Desde
la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa hemos dirigido al
nuevo Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, un escrito de
felicitación por su reciente nombramiento, escrito que aprovechamos para aludir
a dos cuestiones que ponen de relieve el olvido de la legalidad por parte del
Gobierno de Aragón y sobre las que debería estar vigilante dicho órgano de
control.
La
legalidad presupuestaria comienza por la obligación de aprobar el Proyecto de
Ley de Presupuestos en los plazos señalados por el Estatuto de Autonomía de
Aragón –obligación cuyo incumplimiento no hace sino señalar la escasa voluntad
de sometimiento del Gobierno de Aragón al ordenamiento jurídico, del cual el
Estatuto de Autonomía de Aragón es justamente la norma de la que deriva su
propia existencia-, sin que el incumplimiento de la legalidad pueda verse eximido por
razones de índole política, como es la falta de apoyo parlamentario para sacar
adelante dicho proyecto. Los apoyos han de recabarse con anterioridad a la
fecha de obligada presentación, para demostrar a los ciudadanos que la ley
vincula a todos, empezando por los poderes públicos. Mal ejemplo ofrece el
Gobierno al ignorar sus obligaciones legales, y ese comportamiento debiera ser
censurado de manera expresa por la Cámara de Cuentas, así como por las propias
Cortes de Aragón.
Entendemos
igualmente que el gasto de personal debe estar vinculado a la legalidad de su
selección, sin que pueda considerarse admisible que las retribuciones se abonen
a personas que no se han incorporado a la Administración conforme a los
principios establecidos por la Constitución Española y las leyes de función
pública, responsabilidad que lógicamente no recae sobre los trabajadores públicos en situación de interinidad sino sobre los responsables de la política de personal. Por ello, resulta todavía más rechazable el hecho de que sean las
propias Leyes de Presupuestos las causantes de la quiebra del sistema de acceso
a la función pública y de la normal selección de los funcionarios públicos,
provocando con la congelación de ofertas de empleo público elevadas tasas de
interinidad y el consiguiente deterioro de la función pública. La absurda
técnica de las tasas de reposición de efectivos, que ha impedido corregir la
interinidad creciente, se ha revelado no solo ilógica sino también ruinosa para el erario
público, a la vista de los fallos judiciales que vienen a obligar a las
Administraciones a indemnizar a los interinos con motivo de su cese, generando
con ello una gravísima amenaza a la estabilidad presupuestaria, justamente el resultado contrario al alegado para su establecimiento.
De
todo ello es necesario que se haga balance por parte de los órganos de control
del gasto público, de manera que podamos saber cuánto cuesta a los ciudadanos
tanto la prórroga presupuestaria, por falta de Presupuestos aprobados a 1 de
enero de cada ejercicio, como los gastos innecesarios derivados de la
interinidad en las Administraciones Públicas, propiciada con la falaz justificación
de contener el gasto público.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito dirigido al nuevo
Presidente de la Cámara de Cuentas:
“D. Alfonso Peña Ochoa
Presidente de la
Cámara de Cuentas de Aragón
C/ Jerusalén, 4
50009-ZARAGOZA
Zaragoza, 10 de
enero de 2018.
Estimado señor:
En mi condición de
Presidente de la Asociación
para la Defensa
de la Función Pública
Aragonesa, entidad comprometida con los valores de la legalidad,
profesionalidad y ética pública en el ejercicio de la actividad de los
servidores públicos y del funcionamiento de las instituciones públicas, deseo
expresarle nuestra felicitación por su reciente nombramiento como Presidente de
la Cámara de Cuentas de Aragón.
Valoramos muy
positivamente la existencia de un órgano de control externo de la legalidad
presupuestaria que supervise, con rigor y agilidad, la actividad de las
administraciones públicas aragonesas y que refuerce los principios de
transparencia y eficiencia del gasto público.
Desearíamos
aprovechar esta ocasión para manifestarle nuestra preocupación por el reiterado
incumplimiento del Gobierno de Aragón del plazo establecido en el Estatuto de
Autonomía de Aragón para la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma y su posterior remisión a las Cortes de Aragón, práctica
que entendemos debe censurarse desde esa Cámara, siendo igualmente deseable que
se señalen los efectos que conlleva para los ciudadanos y para el
funcionamiento de los servicios públicos la no existencia de Ley de
Presupuestos al inicio de cada ejercicio.
Igualmente nos
gustaría insistirle en el grave incumplimiento del régimen de selección de
personal en que vienen incurriendo las Administraciones, con la falta de
aprobación de ofertas de empleo público o con aprobación de ofertas
manifiestamente insuficientes, generando con ello elevadas tasas de interinidad
que afectan a la profesionalidad y calidad de la función pública y constituyen
un menoscabo al papel que corresponde a la Administración Pública en un Estado
de Derecho, pues la inamovilidad del funcionario de carrera constituye una
garantía expresa para asegurar su deber de imparcialidad y objetividad.
Entendemos, por otra parte, que la ausencia de ofertas de empleo público, lejos
de suponer una medida de ahorro presupuestario, constituye un uso irregular y
un gravamen para el gasto corriente de las Administraciones.
Le expresamos
nuestra voluntad de diálogo y colaboración con la Institución que preside,
agradeciéndole de antemano la atención al conjunto de propuestas que a lo largo
de este nuevo periodo podamos trasladarle con el fin de incrementar la calidad
del funcionamiento institucional y la eficacia y legalidad de la actuación
administrativa.
Confiando en que
dicho diálogo se vea mantenido y reforzado en esta nueva etapa, reciba nuestra
felicitación y más cordial saludo.
Julio Guiral
Pelegrín. Presidente de la
Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
11 comentarios:
El exinterventor del Gobierno de Aragón, Alfonso Peña, asumió ayer el cargo de presidente de la Cámara de Cuentas con el compromiso de elaborar un plan estratégico para que este organismo fiscalizador tenga un impacto real, con informes «exactos», «claros», «cortos» y con conclusiones «precisas». Junto a Peña, quien era hasta ahora vicepresidente de la institución, tomaron también posesión Rosa Montolío y Luis Rufas, quienes ostentarán el cargo de vicepresidentes.
Al acto acudieron la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes al completo, el presidente autonómico, Javier Lambán, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, el Justicia, Fernando García Vicente, así como dirigentes de organismos fiscalizadores de Navarra, Andalucía, Comunidad Valenciana o Cataluña. En su discurso tras prometer el cargo, Alfonso Peña defendió la necesidad de instaurar precauciones adicionales a la labor de las instituciones, porque ni personas ni gobernantes son «ángeles», y se comprometió a ejercer esta nueva responsabilidad con plena «dedicación, independencia y profesionalidad».
Peña alabó al equipo de 30 personas ampliamente capacitadas con las que cuenta la cámara, creada en el 2010, pero resaltó que «no todo está conseguido», porque la institución todavía es «joven» y, por tanto, «demasiado frágil». También destacó la figura del presidente saliente, Antonio Laguarta, de quien destacó su «valentía» para asumir la primera presidencia al final de su carrera y por «abrir las ventanas» del organismo a la sociedad.
Por su parte, la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, felicitó a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas y consideró «de justicia» agradecer al presidente saliente todos sus esfuerzos para poner en marcha la institución.Por otro lado, ha expresado que el grado de madurez de una sociedad democrática está íntimamente ligado a sus instituciones de control.
Alfonso Peña: "Las cuentas de Zaragoza deberían auditarse cada año, como las de la DGA"
El nuevo presidente de la Cámara de Cuentas cree necesario un plan estratégico a seis años para controlar las empresas públicas, la DGA y los 700 ayuntamientos.
HA
Cómo recibe el testigo de Antonio Laguarta para sustituirlo y presidir la Cámara de Cuentas?
Se recibe un testigo que ha estado muy bien. La puesta en marcha de la Cámara en 2010, con un equipo capacitado de 30 auditores y el hecho de haber realizado más de cien informes, nos ha ayudado a saber de manera precisa dónde están los problemas en el sector público, tanto a nivel autonómico como local. La Cámara es una institución ya lanzada que cuenta con cierta reputación en el control del sector público. Lo que ocurre es que hay que consolidarla.
ara esta nueva etapa, ¿se plantea aumentar su personal?
Este es un asunto con el que hemos dado mucha batalla este año. Todo depende de las expectativas que se creen en torno a la Cámara de Cuentas. La gente espera bastante porque hay muchas entidades públicas sometidas a control y fiscalización. Solo la Comunidad autónoma representa más de 6.000 millones de euros y 63 entidades bastante complejas. Algunas son pequeñas y otras, más grandes o tremendas como el Servicio Aragonés de Salud, que mueve más de 2.000 millones. El propio departamento de Educación supone 1.000 millones, y luego está toda la problemática del sector público local en Aragón. Hay más de mil entidades con un volumen económico que supera los 2.000 millones. O la Universidad de Zaragoza, con sus centros de investigación, que alcanza los 300 millones. El sector es grande y complejo. Tenemos 30 auditores a día de hoy, pero si la sociedad y las Cortes nos piden una fiscalización más exhaustiva y que toque más puntos que hasta ahora necesariamente habrá que buscar más medios. Si no, es imposible.
¿Con qué criterio eligen las cuentas que se fiscalizan?
Hasta ahora, para planificar nuestros trabajos estábamos pendientes de la ley, que obliga a fiscalizar la cuenta general de la Comunidad autónoma. También teníamos que estar bastante atentos a las prioridades que nos marcaban los distintos partidos políticos. Eso ha estado bien para esta primera etapa, pero debe organizarse de otra manera en este mandato de seis años que empezamos ahora. Está, por ejemplo, el modelo del Tribunal de Cuentas Europeo, que está en Luxemburgo. Queremos definir un plan estratégico para concretar qué prioridades hay cada año en la fiscalización en el ámbito autonómico, local, universitario y de las entidades. Las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza tienen una importancia presupuestaria y deberían auditarse todos los años, como las del Gobierno de Aragón. Y no como hasta ahora, que las auditamos en 2011 y no volvimos a hacerlo hasta 2016. Estamos centrados en qué vamos a hacer este ejercicio y en saber cómo revisaremos el sector público con garantías de que no hay zonas de riesgo pendientes de control. A los 700 ayuntamientos no llegaremos. Tampoco a las 63 entidades de la DGA. Queremos que nuestra labor tenga impacto y sea eficaz.
En la primera etapa recibieron críticas. Les decían que el Tribunal de Cuentas podía hacer su labor...
La Cámara de Cuentas de Aragón es joven y todavía frágil, mientras que otras como la de Comptos de Navarra llevan en funcionamiento desde 1981, desde que se restableció el sistema democrático. Luego están la de Valencia o Cataluña, que vienen de los años 80. Nosotros llegamos muy tarde y en pleno arranque coincidimos con una crisis durísima y con el famoso informe CORA (Comisión para la Reforma de Administraciones), que decía que las cámaras regionales eran organismos ociosos porque su función estaba cubierta por el Tribunal de Cuentas. Efectivamente, el Tribunal de Cuentas tiene esa capacidad de fiscalizar los organismos autonómicos y locales, pero la realidad es que no llega porque no tiene medios. Los plazos de sus informes llegaban mucho más tarde respecto a la gestión a la que se referían. El control era ineficaz e incluso hasta los responsables de esa gestión estaban ya fuera. El área de las entidades locales quedaba fuera de control. A finales de los años 80, el Tribunal de Cuentas fiscalizó los modificados de las obras de la plaza de la Seo. Desde entonces no había vuelto a hacer un control de una entidad tan importante como el Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza duplicó ese coste, de 600 a 1.200 millones (de pesetas de entonces). ¿Cuál es la ventaja del sistema regional?
Los retrasos y las carencias del Tribunal de Cuentas se suplen con la inmediatez de la Cámara. Queremos que los informes sean oportunos, claros, útiles y tengan impacto porque se refieran a asuntos que importen a la sociedad. No pueden tener dilaciones respecto a los hechos a los que se refieren, ya que pierden sus efectos.
En septiembre de 2017 se referían a las cuentas de la DGA de 2015. ¿Cuáles son sus plazos?
Nuestra ley dice que las cuentas de la Comunidad autónoma deben estar fiscalizadas el 30 de diciembre del año siguiente al que se refieren. Ese plazo nos parece objetivo e irrenunciable porque es el doble del tiempo que necesita una entidad privada para aprobar las suyas (en seis meses están auditadas, aprobadas y depositadas). Eso nos parece muy importante porque le dará valor a la Cámara.
Además de la rapidez, usted defiende que los destinatarios de sus informes son la sociedad y los medios de comunicación...
Tenemos que hacer un esfuerzo para que los informes sean claros, ya que la materia es árida y a veces están llenos de tecnicismos contables o de lenguaje sofisticado. Deben ser más sencillos, porque pecan de ser excesivamente largos. En la sociedad de Twitter y las redes sociales no podemos pretender que los destinatarios de los informes, entre los que se incluyen los medios y los ciudadanos, tengan tiempo para leer 100 páginas. Tenemos que buscar una fórmula que, sin quitarle calidad técnica al trabajo de fiscalización, pueda transmitirse de manera asequible para el control parlamentario, de los medios y de cualquier ciudadano interesado.
En siete años, ¿qué trabajo fue más difícil de sacar adelante?
El primer año, 2010, fue muy difícil, ya que nos costó arrancar. No teníamos sede, ni funcionarios ni ordenadores y hubo que montar la institución, dotarla y formar a las personas sobre la marcha. Había que hacer que este proceso fuera compatible con la presión de la opinión pública, que quería ver resultados. Sacarlo adelante supuso un buen esfuerzo, aunque fue bien recibido por el Parlamento. Hubo, eso sí, mucha ilusión. Posteriormente, resultó muy difícil fiscalizar al Ayuntamiento de Zaragoza, porque es una entidad que no estaba acostumbrada a que le revisaran sus cuentas y levantaran sus papeles. Pero, por complejos, destacan los casos de Motorland o del Instituto Aragonés del Agua, que tiene un gran impacto social y va a hacer que se abra una comisión de investigación a raíz del informe. Todos son difíciles, ya que revisamos un sector heterogéneo.
¿El escándalo de Plaza se habría frenado con su auditoría?
La Cámara supervisa libros contables, pero no tiene facultades de investigación. De Plaza se han sabido cosas por la documentación aportada por los denunciantes. Sabemos que la corrupción anida en la gestión pública y debemos aprender a ver prácticas con apariencia de legalidad que pueden resultar irregulares.
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