jueves, 5 de julio de 2007

LOS SINDICATOS SE PERSONAN EN EL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

Zaragoza, 5 de julio de 2007.

Esta mañana tendrá lugar una comparecencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ante la que se sigue el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales planteado por la Asociación al impugnar el Decreto 67/2007, de 8 mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007.

En el procedimiento se han personado como interesados los sindicatos UGT y CCOO, teniéndolos el Tribunal por comparecidos a ambos, en calidad de codemandados. Por lo tanto, Administración y Sindicatos defenderán la Oferta de Empleo Público frente a los argumentos que formule esta Asociación en su impugnación.

Inicialmente, tanto la Administración como el sindicato Comisiones Obreras han formulado causas de inadmisión, con el fin de que el procedimiento no pueda sustanciarse. Entiende la Letrada de la Administración que los motivos esgrimidos por la Asociación en su escrito de interposición son de mera legalidad, absolutamente ajenos al derecho fundamental presuntamente vulnerado, como es el derecho de acceso al empleo público (artículo 23.2 de la Constitución española). Comisiones Obreras, por su parte, plantea también causa de inadmisibilidad del recurso, al entender que la Asociación no tiene ningún interés legítimo que defender y que está efectuando una defensa de la legalidad en abstracto, invocando un derecho fundamental que la Constitución atribuye a los ciudadanos.

En dicho escrito, señala la representación de Comisiones Obreras: “Si atendemos a los Estatutos de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, aportados con la interposición de este recurso, ésta se asienta en unos principios, y persigue unos fines, que se entienden son suscritos por cualquier persona que mantenga interés en la continuidad del Estado de Derecho. Otra cosa distinta es que de ello se haya de inferir que la actora ostenta legitimación para promover toda clase de pleitos en el orden contencioso-administrativo, en aras a conseguir la transparencia, pureza, ética, profesionalidad, compromiso público, calidad y buena administración, receptividad y participación, gestión eficiente, cultura organizativa y legalidad (art. 6 de sus estatutos), de la actuación administrativa en el ámbito de la gestión de la Función Pública Aragonesa. Desde luego que esta parte entiende que la Asociación actora carece de legitimación para alzarse ante esta Jurisdicción contra un Decreto del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Oferta de Empleo para el año 2007, sobre la base de una presunta vulneración del artículo 23.2 de la Constitución: “asimismo tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes”. La Constitución, ese derecho fundamental, se lo reconoce a los ciudadanos, que es, en definitiva a quienes vendría a defender en este pleito la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Está actuando en defensa de quienes podrían estar interesados en acceder a la Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma, en defensa de la legalidad en abstracto, que, según su criterio, habría sido vulnerada con el Decreto 67/2007. Está ejercitando la acción popular en el ámbito de esta Jurisdicción”.

Tras las intervenciones que hoy se produzcan de todas las partes en el proceso, entre las cuales se cuenta el Ministerio Fiscal, en cuanto defensor de los derechos de los ciudadanos, la Sala resolverá en fechas próximas sobre la admisión o inadmisión del recurso.

Entendemos que, en las actuaciones procesales de las partes, ninguna iniciativa es neutra y plantear, por un sindicato, la inadmisión del recurso promovido por esta Asociación por falta de legitimación activa supone una actitud entorpecedora del control de legalidad de una actuación administrativa que, a juicio de la Asociación, lesiona el derecho fundamental de los ciudadanos de acceso al empleo público, a la vez que distorsiona el funcionamiento de la propia Administración.

Todos somos ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos y no vamos a admitir falsas contraposiciones en cuanto a la titularidad de los derechos fundamentales. Todos los que hoy somos funcionarios lo somos porque ejercimos nuestro derecho fundamental de acceso, derecho que, por coherencia, debemos reclamar para quienes hoy o mañana quieran ejercerlo. Ese derecho además es medular en la configuración constitucional de nuestra Administración Pública, en cuya defensa y desarrollo está comprometida esta Asociación.

21 comentarios:

Anónimo dijo...

Por supuesto que Administración y Organizaciones Sindicales (algunas) van de la mano en esta cuestión, como en otras muchas:
- Eliminar el reconocimiento médico general anual (a cambio de reconocimientos específicos que son obligatorios por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
-Mantener la misma jornada laboral general que hace 10 años, dejando las reducciones de jornada a la "voluntad" de la Administración.
-Modificar el artículo del Convenio Colectivo referido a la modificación de condiciones de trabajo eliminando cualquier salvaguarda que antes tenían los representantes de los trabajadores.
... y un largo etcetera que serán a cambio de, entre otras cosas, sesenta y pico liberados sindicales en nuestro sector.

Anónimo dijo...

¿qué se defiende cuando se pretende que los juzgados no puedan pronunciarse sobre la posible lesión de los derechos de los ciudadanos?

Anónimo dijo...

No hay que minimizar el asunto de la legitimación, pues si se negase a esa Asociación la facultad de promover ante los tribunales el control de legalidad de la actuación de la Administración, se vería anulada una de sus mayores potencialidades.

Anónimo dijo...

Lo que no hay que minimizar es la posición de Comisiones Obreras que, alegando la falta de legitimidad activa de la asociación, ha cruzado, no la fina línea sino el Rubicón. Democracia, progresismo, participación ciudadana, defensa de los intereses de los trabajadores. La tierra se mueve bajo nuestros pies

Anónimo dijo...

Traigo aquí este crudo análisis de Adela Cortina, del año 1998, a propósito de la ética pública:

"La ética pública se encuentra en este fin de siglo en una situación paradójica: parece a la vez imposible y necesaria.
Necesaria, porque a largo plazo no funciona la vida pública, incluidos los mercados globales, sin una base firme de confianza y credibilidad, que no surgen sino de convicciones y hábitos éticos profundamente arraigados.
Imposible, porque la vida pública -local y global- no está dirigida por gentes lo suficientemente inteligentes como para percibir esto, sino por mafias chapuceras y miopes, que juegan al corto plazo en la política, la economía, la universidad, la sanidad, la prensa o la judicatura: las mafias, que impiden a la cosa pública ser cosa de todos los ciudadanos, cosa nuestra, y la convierten en cosa de ellos, cosa nostra.
Hacer justicia, devolver a los seres humanos ese mundo del que son dueños legítimos, es el nuevo motor de una historia que no ha terminado más que para los conformistas de toda la vida.
Los diligentes, los que piensan y aman, se esfuerzan por diseñar propuestas de justicia, que hoy no puede ser sino local y global".

Duro y exigente desafío, enorme tarea a la que debemos aplicarnos, junto a otros muchos, los funcionarios públicos. Debemos trabajar por la cosa nuestra y no para la cosa nostra.

Anónimo dijo...

Los sindicatos sabrán lo que hacen y lo que defienden.

Anónimo dijo...

Este recurso va a tener un enorme alcance, en muchos sentidos: va a sentar jurisprudencia en un tema crucial para todos, como es la aprobación anual de la oferta de empleo público y lo que ello supone para el ejercicio del derecho fundamental de acceso al empleo público de todos los ciudadanos, pero, al mismo tiempo, y ello en modo alguno puede considerarse secundario, obliga a todos a tomar posición en el tema, y, de momento, ya hemos podido ver la posición adoptada por ciertos sindicatos. Nada de extrañar después de que Comisiones Obreras se refiriese a la Oferta de 2007 como "la mayor oferta de plazas de personal funcionario en la historia de la DGA". ¿251 plazas de turno libre, después de dos años sin oferta? Dividamos para tres años, que sería el periodo al que supuestamente habría que referir la oferta de 2007 y tendríamos la escalofriante suma de 84 plazas por año. ¿Esas son las necesidades reales de nuestra Administración?

Anónimo dijo...

"LOS SINDICATOS SE PERSONAN EN EL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO."
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Anónimo dijo...
Por supuesto que Administración y Organizaciones Sindicales (algunas) van de la mano en esta cuestión, como en otras muchas:
- Eliminar el reconocimiento médico general anual (a cambio de reconocimientos específicos que son obligatorios por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
-Mantener la misma jornada laboral general que hace 10 años, dejando las reducciones de jornada a la "voluntad" de la Administración.
-Modificar el artículo del Convenio Colectivo referido a la modificación de condiciones de trabajo eliminando cualquier salvaguarda que antes tenían los representantes de los trabajadores.
... y un largo etcetera que serán a cambio de, entre otras cosas, sesenta y pico liberados sindicales en nuestro sector.

5 de julio de 2007 13:51


Anónimo dijo...
¿qué se defiende cuando se pretende que los juzgados no puedan pronunciarse sobre la posible lesión de los derechos de los ciudadanos?

5 de julio de 2007 13:53


Anónimo dijo...
No hay que minimizar el asunto de la legitimación, pues si se negase a esa Asociación la facultad de promover ante los tribunales el control de legalidad de la actuación de la Administración, se vería anulada una de sus mayores potencialidades.

5 de julio de 2007 14:23


Anónimo dijo...
Lo que no hay que minimizar es la posición de Comisiones Obreras que, alegando la falta de legitimidad activa de la asociación, ha cruzado, no la fina línea sino el Rubicón. Democracia, progresismo, participación ciudadana, defensa de los intereses de los trabajadores. La tierra se mueve bajo nuestros pies

5 de julio de 2007 21:34


Anónimo dijo...
Traigo aquí este crudo análisis de Adela Cortina, del año 1998, a propósito de la ética pública:

"La ética pública se encuentra en este fin de siglo en una situación paradójica: parece a la vez imposible y necesaria.
Necesaria, porque a largo plazo no funciona la vida pública, incluidos los mercados globales, sin una base firme de confianza y credibilidad, que no surgen sino de convicciones y hábitos éticos profundamente arraigados.
Imposible, porque la vida pública -local y global- no está dirigida por gentes lo suficientemente inteligentes como para percibir esto, sino por mafias chapuceras y miopes, que juegan al corto plazo en la política, la economía, la universidad, la sanidad, la prensa o la judicatura: las mafias, que impiden a la cosa pública ser cosa de todos los ciudadanos, cosa nuestra, y la convierten en cosa de ellos, cosa nostra.
Hacer justicia, devolver a los seres humanos ese mundo del que son dueños legítimos, es el nuevo motor de una historia que no ha terminado más que para los conformistas de toda la vida.
Los diligentes, los que piensan y aman, se esfuerzan por diseñar propuestas de justicia, que hoy no puede ser sino local y global".

Duro y exigente desafío, enorme tarea a la que debemos aplicarnos, junto a otros muchos, los funcionarios públicos. Debemos trabajar por la cosa nuestra y no para la cosa nostra.

6 de julio de 2007 8:58


Anónimo dijo...
Los sindicatos sabrán lo que hacen y lo que defienden.

6 de julio de 2007 9:14


Anónimo dijo...
Este recurso va a tener un enorme alcance, en muchos sentidos: va a sentar jurisprudencia en un tema crucial para todos, como es la aprobación anual de la oferta de empleo público y lo que ello supone para el ejercicio del derecho fundamental de acceso al empleo público de todos los ciudadanos, pero, al mismo tiempo, y ello en modo alguno puede considerarse secundario, obliga a todos a tomar posición en el tema, y, de momento, ya hemos podido ver la posición adoptada por ciertos sindicatos. Nada de extrañar después de que Comisiones Obreras se refiriese a la Oferta de 2007 como "la mayor oferta de plazas de personal funcionario en la historia de la DGA". ¿251 plazas de turno libre, después de dos años sin oferta? Dividamos para tres años, que sería el periodo al que supuestamente habría que referir la oferta de 2007 y tendríamos la escalofriante suma de 84 plazas por año. ¿Esas son las necesidades reales de nuestra Administración?

Anónimo dijo...

Interesante análisis del papel de los funcionarios en la Italia de la tangentopoli (la corrupción objetiva del sistema político):

"Los funcionarios públicos han estado durante mucho tiempo dominados por los políticos, no sólo en las administraciones regionales y locales, sino también en las grandes administraciones centrales. El papel decisorio, del todo secundario, desarrollado por el personal administrativo y su depreciación profesional han provocado efectos negativos: los funcionarios no han tenido la fuerza y la preparación necesarias para garantizar la existencia de un filtro de racionalidad técnica en las relaciones entre políticos y empresarios, y a menudo no han permanecido ajenos a hechos de corrupción".

Es decir, los funcionarios públicos neutralizados en su papel de garantes de las normas.

Anónimo dijo...

¿Ya han pasado los sindicatos a la carga contra la Asociación?

Anónimo dijo...

No deja de ser curioso el argumento del letrado de Comisiones, de adhesión a los principios de la Asociación, suscribibles por cualquiera que pretenda la continuidad del Estado de Derecho y la posterior negación de la capacidad de la Asociación para defender los principios de legalidad ante los Tribunales.

¿Se ofrecen ellos a hacerlo en nombre de la Asociación? ¿Ofrecen sus servicios jurídicos? No, casualmente ponen en funcionamiento su servicio jurídico para combatir las acciones que emprende la Asociación para el logro de esos objetivos que parecen compartir todos.

¿dónde está la contradicción entre principios y recurso, para asumir unos y combatir otro?

Eso no se argumenta ni se explica.

Anónimo dijo...

No hacen sino defender su terreno de lo que piensan que son intrusiones de terceros que no han sido llamados a la fiesta y que, además, aparecen con valores que cuestionan el modelo establecido.

Anónimo dijo...

Es muy apreciable la preocupación de la Asociación por rendir cuentas permanentemente de sus actuaciones e iniciativas, explicando las razones de sus decisiones o dando publicidad a los escritos cursados.

El valor de transparencia es algo consustancial a los principios propugnados, y creo que hasta la fecha se respete de forma notable.

Anónimo dijo...

El problema es ¿desde cuándo una asociación civil puede ejercer estas iniciativas en el derecho administrativo? De los sindicatos sabemos su soporte; la Constitución Española.

El rencor del que se cree mayor es la peor de las enfermedades

Anónimo dijo...

Léete la Constitución española un poco mejor.

Anónimo dijo...

¿Ese es el problema? Pues sólo debe serlo para algunos que tratan de ejercer su labor en régimen de monopolio.

Anónimo dijo...

Paradójico decreto presidencial: el Decreto que hoy publica el BOA establece la nueva estructura departamental y a continuación se procede al cese de los anteriores miembros del Gobierno y al nombramiento de los nuevos, pero hay un detalle que resulta extraordinariamente sorprendente, error increíble, pero insoslayable: la disposición transitoria del Decreto señala que "subsistirán hasta la entrada en vigor de los Decretos de estructura orgánica, los órganos superiores ... de los Departamentos objeto de reestructuración", y hay que recordar que los órganos superiores son los Consejeros (artículo 8.1 de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón), razón por la cual, conforme a esa incomprensible mención, subsistirían los Consejeros de la anterior estructura departamental hasta que no se aprueben los Decretos de estructura orgánica correspondientes, es decir, el Presidente se habría limitado su capacidad de nombramiento de los Consejeros de los nuevos órganos superiores, y de ese modo podríamos entender irregulares los nombramientos del Vicepresidente, y de los Consejeros de Presidencia y de Política Territorial, Justicia e Interior.

¿Cómo salir de este embrollo? Está difícil, muy difícl para salir indemnes de este fallo de organización administrativa y de diseño institucional.

Anónimo dijo...

¿Qué hará Velasco con el contencioso heredado?

Anónimo dijo...

Buena pregunta, pero desconocemos por el momento la respuesta. La respuesta está en el cierzo, como decía Dylan.

Anónimo dijo...

Hay que dar una respuesta a Comisiones Obreras, contenida pero firme.

Anónimo dijo...

La mejor respuesta que han dado algunos de sus afiliados ha sido la de darse de baja.