CONTRA EL DESISTIMIENTO.

Esta Asociación se ha caracterizado por apelar, de forma reiterada, al necesario respeto de la legalidad administrativa y constitucional en el funcionamiento de las instituciones públicas: el resultado de ese esfuerzo, a pesar del escepticismo general y del manifiesto desdén que se nos ha dispensado por algunos responsables institucionales de la Comunidad Autónoma de Aragón, no ha sido escaso, pues la reivindicación realizada en favor del respeto a los derechos fundamentales de acceso a la función pública y de petición recibieron sendos espaldarazos por parte del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitcional. El Estado de Derecho, por el que siempre hemos optado en nuestra labor como Asociación, ha dado respuesta a nuestras más importantes demandas, aunque el resultado práctico -las consecuencias que necesariamente han de derivarse de tales pronunciamientos- aún estén por ver.

En cualquier caso, es evidente que ya resulta difícil para el Gobierno de Aragón -y para los Gobiernos de las restantes Comunidades Autónomas- aprobar una Oferta de Empleo Público sin incluir las plazas vacantes ocupadas por interinos, pues tal posibilidad ha sido rechazada por el Tribunal Supremo, al considerarla vulneradora del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Dicho pronunciamiento ha venido a consolidarse o reafirmarse por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al anular por tal motivo la Oferta de Empleo Público de 2011, sentencia que ha adquirido firmeza en fechas recientes, al no haber sido apelada por parte del Gobierno de Aragón. Por una vez, parece ser que los responsables de la función pública aragonesa -conviene destacarlo- han decidido aceptar el criterio jurisprudencial que favorece el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los escépticos insatisfechos, para los que todo logro obtenido frente a la arbitrariedad administrativa es siempre insuficiente, dirán que la victoria judicial obtenida no va a tener consecuencias prácticas, pues las sentencias obtenidas no se ejecutarán y, además, las nuevas normas presupuestarias van a suponer una congelación de la oferta de empleo, de manera que el derecho de acceso se va a ver impedido nuevamente, a pesar de los fallos judiciales recientes. Hay que decir que la situación para afrontar la situación de la oferta de empleo es radicalmente distinta a la existente hace unos años, cuando esta Asociación se rebeló contra el sistemático menoscabo a la legalidad en materia de función pública, vaciando con ofertas inexistentes o insuficientes el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, lo que venía a suponer, a medio y largo plazo, una clara liquidación de la propia función pública.

Nos alegra constatar que la defensa del derecho de acceso fue asumida por funcionarios de carrera -no por aspirantes a tal condición-, a partir de la defensa de las reglas que ordenan la propia función pública. No hacía falta profundizar mucho en el análisis de los problemas de la función pública para concluir que el deterioro e incumplimiento de las reglas de acceso estaba produciendo una gravísima distorsión en el correcto funcionamiento de todos los servicios públicos y en la quiebra de los valores que cabe exigir a los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones: el primero de ellos, el compromiso con la legalidad. ¿Cómo apelar a la legalidad cuando se constataba su flagrante vulneración en temas tan básicos como la aprobación de la oferta de empleo público? La legalidad, claramente relativizada, pasaba a quedar suplantada por la decisión política de quienes gobernaban, quebrando con ello el principio más elementa del Estado de Derecho, como es el sometimiento de los poderes públicos al imperio de la ley.

Sin restar importancia a los logros obtenidos -pero sabiendo, sin embargo, que el panorama de la Administración Pública hoy es verdaderamente preocupante y crítico, pues todas sus disfunciones quedan al descubierto con la grave crisis económica que vive el país-, creemos que hay todavía una labor ingente a realizar para lograr que la Administración Pública -como conjunto de servicios públicos- y la función pública -conjunto de profesionales y servidores públicos que la hacen funcionar cada día- puedan recuperar el horizonte que les corresponde en un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado por nuestra Constitución.

Hoy más que nunca hay que aunar compromiso y razón para lograr dos objetivos esenciales: en primer lugar, mantener y recobrar, en el mayor grado posible, la legitimación social de la función pública ante los ciudadanos, para que se perciba no como un reducto de privilegios e ineficacia, sino como un espacio de legalidad, profesionalidad, imparcialidad y servicio a los ciudadanos, desde el compromiso con el Estado de Derecho y la realización del interés general, pero también con la promoción de los derechos de los ciudadanos; y, en segundo lugar, robustecer la cultura administrativa que resulta exigible a los servidores públicos de unas instituciones democráticas, en la que la transparencia y la ética han de ocupar una posición central, actuando como un claro contrapeso a las tentaciones de ejercicio ilegítimo del poder político por parte de quienes asumen las responsabilidades de gobierno y como un freno al riesgo de corrupción que amenaza a toda organización, tanto pública como privada.

Esta Asociación, que nadie lo dude, sigue activa en su compromiso, sin ningún atisbo de desistimiento. Apelamos por ello al esfuerzo y al trabajo de todos los servidores públicos para que la función pública cumpla, en las actuales circunstancias, un destacado papel en la preservación de la legalidad, de los valores constitucionales -entre ellos, el de cohesión social- y de garantía del interés general, evitando que las dificultades de la actual coyuntura puedan servir de excusa o coartada para desvirtuar el papel que corresponde ejercer a la función pública en el aseguramiento del buen gobierno y de la buena administración.