REUNIÓN CONSTITUTIVA DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: EQUIPO RENOVADO CON UN AMPLIO PROGRAMA DE TRABAJO.

El pasado jueves 7 de abril, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró, de acuerdo con la convocatoria efectuada con la debida antelación, la primera reunión de la Junta Directiva de la Asociación, tras la pasada asamblea ordinaria del 29 de marzo de 2016, en la que se renovó parcialmente su composición.

Tras la aprobación del orden del día propuesta y del acta de la anterior sesión de la Junta, se procedió a dar por constituida la nueva Junta Directiva de la Asociación, resultante de la renovación realizada en la asamblea ordinaria de 29 de marzo de 2016. En dicha Asamblea fueron reelegidos Félix Gracia, como Secretario, y Adolfo Ballestín, Antonio Brotons y Eduardo Notivol, como Vocales, incorporándose como nuevo Vocal de la Junta Álvaro Hernández, quien sustituye a Juan José Morales, al comunicar éste la imposibilidad de continuar en sus funciones. El puesto de Vicepresidente queda vacante. El resto de la Junta Directiva lo constituyen Julio Guiral, como Presidente, José Ramón Gálligo, como Tesorero, y Enrique Borruel, Antonio Serrano y Guadalupe Zárate, como Vocales.

Una vez constituida formalmente la nueva Junta Directiva, el Presidente informa de la actividad desarrollada, señalando los contactos mantenidos con diferentes medios de comunicación a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre oferta de empleo público de 2014, por la que se requiere al Gobierno de Aragón la aprobación de un decreto correspondiente a administración general con el conjunto de los puestos ocupados en dicha fecha por personal interino. Se informa asimismo de la invitación formulada a la Asociación por parte del Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios para realizar posibles aportaciones al texto del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, del que recientemente se tomó conocimiento por parte del Gobierno de Aragón.

Se debate entre los asistentes sobre la oportunidad de atender o no tal ofrecimiento, a la vista de la actuación del Gobierno de Aragón en relación con las distintas iniciativas impulsadas por la Asociación. En particular, se valora el hecho de que el Gobierno de Aragón haya planteado recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anuló la Oferta de Empleo Público por no incluir la totalidad de las plazas ocupadas con interinos, decisión que evidencia la resistencia de la Administración a garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. El Gobierno de Aragón, en este tema, no puede ya escudarse en los límites que imponen las tasas de reposición establecidas en las Leyes de Presupuestos, cuya inaplicación a las plazas ocupadas por interinos declara el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El recurso de casación promovido contra la sentencia obtenida por la Asociación pone de manifiesto la verdadera voluntad del Ejecutivo autonómico en cuanto a política de selección de personal, y su resistencia a asumir un pronunciamiento favorable al derecho de acceso de los ciudadanos. Se insiste en la procedencia de trasladar nuestro punto de vista a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, y aprovechar la posible comparecencia parlamentaria solicitada para reclamar iniciativas tendentes a que el Gobierno de Aragón retire su recurso de casación promovido. Resulta previsible que la reciente sentencia del TSJA sobre la oferta de 2014 sea igualmente objeto de recurso de casación, pero debemos solicitar a los responsables administrativos que se acepte el fallo emitido y se proceda a su cumplimiento.

Seguidamente se informa de la ausencia de respuesta por parte del Gobierno al conjunto de peticiones formuladas en el transcurso de la legislatura, así como de la falta de respuesta, por el momento, a las diferentes solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Departamento de Hacienda y Administración Pública. Se conviene en reclamar del Presidente del Gobierno de Aragón el respeto debido al derecho de petición por el conjunto de los altos cargos de la Administración autonómica, y en el caso de que la situación no se corrija plantear las posibles vías de impugnación judicial o de queja ante el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón.

Este nivel de incumplimiento por parte del Gobierno en relación con las iniciativas impulsadas por la Asociación justifica, a juicio de todos los presentes, que no se formulen aportaciones, dentro del trámite de audiencia otorgado, al texto del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón. En su lugar, y tras un detenido estudio del proyecto normativo, se trasladarán las apreciaciones de la Asociación a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, por si las ideas recogidas pueden resultarles de utilidad en el curso de la tramitación parlamentaria. Se valorará, en su caso, solicitar una comparecencia parlamentaria, en la que poder manifestar la opinión sobre el Proyecto de Ley aprobado en su momento por el Gobierno de Aragón.

Como actuaciones inmediatas a desarrollar por la Asociación, dentro del conjunto de medidas contempladas en el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración, se acuerda el estudio del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, la defensa del acceso a la función pública –con el impulso de un Observatorio del derecho de acceso al empleo público- y la garantía del derecho de petición y del derecho de acceso a la información pública por parte de los responsables de función pública. Se entiende conveniente llevar a cabo una labor de difusión de las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón a diferentes responsables institucionales, incluidos Defensor del Pueblo y figuras autonómicas similares.

Finalmente, como último orden del día, se analiza la difícil situación económica que ha de afrontar la asociación, al verse obligada al pago de costas procesales fijadas tanto por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en dos sentencias desestimatorias, cuyo importe acumulado asciende a 4.500 euros, cantidad que excede ampliamente el saldo disponible por parte de la Asociación. Se barajan como opciones posibles la fijación de una derrama especial para los socios, acompañado de una campaña de captación de nuevos socios, o la realización de algún tipo de campaña de captación de donaciones que permitan incrementar las disponibilidades de la Asociación, ya sea para afrontar el pago de las costas o para financiar nuevas acciones judiciales en defensa del derecho de acceso a la función pública.

Por último, y dentro del apartado de ruegos y preguntas, se aporta un documento sobre posibles iniciativas de difusión de la actividad de la asociación –incluida la edición de un boletín periódico digital- que permita ampliar y diversificar la divulgación del trabajo y de las opiniones de la Asociación. Dicho documento queda pendiente de un análisis más detenido en una futura reunión.

En suma, la nueva Junta Directiva se propone impulsar, de manera gradual, el conjunto de medidas contenidas en el Documento de Propuestas de Buen Gobierno y Buena Administración aprobada para su desarrollo a lo largo de la presente legislatura.