguna vez ?, a mí no me preocuparía tanto, si se tiene la conciencia "tranquila" y actùas con total "dignidad".

Anónimo dijo...

Comentario:

Entonces?? un imputado en corrupción podrá seguir ejerciendo como si nada? vale que imputado no es culpable, pero no sé yo....

Anónimo dijo...

Aún sé menos yo.

Anónimo dijo...

Zaragoza, 03/06/2010.- Las Cortes de Aragón han debatido en la sesión plenaria de esta mañana la toma en consideración de una proposición de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión provisional de empleo o cargo público, presentada por CHA, que finalmente no ha contado con el apoyo suficiente debido a los votos en contra de PSOE, PP y PAR.

La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha presentado en el hemiciclo esta iniciativa en cuya exposición de motivos se detalla que “cualquier caso de corrupción política provoca el descrédito de las instituciones democráticas en su conjunto, genera la desconfianza de la ciudadanía y causa alarma social, especialmente cuando se constata que el sistema carece de recursos suficientes para apartar de inmediato de la gestión pública a quienes cometen hechos presuntamente delictivos prevaliéndose de sus empleos o cargos públicos”. Asimismo, se plantea que el fin de la reforma de la ley es que “los jueces y tribunales puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su empleo o cargo público a las personas imputadas por delitos castigados con las penas de inhabilitación especial o suspensión para empleo o cargo público. Si los jueces y tribunales pueden privar provisionalmente a las personas encausadas del bien jurídico más preciado, su libertad, es lógico que también puedan privarles del ejercicio de su empleo o cargo público, con la alta finalidad de proteger el interés general”.

En el turno de fijación de posturas de los grupos parlamentarios han participado los diputados Manuel Lana (PSOE), Yolanda Vallés (PP), Miguel Ferrer (PAR) y Adolfo Barrena (IU), antes de la votación que se ha resuelto con 56 votos en contra y 5 a favor.

Nota de prensa de las Cortes de Aragón.

Anónimo dijo...

Si yo fuera liberado sindical en la administración autonómica hoy tendría una depresión de caballo. La capacidad de convocatoria de estos sindicalistas de clase ha sido prácticamente nula en la Junta de Castilla y León. Un fracaso sindicado.

Los dirigentes sindicales inflaron (es lo habitual) las cifras de huelguistas. La realidad fue otra: por ejemplo, en los llamados "servicios centrales " de la Junta (Presidencia y consejerías de Administración Autónomica, Interior y Justicia y de la Presidencia) conviven más de 500 funcionarios, de ellos pararon el día de marras no más de media docena.

Los empleados públicos no vieron sentido a renunciar a un día de sueldo (pueden ser hasta 100 euros), que por cierto no descuentan a este ejército de liberados que pululan por la Junta.

Las demoledoras cifras del escaso seguimiento de la huelga deja claro que los trabajadores del sector público no se sienten representados por los sindicatos. Lo dicho, los liberados sindicales deberían tener una depresión de caballo, de lo contrario tienen una enorme cara.

diario crítico de castilla y león.

Anónimo dijo...

La fragmentación del mercado como consecuencia de un mal entendido estado de las autonomías complica cualquier política de Estado que se quiera llevar a cabo.


Las trabas burocráticas que han convertido cada autonomía en un reino de Taifas que ahuyenta a la inversión extranjera, la absurda guerra del agua entre regiones, la carrera de obstáculos en que se ha convertido la necesaria consolidación del sector financiero por la injerencia de los dirigentes autonómicos en las cajas, la imposibilidad para embridar el despilfarro en muchas autonomías...

Son sólo algunos ejemplos de algo que en España venimos sufriendo con frecuencia con un grave coste para el desarrollo económico, y que fuera de nuestras fronteras causan perplejidad.

Ni siquiera ahora, en un momento de emergencia nacional en el que resulta imperativo taponar la sangría de las cuentas públicas, los dirigentes autonómicos son capaces de hacer un esfuerzo para tocar la misma música que requiere la situación.

La decisión de Zapatero de imponer un recorte del 5% al salario de los funcionarios para contribuir a subsanar el grave agujero presupuestario está siendo interpretada de manera arbitraria por algunas autonomías, que son lógicamente las encargadas de aplicar dicho recorte a los empleados públicos de su ámbito territorial. Lo mínimo que se debe pedir es que se ajusten al 5% requerido para que al menos cuadren las cuentas del ahorro comprometido con el eurogrupo. Es lo que ha hecho Cataluña.

Tampoco hay nada que objetar a que alguna autonomía, como Andalucía, promueva un ajuste mayor. En cambio, no se puede decir lo mismo de otras como Valencia, Navarra o País Vasco, que soslayan las directrices generales y haciendo de su capa un sayo aplican a sus funcionarios recortes inferiores con la intención de caer menos antipáticos desde una óptica electoralista.

Se trata de una evidente falta de solidaridad para con el resto de autonomías que sí asumen la impopularidad de aplicar la medida en su totalidad. Además, la situación ahonda en el tradicional agravio que supone la sustancial mejor retribución de los funcionarios autonómicos frente a los estatales.

Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el nudo gordiano del problema no es la cuantía de los sueldos, sino la insostenible burbuja de empleados públicos, muchos de ellos de mera designación política, que exige una reestructuración a fondo de las sobredimensionadas plantillas de funcionarios.

Eso debería convertirse en una prioridad ineludible para los dirigentes políticos, pero mientras tanto si la dramática situación presupuestaria exige asumir sacrificios lo menos que se puede pedir es que las autonomías que se han revelado ahora más populistas estén a la altura de las circunstancias.

EXPANSION.

Alfonso dijo...

Buenos días a todos,

en realidad no hay que extrañarse de que los grupos parlamentarios no aprueben una medida como la propuesta; ¿para qué serviría si los ciudadanos siguen votando a todas esas personas que están incluso, ya no procesadas, sino condenadas?

El problema no reside sólo en los partidos, sino en la sociedad, que consiente y aplaude la ausencia de ética. Los partidos políticos son reflejo, eso sí, un reflejo de profundo légamo y miasmático, de la propia corrupción de los ciudadanos.

Un saludo.

Anónimo dijo...

Eso sí, olvidémonos de la necesidad de buen gobierno y centrémonos en la reivindicación de los bienes de la franja, que en ello nos va la dignidad como pueblo, aunque nos gobiernen corruptos imputados por la justicia.

Anónimo dijo...

Zaragoza, 14/06/2010.- Los diputados aragoneses, en la Comisión Institucional celebrada esta mañana, han debatido dos proposiciones no de ley presentadas por el PP encaminadas a modificar las formas “en el nombramiento del personal al servicio del Gobierno de Aragón”, y para “mejorar los procesos de selección de personal de las entidades de derecho público y empresas públicas de la Comunidad autónoma”. Finalmente, ninguna de las dos iniciativas ha contado con el apoyo suficiente para su aprobación.

En primer lugar, Manuel Guedea (PP) ha defendido “instar al Gobierno de Aragón para que el nombramiento y cese del personal eventual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 2/2009, del presidente y del Gobierno de Aragón, se publique de forma expresa en el Boletín Oficial de Aragón”. El diputado popular ha argumentado que “en lo dispuesto en el citado precepto legal, el Gobierno de Aragón ha realizado una interpretación de la misma, contraría tanto al tenor literal como al espíritu de la ley”, por lo que ha pedido que “se rompa esta actitud”.

Carlos Tomás (PSOE) ha manifestado que “un anuncio en el BOA con nombre y apellidos, el tipo y número del puesto de trabajo, el órgano donde se encuadra, la fecha del nombramiento…” son datos suficientes y “se ajusta al requisito de publicidad mencionado en ese artículo”.

En la misma línea, el portavoz del PAR en la Comisión Institucional, Javier Allué, ha dicho que “el Gobierno entiende que debe hacerlo vía anuncio y todo el mundo tiene conocimiento de qué asesor o personal de confianza es cesado o confirmado”, por lo que no ha visto razón para apoyar la iniciativa.

Desde CHA, Chesús Bernal ha considerado que “sería razonable que el Gobierno de Aragón intente cumplir la ley con la suficiente generosidad”.

Mientras, por parte de IU, Adolfo Barrena ha valorado que “la aplicación de la normativa es una interpretación, y cada grupo lo interpretaremos de diferente manera. Habría que hacer un esfuerzo y ser sensatos”, por lo que el diputado del Grupo Mixto ha hecho “una llamada al acuerdo”.

Nota de prensa de las Cortes de Aragón.

Anónimo dijo...

Deplorable decisión parlamentaria.

Anónimo dijo...

¿Qué hacer cuándo las instituciones se empeñan en desconocer el Estado de Derecho?

Anónimo dijo...

Este gobiero de coalición es un lastre.

Anónimo dijo...

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Por otra parte, los miembros de la Comisión Institucional han debatido otra proposición no de ley del PP para “establecer medidas de mejora en los procesos de selección de personal de las entidades de derecho público y empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón”. Antonio Suárez ha argumentado que “la selección no se desarrolla según lo establecido en la ley de la Administración autonómica de Aragón” y ha pedido “respeto de los principios legales de selección” de forma que los procesos “sean homogéneos y siempre transparentes”. Asimismo, se ha considerado necesario que el “consejero de Presidencia del Gobierno autonómico informe a las Cortes de Aragón, en la correspondiente comparecencia ante la Comisión de Economía y Presupuestos dentro del procedimiento legislativo de elaboración del Presupuesto anual, de los procesos de selección de personal celebrados y del cumplimiento de los principios legales aplicables”.

Por parte el PSOE, Fernando Heras ha considerado que “hay la mayor transparencia en este proceso” y ha recordado que “se trata de un tipo de empresas de propiedad pública que giran en el aspecto privado y que tienen una naturaleza especial”. Además, ha considerado que, aunque “se busca conseguir la máxima eficiencia y eficacia en el servicio al ciudadano”, los responsables gestores de estas empresas “rigen los procesos con escrupuloso respeto a la legislación” y la corporación de empresas públicas de Aragón “ya está tomando medidas para la homogeneización de sus procesos selectivos”.

Javier Allué (PAR) ha partido “de una premisa contraria, porque los procesos son homogéneos y transparentes” y ha querido hacer “algunas apreciaciones más” para despejar las dudas sobre los procesos.

Para Chesús Bernal (CHA) “han faltado criterios a la hora de afrontar esos procesos de selección de personal” porque “hay disparidad clara entre unos casos y otros”. El portavoz de CHA en dicha Comisión ha apoyado la iniciativa porque “se ganará en transparencia”.

Por último, Adolfo Barrena (IU) ha considerado que “sería deseable extender esta iniciativa al resto de puestos del Gobierno de Aragón y, en este contexto, nos parece adecuado que las consejerías informen de sus intenciones y previsiones al respecto” cuando cada año se tratan las partidas presupuestarias.

Nota de prensa de las Cortes de Aragón.

Anónimo dijo...

Otra más en la misma dirección.

Anónimo dijo...

¿Hacia dónde vamos con una mayoría así?

Anónimo dijo...

¿Qué deriva es ésta?