martes, 2 de enero de 2018

UN NUEVO AÑO QUE RECLAMA COMPROMISO Y NUEVAS INICIATIVAS.



Comenzamos la andadura de 2018 con la voluntad de seguir trabajando, desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, por los mismos objetivos que nos marcamos en 2007, en el inicio de nuestra actividad, que podemos sintetizar en la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el funcionamiento de las Administraciones y en la actividad de los servidores públicos.

Creemos imprescindible propiciar un espacio de reflexión, análisis y debate sobre la realidad de la función pública y sus necesidades de cambio, para que la función pública –en cada nivel de gobierno- sea un instrumento eficaz al servicio de los ciudadanos y del propio Estado de Derecho, y un agente activo de la calidad institucional de nuestra democracia. 

Ello pasa, a nuestro juicio, por la toma de conciencia del papel que corresponde a los servidores públicos en el aseguramiento de la legalidad y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en la efectiva realización de los derechos y deberes de los ciudadanos a través del correcto funcionamiento de los servicios públicos, en la credibilidad de la organización institucional como garante de la convivencia democrática y de la cohesión social.

Somos defensores de una democracia exigente, en la que los ciudadanos ejerzan un papel activo en el debate público y en el control de la actividad de los poderes públicos, sin cuestionar lo esencial de nuestro modelo de democracia representativa –y el papel central que corresponde a los representantes parlamentarios, como depositarios de la voluntad y la confianza de la sociedad-, y una pieza relevante de ese modelo de democracia exigente –con un Estado de Derecho eficiente que asegura la primacía de las leyes, como expresión de la voluntad colectiva y garantía de la libertad de todos frente al abuso arbitrario del poder- es una función pública plenamente comprometida con su labor de servicio al interés general, con elevado sentido de profesionalidad y un claro componente ético en su desempeño. 

Frente a los diferentes desafíos globales a los que se enfrenta nuestra sociedad, la función pública ha de constituir una fortaleza para afrontarlos, y ello exige compromiso y profesionalidad y plena orientación al servicio público –sin eludir la necesaria autocrítica que nos permita corregir deficiencias propias-, demandando del conjunto de la organización institucional coherencia con los principios democráticos y valores constitucionales y adoptando una posición de “resistencia constitucional” frente a todo aquello que amenaza y debilita los valores que han de presidir de nuestra actividad y el conjunto de la vida colectiva.

14 comentarios:

Anónimo dijo...


Hay que recobrar iniciativa, que es lo que exigen las circunstancias.

Anónimo dijo...


El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha advertido a España de que los parlamentarios deberían informar públicamente de los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como ofrecer una serie de detalles sobre sus créditos financieros.

El GRECO lleva desde 2005 haciendo "rondas de evaluación" a más de una cuarentena de países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.

En el Informe Interino de Cumplimiento publicado este miércoles, el GRECO concluye que España sigue sin cumplir cuatro de las once recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013 y que las otras siete se han cumplido solo parcialmente. Esto, sin embargo, supone un avance respecto a la evaluación que el organismo internacional realizó en el verano de 2016, ya que en aquel momento España solo había comenzado a aplicar cinco de los once consejos recibidos.

Pero, según el GRECO, los progresos que se han hecho son "limitados" y el grado de cumplimiento de las recomendaciones sigue siendo "en general insatisfactorio". Ahora España tiene un plazo de un año, hasta el 31 de diciembre de 2018, para informar de las acciones llevadas a cabo para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial.

Anónimo dijo...


Entre las principales recomendaciones, el GRECO subraya la necesidad de que se revise el sistema de supervisión y control de las declaraciones y normas de conducta. Aunque el informe destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, ve necesario que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.

Se trata de informaciones como el valor de mercado de las propiedades y vehículos, nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas o compensaciones.

Anónimo dijo...


Igualmente, el organismo dependiente del Consejo de Europa recomienda que se adopte un código de conductas éticas y sobre posibles conflictos de intereses, que sea de conocimiento público y que asesore a los parlamentos.

Otra de las medidas que el GRECO había sugerido y en la que esta vez sí observa avances es el establecimiento de unas normas sobre la relación entre los diputados y senadores y los lobbies, gracias a la proposición de ley que presentó el PP para crear un registro público de estos grupos de interés.

Por otro lado, el GRECO muestra su preocupación por la independencia, imparcialidad y transparencia en el nombramientos de los altos cargos judiciales. Por ello, acoge en buena medida la puesta en marcha de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, hace hincapié en que los parlamentarios "no deberían participar en ninguna etapa" del proceso de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, pues hasta el momento son los diputados los que eligen a la cúpula judicial.

Esta iniciativa es una de las muchas que se estudian en la subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados creada para lograr una Estrategia Nacional de Justicia. Según el presidente del GRECO, Marin Mrcela, este grupo de trabajo es aplaudido porque es "tendente a introducir mejoras en la independencia y la eficacia del poder judicial, incluyendo cambios en el sistema de nombramientos de sus órganos de gobierno y en algunas altas magistraturas".

Anónimo dijo...


Por otro lado, en relación con la idea de dotar de mayor autonomía y garantizar la independencia del Ministerio Público, el GRECO reconoce que, en el último año, se ha ido cumpliendo recomendaciones sobre este sentido.

Valora positivamente que en 2018 se concluya la modificación de un Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que el Consejo Fiscal adopte un código de principios éticos --a la espera de que se apruebe definitivamente--, así como que sea la propia Fiscalía General del Estado quien valore las declaraciones de compatibilidad o incompatibilidad de los fiscales, en vez de que lo haga el Ministerio de Justicia.

No obstante, da un toque de atención sobre las comunicaciones entre el Gobierno y la institución que dirige Julián Sánchez Melgar. El EOMF señala que las comunicaciones entre el fiscal general del Estado y el Ejecutivo se llevarán a cabo por el conducto del ministro de Justicia y por medio de la memoria anual sobre la actividades del Ministerio Público, con el fin de evitar de que se le den instrucciones concretas que promueva una "acción de política criminal general".

El organismo europeo señala que esta relación debe realizarse de "manera transparente, por escrito y con una publicidad adecuada".

Anónimo dijo...


Por su parte, el Gobierno, además de poner al tanto de las iniciativas legislativas que se están llevando a cabo para cumplir todas las recomendaciones, recordó al GRECO que España ha estado casi un año con un gobierno en funciones.

Ante esto, el presidente del GRECO afirma que es consciente de la "dificultad de llevar a cabo reformas efectivas durante la situación de bloqueo político", pero subraya que ya hace tiempo que Mariano Rajoy formó su Ejecutivo -en noviembre de 2016- y que "se deben emprender acciones decididas, no solo con palabras y planes, sino también con hechos", para impulsar una serie de reformas en el poder legislativo.

Respecto al poder judicial y la Fiscalía, dice que no alberga dudas acerca de su "alta calidad" y del "fuerte espíritu de servicio público y la dedicación que anima a los jueces y fiscales españoles", pero insiste en que aún se deben adoptar una serie de medidas y reformas.

Anónimo dijo...


Manuel Villoria Mendieta, de Transparencia Internacional en España, dijo a euronews que el informe "es hasta benévolo con lo de los cumplimientos parciales, porque la mayoría de esos cumplimientos no dejan de ser proyectos que no se sabe si se llevarán a efecto o no".

Anónimo dijo...


Sobre la gravedad del no cumplimiento de las recomendaciones, Villoria explica que es relativo, "porque en torno a estos asuntos hay bastante burocracia muchas veces y poca efectividad, se aprueba el código de conducta y luego nadie lo lee, se aprueban declaraciones de bienes y luego nadie lo analiza en detalle y hace seguimiento".

"En todo caso -argumenta- aunque no afecta a las áreas de riesgo esenciales en España (que no están en el Parlamento ni en el Poder judicial), sí muestra la lentitud de los cambios y su carácter incremental y poco holístico".

"Así tardaremos siglos en tener un sistema bien ordenado de lucha contra la corrupción", concluye.

Anónimo dijo...


¿Cuáles son estas recomendaciones y por qué no las ha cumplido?

Elaboración y adopción de un código de conducta para los miembros de las cámaras del Parlamento, disponible al público, que trate temas como la prevención de conflictos de interés, regalos y otras ventajas.

Las autoridades españolas reconocen que aún no se ha elaborado un código de conducta para los miembros del parlamento, pero afirman haber hecho avances al respecto. En particular, con la divulgación de algunos de estas informaciones en las páginas web del Congreso de los Diputados y el Senado.

Introducción de normas concretas sobre cómo los miembros del parlamento se comprometen con grupos de presión y otras terceras partes que buscan influenciar el proceso legislativo.

España ha prometido crear un registro público en el que se inscriban con carácter obligatorio los representantes de los grupos de presión que se reúnan con miembros del Congreso de los Diputados y personas asignadas a funciones parlamentarias. No obstante, el GRECO dice que todavía falta analizar la conducta de los parlamentarios con respecto a los lobbies.

Revisar los actuales requisitos de información sobre los miembros de ambas cámaras del parlamento para aumentar las categorías y el nivel de detalle que se debe dar a conocer.

El GRECO reconoce las medidas adoptadas por el parlamento para aumentar sustancialmente la transparencia de sus actividades en su portal web, incluida la información sobre viajes patrocinados. Sin embargo, consideró que era necesario adoptar medidas adicionales para mejorar el sistema de declaración financiera existente.

Anónimo dijo...


Prevención de la corrupción en relación con los jueces.

Las autoridades españolas han justificado el retraso en la implantación de estas recomendaciones por el bloqueo político que vivió el país tras las elecciones generales no concluyentes de diciembre 2015 y junio 2016.

Evaluación del marco legislativo del Consejo General de la Judicatura (CGPJ) y de la independencia real y percibida de este órgano con miras a corregir las deficiencias detectadas.

El GRECO reitera su opinión de que las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del cambio judicial.

Establecer por ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura.

El GRECO señala positivamente que se está debatiendo la posibilidad de nombrar presidentes de tribunales provinciales y superiores de justicia con miras a garantizar la independencia de dichos nombramientos. Pero dice que hace falta un acción más determinada en este ámbito.

Anónimo dijo...

Adopción de un código de conducta para los jueces que sea de fácil acceso al público y que se complemente con servicios de asesoramiento especializados sobre conflictos de intereses y otras cuestiones relacionadas con la integridad.

El GRECO tomó nota de la elaboración en curso de un código de conducta para los jueces y evaluó que esta recomendación se había aplicado parcialmente.

Ampliación del plazo de prescripción de los procedimientos disciplinarios.

Por ahora, los relatores del GRECO no han visto ningún avance en este ámbito.

Reconsiderar el método de selección y la duración del mandato del Fiscal General; establecer requisitos y procedimientos claros en la legislación para aumentar la transparencia de la comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno y estudiar nuevas formas de establecer una mayor autonomía en la gestión de este cuerpo.

El GRECO reconoció que se había tenido debidamente en cuenta el primer componente de la recomendación, pero instó a las autoridades a que hicieran mejoras más sustanciales para dotar a la fiscalía de una mayor autonomía, en particular con respecto a la transparencia de la comunicación con el Gobierno, y a una mayor autonomía financiera.

Anónimo dijo...


Adopción de un código de conducta para los fiscales que sea de fácil acceso al público y que se complemente con una orientación específica sobre los conflictos de intereses y otras cuestiones relacionadas con la integridad.

Las autoridades españolas afirman que la redacción del código de conducta para los fiscales se está llevando a cabo.

Elaboración de un marco reglamentario específico para las cuestiones disciplinarias en la fiscalía, dotado de garantías adecuadas de equidad y eficacia y sometido a un examen independiente e imparcial.

El GRECO tomó nota de las medidas en curso para reforzar el sistema disciplinario de la Fiscalía. Sin embargo, a la espera de que se adopten las normas previstas, no da por cumplido este requisito.

España tiene ahora hasta el 31 de Julio para alcanzar estos requisitos.

Anónimo dijo...


El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) se cons­tituyó en 1999 en el ámbito del Consejo de Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupción adoptadas en la Organización, con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra la corrupción mediante un procedimiento de evaluación y de seguimiento de las prácticas adoptadas en cada caso.
GRECO se configura como un Grupo abierto, no limitado a los Estados miembros del Consejo de Europa, de modo que cualquier Estado puede adherirse al Grupo siguiendo los procedimientos establecidos. En la actualidad, está integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU).

Anónimo dijo...

"En España se ha producido “la captura del Estado por los grandes grupos económicos” y “las élites se han atrincherado dentro del Estado hasta convertirlo en baluarte de sus intereses”. Estas contundentes afirmaciones no han salido de la boca de ningún político durante la última campaña electoral, sino que han sido pronunciadas por prestigiosos especialistas en el I Congreso de Historia de la Corrupción Política en la España Contemporánea, celebrado en Barcelona los días 14 y 15 diciembre de 2017:

http://www.lavanguardia.com/opinion/20171228/433914737011/sobre-la-corrupcion-politica.html