La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se dirige al Director General de la Función Pública, Antonio Brun, para solicitarle que se hagan públicos los análisis sobre costes y financiación del conjunto de medidas contenidas en el Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón, análisis que han de contenerse necesariamente en la memoria económica que ha de acompañar todo Proyecto de ley.
Los citados estudios, en el actual contexto de ajuste del gasto público, resultan particularmente relevantes. Debiera saberse cuál es el grado de realismo con el que se ha confeccionado el Anteproyecto de ley –principalmente, en lo que afecta al modelo de régimen retributivo y de carrera establecidos- y si las previsiones de dicho Anteproyecto tienen en la actuadlidad alguna vigencia o los acontecimientos sobrevenidos lo han hecho inviable económicamente.
Debiera, en particular, aclararse qué perspectivas de financiación del nuevo sistema de ordenación del empleo público resulta posible en un contexto en el que no se ha podido garantizar el mantenimiento de las actuales retribuciones de los empleados públicos, cuya estructura resulta más sencilla y barata que la contenida en el Anteproyecto de Ley. El debate de las implicaciones económicas de la Ley no puede hurtarse ni a los ciudadanos ni a los propios empleados públicos.
Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido al Director General de la Función Püblica:
“Ilmo. Sr. Director General de la Función Pública
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón
Zaragoza, 29 de junio de 2010.
Estimado señor:
Como consta en el portal del Gobierno de Aragón, por parte de esa Dirección General se han llevado a cabo las actuaciones precisas para la elaboración de un Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón, con el que se pretende dotar de una nueva regulación a la función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, adaptando la actualmente existente al nuevo marco establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Conforme a lo señalado por el artículo 37.2 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, la preparación de un proyecto de ley ha de incluir una exposición de motivos y una memoria sobre sus efectos económicos, es decir, sobre el coste derivado de su aprobación y los medios previstos para su financiación.
El citado Anteproyecto de Ley del Empleo Público de Aragón, al contener una reordenación del régimen retributivo del conjunto de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y llevar a cabo un desarrollo de la modalidad de carrera profesional horizontal con carácter general, supone un indudable incremento de los costes de personal de la Administración aragonesa. Otras medidas o previsiones del citado Anteproyecto, como la conversión del Instituto Aragonés de Administración Pública en organismo autónomo, tienen también claros efectos económicos, al incrementar el actual nivel de los gastos de funcionamiento administrativo.
En consecuencia, el proceso de elaboración del referido Anteproyecto requiere la elaboración de una memoria sobre la estimación de los efectos económicos derivados de la aplicación del nuevo régimen establecido, con una cuantificación de costes, proyectados en el tiempo, y una previsión sobre las condiciones de financiación de los mismos. Tal previsión, en un contexto de crisis económica como el existente, resulta imprescincible para dotar de viabilidad al modelo contenido en la norma, máxime cuando su elaboración ha venido a coincidir con un ajuste del gasto público y una reducción de las retribuciones del conjunto de los empleados públicos de las Administraciones Públicas en España.
De acuerdo con ello, y en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, le solicito que se hagan públicos y den a conocer los estudios realizados sobre el coste económico que suponen las diferentes medidas contenidas en el referido Anteproyecto –en particular, el nuevo régimen retributivo-, así como las fórmulas previstas para su financiación, teniendo en cuenta la coyuntura actual en la que no ha sido posible siquiera mantener la cuantía de las retribuciones de los empleados públicos actualmente en vigor.
Agradeciendo de antemano su atención, reciba un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
3 comentarios:
¿Ha dicho algo el Fiscal Superior?
Bien por el Justicia.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, se ha mostrado favorable a suspender a un empleado o cargo público que tiene imputaciones graves en un proceso judicial, como recientemente propuso Chunta Aragonesista (CHA) en el pleno de las Cortes de Aragón, sin recibir el apoyo de Partido Socialista (PSOE), Partido Popular (PP) y Partido Aragonés (PAR).
CHA presentó esta propuesta a raíz de la situación del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), cuya alcaldesa, María Victoria Pinilla, y dos concejales están imputados en una investigación judicial por corrupción urbanística, a pesar de lo cual Pinilla sigue al frente del consistorio, tras haber estado unos meses en prisión preventiva.
El Justicia ha señalado que "sería bueno que un juez pudiera adoptar esa medida", si bien ha precisado que la Cámara parlamentaria aragonesa "no tiene competencias" en esta materia, sino que le correspondería hacerlo a las Cortes Generales.
García Vicente ha añadido que la Institución del Justiciazgo elaboró un informe en el que considera que el Gobierno de Aragón ha actuado correctamente en el caso del Ayuntamiento de La Muela. Según ha explicado, no hubiera sido oportuno disolver ese Ayuntamiento, como habían pedido algunas formaciones políticas, puesto que hay concejales suficientes para que pueda funcionar.
El Justicia ha respondido así al diputado de CHA, Bizén Fuster, en el pleno de las Cortes de Aragón donde ha comparecido este miércoles para presentar el informe anual de la actividad de esta Institución de 2009. El diputado ha preguntado a García Vicente sobre su postura ante la propuesta de CHA de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se pueda suspender a un empleado o cargo público de su puesto si tiene imputaciones graves en un proceso judicial.
Bizén Fuster ha recordado que, tras el rechazo en las Cortes de Aragón a la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, su partido político la "ha llevado a Madrid y se va a debatir en el Senado", a través de PSM-Entesa Nacionalista, partido con el que CHA tiene firmado un protocolo de colaboración política.
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