Durante la semana pasada, la Asociación se ha dirigido por escrito a un gran número de Colegios Profesionales de Zaragoza, Huesca y Teruel, tanto para darles a conocer la existencia de la Asociación, como para exponerles su campaña a favor de una oferta de empleo público correcta y suficiente, como elemento necesario para reforzar y garantizar el carácter profesional de la Administración Pública, entendiendo que en la promoción de los valores profesionales al servicio de la sociedad los Colegios Profesionales y la Administración comparten unos mismos objetivos.
La noción de profesionalidad es consustancial al servicio público y esa profesionalidad es inseparable de los principios de mérito y capacidad que rigen en los procedimientos de selección de personal en las Administraciones Públicas y de los principios que integran la ética propia de cada profesión.
La promoción de la “ética profesional” será, sin duda, un campo de colaboración futura entre la Asociación y los Colegios Profesionales de Aragón.
En este momento, sin embargo, se considera prioritario que los Colegios Profesionales demanden del Gobierno de Aragón medidas que refuercen la profesionalidad de quienes prestan los servicios públicos a la sociedad, y el principal elemento para ello es el respeto estricto a las normas de selección de personal por parte de los responsables de función pública, mediante la aprobación anual de la oferta de empleo público, incluyendo todas las plazas que exige la ley, y el desarrollo de los diferentes procesos selectivos en los plazos fijados.
Se reproduce, a continuación, la carta remitida a los colegios profesionales.
Zaragoza, 26 de junio de 2007.
Colegios Profesionales de Aragón.
Estimados señores:
Me dirijo a ese Colegio, en mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para darles a conocer tanto nuestra Asociación como la campaña pública que, en estos momentos, estamos desarrollando a favor de una oferta de empleo público correcta y suficiente en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada en el mes de febrero de este año, pretende agrupar a todos los funcionarios de la Administración autonómica aragonesa deseosos de trabajar por el respeto de los principios, valores y normas que han de regir el ejercicio de la función pública, de modo que la Administración contribuya al buen funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico, conforme a lo establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Nuestra actividad irá dirigida en todo momento a promover en el conjunto de las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma los principios de legalidad y de ética pública, así como los de eficacia, eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Pretendemos contribuir con nuestro esfuerzo a hacer realidad una Administración profesional al servicio de la democracia y de los ciudadanos.
Coherentemente con nuestros objetivos, hemos promovido una campaña pública para recordar al Gobierno de Aragón su obligación de garantizar el cumplimiento de la ley en materia de selección de personal y oferta de empleo público en la Administración autonómica, dado el manifiesto incumplimiento producido en esta pasada legislatura, en la que no se aprobó oferta de empleo público los años 2005 y 2006, sin que, además, la práctica totalidad de los procesos correspondientes a la oferta aprobada en el año 2004 hayan sido convocados o concluidos a esta fecha.
Asimismo, la reciente aprobación de la oferta para el año 2007 supone a juicio de esta Asociación un nuevo incumplimiento de la legalidad, al no incluirse en ella el número de plazas necesarias y que se encuentran desempeñadas por personal interino, restringiendo con ello de forma arbitraria el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española. Ello nos ha llevado a impugnar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba dicha la Oferta de Empleo Público para 2007.
Entendemos que la profesionalidad, ya sea en el sector público o en el sector privado, constituye un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de todos los servicios que demanda nuestra sociedad, cada vez más compleja y exigente.
La selección de los funcionarios públicos realizada conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, constitucionalmente garantizados, es un elemento esencial para lograr una Administración profesional y eficiente, además de asegurar el derecho de acceso al empleo público a todos aquellos profesionales que desean ejercer su actividad en dicho ámbito.
Creemos que ese Colegio Profesional no puede ser ajeno a esta preocupación, por lo cual le solicitamos que, a través de sus órganos de gobierno, pueda manifestar al Gobierno de Aragón el interés social que supone una correcta aplicación de las normas de selección de personal para asegurar el adecuado nivel de profesionalidad en el conjunto de los servicios públicos.
Con tal motivo, le adjuntamos el documento elaborado por esta Asociación, en el que se expresa el valor del acceso al empleo público como derecho de los ciudadanos y se exponen las razones por las que esta Asociación ha considerado necesario impugnar judicialmente el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón.
Aprovecho asimismo para manifestarle nuestra voluntad de colaboración con ese Colegio en todo lo que guarde relación con la mejora de los servicios públicos de nuestra Comunidad Autónoma, remitiéndoles un cordial saludo de los miembros de la Junta Directiva de esta Asociación.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
La noción de profesionalidad es consustancial al servicio público y esa profesionalidad es inseparable de los principios de mérito y capacidad que rigen en los procedimientos de selección de personal en las Administraciones Públicas y de los principios que integran la ética propia de cada profesión.
La promoción de la “ética profesional” será, sin duda, un campo de colaboración futura entre la Asociación y los Colegios Profesionales de Aragón.
En este momento, sin embargo, se considera prioritario que los Colegios Profesionales demanden del Gobierno de Aragón medidas que refuercen la profesionalidad de quienes prestan los servicios públicos a la sociedad, y el principal elemento para ello es el respeto estricto a las normas de selección de personal por parte de los responsables de función pública, mediante la aprobación anual de la oferta de empleo público, incluyendo todas las plazas que exige la ley, y el desarrollo de los diferentes procesos selectivos en los plazos fijados.
Se reproduce, a continuación, la carta remitida a los colegios profesionales.
Zaragoza, 26 de junio de 2007.
Colegios Profesionales de Aragón.
Estimados señores:
Me dirijo a ese Colegio, en mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para darles a conocer tanto nuestra Asociación como la campaña pública que, en estos momentos, estamos desarrollando a favor de una oferta de empleo público correcta y suficiente en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada en el mes de febrero de este año, pretende agrupar a todos los funcionarios de la Administración autonómica aragonesa deseosos de trabajar por el respeto de los principios, valores y normas que han de regir el ejercicio de la función pública, de modo que la Administración contribuya al buen funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico, conforme a lo establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Nuestra actividad irá dirigida en todo momento a promover en el conjunto de las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma los principios de legalidad y de ética pública, así como los de eficacia, eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Pretendemos contribuir con nuestro esfuerzo a hacer realidad una Administración profesional al servicio de la democracia y de los ciudadanos.
Coherentemente con nuestros objetivos, hemos promovido una campaña pública para recordar al Gobierno de Aragón su obligación de garantizar el cumplimiento de la ley en materia de selección de personal y oferta de empleo público en la Administración autonómica, dado el manifiesto incumplimiento producido en esta pasada legislatura, en la que no se aprobó oferta de empleo público los años 2005 y 2006, sin que, además, la práctica totalidad de los procesos correspondientes a la oferta aprobada en el año 2004 hayan sido convocados o concluidos a esta fecha.
Asimismo, la reciente aprobación de la oferta para el año 2007 supone a juicio de esta Asociación un nuevo incumplimiento de la legalidad, al no incluirse en ella el número de plazas necesarias y que se encuentran desempeñadas por personal interino, restringiendo con ello de forma arbitraria el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española. Ello nos ha llevado a impugnar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba dicha la Oferta de Empleo Público para 2007.
Entendemos que la profesionalidad, ya sea en el sector público o en el sector privado, constituye un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de todos los servicios que demanda nuestra sociedad, cada vez más compleja y exigente.
La selección de los funcionarios públicos realizada conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, constitucionalmente garantizados, es un elemento esencial para lograr una Administración profesional y eficiente, además de asegurar el derecho de acceso al empleo público a todos aquellos profesionales que desean ejercer su actividad en dicho ámbito.
Creemos que ese Colegio Profesional no puede ser ajeno a esta preocupación, por lo cual le solicitamos que, a través de sus órganos de gobierno, pueda manifestar al Gobierno de Aragón el interés social que supone una correcta aplicación de las normas de selección de personal para asegurar el adecuado nivel de profesionalidad en el conjunto de los servicios públicos.
Con tal motivo, le adjuntamos el documento elaborado por esta Asociación, en el que se expresa el valor del acceso al empleo público como derecho de los ciudadanos y se exponen las razones por las que esta Asociación ha considerado necesario impugnar judicialmente el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón.
Aprovecho asimismo para manifestarle nuestra voluntad de colaboración con ese Colegio en todo lo que guarde relación con la mejora de los servicios públicos de nuestra Comunidad Autónoma, remitiéndoles un cordial saludo de los miembros de la Junta Directiva de esta Asociación.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
27 comentarios:
Bien está el salir a la sociedad civil y coresponsabilizarla también del estado de los servicios públicos.
Creo muy importante el que profesionales del ámbito público y del privado colaboren en temas específicos de "ética profesional" propia de cada técnica, de modo que eso permita iluminar mejor los códigos de conducta específicos que han de regir en las diferentes áreas de la actividad pública, pues el establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público no agota la problemática propia de ciertas actividades, como es el ejercicio de la medicina o el de la investigación.
Tengo una duda tangencial, cree la Asociación, a día de hoy que la selección de los empleados públicos no se realiza conforme a los principios de publicidad mérito y capacidad en Aragón?
¿Y eso quién lo puede saber? Sólo se sabe que se incumple el deber de aprobar anualmente la oferta de empleo, que cuando se aprueba no se incluyen todas las plazas preceptivas y que, por último, no se cumplen los plazos legales en el desarrollo de los procesos selectivos, lo cual ya es bastante para el que lo sufre.
Muy buena idea, vertebrando la sociedad civil.
¿Y la selección de los empleados de las empresas públicas? La respuesta allí es categórica: NO. Investigad y veréis qué casualidades, cuántos apellidos conocidos y qué curiosas y nada inocentes coincidencias.
Caso practico numero 1:
Es ético utilizar el tiempo de trabajo y los médios pùblicos para actualizar el blog de una Asociación?
Elija entre las tres respuestas:
1.Es éticamente reprobable y debería sonrojar a quien así se comporte.
2. Me es indiferente, pues estoy sometido a una inercia institucional.
3. Es una actuación muy acertada pues a pesar de las anteriores respuestas, va a permitir regenerar el comportamiento de la administración hacia la que van dirigida sus mensajes.
Ay de los que se tienen por sabios y se creen muy inteligentes. Ay de los valientes para beber vino y de los campeones para mezclar bebidas, de los que absuelven por soborno al culpable y privan al justo de su derecho. Por eso como la lengua de fuego devora la paja y la hierba seca se consume en la llama, así su raíz será como podedumbre y su brote se disipará como el polvo, porque rechazaron la ley del Señor de los ejercitos y despreciaron la palabra del Santo de israel. Libro de Isaias 5, 21-24.
Vertebrando sociedad civil hombre si el corporativismo lo es.
Pero vamos a ver que coño hacen Felix Gracia y Manuel Díaz recurriendo lo que sus informes han potenciado?
Sociedad civil es todo, corporativismo o no, asociaciones de vecinos y/o culturales, empresas y academias de formación de opositores sin oportunidades, sindicatos también (¿estos no son corporativistas?)... ¡Hay que ver cuanta nostalgia por la calma perdida del estanque dorado!
Decididamente, esta organización está enferma y espero que el Presidente ponga un médico al frente del asunto para cortar la infección que crece cada día.
Peor es firmar acuerdos para luego incumplirlos, por inaplicación o por vulneración.
Aun en el caso de que hubiese algo de verdad en lo dicho, la Asociación nunca estaría hipotecada por lo realizado por algunos de sus miembros.
¿El uso del tiempo de trabajo guarda alguna relación con los liberados sindicales? Es una simple pregunta.
Ya esta bien. Ya esta bien. Si numerosos funcionarios de la administración autonómica han sentido la necesidad acuciante de asociarse para promover iniciativas que muevan a la sociedad a reflexionar sobre la ética en las actuaciones de los poderes públicos, a mí como ciudadano me debería aterrar. Por otro lado, a estas alturas cualquer lector del blog sabe que entre los miembros de la asociación hay funcionarios que ocuparon antes puestos de responsabilidad en la DG de función pública. Si estas personas han visto de cerca la política de personal de la administración autonómica y se sienten movidas a reclamar legalidad, ética y respeto por los principios constitucionales, como funcionario ¡me acojona!
Observo además, que el espacio de reflexión colectiva que ha venido significando el blog, se ve bombardeado por quien dice ser sindicalista ¿quiere decir ésto que a nuestros sindicatos les supone una terrible amenaza la reivindicación de la legalidad?
Ya está bien. Ya está bien. volvamos a la reflexión, a los argumentos, al debate de las ideas.
Esa es la apariencia, desde luego.
Las Organizaciones Sindicales negocian y pactan (deberían al menos) mejoras de las condiciones de trabajo para sus representados o afiliados. Quien debe garantizar la legalidad de dichos acuerdos es la Administración. Si no lo hace, los sindicatos con quien debería "mosquearse" en con esa y no con una Asociación que, en su legítimo derecho, recurre una disposición por creer que es contraria a derecho. Las Organizaciones Sindicales deberían preocuparse de que la Administración cumpla lo pactado y si así no lo hace, por imposibilidad legal o material, exigir responsabilidades a la misma.
Totalmente de acuerdo, las responsabilidades son de quienes ocupan los cargos directivos.
No tengáis miedo a la confrontación -incluso acre y desabrida- de las ideas. Como dicen los franceses: una buena revolución prepara un buen orden.
He oído algún nombre de los nuevos consejeros. Impresionante. Toda situación por mala que sea es susceptible de empeorar. El responsable de todo lo que llevamos oído de las Comarcas, y de su "coste cero", sería uno de los nuevos. Como premio.
Sorprende la actuación jurídica de Comisiones Obreras en el recurso formulado por la Asociación contra la Oferta de Empleo Público, al solicitar a la Sala de lo Contencioso la inadmisión del recurso, por considerar que la Asociación carece de legitimación activa para impugnar un Decreto del Gobierno de Aragón.
Dice el Letrado del Sindicato, que la Constitución reconoce el derecho de acceso a los ciudadanos y que es a los ciudadanos a los que viene a defender en este pleito la Asociación, al actuar en defensa de los que podrían estar interesados en acceder a la Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma, en defensa de la legalidad en abstracto.
Sorprende el argumento y la estrategia: defender el acceso es defender un derecho fundamental de los ciudadanos y, efectivamente, la defensa de los derechos de los ciudadanos es el primer compromiso de toda persona que se tenga por demócrata, y a mí me sonrojaría alegar semejante argumento si me considerase un sindicato con ideología progresista; lógicamente ese derecho ciudadano resulta, además, que es medular para configurar una Administración profesional, con funcionarios reclutados en función de su mérito y capacidad, por lo tanto es un derecho fundamental configurador del modelo de Administración que establece nuestra Constitución; pero, no deja de ser preocupante la finalidad o estrategia perseguida por Comisiones Obreras, que no es otra, con la iniciativa procesal adoptada, que negar a la Asociación la capacidad de obrar en defensa de sus fines y objetivos, olvidando acaso que un sindicato no deja de ser un tipo especial de asociación. Ellos defienden a los trabajadores y nosotros a los ciudadanos, pero nosotros somos trabajadores y ciudadanos y no comprendemos ese tipo de diferenciaciones.
¿Todos a una? ¿Van del brazo Administración y Sindicatos contra la Asociación?
Señor Presidente, gracias por las palabras dedicadas a los servidores públicos en su discurso de investidura, con los que me imagino cuenta para desarrollar su programa político.
No salgo de mi asombro al no hallar una solo referencia al personal de la Administración, salvo a médicos y docentes, en el discurso del candidato.
La conclusión es clara: lo público se agota con médicos, docentes y empresas públicas. Todo lo demás sigue en el más absoluto olvido.
Hay un dato incontestable: los sindicatos se han convertido en aliados objetivos de la Administración. Están actuando como tales. Lo que no sería malo, si aquella estuviera cumpliendo con la legalidad, respetando sus propias normas de funcionamiento, cumpliendo los plazos, desterrando cualquier tipo de arbitrariedad... Pero no es el caso, precisamente, sino todo lo contrario. Con lo que los sindicatos acaban de traspasar -hace tiempo que lo hicieron- la delgada línea roja que separa a los aliados de los cómplices.
Cito en pasaje del discurso del candidato a Presidente del Gobierno de Aragón:
"Dentro de la línea de modernización de la Administración Pública y de transparencia en la gestión, crearemos la corporación empresaril de Aragón".
¿En eso se plasma la modernización administrativa, en seguir desmantelando la Administración y seguir creando empresas públicas allí donde nos parezca?
¡Si además las empresas públicas no son Administración Pública, sino sector público, cosa bien distinta!
¿Y la transparencia?
Valga citar que en todo el discurso no hay una sola referencia a la Cámara de Cuentas de Aragón.
¿Os habéis planteado dirigiros a las academias de preparación de oposiciones?
Se ha enviado una carta explicativa de la campaña a las principales academias de preparación de oposiciones de Zaragoza, para que conozcan la campaña y la respalden ante los responsables en materia de función pública.
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