El Director de la
Agencia Valenciana Antifraude, Joan
Llinares, tuvo una brillante intervención pública ayer tarde en el salón de
actos de la Biblioteca de Aragón, dentro del acto organizado por esta
Asociación para conmemorar el Día
Internacional contra la Corrupción, jornada destinada a difundir la
estrategia contenida en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,
aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006, cuyos compromisos siguen en
gran medida todavía pendientes de desarrollo.
Con una notable asistencia
de público, y tras una breve presentación del acto realizada por el Presidente
de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral,
el recientemente nombrado responsable de la Agencia Valenciana Antifraude abordó la problemática de la
corrupción en España y la necesidad de reconocer la existencia del problema
para afrontarlo con medidas eficaces, entre las cuales se encuentran las
Oficinas Antifraude, instrumento propugnado desde hace ya más de dos décadas
por la OCDE y la Unión Europea, y reforzado posteriormente por la Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción, como agente especializado en la
prevención de las prácticas corruptas en la acción pública, y de investigación
de actuaciones irregulares de agentes públicos en el curso de los
procedimientos administrativos y en la gestión de recursos públicos.
La detección de las
zonas de riesgo y la identificación de las prácticas irregulares que puedan
darse en cada área de la gestión pública, como paso previo para arbitrar los
mecanismos de prevención propios de un marco de integridad institucional -entre
los cuales han de figurar la formación de los empleados públicos, el
establecimiento de códigos de conducta y los cauces de denuncia o alerta ética,
con medidas de protección a los denunciantes de irregularidades o conductas
ilícitas, para evitar que la denuncia pueda acarrearles perjuicios o represalias-,
fueron aspectos expresamente destacados en la intervención llevada a cabo ayer.
La corrupción menoscaba
el buen funcionamiento institucional y genera desconfianza ciudadana hacia los
poderes públicos, degradando la calidad de la democracia, pero fundamentalmente
afecta al principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, al hacer primar
sobre razones objetivas otras de índole subjetiva dirigidas a favorecer el
disfrute indebido de recursos públicos por redes clientelares, de naturaleza
política, económica o familiar. Es una tarea de todos reaccionar frente a dicho
estado de cosas –sin pensar que la corrupción es cosa de años pasados, de la
que han de ocuparse los tribunales-, y para ello hemos de dotarnos de
herramientas adecuadas, sin olvidar que los controles tradicionales se han
mostrado ineficaces o han sido burlados por las redes corruptas. Pero es una
tarea especialmente atribuible a responsables políticos y a quienes trabajan en
las diferentes Administraciones, cuya profesionalidad y compromiso ético exigen
una especial reacción frente a cualquier indicio o sospecha de corrupción. Pero
para que ello se produzca de manera eficaz son precisos cauces idóneos –con confidencialidad
y garantías suficientes- como los que la ley de creación de la Agencia
Valenciana Antifraude viene a prever.
Fueron numerosos los
casos relatados en su intervención que sirvieron para ilustrar la insuficiencia
de los actuales medios de control y, como Asociación comprometida con el
respeto al derecho de acceso a la función pública, queremos subrayar nuestra
satisfacción por el hecho de que la ley reguladora de la Agencia Valenciana
Antifraude incluya entre las áreas de especial supervisión y control la del
acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo en la
Administración, un área en la que hemos visto un persistente incumplimiento por
parte de las Administraciones en asegurar los principios de igualdad, mérito y capacidad,
y en la aprobación o ejecución de las ofertas anuales de empleo público, lo que
ha sido causa de elevadas tasas de interinidad y de grave deterioro de la
función pública en su funcionamiento.
Al acto de ayer se
invitó a la práctica totalidad de los altos cargos de la Administración de la
Comunidad Autónoma, sin que ninguno de ellos asistiera ni excusara su inasistencia,
salvo la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que agradeció la invitación
pero alegó razones de agenda que le impedían asistir. Todos ellos se privaron,
con ello, de la magistral exposición de Joan Llinares sobre el papel que
corresponde desempeñar a las instituciones públicas en la prevención y lucha
contra la corrupción. Y sobre todo perdieron la oportunidad de escuchar a un
responsable público solvente y con credibilidad.
La conferencia de ayer
fue una lección de integridad impartida por una persona que cree firmemente en
la ética pública, y cuyo magisterio y ejemplo queremos agradecer expresamente.
Fue un honor para esta Asociación contar con su presencia en el acto organizado
este año para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción. Un honor,
una satisfacción y un poderoso estímulo para seguir trabajando.
12 comentarios:
Muy interesante la conferencia y la rueda de preguntas.
Es fundamental la coordinación entre las organizaciones que luchan contra la corrupción.
¡Mucho ánimo para el 2018!
«Las empresas públicas deberían ser mucho más transparentes»
--¿Qué ofrece una oficina antifraude que no ofrezca otro ente fiscalizador, como una cámara de cuentas o la Agencia de Ética Pública, recientemente aprobada en Aragón?
--Ofrece la especialidad. Las agencias se crean específicamente para la prevención y para la represión. Eso no se contempla en otros órganos. Otro aspecto importante desde mi punto de vista, es que los tribunales de cuentas se realizan mediante acuerdos políticos, mientras que los nombramientos de la oficina antifraude surgen de las asociaciones que destacan por la transparencia y la lucha por la corrupción, como sucedió en mi caso.
--¿Por qué se ha tardado tanto en constituir oficinas de este tipo?
--Son un mandato de la Unión Europea para todos los países. Esto lo cumplieron muchos, pero no fue el caso de España. Sí lo hicieron algunas comunidades cuando aprobaron sus estatutos y vieron necesario crear órganos especializados contra la corrupción.
--¿Las dotan bien de fondos?
--El presupuesto de arranque que propuse cuando me nombraron se me aceptó. En ese aspecto no estoy teniendo problemas. Es mucho más laborioso elegir bien al funcionariado que se tiene que incorporar a la oficina.
-¿Está encontrando facilidades de los partidos e instituciones?
--Estamos empezando, pero no despertamos muchas simpatías.
--Si no reciben información, su labor queda en nada...
--No dar información que se solicita es una falta grave. Nuestro ámbito de actuación no solo son las administraciones públicas y el entramado público empresarial, sino también los partidos y los sindicatos.
--¿Tienen sintonía con la Fiscalía Anticorrupción?
--Tenemos muy buena relación. Nuestra cultura ha propiciado una serie de conductas que son malas prácticas aunque no sean delito. Pueden generan indefensión ante el ciudadano y a las empresas. Solo les queda dirigirse a los tribunales, y conocemos el coste que eso supone en tiempo y en dinero. Es duro ver a un funcionario pleitear por algo que es justo y tiene razón y que no sabe cuándo acabará su litigio. Por eso la agencia incluye las malas prácticas de ilícitos administrativos, con un campo de actuación que no tiene por qué tener la condición de una conducta tipificada en el código penal.
--¿Son útiles los portales de transparencia?
--Hay de todo. Las hay con la información bien estructurada y búsqueda sencilla y otros son un simple vuelco de información sin clasificar, por lo que un ciudadano sin formación especializada difícilmente va a encontrar lo que busca. Hay un debate sobre lo que se debe o no se debe publicar. Hay contenciosos para que no se publiquen determinadas retribuciones de altos cargos. ¿Quiénes son altos cargos, quiénes no? Con eso juegan algunos directivos que tienen sueldos públicos pero inician procesos numantinos para que no conozcamos las retribuciones. Cuando ellos mismos no quieren que las conozcamos, será porque les avergüenza. Es en el sector público empresarial donde se dan muchísimos casos de corrupción. Precisamente estas empresas públicas deberían ser aún más transparentes. Muchas de ellas han huido de los controles para establecer una constelación de gente que entra por procedimientos que no tienen que ver con el acceso a la función pública. Desde un punto de vista de control financiero y en materia de contratos dejan bastante que desear...
--¿Dónde hay más corrupción?
--Si clasificamos la corrupción por sectores, el urbanismo se ha puesto las botas. Cuando se hunde la burbuja, la corrupción llega a la contratación pública, a través de las obras, servicios y suministros y a través de las concesiones. Si además se hace a través de empresas mercantiles creadas expresamente para ello, aún más fácil. Otro ámbito con considerable dosis de corrupción es en las subvenciones y también en los procesos de acceso a la función pública, que estamos usando todavía los procedimientos del siglo XIX y todavía hay auténticas dinastías en las administraciones públicas. Hay mucho nepotismo y favoritismo, así como muchos puestos politizados que deberían ser funcionarios de carrera.
--¿Hay instituciones más proclives a la corrupción?
--Antes he comentado el sector empresarial, que estaría en el número uno del ránking. El segundo sería el de los ayuntamientos, por la debilidad de sus sistemas de econtrol y la dependencia de los funcionarios de habilitación estatal respecto a aquellos que deben ser los órganos controlados por ellos. Son los mismos que fijan sus retribuciones, y además de forma arbitraria. Conozco interventores que al poner reparos en su función fiscalizadora se les ha eliminado el complemento específico, que puede ser la mitad del sueldo. Esto no son corruptelas. Es corrupción.
--¿Está la corrupción impregnada en toda la sociedad?
--Si no hay una conciencia de que tenemos un grave problema que nos aleja de los países que envidiamos por su nivel de vida y administración ejemplar, es que mal vamos. Esto significa una pérdida del prestigio social, una pérdida de recursos que empobrecen el país... Quien no entienda que esos 40.000 millones que ha costado la corrupción habrían evitado muchos recortes. La corrupción no es un fenómeno del pasado. Es un riesgo que anida allí donde hay recursos públicos. Por eso es fundamental la autorregulación de la administración y la prevención, como se hace con los accidentes laborales o se hizo muy bien para combatir la droga. Me parece terrible quien usa esa frase terrible de «Tú harías lo mismo si estuvieras ahí». Y hay que fortalecer la figura del alertador. Se le considera un chivato o delator, cuando es una persona ejemplar.
--Usted destapó muchas alfombras de corrupción en Cataluña. ¿Tiene algo que ver con todo lo que estamos viviendo ahora?
--No voy a calificar a todo el mundo, pero siempre pensé que a algunos les vino muy bien envolverse en banderas para tapar sus fechorías.
ENTREVISTA REALIZADA EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN A JOAN LLINARES, CON MOTIVO DE SU INTERVENCIÓN EN EL ACTO ANTICORRUPCIÓN ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA
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