PLANTEADO RECURSO DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARA EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Esta Asociación ha planteado, el pasado viernes 23 de marzo, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para defender el derecho de acceso a la función pública y la tutela judicial efectiva del mismo, entendiendo que ambos derechos han quedado lesionados por sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y del Tribunal Supremo.

El recurso planteado, en su día, frente al Decreto de oferta de empleo público para 2010, aprobado por el Gobierno de Aragón, fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante sentencia de 29 de mayo de 2015, declarando nulo el Decreto por vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, al no incluirse en la oferta aprobada el conjunto de las plazas vacantes ocupadas por interinos, tal y como exigen el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Pese a declarar nula la oferta de empleo público aprobada por el Gobierno de Aragón, el Tribunal no obligó a la Administración autonómica a aprobar una nueva oferta en la que se incluyeran las plazas indebidamente omitidas, razón por la cual esta Asociación entendió que el fallo judicial quedaba carente de resultados prácticos y era claramente insuficiente al no restablecer el derecho vulnerado, privando de efectos reparadores al recurso judicial planteado.

Para corregir la falta de reparación del derecho, la Asociación planteó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, invocando la necesidad de una tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos por parte de los Tribunales, entendiendo necesario que se obligase al Gobierno de Aragón a aprobar una nueva oferta en la que se incluyeran las plazas indebidamente omitidas. El recurso de casación fue a su vez desestimado por el Tribunal Supremo en sentencia de 1 de febrero de 2018.

Como no es posible desistir en la defensa de los derechos fundamentales, pues su reconocimiento y garantía es lo que caracteriza a un Estado de Derecho y a una democracia constitucional, esta Asociación ha acudido en amparo ante el Tribunal Constitucional, con el fin de preservar y restablecer los derechos fundamentales afectados por las sentencias de los Tribunales –Tribunal Superior de Justicia de Aragón y Tribunal Supremo-, como son el derecho fundamental de acceso a la función pública y el derecho a la tutela judicial efectiva, pues declarar nulo el Decreto 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2010, sin consecuencias jurídicas prácticas, es decir, sin restablecer la situación constitucional y legal vulnerada y asegurar la subsanación del derecho fundamental vulnerado, es una victoria pírrica que no sirve para corregir y sancionar de manera efectiva la actuación arbitraria e ilegal de la Administración.

Frente a los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y del Tribunal Supremo, no existe más alternativa que la de solicitar amparo al Tribunal Constitucional, al cual corresponde la función constitucional de salvaguardar, mediante el recurso de amparo, los derechos fundamentales proclamados por la Constitución. Confiando en que, como proclamó el propio Tribunal Constitucional en su sentencia de 17 de julio de 1981: “Nada que concierna al ejercicio por los ciudadanos de los derechos que la Constitución les reconoce podrá considerarse nunca ajeno a este Tribunal”.